Acta de la asamblea celebrada el 13/12/2013

Puerta de la Consejería de Hacienda. Fuente: ICAL

En Valladolid, el viernes 13 de diciembre de 2013, en asamblea de empleados públicos convocada por la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) y celebrada en el salón de actos de la Consejería de Hacienda, se ha debatido lo siguiente:

Cuatro años de medidas imponiendo recortes y supresión de derechos a los empleados públicos de esta Comunidad, no se han visto acompañadas de ninguna mejora en el servicio público a los ciudadanos. Menos aún se ha producido ningún cambio en la política de despilfarros y de gastos arbitrarios de la Junta de Castilla y León como: asunción de las deudas millonarias de la ADE-Parques Tecnológicos y EXCAL sin ningún tipo de depuración o responsabilidad por su origen ni control parlamentario de las mismas, 8 millones de euros en 5 años “repartidos” en  retribuciones complementarias a puestos de libre designación, alquileres de edificios públicos, publicidad superflua, usos privados de vehículos y conductores oficiales, privatizaciones innecesarias, etc. Todo ello mientras se cierran arbitrariamente instalaciones públicas como laboratorios de Fomento, el laboratorio enológico de Rueda, la residencia Juvenil Consejo de Europa de León o se recorta sin piedad en sanidad, educación, investigación, natalidad, guarderías, vivienda, personas mayores, dependencia, violencia de género, juventud y servicios sociales.

A la vista de que, según los responsables políticos gobernantes,  la recuperación económica está en marcha, la asamblea de empleados públicos se pronunció de modo unánime para exigir (a quienes se dirige este escrito) que adopten posiciones unitarias en orden a satisfacer las siguientes demandas:

1. La devolución inmediata, completa y sin aplazamientos, de la paga extra expropiada en diciembre de 2012.
2. La recuperación de cuantos derechos laborales, sociales y económicos han sido recortados a los empleados públicos: horario, bajas por enfermedad, permisos y licencias, promoción y concursos, reposición de la oferta de empleo público, contrataciones temporales y recuperación del poder adquisitivo perdido por la bajada salarial en 2010 y las congelaciones de 2011, 12, 13 y 14. Denunciando que todos y cada uno de estos recortes no han supuesto mejora alguna del funcionamiento de los servicios públicos y sí demuestran un total desprecio de los políticos hacia los empleados públicos y del servicio que prestamos a la sociedad.

Comoquiera que en esta Comunidad la DESCENTRALIZACIÓN FUNCIONAL se utiliza de modo sistemático para burlar el control legal y político de lo público, lo cual se manifiesta de modo reiterado y insultante en el ninguneo que la Junta de Castilla y León hace de los informes del Consejo Consultivo, del Consejo de Cuentas, del Procurador del Común, así como de las peticiones de información, interpelaciones o proposiciones no de ley que los parlamentarios de la oposición hacen en las Cortes, los empleados públicos aquí reunidos denunciamos que la existencia de la Administración B y su actual gestión, ponen en peligro los servicios públicos, la credibilidad del funcionamiento de lo público y la propia viabilidad de la Administración autonómica.

Por todo ello exigimos:

1. El inmediato retorno, a las Consejerías que correspondan, de todas las competencias, servicios, funciones y programas trasvasados a la “administración paralela” o “administracion B”, y la subsiguiente disolución de la misma, previa rendición de cuentas de las actuaciones que han llevado a cabo desde su creación.
2. Exigimos que se cumpla la Ley de Función Pública de la Comunidad para el ingreso del personal en la función pública; basta ya de prostituir la igualdad de derechos de los ciudadanos al acceso a la función pública, utilizando la Administración como sector de colocación de amigos y afines al poder político. Exigimos la reposición de la oferta de empleo público y funcionamiento de las bolsas de empleo público (con el cese inmediato de la entrada de personal por la puerta trasera).
3. Pedimos a las Cortes la inmediata creación de una comisión con la participación de los tres grupos parlamentarios, que controle la disolución del sector público paralelo, previa presentación y rendición fidedigna de cuentas de cada uno de los entes. Procediendo a la liquidación de sus haberes, y su integración en la administración general únicamente en el caso de que se haya hecho frente al pasivo de dichas entidades con sus propios activos.

DENUNCIAMOS asimismo, que se ha incumplido el acuerdo que PP y PSOE firmaron en octubre del 2012 en orden a la creación de una COMISIÓN de reestructuración del sector público, y a la que fue invitado el Grupo Mixto. Comisión que no se ha constituido ni por tanto reunido ni una sola vez, con lo que las tramposas medidas de supuesta reestructuración del sector público, se están haciendo mediante la imposición por la fuerza de la mal interpretada mayoría parlamentaria sin ningún tipo de transparencia, ni rigor, ni participación del resto de fuerzas políticas que también representan a la ciudadanía de Castilla y León.

Más aún, se pretende que la extinción de las entidades de la Administración Institucional se realice por Decreto de la Junta y que la extinción y modificación estructural de las empresas públicas se realice por acuerdo de la Junta, eliminando así  cualquier control por los representantes de los ciudadanos, que son los procuradores en Cortes.

DENUNCIAMOS además, que las medidas recientemente propuestas por la Junta en las Cortes para la reforma de las Administraciones Públicas, siguen proponiéndose al MARGEN de las necesidades reales del servicio público y de la función pública en nuestra Comunidad, y totalmente separadas de las necesidades reales de la ciudadanía en Castilla y León.

Compendio de noticias. Escrito completo presentado hoy a la Junta de Personal de los Servicios Centrales, a la Consejera de Hacienda y a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla Y León.

La Junta se gasta 8 millones de euros en 5 años en un privilegio para los puestos de libre designación

Ha tenido que ser en sede parlamentaria, pero por fin la Junta de Castilla y León ha facilitado el dinero que cuesta a los contribuyentes castellanos y leoneses la media hora extra diaria de trabajo de los puestos de libre designación de esta Administración.

La cifra, que ha costado conseguir, asciende a más de 8 millones de euros, que en los últimos 5 años ha pagado la Junta de Castilla y León a los libre designación. Por ejemplo, en el año 2012 se pagaron por este concepto 1.487.317 euros, cifra semejante al coste que la propia Junta estimaba que se ahorraba por el cierre de las guardias nocturnas en nuestra región. Desde PLADEPU venimos denunciando la mala gestión y el derroche de dinero público que realiza esta Administración (ahí esta la Lista de la Dignidad que presentó esta plataforma). En plena campaña de recortes sanitarios, sociales y educacionales la Junta de Castilla y León no ha tenido a bien suprimir este complemento económico para aquellos trabajadores públicos elegidos a dedo, por solo trabajar media hora más al día. El ciudadano castellano leonés debe saber que estos 8 millones de euros que se ha gastado la Junta en 5 años es un privilegio de los trabajadores escogidos a dedo, porque los trabajadores públicos cuyo puesto de trabajo lo han conseguido mediante un concurso ordinario de traslados no tienen opción a este complemento económico. Solo los puestos de libre designación pueden elegir trabajar media hora al día más a cambio de una compensación económica, que a los castellanos y leoneses nos cuesta un millón y medio de euros al año. Pero la Junta de Castilla y León prefirió cerrar las guardias nocturnas que suprimir este privilegio de los puestos a dedo.

Desde PLADEPU solicitamos que se termine con este privilegio que tienen algunos trabajadores públicos y que tanto cuesta a los ciudadanos. Este dinero se debería utilizar para mejorar los servicios públicos (sanidad, educación, dependencia…..).

También se ha puesto de manifiesto con estos datos, que en la Junta de Castilla y León existen más de 750 puestos de trabajo a dedo. Desde PLADEPU volvemos a solicitar que los puestos de libre designación se reduzcan a la mínima expresión, como pueden ser los Consejeros, Directores Generales y Delegados Territoriales.

2009	1.728.538,92 €
2010	1.748.247,96 €
2011	1.695.482,88 €
2012	1.487.317,67 €
2013	1.404.499,32 €
TOTAL	8.064.086,75 €

Noticia de últimoCero.

SUPER VIERNES 13 DE NEGRO en Valladolid

No creemos que el desmantelamiento de los servicios públicos y el estado del bienestar y que la denostación permanente y recortes que sufrimos los empleados públicos sea una cuestión de mala suerte. Por eso este viernes 13 los Empleados Públicos de JCYL en Valladolid vamos a celebrar de nuevo un super viernes de negro masivo en un mismo punto de la ciudad donde todos juntos podamos aunar fuerzas en nuestras reivindicaciones.

Viernes 13 de diciembre en la puerta de la Consejería de Hacienda (C/ José Cantalapiedra nº 2) a las 13:30h

Anunciamos también a todo el personal dependiente de la Administración General de la Junta de Castilla y León en Valladolid, así como el personal dependiente de los Organismos Autónomos de la Junta de Castilla y León en Valladolid, que inmediatamente después de la concentración celebraremos una asamblea en el salón de actos del propio edificio que alberga las Consejerías de Hacienda y de Economía y Empleo con el siguiente orden del día:

1. Reintegro de nuestra paga extra expropiada del 2012: cúanto, cómo y en qué plazos.
2. Devolución de todos los derechos que nos han quitado desde mayo de 2010 hasta hoy: rebaja y congelaciones salariales, jornada de 35 horas, 100% en la I.T., permisos y licencias, etc.
3. Retorno de las competencias de la "Administración B" a las Consejerías y disolución completa.
4. Denuncias de despilfarros y corrupciones: coches oficiales y alquileres de locales.
5. Iniciativa contundente ante la Cortes para recuperar la independencia y dignidad de nuestro trabajo como empleados públicos y acabar con la administración hiperpolitizada.

Los permisos para poder llevar a cabo este super viernes de negro (concentración, sala y asamblea) los ha facilitado la sección sindical de C.G.T. en la Junta de Castilla y León en Valladolid, a la que agradecemos su colaboración. Todos tenemos derecho a asistir, con independencia del lugar donde trabajemos: 2 horas más el tiempo necesario para el desplazamiento de ir y volver del lugar de trabajo hasta la asamblea (fichad salida sindical).

Desde PLADEPU animamos a todos los Empleados Públicos a aprovechar esta oportunidad de concentranos de forma conjunta, unitaria, sin divisiones ni parcelaciones. Todos a una a la calle por nuestra dignidad, nuestros derechos y para salvar lo público, siempre de forma civilizada y demostrando un respeto que los políticos en general no tienen ni con los ciudadanos ni con sus propios empleados públicos. Reenvía esta información a tus contactos.

Cartel Viernes 13.

  ¡¡DEFIENDE LO PÚBLICO, ES DE TODOS!! ¡ES TUYO!!

La Junta absorbe EXCAL

...con un déficit cuantificado en 887.746 euros.

La operación, que no ha contado con la autorización de las Cortes de Castilla y León, implica la incorporación directa del personal de EXCAL (empresa no pública sino participada), sin que la Junta de Castilla y León haya efectuado una oferta de empleo público ni convocado oposiciones para ello (requisito indispensable para acceder a empleos en cualquier administración).

Los propios directivos que han llevado a la empresa a esta situación, junto con el resto de personal de EXCAL, verán garantizado su empleo mediante la concesión automática y directa de un empleo público sin necesidad de aprobar oposiciones.

ADE Internacional EXCAL atravesó hace un año un ERE que la llevó a prescindir de cerca de la mitad de su personal; quienes ahora se mantienen en ella, obtendrán, de manera automática y sin oposición, un puesto de trabajo estable de tipo funcionarial.

Recordemos que la desastrosa gestión de ADE Parques ha dejado un agujero de más 350 millones de euros a pagar por todos los castellano-leoneses; pero sin embargo, los perpetradores de semejante desastre no sólo se van a ir de rositas sino que nuestros políticos pretenden premiarles con una funcionarización de tapadillo, sin pasar pruebas ni oposiciones como el resto de ciudadanos.

Noticia completa en Radio Valladolid de Cadena Ser: La Junta se hace cargo de EXCAL, una empresa en quiebra técnica.

Nuevo revés judicial a la Junta de Castilla y León

Se puede ejercer el derecho a huelga sólo las 5 horas obligatorias dentro del horario flexible

El pasado día 11 de noviembre de 2013 se ha dictado la sentencia nº 321 por parte del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Burgos, por la cual se falla a favor de un empleado público de la Junta de Castilla y León destinado en Burgos.

El juez estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por ese empleado público contra una resolución de la Consejería de Agricultura y Ganadería declarándola “contraria a derecho así como ordenar a la demandada que abone las cantidades relativas a las dos horas de trabajo indebidamente detraídas”.

El conflicto surgió a raíz de la huelga general del día 29 de marzo de 2012. El empleado público ejerció el derecho constitucional de huelga, no asistió ese día a su puesto de trabajo, pero el empleado público previamente había realizado todo el computo horario de ese mes menos las 5 horas correspondientes a la parte fija (de obligada concurrencia) del horario del día 29. La Junta de Castilla y León procedió al descuento en su nomina de 7 horas, correspondiente a una jornada completa.

El empleado público defendió el derecho a secundar la huelga durante el tiempo que él estimo oportuno, que en este caso fueron 5 horas, que eran las que realmente había dejado de trabajar durante ese mes de marzo.

Ante una futura huelga, tras esta sentencia, todos los empleados públicos de cualquier administración que cumplan las siguientes condiciones: tener horario flexible (una parte fija o de obligada asistencia y una parte variable o a voluntad del empleado), poseer en el centro de trabajo de dispositivos de control horario (reloj u otros medios), haber realizado al final del mes de la huelga todo el horario salvo la parte fija del día o días de huelga y que la legislación reguladora de vacaciones y días de permiso sea similar a la de la Junta de Castilla y León, podrán decidir durante cuántas horas ejercen el derecho de huelga.

Esto supone que actualmente un empleado de la Junta de Castilla y León que cumpla con las premisas anteriores puede ejercer el derecho de huelga y que solamente le descuenten de su nomina el 66,6 % del sueldo correspondiente a ese día, siempre que tenga realizado el horario al final del mes.

Los empleados públicos han conseguido que se reconozca en los juzgados su derecho a decidir durante cuántas horas ejercer su derecho a la huelga; contra esta sentencia no cabe recurso alguno.

La Jefa de Gabinete del presidente de la Junta usa coche oficial a diario para ir y venir a Burgos

La Jefa de Gabinete del presidente de la Junta, Virginia
Arnáiz, en el momento de acceder al coche oficial

El movimiento VIERNES NEGRO DE BURGOS y/o Plataforma en Defensa de los Público (PLADEPU) en la provincia de Burgos dirige al Presidente de la Junta de Castilla y León esta nueva denuncia: La jefa del Gabinete del presidente de la Junta de Castilla y León, Virginia Arnáiz González, a la que muchos consideran “mano derecha de Juan Vicente Herrera”, usa un coche oficial de la Administración Autonómica a diario para trasladarse desde Burgos a Valladolid.

Esta servidora pública está derrochando el dinero público sin el menor cargo de conciencia. Un derroche estimado en 70.000 euros anuales tras haber calculado que el coche oficial de la Junta que a diario la lleva y trae acaba recorriendo 120.000 kilómetros cada año sólo en concepto de ‘taxi’ para la jefa de Gabinete de Juan Vicente Hererra.

No nos explicamos cómo puede suceder esto cuando el propio presidente de la Junta, el 23 de junio de 2011, presentara un Código de Austeridad en el que se decía textualmente que, a partir de ese momento, “sólo tendrían asignado coche oficial los miembros del Consejo de Gobierno”. Dado que la señora Virginia Arnáiz González no pertenece al Consejo de Gobierno formado por el presidente y sus consejeros ¿a qué se debe el cambio de criterio con respecto al Código de Austeridad de 2011? ¿Cuál es la diferencia entre esta empleada pública y el resto de empleados públicos que se desplazan diariamente desde sus lugares de residencia al centro de trabajo sin ninguna compensación por ello?

Escrito completo de la denuncia. Noticia en últimoCero.com, en infoLibre y de el topillo. El taxi-coche oficial de la Jefa de Gabinete de Herrera vuelve a hacer la ruta Burgos-Valladolid.

Desde PLADEPU animamos a investigar posibles abusos por parte de otros cargos de vahículos oficiales y trasladarnos las denuncias a pladepu@yahoo.es.

El Tribunal Superior anula las 144 jefaturas de servicio elegidas «a dedo» por el Principado

Los empleados públicos por oposición estamos de enhorabuena. Teniendo en cuenta el dicho “cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar”, los responsables políticos de Castilla y León y sus cargos a dedo deberían plantearse si deben continuar recortando servicios públicos, personal de la Junta de CyL y medios… asfixiando así lentamente la Administración autonómica hasta dejarla morir con la excusa de que no hay dinero, cuando cada día vemos que sí hay dinero para según qué cosas, pues a pesar de la supuesta falta de liquidez, ellos continúan engordando su élite con más y más cargos de confianza, libres designaciones y metiendo por la puerta de atrás a directivos provenientes de chiringuitos en quiebra, como por ejemplo ADE Parques.

Recordemos que la desastrosa gestión de ADE Parques ha dejado un agujero de más 350 millones de euros a pagar por todos los castellano-leoneses; pero sin embargo, los perpetradores de semejante desastre no sólo se van a ir de rositas sino que nuestros políticos pretenden premiarles con una funcionarización de tapadillo, sin pasar pruebas ni oposiciones como el resto de ciudadanos. ¡Faltaría mas!

Enlace a la noticia del Principado de Asturias. Muchos ejemplos «dedazos» en nuestra lista de agraciados publicados en el Boletín Oficial de Castilla y León desde el 16/11/2011 hasta hoy.

Cuarta denuncia en Palencia al Procurador del Común

Los ciudadanos y empleados públicos de la comunidad de Castilla y León, integrantes del movimiento VIERNES NEGRO DE PALENCIA y/o Plataforma en Defensa de los Público (PLADEPU), hemos entregado el pasado jueves al representante en Palencia del Procurador del Común de Castilla y León este cuarto escrito, de recomendada lectura, relativo a la “eliminación” de Ade Parques Tecnológicos de Castilla y León y a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que se tendrían que garantizar en la selección del personal al servicio de la Administración Pública.

Las anteriores denuncias han sido todas admitidas a trámite y siguen su curso legal; todas ellas las venimos recogiendo en los Viernes de negro y en el apartado Denuncias generales.

Por otro lado también hemos solicitado por escrito al Delegado Territorial la utilización del vestíbulo de la Delegacion (Av. Casado del Alisal, 27) para instalar la Contraexposición "Arrasando Palencia y Castilla y León", pero su respuesta ha sido negativa. Desde viernes de negro queremos hacer constar que el espacio del que habla en su carta (final del penúltimo párrafo) es de todos los funcionarios, empleados públicos y ciudadanos administrados en general. Y sobre todo, que viernes de negro no protestamos contra la institución, la Junta de CyL, sino que denunciamos el desgobierno que están practicando y que nos afecta cada día.

Los hijos del carbón nunca fenecen

De pronto llegó un soplo de sudario,
y una extensión de muertos infinita
se apoderó del vientre de una tierra
que se duele del pico que la hiere.
Lo saben los que nacen ya mineros
porque su primer llanto suena a sombra
que alumbra la esperanza de sus frentes.
Conocen su destino, los presagios
que revuelan el luto de sus pechos,
pero van a su infierno, porque es suyo,
con la sangre abrasándoles las manos,
y se queman, ardiéndoles las venas,
hasta encontrar la veta del espanto.
El sabor a carbón ciega sus ojos
y empiezan a cavar criptas sin alma,
ataúdes vivientes que impasibles
esperan que el patíbulo silente
del grisú, cuelgue altivo de sus perchas
las camisas inertes de esos hombres
que atraviesan el corazón del pánico
con la verdad nevada de sus huesos.
A pesar del negror que los dibuja
es tan blanco el sudor que les resbala
por la recia espesura de su rostro
que no puede la noche con la luz
de su piel, y aún muertos no se rinden
a los cuervos que niegan sus relumbres.
Antorchas vivas sois: Antonio, Orlando,
José Luis, Manuel, Carlos y Roberto,
de este suelo leonés que a fuego y mina
os graba en el recuerdo, en el metano
de su memoria, siempre alerta para
asfixiar a los tordos del olvido.
En un dolor de galopante luto
sigue la vida. Hay que apretar los puños
contra el cielo y seguir mordiendo el límite
del riesgo que separa el beso eterno
del aliento. La lucha hecha futuro
sembrará de lucernas las umbrías
y convertirá en pan las rocas duras.
La dignidad se expresa en nombres propios.
Así, a vosotras, rosas del calvario,
que lleváis el carbón en las entrañas,
oliendo para siempre a corazón
herido, os han de socorrer, brindando
sus hombros para transportar la cruz,
los crepúsculos que aún laten, haciéndose
auroras permanentes de una noche
que siendo mediodía se atrevió
a salpicar de duelo a España entera.
Es cierto que el averno se hizo instante
pero no es menos cierto que, repletos
de surcos renovados, los pulmones
seguirán germinando ese incoloro
oxígeno, que logra hacer presentes
las ausencias. No es añoranza, es
que vuestro sol incendia nuestras sombras
y nunca hubo más luz en nuestras manos.
Que lo sepan los padres de la patria:
los hijos del carbón nunca fenecen.

04/11/2013      m.s.g.

Las Cortes de Castilla y León amparan las ilegalidades e irregularidades de las empresas garrapatas al no investigarlas

El pasado 22 de octubre el BOCYL publicaba la resolución aprobada por  la Comisión de Hacienda de las Cortes de Castilla y León en relación con el Informe de Fiscalización de la contratación de cuatro empresas públicas de Castilla y León (ADE Financiación, ADE Parques Tecnológicos y Empresariales, Provilsa y Somacyl), durante los ejercicios 2010-2011, que realizó el Consejo de Cuentas de Castilla y León.

Desde PLADEPU se ha denunciado que el Informe de Fiscalización recogía tal cúmulo de ilegalidades e irregularidades, que era para que el Presidente de esta Comunidad hubiese cesado a los responsables de estas empresas públicas y hubiera pedido disculpas por lo mal que su gobierno ha gestionado el dinero de todos los Castellanos y Leoneses.

Como nada de eso había ocurrido, las Cortes de Castilla y León en su obligación de fiscalizar la labor del Ejecutivo tenía en su mano enmendar todo este despropósito y defender los derechos y dineros de los ciudadanos Castellano y Leoneses.

Pero nada de esto ha ocurrido. La Resolución de la Comisión de las Cortes se ha limitado  a acordar que “las empresas públicas de la Comunidad deberán perfeccionar sus procedimientos de gestión contractual de forma que permitan constatar sin lugar a dudas la aplicación de los principios de transparencia e igualdad de trato que inspiran la normativa referida a la contratación pública”. Y a que “las empresas públicas de la Comunidad deberán completar la revisión y actualización de sus procedimientos de gestión contractual, de forma que el establecimiento de las condiciones de solvencia exigidas a los licitadores y los criterios de valoración establecidos no alberguen duda alguna respecto de su aplicación, completándose el procedimiento necesario para la correcta constatación de la documentación que integra los expedientes de contratación”.

El contenido del Informe de Fiscalización del Consejo de Cuentas era de tal envergadura, que sintetizarlo en dos párrafos de buenas intenciones, nos parece un insulto para los habitantes de esta Región. ¿Por qué las Cortes de Castilla y León no ha abierto una comisión de investigación para esclarecer las ilegalidades e irregularidades de estas empresas públicas? ¿Por qué las Cortes no ha llamado a declarar a los responsables de estas empresas? ¿Por qué las Cortes no investiga la falta de transparencia e igualdad de trato en las contrataciones de estas empresas públicas que ha puesto de relieve el Consejo de Cuentas? ¿Por qué las Cortes no establece un calendario para asegurarse el cumplimiento de su Acuerdo? ¿Por qué las Cortes de Castilla y León no defiende los derechos y dineros de los ciudadanos que los han votado?

Puede haber algo más obsceno que sea la propia Administración la primera en incumplir las Leyes, y quien tiene la obligación de contralar y fiscalizar a la Administración omite sus obligaciones y se dedica a dar carpetazo a las ilegalidades. Pero los políticos no se dan cuenta que la mierda huele. Lo que ocurre en Castilla y León es digno de una República Bananera. 

Desde PLADEPU denunciamos que las Cortes Regionales ha dado un portazo en las narices de sus ciudadanos, ha hecho caso omiso a sus obligaciones fiscalizadoras y ha dado un paso más para que los ciudadanos tengamos un mayor desapego por los políticos, ya que estos amparan y no investigan las ilegalidades e irregularidades de las empresas públicas. Las empresas garrapatas cuya mala gestión cuesta mucho dinero a los ciudadanos Castellano y Leoneses.

Respuesta y alegaciones al Procurador del Común desde Burgos

Laboratorio Agrario Regional

El movimiento VIERNES NEGRO DE BURGOS y/o Plataforma en Defensa de los Público (PLADEPU) en la provincia de Burgos se concentrará, como cada viernes, en el exterior de la sede de la Junta en Burgos, para protestar por los recortes injustificados en los servicios públicos de Castilla y León.

Hoy van a dar respuesta a un escrito del Procurador del Comun de C y L, que ha desestimado una denuncia sobre el despilfarro de más de 4.000.000 de euros, presentado por el MOVIMIENTO VIERNES NEGRO de Burgos, perpetrado por la Consejeria de Agricultura y Ganadería en el Laboratorio Agrario Regional de Burgos.

Este laboratorio fue ampliado en el año 2009, estando el edificio nuevo vacio desde 2010, sin mobiliario y sin ningún uso práctico. No nos costa que la Sr. Consejera de Agricultura Silvia Clemente, famosa por salir en el INTERVIÚ, haya organizado excursiones de pensionistas para que paseen por el edificio nuevo.

Este laboratorio tambien ha dejado de ingresar más de 2.300.000 euros al no prestar servicios a los agricultores, ganaderos e industriales agroalimentario de Castilla y León.

Este laboratorio está trabajando a menos de un tercio de su capacidad y para más recochineo hay dos personas contratadas a través de una empresa externa, no siendo necesaria esta presencia.

Creemos que este es un verdadero despilfarro y en este caso el Procurador del Común se ha limitado a dar validez a un Informe de la Junta de C y L, que es chapucero, lleno de medias verdades y con multitud de imprecisiones, como demostramos en el escrito de respuesta al Procurador.

Adjuntamos la documentación completa:

• Aclaraciones en aras de la transparencia y claridad sobre el Laboratorio Agrario Regional. Esta queja se envió al Presidente de la Junta de Castilla y León, y posterioremente fue remitida al Procurador del Común el 31 de mayo de 2013 ante la falta de respuesta de Juan Vicente Herrera.
• Respuesta del Procurador a la queja del Movimiento Viernes Negro, con fecha 30 de septiembre de 2013.
• Respuesta y alegaciones al Procurador del Común que se presentará en la concentración del viernes 25 de octubre.

Las denuncias y quejas presentadas desde Burgos las venimos recogiendo regularmente en los apartados Viernes de negro y Denuncias generales.

Contraexposición "Arrasando Palencia y Castilla y León"

La Junta de CyL editó una exposición de doce paneles -pagados por todos- colocándolos en el hall de entrada de la Delegación Territorial de Palencia (previamente en la sala de la biblioteca), en la que hace alarde de los progresos y logros conseguidos en los dos últimos años en nuestra comunidad autónoma.

Desde viernes negro en Palencia creemos que se debía dar respuesta a tanta desfachatez, autobombo y derroche. No podíamos dejar pasar este momento sin participar activamente y puntualizar cada uno de los comentarios reflejados en los paneles de aquella exposición. Para ello hemos montado, con escasos medios, unos cuantos recortes de prensa y mucha ilusión, una CONTRAEXPOSICION, en la que comentamos y desaprobamos la más de las veces, las actuaciones llevadas a cabo por la Junta en estos dos años, haciendo crítica de tanta jactacia y engreimiento de los que hace gala nuestra querida Administración.

Nuestra Contraexposición pretende bajar los humos a aquellos políticos que se creen que sus actuaciones han mejorado la Comunidad y han beneficiado a los ciudadanos. Nada más lejos de ello, basta con ver el índice de paro de Castilla y León, la tasa de emigración y el grado de descontento que se vive a nivel comunitario y nacional.

Todos los asistentes podrán participar activamente en ella, añadiendo un comentario personal, dando su opinión a la situación actual de nuestra comunidad y haciendo cualquier tipo de apreciación que crean oportuna, siempre en relación a la actuación de la Junta. Estos comentarios se colgarán en un panel de la contraexposición y quedarán a la vista de todos los asistentes.

Acude del 22 al 31 de octubre de 2013 a la Sala de Exposiciones del Servicio Territorial de Cultura de Palencia (C/ Obispo Nicolás Castellanos, 10). Horario: de lunes a jueves de 9,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 19,00 horas; viernes de 11,00 a 14,00 horas.

Mostramos como ejemplo algunos de los 16 paneles de que consta la contraexposición, recién inagurada con éxito esta mañana:


Cartel de difusión.

Visita virtual en www.pladepu.org/contraexposicion.

Alumnos, padres y docentes convocan huelga general en Educación el jueves 24 de octubre

La ley Wert se ha aprobado.

A pesar de todo la lucha sigue por una razón fundamental: los ciudadanos y toda la comunidad educativa están en contra, poniendo de relieve que otra política es posible.

Tenemos que seguir en la brecha, no podemos resignarnos y permitir la destrucción del sistema que permite el acceso a la educación.

REACCIONEMOS, no podemos dejar el futuro en manos de unos mercados sin cara y sin nombre que sólo tienen un único principio: EL DINERO.

HAZ OIR TU VOZ, no es el momento de auto justificarse con el tan manido “no va a servir de nada, nada va a cambiar”, para que cambie acude a las movilizaciones que se realizarán esta semana de lucha por la educación.

Manifestaciones convocadas en Castilla y León:

Ávila	19:00	Mercado Chico,C. Reyes Católicos, C. Alemania, C. Don Jerónimo, Plaza de Santa Teresa, C. San Segundo, Avd. de Portugal, Paseo del Dos de Mayo, C. Arévalo, Plaza de Santa Ana,  Paseo de la Estación y Hornos Caleros (Subdelegación)
Burgos	19:30	Plaza del Cid
Aranda de Duero	19:00	Plaza Mayor
Miranda de Ebro	19:00	Concentración en Parque Antonio Machado
León	19:00	Plaza de Guzmán, – Ordoño II – Plaza de Sto. Domingo – Gran Vía de San Marcos – Plaza de la Inmaculada (final)
Ponferrada	19:00	Plaza República Argentina
Palencia	19:00	Paseo del Salón hasta la Plaza Mayor
Salamanca	19:30	Plaza Constitución,Gran Vía, Avd. Mirat, C/ Zamora, Plaza Mayor
Segovia	19:00	Dirección Provincial,(Calle José Zorrilla 38), hasta la Plaza Mayor
Soria	19:00	Plaza Mayor, C. El Collado, Plz. de San Esteban, Plz. del Olivo, Plz. Ramón y Cajal, Avd. de Navarra y Avd. Alfonso VIII (Subdelegación
Valladolid	19:00	Plaza Colón,Acera Recoletos, Plaza Zorrilla, Calle Miguel Iscar, Plaza España, Calle Duque de la Victoria, Calle Ferrari, Plaza Mayor
Zamora	18:30	Plaza de la Marina,Tres Cruces, Plaza de la Constitución

Manifiesto de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública.

La Junta absorbe a los empleados de ADE Parques y Financiación...

...como premio a su catastrófica gestión. También se come los casi 400 millones de deuda del chiringuito.

El pasado 4 de octubre desayunábamos con la noticia de la “eliminación” de Ade Parques, en el proyecto de Ley de acompañamiento a Presupuestos. Lo curioso del caso es que esa eliminación que se anuncia en prensa no conlleva la eliminación del principal problema de ADE PARQUES (su inmensa deuda), sino que ésta se traspasará a la Administración, a través de su anunciada integración en la Administración. A través de los micrófonos de Radio Nacional, la Consejera de Hacienda nos dice que no va a haber despidos, pues la Junta lleva mucho tiempo con la oferta de empleo publico congelada y hacen falta trabajadores en la Administración y ¿qué mejor forma de obtenerlos que su paso directo y automático desde una sociedad anónima, sin ninguna oposición, concurso-oposición, ni nada que se le parezca?... ¿Que mejor vía para suplir la obligación legal de la Administración de publicar la oferta de empleo publico y hacer los puestos accesibles a todos los ciudadanos?...

Ahora sí, todo ello lleva el enorme beneficio de que la Administración tenga que pagar unas deudas ingentes generadas durante años de dudosa administración, que han llevado a la empresa que se absorbe a atravesar un ERE hace tan solo unos meses. Cualquier otra entidad prefiere aislar sus deudas y activos de riesgo en una institución separada para no contaminar con ellos al resto de la entidad. Aquí no, aquí se asumen por la Administración para que sean garantizadas con el dinero de todos los contribuyentes y nada menos que cerca de 400 millones de euros.

Esta noticia es inmediatamente posterior a la publicación de los informes de fiscalización de empresas públicas, que dejan en entredicho la gestión de dos entidades: ADE PARQUES, S.A. y ADE FINANCIACIÓN, S.A., curiosamente una de ellas ya integrada en la administración y la otra, pendiente de integrarse de manera inmediata. A raíz de dichos informes existen fuerzas políticas y sociales que están anunciando medidas penales contra los administradores de las referidas sociedades, pero la Junta, como “premio” a su gestión (cuestionada por el Consejo de Cuentas), van a ver consolidado su empleo con un puesto de trabajo dentro de la Administración.

¿Hasta cuando el desprecio de las empresas públicas por la legalidad?. El Partido Castellano (PCAS) no se ha quedado impasible y acaba de presentar ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia una denuncia por presuntos delitos de falsedad en documento público, administración desleal y prevaricación en la contratación por parte de las empresas públicas de Castilla y León.

Noticia Vozpópuli: Castilla y León suma 348 millones a su deuda tras disolver la empresa pública más endeudada. Noticia Diario de Valladolid (El Mundo): El Consultivo tilda de irregular la cesión de ADE Parques a la Agencia.

Las ilegalidades e irregularidades de las empresas garrapatas

El 26 de septiembre el Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León compareció en las Cortes Regionales para dar cuenta del Informe de Fiscalización que la entidad que preside había realizado de la contratación de cuatro empresas públicas regionales: ADE Financiación S.A. (Actualmente denominada Agencia de Innovación Financiera e Internacionalización Empresarial de Castilla y León S.A.), PROVILSA, ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León S.A. y SOMACYL, en los años 2010 y 2011.

El contenido de esta comparecencia, donde no caben más denuncias de ilegalidades e irregularidades por frase escrita, era para que los responsables y gestores de estas cuatro empresas públicas se metieran debajo de la mesa colorados y no salieran de ella en años por vergüenza. Asimismo, si el Presidente de esta Comunidad tuviese un respeto por sus Administrados y un interés por prestar un Servicio Público de calidad, habría cesado a los responsables de estas empresas públicas y hubiera pedido disculpas por lo mal que su gobierno ha gestionado el dinero de todos los Castellanos y Leoneses a través de estas cuatro empresas públicas.

Nada de esto ha ocurrido. El único consuelo que nos queda a los defensores de la gestión y de los servicios públicos es que un partido político ha decido trasladar todos estos hechos presuntamente delictivos a la fiscalía.

El Consejo de Cuentas respalda los argumentos de PLADEPU sobre las empresas “garrapatas”. Desde PLADEPU venimos denunciando que la Administración paralela es un sistema que ha instaurado el poder político para saltarse el derecho administrativo, dar trabajo a sus secuaces y expoliar los servicios públicos, todo ello, con la escusa que una empresa pública gestiona mejor que una Administración. El Consejo de Cuentas con su Informe de Fiscalización descubre las mentiras de los políticos. Las empresas públicas de Castilla y León están muy mal gestionadas, degradan el Servicio Público y cuestan mucho dinero a los contribuyentes. El Castellano y Leonés debe saber que con sus impuestos está pagando dos veces (la Administración Central y la empresa pública) por un mismo Servicio Público, que como demuestra el Consejo de Cuentas, las empresas públicas gestionan peor que la Administración Central.

Para ilustrar el contenido demoledor del Consejo de Cuentas, desde PLADEPU extraemos literalmente dos frases que se repiten en el Informe cuando el Consejo de Cuentas expone sus recomendaciones para ADE PARQUES, PROVILSA y SOMACYL:

• “Que redacte las normas internas de contratación de acuerdo a la normativa vigente”. ¿Cómo una Administración Pública puede tener unas normas de contratación ilegales?
• “Que refuerce la objetividad de los criterios de adjudicación”. ¿Cómo puede una Administración ofrecer dudas sobre la objetividad de sus adjudicaciones?

Los ciudadanos Castellanos y Leoneses merecen unos mejores Servicios Públicos y, sobretodo, merecen una mejor gestión de sus recursos públicos. Definitivamente, las empresas garrapatas gestionan peor los Servicios Públicos.

Intereconomía: único medio de comunicación online para todos los empleados de JCYL

La Junta de Castilla y León tiene en abierto a todos sus empleados un único medio de comunicación: www.intereconomia.com.

La mayoría de empleados públicos no disponen de Internet abierto, solamente tienen acceso a ciertas páginas, entre las que figura la de INTERECONOMÍA como único medio de comunicación abierto.

La concesión de abrir Internet es arbitraria y a dedo, hay muchos Jefes de Sección, abogados, Ingenieros, Veterinarios, Técnicos, Inspectores y empleados en general que no disponen de Internet abierto.

Remitimos esta denuncia para ser impresa, firmada y enviada por todos los empleados públicos que lo deseen. Aquí se puede leer el listado oficial de páginas web autorizadas para el acceso a Internet básico, en el que encuentra la citada anteriormente como único medio de comunicación.

El movimiento VIERNES NEGRO y PLADEPU en Burgos vuelve a la carga presentando hoy esta nueva denuncia.

El acceso abierto de todos los empleados a www.intereconomia.com ha sido recientemente cortado, si bien aún quedan muchas cuestiones pendientes de la denuncia y que de cara a la futura Ley de Transparencia y Gobierno Abierto deben ser aclaradas. Numerosos medios online se han hecho eco de la noticia: infoLibre.es, elDiario.es, vozpupuli.com y ultimoCero.com.

Preguntan a Herrera por la concesión de bufandas

La Junta de Personal de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León, formada por representantes de las centrales sindicales, ha registrado el pasado 27 de septiembre un escrito dirigido al Presidente solicitando el desbloqueo de la información sobre las bufandas a cuyo conocimiento tienen derecho sindicatos y funcionarios en cada Consejería.

Como dijimos hace unos pocos meses, una bufanda es algo más que una prenda de abrigo: es una gratificación económica casi secreta que se cobra por “los servicios extraordinarios efectuados por el personal, fuera de su jornada de trabajo”. Lo que debería ser una premio puntual por un trabajo extraordinario que se hubiera podido realizar en un momento dado, se ha convertido mayoritariamente en una forma periódica de callar bocas e hipotecar favores de unos pocos pero asiduos benefactores.

En contra de los principios de transparencia que tanto alardean algunos dirigentes, las relaciones de gratificaciones extraordinarias que reciben los empleados públicos no son públicas, es más, tenemos constancia que en algunos casos incluso se ha amedrentrado a algunos compañeros para recibir la información de las bufandas de su Consejería o Delegación Territorial.

Noticia relacionada en últimoCero. Escrito completo.

La Fiscalía General del Estado en su Memoria del curso judicial 2012-2013 coincide con PLADEPU

Desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) nos congratulamos de que la Fiscalía General del Estado en su memoria del año judicial 2012-2013 (presentada el 16/09/2013), coincida que nuestra contundente posición de denuncia y exigencia para que se desmonte toda la “Administración B” porque es uno de los principales puertos de entrada de la corrupción de la casta política. Queremos poner de relieve varios puntos señalados en la apertura del Año Judicial por la Fiscalía General del Estado:

 

1- La Administración B como factor directo de la corrupción.  La denuncia más importante hecha por  PLADEPU:

“Otro factor que ha podido facilitar la creación de situaciones propiciadoras de la corrupción ha sido la «huida» que de los controles administrativos se ha realizado por las administraciones territoriales. Más concretamente, la Fiscalía de Barcelona, ha señalado que los entes independientes creados por decisión de otros entes públicos, territoriales o no, bajo formas asociativas, fundacionales o de sociedades mercantiles o mixtas, ha permitido que los controles públicos ordinarios se relajen o, simplemente, no existan”.

“Esta evolución del Derecho Público en lo referente a una relajación de las formas de control interno y a la descentralización del poder se puede considerar como una de las principales causas u origen de las prácticas corruptas. Tal y como se ha indicado, la «huida del Derecho Administrativo» nos ha de llevar a platearnos si, en bastantes ocasiones, lo que se persigue no es una mayor eficacia sino escapar al control interno de las decisiones. Parece como si la norma jurídica representara un obstáculo para el desarrollo de ciertos hábitos de gobierno. Además, dentro de la Administración Pública, tanto central, como autonómicas y locales, especialmente en estas últimas, el proceso de toma de decisiones se ha difuminado.”

 

2- El escaso número de delitos realizados en el ámbito de la Administración propiamente dicha, o lo que es lo mismo, no es la Administración la causa de la corrupción, si no las actuaciones al margen de ella y de su personal. Este dato coincide con los manejados desde hace tres años por PLADEPU:

“La Memoria aborda en otro apartado el tratamiento específico de la corrupción como fenómeno político, social y jurídico, por lo que aquí se hará referencia a los delitos que atentan contra el funcionamiento de la Administración Pública entre los que se encuentra el delito de prevaricación administrativa, por citar el más frecuente en esta clase de delitos.”

“Si bien en su totalidad no son muy numerosos, estos delitos figuran entre los que son objeto de investigación directa por el Ministerio Fiscal en el ámbito de las diligencias preprocesales.”

 

3- La quiebra del Estado de Derecho como consecuencia de las actividades corruptas. Reivindicación hecha por PLADEPU desde hace varios años:

“Los distintos tipos delictivos que están integrados dentro de la corrupción constituyen una de las formas más graves de delincuencia, por cuanto las conductas que consisten en un ejercicio de las funciones públicas de forma contraria a las normas establecidas, con el propósito de obtener beneficios económicos u otras ventajas, provocan el desvío de fondos públicos a fines privados y, además, suponen un ataque a las instituciones y al sistema democrático y, en definitiva, al Estado de Derecho”.

“También provocan una distorsión en el mercado, afectando a los derechos de los agentes económicos y de los consumidores, y, si el fenómeno se extiende y no se combate adecuadamente, puede dar lugar a su generalización en la sociedad.”

“En el plano económico, la corrupción administrativa se erige en un factor desestabilizador de primer orden en una economía de mercado, y se traduce en un freno para el propio desarrollo del país, pues supone un coste añadido sobre bienes y servicios que acaba siendo repercutido en el consumidor final, lo que es especialmente negativo en períodos de crisis económica como el actual.”

 

4- La culpa “indefinida” e “inconcreta” se expande a todo el colectivo de “los políticos” y trasmite su contaminación hacia  las instituciones y administraciones públicas. PLADEPU siempre ha defendido la separación entre las Administraciones Públicas y la “administración política”. Es en esta última donde  la corrupción encuentra su mejor acomodo:

“De no llevar a cabo una actuación lo suficientemente decidida y enérgica contra la corrupción, se corre el riesgo, de un lado, de incrementar una sensación de impunidad que sirva para extender comportamientos irregulares o corruptos y, de otro, a que puedan generalizarse críticas infundadas o sectarias cuestionando irresponsablemente la labor de todos los servidores públicos, la inmensa mayoría de los cuales cumple honestamente con su deber.”

 

5- La proliferación de “libres designaciones” para firmar de informes problemático, sectarios y corruptos. PLADEPU entre los puntos presentados a la Consejera de Hacienda señalaba como prioritario la eliminación de cargos “a dedo” para evitar la coacción sobre los técnicos garantizando su imparcialidad a alejarlos de las prebendas políticas y económicas:

“El origen de muchos de los hechos investigados deriva de la obtención por un promotor que compra, a veces simple opción de compra, una finca por una escasa cantidad y acto seguido consigue una reclasificación de suelo y la atribución de aprovechamiento urbanístico multiplicando su valor, bien a través de los hoy denostados convenios urbanísticos, bien a través de la modificación del Plan General de Ordenación Municipal. Esa consecución depende, primero de la Autoridad municipal que debe dar el visto bueno al proyecto que se le presenta, y después, necesita de los informes favorables técnicos y jurídicos de la Administración competente en cada caso.”

 

6- La huída de la responsabilidad política hasta la sentencia firme en la vía penal,  deviene en fuerte desapego ciudadano respecto de las estructuras políticas y en la pérdida de control de los electores sobre los elegidos:

“La situación económica y política actual ha determinado un incremento evidente en la concienciación ciudadana acerca del problema de la corrupción y la repulsa ante la misma, lo cual ha tenido como efectos, de un lado, el incremento de las denuncias por esta clase de hechos y, de otro lado, la casi automática identificación ciudadana entre conductas reprochables política y/o administrativamente e infracción penal.”

”Ha calado, indebidamente, la idea de vincular el principio de responsabilidad política al principio de presunción de inocencia penal, con lo cual se está eludiendo la adopción inmediata de medidas políticas correctoras, las cuales quedan, artificialmente, ligadas y aplazadas a resultas del proceso penal.”

 

7- Necesidad de un control previo a la vía judicial y garantizar los controles dentro de las Administraciones tal como siempre ha señalado PLADEPU:

“Una consideración común a la mayor parte de las Fiscalías es que la lucha contra la corrupción ha de ser estructural mediante el establecimiento de mecanismos de control administrativo y político… el recurso a la Justicia, y concretamente al Derecho Penal, debe de ser el último, entre otras razones porque cuando éste aplica sus normas, el perjuicio ya está consumado y, en muchos casos, resulta irreversible. Es por ello que se ha de propugnar un funcionamiento riguroso de los órganos de control administrativo, como es el caso de los órganos de inspección y de intervención de las distintas Administraciones Públicas, dotándolos de los suficientes medios legales y materiales, de los que probablemente carezcan en el día de hoy, para realizar su labor. Pero también dotar al Estado, a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos de normas jurídicas que establezcan controles y filtros políticos y administrativos que detecten precozmente una posible actuación corrupta para abortarla en sus inicios, con un rígido sistema además de incompatibilidad y de transparencia para los cargos públicos, tanto mientras están al frente de sus respectivas responsabilidades como durante un tiempo posterior al cese de las mismas.”

 

8- Refuerzo del personal funcionario. PLADEPU siempre ha señalado la necesidad del personal funcionario especializado el funcionamiento de las  Administraciones Públicas  como garantía frente a la corrupción política y como medio de control de las actividades de los políticos:

“Reforzar la oficina fiscal, dotándola de auténticas unidades de investigación criminal, en la que se integrarían tanto funcionarios de policía especializada como de la Agencia Tributaria y, en su caso, de otros funcionarios de la Administración Pública”

(Párrafos tomados de la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado)

 

Resumen de la Memoria 2013 de la Fiscalía General del Estado.

Cierran Laboratorios, abren negocios. ¡Viva la corrupción!

La verdad sobre el cierre de los Laboratorios de Fomento, las mentiras de la Junta y cómo los políticos se cargan un servicio público de calidad

Centro Control de Calidad en Burgos

Desde PLADEPU se viene denunciando la mala gestión que la Junta de Castilla y León está realizando de los escasos recursos públicos, y del nulo interés que tienen los dirigentes públicos por prestar un Servicio Público de calidad.

Desde PLADEPU hemos denunciado las mentiras y medias verdades que la Junta de Castilla y León cuenta a sus Administrados sobre su gestión pública. Pero las mentiras tienen unas patas cortas, como se demuestra en el cierre de 7 laboratorios provinciales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, donde se pone de manifiesto la mala gestión de los directivos de esta Administración, su oscurantismo, sus mentiras y su desprecio por un Servicio Público de calidad.

El 22 de abril de 2013 la Junta de Castilla y León emitía un comunicado público en el que informaba de la reorganización de los laboratorios provinciales de control de calidad de la construcción y obra pública para mejorar su eficiencia.

“La Junta de Castilla y León está desarrollando, en cumplimiento de su compromiso con el déficit y el ahorro en los recursos públicos, un programa de mejora en la eficiencia y eficacia de la gestión de esos recursos. La reorganización de los laboratorios de control de calidad se plantea como consecuencia de la escasa actividad que desarrollan debido a las circunstancias económicas actuales…. Además, esa escasa actividad actual se ha puesto de manifiesto en la evaluación de las cargas de trabajo que se ha realizado el año pasado”.

Este comunicado hace referencia a la Auditoria que la Inspección General de Servicios (IGP) de la Consejería de Hacienda realizó al Servicio de Tecnología y Control de Calidad de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, donde se integran los 7 Centros de Control de Calidad provinciales que se han cerrado.

Auditoria que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha intentado ocultar a sus trabajadores por todos los medios. Múltiples han sido las peticiones para conocer el contenido de esta auditoria, y múltiples han sido las negativas a los trabajadores para mostrar esta auditoria. No hay que olvidar que se trata de una auditoria hecha por funcionarios de la Junta. Ahora los Castellanos y Leoneses comprenderán el por qué se ha intentado ocultar este informe.

En primer lugar hay que decir que la IGP ha tenido claro la valía de estos laboratorios: “Los Centros de Control de Calidad, son unos reputados laboratorios de control de calidad de la construcción y la obra pública, que cuentan con unos medios materiales, con carácter general, suficientes para llevar a cabo sus funciones y tienen unos equipos humanos altamente cualificados y preparados para ello, lo que garantiza la objetividad en los resultados que se obtienen de los ensayos que realizan dichos centros”. Es decir, son un servicio público de calidad.

También ha tenido claro los problemas de estos centros: 

1- “Tanto el Servicio de Tecnología y Control de Calidad como las Secciones de Control de Calidad, funcionan con un alto grado de autonomía respecto de los órganos superiores de los que dependen, sin que su actuación se someta a una planificación formal”. Es decir, los “brillantes” gestores de nuestra Comunidad no han realizado un Plan Director o de Actuación para estos centros. Los laboratorios no tienen objetivos, ni un rumbo fijado. 

2- “Considera esta Inspección que existe un escaso ejercicio de dirección de los órganos de los que dependen estas unidades administrativas, tanto a nivel central como periférico. Esta circunstancia influye en su funcionamiento y ha generado que el trabajo se desarrolle de forma rutinaria y con escasa motivación”. La IGP pone negro sobre blanco, denuncia directamente que los directivos de la Junta no realizan su trabajo. Entonces ¿A qué se dedican? ¿Qué dirigen? ¿Por qué se les paga el sueldo de directivos?

3- “El Servicio de Tecnología y Control de Calidad funciona con una gran autonomía, respecto de la Secretaría General de quien depende. Respecto de las relaciones con la Secretaría General son escasas, y no mantiene reuniones de Dirección con la misma. Tampoco actúa de acuerdo a ninguna planificación formal establecida por la Consejería. Existe un escaso ejercicio de liderazgo por parte de la Secretaría General de la Consejería”.“Las Secciones de Control de Calidad funcionan casi autónomamente respecto del correspondiente Servicio Territorial de Fomento, y sus relaciones con los Jefes de Servicio Territorial son escasas y no suelen tener reuniones de coordinación. Respecto de sus relaciones con el Servicio de Tecnología y Control de Calidad también son escasas. Tampoco suelen mantener reuniones de coordinación con este Servicio. Los cauces de comunicación suelen ser instrucciones verbales y por medios electrónicos, no existiendo instrucciones formales. No existe planificación de sus actuaciones, ni seguimiento de objetivos. No reciben habitualmente ni instrucciones, ni sus responsables son convocados a reunión alguna de seguimiento o coordinación con el resto de Jefes de Sección del Servicio Territorial de Fomento. Esta Inspección ha detectado un sentimiento de abandono y de aislamiento de los responsables de estas Secciones respecto de la organización, es decir de los respectivos Jefes de Servicio Territorial de Fomento y del Servicio de Tecnología y Control de Calidad”. El informe de la Inspección de Servicios es demoledor, y simple y llanamente denuncia que los gestores públicos ni se ocupan ni dirigen estos laboratorios con el más mínimo rigor que se puede exigir a unos directivos.

4- “Hay una carga de trabajo muy baja, derivada de las circunstancias económicas actuales y de la falta de un sistema de dirección adecuado que haga que se cumplan las disposiciones normativas al efecto. La IGP vuelve a enviar un misil a la línea de flotación de los gestores públicos, y descubre sus mentiras. La poca actividad de estos centros no se debe solo a las circunstancias económicas, sino también, a la mala dirección de los gestores de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

“El puesto de Jefe de Sección de Control de Calidad de Soria, aunque se encuentra cubierto por comisión de servicios, su ocupante no realiza esas funcione”s. El lector acaba de descubrir otra mentira de la Consejería. Está claro que la falta de eficiencia económica del laboratorio de Soria no se debía a “las actuales circunstancias económicas”, sino a que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente había decidido que el responsable directo del laboratorio de Soria, en vez de ocuparse de su funcionamiento y dirección, realizase otras tareas misteriosas. Hay que tener poca vergüenza para descabezar un laboratorio y decir que su mal funcionamiento es por la crisis económica. 

“En el caso particular de Ávila, en el momento de realizar la visita a sus instalaciones, no podían realizar ensayos puesto que el único puesto de analista de laboratorio que tiene cubierto, su ocupante lleva un largo periodo de incapacidad temporal”. Lo más grave del asunto es que nadie de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se sonroja cuando salen a luz estos datos. Pero ¿cómo iba a ser eficiente un laboratorio de ensayos, si no tiene personal para hacer estos ensayos?, ¡ojo! Que la IGP afirma que este hecho gravísimo no es puntual sino que viene ocurriendo durante un largo periodo de tiempo, y nadie le ha puesto solución. ¿Se imaginan un restaurante sin cocinero? Esto solo sucede en las Repúblicas Bananeras y en la Junta de Castilla y León. PLADEPU denuncia que definitivamente la Junta de Castilla y León ha perdido el respeto a sus Administrados al mentirles tan descaradamente. El laboratorio de Ávila es el fiel reflejo de lo que viene denunciando PLADEPU en la Junta de Castilla y León. Recortes de los Servicios Públicos, lo que origina el mal funcionamiento de los mismos, y al no ser eficientes, se cierra ese Servicio Público, se crea una empresa pública para gestionarlo o directamente se privatiza. Qué seguro que la empresa privada tendrá analistas para realizar estos ensayos.

Finalmente la Auditoria aporta un poco de luz al por qué los laboratorios han tenido poca actividad. “Entiende esta Inspección que se da la paradoja de contar estos Centros de Control de Calidad con una alta cualificación profesional y es la propia organización administrativa la que desconoce su existencia, por lo que encargos profesionales que pudieran ser realizados por estos Centros se encargan a los laboratorios ajenos a la Administración. Esta relación coste/actividad podría mejorarse si la Administración Autonómica encargará los controles de calidad de sus obras, cuando fuera posible, a estos Centros. La falta de encargos por parte de la propia Consejería de Fomento y Medio Ambiente, entendiendo esta Inspección que se incumple lo previsto en el Plan de Empleo de este personal”. Es decir, es la propia Administración quién ha ninguneado a sus laboratorios. La Junta de Castilla y León ha mantenido una red pública de laboratorios, pero ha estado pagando sus ensayos a empresas privadas. Esta es la magnífica dirección de la Junta, y su gestión eficiente de los recursos públicos.

Hay que señalar que a pesar del contenido de la auditoria, el Consejero de Fomento y Medio Ambiente cerró el 1 de junio de 2013 los laboratorios de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora, y ha mantenido en sus puestos a la Secretaria General, a la Coordinadora de Servicios y a todos los Jefes de Servicio responsables de los laboratorios (todos ellos nombrados a dedo). Tampoco se han dado directrices e instrucciones por escrito a los 3 laboratorios supervivientes.

Estos hechos refuerzan los argumentos y exigencias de PLADEPU: La junta de Castilla y León miente a sus ciudadanos; Gestiona mal los servicios públicos; Los recortes de todo tipo, se podrían evitar o reducir, si esta Administración tuviese unos buenos dirigentes; y las libres designaciones (los puestos a dedo) son una lacra para esta Administración, que deben desaparecer, ya que se demuestran que su trabajo no es servir a los ciudadanos, sino servir al político que le ha nombrado.

Castilla y León, septiembre de 2013
Quinidio Martínez (PLADEPU)

La exigencia de PLADEPU para la devolución de las competencias "exportadas" a la "Administración B", ha entrado por la puerta de las Cortes

Adjuntamos pregunta del procurador en las Cortes de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) el 12/9/2013 junto con la contestación del Sr. Presidente. Ver intervención.

All of me

[..] Ni soy mejor ni peor trabajadora que nadie, sólo sé que cuando yo entré a formar parte de este tinglao de lo público lo hice medianamente bien formada, con gran ilusión (no por descarte) y con unas expectativas profesionales legales y plausibles que se fueron desmoronando poco a poco con el transcurso de los años por mérito de la hiperpolitización y de la partidocraria que se burlan de la sociedad señalándome como la culpable de tamaño desaguisado. [..] Continúa leyendo el artículo completo en el apartado Opinión...

SOMACYL, la antítesis de lo que deber ser una Administración Pública

PLADEPU ha denunciado el escándalo público que ha supuesto la fiscalización por parte del Consejo de Cuentas de los expedientes de contratación de los años 2010 y 2011 de PROVILSA. Sin embargo, lo que ha puesto de relieve el Consejo de Cuentas de los expedientes de contratos de la empresa pública SOMACYL durante estos mismos años es espeluznante y desolador.

Además, se da la circunstancia que el Consejo de Cuentas vuelve a desenmascarar la política administrativa de la Junta, al afirmar que de acuerdo con los objetivos de la empresa SOMACYL y el objeto de los contratos analizados se llega a la conclusión de que se le encomiendan funciones que según la legislación estatal deberían reservarse a los organismos autónomos, siendo su asimilación a la categoría “entidad empresarial” meramente formal. El Consejo de Cuentas descubre las artimañas de la Junta de Castilla y León que crea sus empresas públicas para evitar una mayor fiscalización de sus actos.

SOMACYL incumple la obligación del artículo 29 del LCSP en el 100% de los contratos que realizó en los años 2010 y 2011, al no remitir la documentación de ninguno de los 16 contratos de los que legalmente estaba obligada a comunicar. Y a efectos de lo establecido en el artículo 308 de la LCSP, SOMACYL no ha remitido al Registro de Contratos del Sector Público la información correspondiente a 45 contratos  durante los años 2010 y 2011, lo que supone el incumplimiento del 100% de dicha obligación. Es una vergüenza que empresas públicas se salten la Ley con esta impunidad.

Del examen de las Instrucciones Internas de Contratación hay que señalar lo siguiente:

• No hay constancia de su aprobación por ningún órgano de la empresa, ni de la fecha de su aprobación, ni de la entrada en vigor de estas normas.
• Se establece la posibilidad de realizar modificaciones contractuales sin que estén previa y expresamente fijadas las causas; lo que puede cambiar las condiciones de contratación, a criterio subjetivo del órgano de contratación, lo que afecta al principio de transparencia e igualdad de trato. Esta modificación resulta inaudita en una Administración Pública seria. En PLADEPU tenemos dudas que esta condición figure en los Contratos suscritos en Repúblicas Bananeras.
• El contenido de las Instrucciones, puede dar lugar a que en determinados expedientes, de importe inferior a 50000 euros, no se establezcan las condiciones del contrato, de la adjudicación o de la negociación. Esto afecta a los principios de transparencia e igualdad de trato con los licitadores. Otra Instrucción que nos abochorna.
• Los importes máximos establecidos para la utilización del procedimiento negociado y del procedimiento simplificado, en suministros y servicios, superan las cantidades establecidas en la LCSP. Esto afecta a los principios de publicidad y transparencia.

El Consejo de Cuentas ya pone sobre la mesa que las Instrucciones Internas de Contratación de SOMACYL atentan a los principios de transparencia e igualdad de trato, justo lo que una Administración debe cumplir a rajatabla.

En ninguno de los contratos fiscalizados sujetos a regulación armonizada (SARA) consta la justificación de la elección de los criterios de adjudicación establecidos, en relación con el objeto, para seleccionar la oferta económicamente más ventajosa y contribuir a la justificación del principio de eficiencia, del artículo 1 de la LCSP.

En relación al contenido de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de estos contratos, a partir de ahora PCAP, se han observado las siguientes incidencias:

• En ninguno de los contratos examinados se establece la inclusión de forma separada de los criterios susceptibles de valoración automática mediante fórmulas de los que requieren un juicio de valor, lo que va a imposibilitar la valoración por separado y afecta al principio de transparencia e igualdad de trato. Por lo tanto, todas las adjudicaciones han podido estar amañadas.
• En todos los expedientes examinados se incluyen criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas que al no estar desarrollados de forma detallada no permiten valorar las ofertas sin incluir aspectos no previstos en los pliegos, lo que incumple el detalle que para los criterios de adjudicación se exige en el párrafo primero del apartado segundo del artículo 134 de la LCSP e impide que los licitadores conozcan previamente cómo van a ser valoradas sus proposiciones, afectando a los principios de transparencia e igualdad de trato. Igual que el punto anterior, se dan todas las circunstancias para que la mesa de contratación pueda adjudicar a dedo.
• Las fórmulas automáticas utilizadas para valorar la oferta económica no permiten repartir todos los puntos habilitados en este apartado lo que modifica el porcentaje real aplicado sobre cada criterio además de, con carácter general, no otorgar mayor puntuación, proporcionalmente, a la oferta con mayor baja, afectando a los principios de no discriminación y eficiencia en la utilización de los fondos.
• En ninguno de los contratos consta la aprobación de los pliegos por el órgano de contratación afectando al principio de competencia y de seguridad jurídica.

Además, para la valoración de la oferta económica mediante fórmulas automáticas en ninguno de los contratos examinados se reparten todos los puntos, ni a la oferta más económica se le asigna la máxima puntuación, como consecuencia de la fórmula utilizada, afectando a los principios de no discriminación y eficiencia en la utilización de los fondos.

Tampoco se valoran en fases distintas los criterios de adjudicación establecidos mediante fórmulas de las que no lo están, a excepción del precio, incumpliendo el artículo 134 de la LCSP y afectando al principio de transparencia. Creemos que a estas alturas del artículo el lector no se puede sorprender de que SOMACYL incumpla la Ley de Contratos.

En el informe de valoración de todos los contratos fiscalizados, no se definen los métodos de reparto ni se ha dejado constancia de los motivos de la puntuación otorgada, desarrollando criterios de evaluación no valorables mediante fórmulas, que no figuraban en los pliegos, lo que ha dado lugar a que los licitadores desconocieran el detalle de los mismos al presentar sus ofertas, incumpliendo el artículo 134 de la LCSP y afectando al principio de transparencia. Es decir, SOMACYL ni justifica la puntuación que da a los licitadores, y además, añade criterios de valoración a posteriori, lo que puede permitir adjudicar los contratos a dedo.

En ninguno de los contratos iniciados mediante procedimiento negociado, han dejado constancia de la negociación efectuada, incumpliendo sus Instrucciones internas de contratación.

En ninguna de las notificaciones de la adjudicación provisional realizadas en los expedientes examinados, tanto al adjudicatario como al resto de licitadores, figura la posibilidad de interponer el recurso especial en materia de contratación regulado en el artículo 37 de la LCSP (art. 310 en la redacción dada por la Ley 34/2010). Esto da a entender que en SOMACYL se consideran por encima del bien y del mal, y que tienen claro que a ningún contratista se le va a pasar por la cabeza recurrir una adjudicación.

Tampoco hay constancia, en ninguno de los contratos analizados, de la recepción de la notificación de la adjudicación definitiva ni por el adjudicatario ni por el resto de licitadores no adjudicatarios, establecida en el artículo 137 de la LCSP (artículo vigente antes de la entrada en vigor de la Ley 34/2010). Y SOMACYL sigue incumpliendo la Ley.

No consta en ninguno de los expedientes analizados la publicación de la adjudicación definitiva en los correspondientes Diarios Oficiales, incumpliendo lo establecido en el artículo 126 de la LCSP. Y sigue. ¿Qué fuerza moral puede tener la Junta de Castilla y León a la hora de hacer cumplir a los Administrados la Ley, si sus Empresas son las primeras que se saltan la legalidad?

Resumiendo, según el Consejo de Cuentas la empresa pública SOMACYL incumple reiteradamente la Ley, y en los expedientes de contratación que ha fiscalizado se dan todos los ingredientes necesarios para que se pueda adjudicar a dedo el contrato. VERGONZOSO. SOMACYL ES LA ANTÍTESIS DE LO QUE DEBE SER UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

El lector debe saber que en el último medio año, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha licitado concursos y obras relacionadas con el agua a través del SOMACYL por valor de 34,5 millones de euros, y 0 euros a través de su Administración Central. ¿Por qué será?

Esta sucesión de irregularidades e ilegalidades refuerzan el criterio de PLADEPU, de que es totalmente necesario la eliminación de la Administración Paralela. No están mejor gestionadas que la Administración Central y sus contrataciones levantan todas las sospechas del mundo. No puede pasar un minuto más sin que el Consejero de Fomento y Medio Ambiente cierre sus empresas públicas y se marche a casa por incapaz. Hace 10 meses, 86 Técnicos de su Consejería le solicitaron el cierre del SOMACYL, y todavía, no ha tenido tiempo para contestarles, será que está muy ocupado intentando (mal)dirigir esta empresa y no tiene tiempo para ello.

Enlaces de interés: Fiscalización de la Contratación de las empresas públicas de Castilla y León, ejercicios 2010-2011. Informe SOMACYL. Informe completo.