PLADEPU manifiesta su apoyo a la huelga general estudiantil los días 5, 6 y 7, para protestar por unas medidas que agreden los derechos de sus trabajadores/as y deterioran gravemente las condiciones, pretendiendo convertir la Escuela Pública en una oferta residual, condenándola a la marginalidad y atentando contra un derecho fundamental de toda la sociedad y especialmente de los más jóvenes.
En poco más de un año la partida de los PGE para educación ha sufrido un recorte de 5.000 millones de euros, que afectan casi en su totalidad a la Escuela Pública. En Castilla y León el tijeretazo ha sido del 15% en los dos últimos años. Dos cursos de brutales recortes cuyas consecuencias están a la vista: paralización de la inversión en construcciones, asfixia presupuestaria a los centros, reducción de las ayudas en libros de texto, repago de los programas de conciliación, subida brutal de las tasas universitarias, mayor dificultad para optar a becas –por cuantía y por requisitos-, eliminación de numerosos programas de apoyo, programas educativos y de centro, eliminación de aulas abiertas, pago del programa madrugadores, aumento de ratios, incremento de horario lectivo, recortes salariales del profesorado, despido de profesorado interino, aumento de la precariedad y reducción de las plantillas de los centros.
Esta política de recortes y la aplicación de la LOMCE supondrá la segregación del alumnado con menos medios económicos, la imposibilidad de acceder a la enseñanza postobligatoria a decenas de miles de estudiantes, y un nuevo trasvase de recursos públicos a la enseñanza privada, aplicandole a ésta grandes recursos públicos en detrimento de la pública.
En poco más de un año la partida de los PGE para educación ha sufrido un recorte de 5.000 millones de euros, que afectan casi en su totalidad a la Escuela Pública. En Castilla y León el tijeretazo ha sido del 15% en los dos últimos años. Dos cursos de brutales recortes cuyas consecuencias están a la vista: paralización de la inversión en construcciones, asfixia presupuestaria a los centros, reducción de las ayudas en libros de texto, repago de los programas de conciliación, subida brutal de las tasas universitarias, mayor dificultad para optar a becas –por cuantía y por requisitos-, eliminación de numerosos programas de apoyo, programas educativos y de centro, eliminación de aulas abiertas, pago del programa madrugadores, aumento de ratios, incremento de horario lectivo, recortes salariales del profesorado, despido de profesorado interino, aumento de la precariedad y reducción de las plantillas de los centros.
Esta política de recortes y la aplicación de la LOMCE supondrá la segregación del alumnado con menos medios económicos, la imposibilidad de acceder a la enseñanza postobligatoria a decenas de miles de estudiantes, y un nuevo trasvase de recursos públicos a la enseñanza privada, aplicandole a ésta grandes recursos públicos en detrimento de la pública.
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