
En poco más de un año la partida de los PGE para educación ha sufrido un recorte de 5.000 millones de euros, que afectan casi en su totalidad a la Escuela Pública. En Castilla y León el tijeretazo ha sido del 15% en los dos últimos años. Dos cursos de brutales recortes cuyas consecuencias están a la vista: paralización de la inversión en construcciones, asfixia presupuestaria a los centros, reducción de las ayudas en libros de texto, repago de los programas de conciliación, subida brutal de las tasas universitarias, mayor dificultad para optar a becas –por cuantía y por requisitos-, eliminación de numerosos programas de apoyo, programas educativos y de centro, eliminación de aulas abiertas, pago del programa madrugadores, aumento de ratios, incremento de horario lectivo, recortes salariales del profesorado, despido de profesorado interino, aumento de la precariedad y reducción de las plantillas de los centros.
Esta política de recortes y la aplicación de la LOMCE supondrá la segregación del alumnado con menos medios económicos, la imposibilidad de acceder a la enseñanza postobligatoria a decenas de miles de estudiantes, y un nuevo trasvase de recursos públicos a la enseñanza privada, aplicandole a ésta grandes recursos públicos en detrimento de la pública.
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