Reunión mantenida con la Consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, el 2 de mayo de 2013

PLADEPU expone el contenido de la Carta y de la Lista de la Dignidad que fue refrendado por casi 9000 firmas, pidiendo que las competencias de la Administración no se externalicen o encarguen a empresas privadas cuando pueden ser desempeñadas perfectamente por el propio personal de la Administración.

Exponemos algunas de nuestras premisas:

• Estamos en contra de la politización que sufre esta Administración.
• Vamos a luchar para que no se derive el trabajo a empresas privadas y se externalicen los servicios, despreciando los recursos humanos de los que ya dispone esta Administración.
• Nuestro objetivo es mejorar la Administración.
• Dejamos claro que somos trabajadores trasladando el descontento de mucha gente, y alternativas, defendiendo un sector público de calidad y profesional; sencillamente esa es nuestra lucha.

Se ponen de ejemplos la pasarela de Benavente, ITACyl, ECyL, etc., donde se contratan trabajos técnicos externos mientras existen técnicos en la Junta que pueden desarrollar los mismos con el ahorro de coste correspondiente. Otro ejemplo es el ADE donde se han fusionado unas cuantas empresas, despidiéndose a los trabajadores y dejándose 17 puestos Directivos y 49 LD para una plantilla de 150 trabajadores. No puede ser que se recorten trabajadores y queden tantos directivos. PLADEPU recuerda que si la Administración tiene unos recursos humanos, estos tienen que ser aprovechados.

 

NUESTRAS PREGUNTAS SOBRE DIFERENTES PREOCUPACIONES:

1.- Función Pública. PLADEPU le recuerda que es competencia de la Consejería de Hacienda, “velar por el cumplimiento de las normas de general aplicación en materia de Función Pública y de personal por parte de los órganos de la Administración”.

Es decir que le corresponde velar y controlar que las distintas consejerías cumplan dicha ley, de modo que si la ley reserva a personal funcionario determinadas funciones, esas funciones no pueden ser desempeñadas por personal de empresa privada como está ocurriendo en estos momentos; nos dice que “no hay dinero” pero a una empresa de la cual no sabe nada y de la que hemos puesto sobre la mesa las condiciones y funciones de la misma, se la van a pagar 2.000.0000 de euros por tramitar expedientes, entre otras funciones… ¿¿¿cómo es eso???? Le recordamos que para nada estamos en contra de la gente que presta sus servicios para estas empresas, es más, esos compañeros son unos grandísimos profesionales, pero el problema es que este personal tendría que estar en la Administración a través de los procesos legalmente establecidos, de los procesos que la misma Constitución Española menciona y que son los procesos de igualdad, mérito y capacidad… si no hay oposiciones que al menos haya bolsas de trabajo, será la única forma de garantizar imparcialidad y que el mismo personal que presta servicios para estas empresas tenga una condiciones laborales dignas.

Su respuesta: Las cosas para que salgan tienen que pasar por varias mesas, son muchos trámites y nos pone el ejemplo del Decreto de Vacaciones, Licencias y Permisos en el que este año se han podido hacer contribuciones en el portal de Gobierno Abierto. Hay unas exigencias que hay que respetar y todo requiere su tiempo, aunque quieran sacar las cosas más rápido, no pueden. Van a intentar ordenar lo que hay, estructuras, RPT, etc, intentar ver una carrera profesional con los sindicatos, pero no en este foro.

También comentan que la Ley de Instituciones propias propone igualar los sueldos a los de los trabajadores de la Junta pero eso no sabe si llegará a buen término. Dice que ella no puede ocuparse de todo ello, y que es competencia de cada consejería cumplir la ley, ella no puede estar encima de todo lo que ocurre, es Consejera de Función Pública y de Hacienda.

Nos parece alarmante que la Consejera de Hacienda insista en que no es competencia suya velar por que se cumpla la Ley de Función Pública cuando así está expresamente previsto en dicha Ley. Si nadie controla que se cumpla la ley de función pública, no nos extraña las Consejerías sean reinos de taifas y que nuestros derechos sean cada vez más exiguos.

 

2.- Concurso de traslados. No han salido todas las vacantes, así como tampoco todas las resultas. Les ponemos de ejemplo la Orden de Educación por la que se crean, modifican y amortizan plazas de la Consejería la cual data de Diciembre de 2010. Entre plazas compartidas, plazas abiertas, etc… ¿Cuántas se han quedado sin cubrir? ¿Cuántas van a quedar vacantes…? Le demostramos que no han salido todas las plazas con ejemplos concretos.

Su respuesta: El concurso se ha hecho adecuadamente, a pesar de nuestras pruebas.

 

3.- Libres Designaciones: ¿cuántas hay? Estamos hartos de abrir el BOCYL con nombramientos todos los días, creemos que ésta es una forma de crear una administración afín a unos ideales políticos, partidista y no independiente. Desde PLADEPU se denuncia que no puede ser que las LD sean la generalidad en la Administración, y lo es para todos los niveles de 25 en adelante, de modo que la carrera administrativa del grupo A es inexistente por concurso.

 

4.- Reorganización de laboratorios de Fomento. Cerrados de la noche a la mañana, creando una inseguridad en la gente tremenda, la cual no sabe donde va a ir a trabajar, de todos los que había en la Comunidad solo quedan Valladolid y Burgos. ¿Quién va a hacer los controles de calidad ahora? Les cuestionamos sus formas, porque no se han molestado en averiguar qué ocurría en algunos de ellos, así en Soria el Jefe llevaba un cuanto sin aparecer por allí, en Ávila había una persona que llevaba 20 años de interina y que era el jefe al mismo tiempo, si no tenían personal no se les puede exigir que sacasen todo el trabajo , aunque nos consta que se hacía, se ha estado pidiendo un PLAN DIRECTOR para esos laboratorios y no se ha hecho ni caso, se pueden buscar otras alternativas si la excusa es la inexistencia de obra pública, hay que pensar que otras cosas se pueden hacer con los recursos que esta Administración posee. REORGANIZARLA, pero no dar el cierre “temporal” porque todos sabemos en qué va a terminar.

Su respuesta: Del Olmo se limita a decir que después de un Informe de los Servicios de Inspección de Calidad estos laboratorios tienen escasa actividad puesto que no hay obra pública en estos momentos.

 

5.- Gratificaciones / bufandas. Exigimos que esas retribuciones sean públicas, cosa que en estos momentos no lo son, cuestionamos este reparto arbitrario y le hacemos ver nuestra clara postura al respecto.

También denunciamos que existen muchos “fraude de ley” que se están produciendo en los despidos que se realizan y que son declarados “improcedentes”, basándose en una disminución del presupuesto (ejemplo Consejería de Medioambiente y el personal laboral temporal, orientadores laborales, etc), el acoso al que están siendo sometidos compañeros a los que se les quiere culpabilizar de lo que no han hecho, etc.

Su respuesta: Nos recomiendan que vayamos a fiscalía ante los hechos que relatamos.

 

6.- Ideas de cómo recortar gastos. Por ejemplo recordándole cuánto cobra un Director de una Empresa Pública, cuántos viajes se hacen para ir a buscar a algunos Directores a sus casas cuando el resto nos lo costeamos de nuestro bolsillo. Hablamos de los Servicios de Prevención de la Salud, de lo que cobran por asistir a los Consejos, cajas, etc. Los seguros privados costeados por todos, etc.

Su respuesta: Ellos mismos se han puesto unas normas de auto austeridad, solo pueden cobrar un sueldo, nada por asistencia a consejos, etc, el Director de la Empresa Pública no puede ganar más que un Secretario General, no sabe nada de seguros privados y en cuanto al ahorro en la prevención de la salud, SACYL fue consultado si ellos podían hacerse cargo de los reconocimientos, lo cual parece ser imposible, entonces han optado en cuanto a los Servicios de Prevención, que dos sean propios de la Administración (ergonomía e higiene) porque hay trabajadores suficientemente preparados y los otros dos serían ajenos.

 

7.- Reducción de 1 hora sin disminución de sueldo por atender a un familiar con discapacidad. Creemos que no es justo porque hay situaciones verdaderamente terribles. 

Su respuesta: Se ha conseguido a través de un informe solicitado a servicios jurídicos que al menos los ya concedidos no se toquen.

En relación a ello PLADEPU piensa que es totalmente inadmisible que se pierdan derechos de esta forma. No basta con mantener el permiso a los que lo tengan ya reconocido, se trata de no dar marcha atrás en el reconocimiento de un derecho. El Decreto del año 2000 recoge este derecho y el Estatuto Básico del Empleado Público estatal no limita el mínimo en derechos de la vida de conciliación familiar y laboral. Asombra cómo las supresiones de derechos impulsadas desde el estado, son admitidas por esta comunidad sin rechistar lo más mínimo y reproducidas en sus normas sin una queja.

 

8.- Bolsas de trabajo que no se convocan. No se mueven, no hay oferta, ni posibilidades para el personal que es interino o temporal en estos momentos en la Administración, pedimos que se reactiven las bolsas de trabajo.

Frente a la contestación de que no hay dinero para promoción en la Administración, disentimos y sacamos el tema de la Fundación de Acción Social y Tutela, que no hace actividad tutelar ninguna conocida y se utiliza para fines generales de la Gerencia de Servicios Sociales, sabemos que se ha licitado un contrato por 2 millones de euros para contratar personal para tramitar expedientes administrativos, y nos parece bochornoso mientras las bolsas de empleo están paradas, con lo que la selección de personal la hará la empresa de turno -cuyo nombre ni sabemos-, nos parece que no se controla cómo se contrata el personal en la Administración…

 

Más respuestas de la Consejera: La Función Pública es compleja, hay que pensar hacia dónde queremos ir, en estos momentos hay poco dinero con tendencia a empeorar, no hay dinero, en la Comunidad no hay carrera profesional, se pretende que existan mejores niveles, un incentivo, pero no se podría pagar en estos momentos. Insiste en que el pasado año cuando el presupuesto se llevo a las Cortes no había descuadre, se explica que en Mayo se cerraron los mercados y que nadie pudo acudir a ellos, a finales de año se consiguió el préstamo, por ese motivo no se acudió al Fondo de Liquidez autonómico, que de haberse acudido desde luego las exigencias hubiesen sido mayores para nuestra comunidad.

Este año se presenta una situación parecida de 807 millones de euros, 400 son para pagar la deuda ya contraída, los otros 400 para nuevo endeudamiento, pero se muestra positiva porque considera que si se puede conseguir el dinero, nosotros, dice, nos estamos autofinanciando, puesto que Castilla y León realizo una previsión mas ajustada que el gobierno de España.

Expresa su convencimiento de que las CCAA no son despilfarradoras, eso en estos momentos está calando, y la tendencia es que todo vuelva al Estado lo cual sería un error porque se esta haciendo una gran labor y cree en el Estado Autonómico. La ciudadanía en estos momentos no cree ni en los funcionarios, ni en los políticos, y eso no es justo.

Por último, estudiará la creación de un GRUPO DE MEJORA ESPECÍFICO.

Sus conclusiones:

• NO HAY PREVISIÓN DE SUBIDA SALARIAL PARA EL PRÓXIMO AÑO.
• NO TIENEN PENSADO QUITAR EXTRAS.
• DEVOLVER LA EXTRA EN EL PLAN DE PENSIONES, NI LO HAN PENSADO CÓMO LO VAN A HACER NI SI PODRÁN HACERLO (nosotros estamos totalmente en contra de este sistema).

 

NUESTRAS CONCLUSIONES:

Pedimos que se nos conteste a lo expuesto en la carta, exigimos que sea latente ese espíritu de transparencia que tanto pregonan, y sino empezaremos a realizar preguntas muy concretas. Estamos en contra de cómo se están haciendo las cosas y la tendencia a la privatización.

La Politización de la Administración es el principal problema. No habrá un avance significativo en la regeneración del sistema si no se limita la autonomía de Consejeros, Directores Generales, Presidentes y Directores de Entidades Públicas Paralelas y Órganos de Gobierno y Control.

Consideramos que la Consejería de Hacienda se preocupa fundamentalmente de la Macropolítica de Gasto y de Macropolítica de Función Pública. No entra en los detalles de la aplicación de la micropoliticas, es decir en cómo se aplican las reducciones de gastos, en cómo se asignan los puestos de libre designación, concursos específicos, comisiones de servicio, contratación de asesores, contratación de servicios, etc.

Puede intervenir y mejorar, a nivel macro (decretos y leyes), en la política de la reducción de la Administración B, en  la de la carrera administrativa, en la de concursos, etc., pero no puede actuar en la aplicación y gestión de esas políticas, es decir en los detalles, porque, según la Consejera, no puede invadir las competencias de otras Consejerías, y, sin menospreciar la importancia de la Macropolítica, es en los detalles donde se pervierte el sistema, y en donde se producen las corrupciones, que son las cuestiones que inciden directamente en la vida de los empleados públicos, y que son las cuestiones que están desmoralizando, desincentivando y desprofesionalizando, en definitiva, degradando la función pública, que más tarde servirá de excusa para desprestigiarla y acabar con ella. *

Desde PLADEPU se denuncia la autentica dejación de funciones de la Junta y la Consejería de Hacienda en materia de función pública. Cada Consejería y Organismo Autónomo hace lo que le da la gana sin que desde la Consejería de Hacienda se sepa lo que hacen ni cómo seleccionan y contratan a su personal.

Les recordamos que son tareas de la Junta dirigir e impulsar, pero ya está bien de impulsar su imagen política y no impulsar la labor administrativa que es lo que llega de verdad a los ciudadanos. Denunciamos que están incumpliendo la ley, y que no admitiremos maquillaje en esta materia.

Los empleados públicos no daremos marcha atrás en defensa de lo público y de una gestión imparcial y profesional.

*Ejemplos:

Se reduce el gasto de la administración B, que nunca tenía que haberse creado, dando la apariencia de que se está avanzando y mejorando, pero luego se eliminan arbitrariamente los puestos de las personas sin afinidad política, familiar o amistad, manteniendo los de los altos cargos y de los afines, empeorando aún más la situación porque se deja lo que más gasta y lo que menos produce.

Se aprovechan cada dos por tres las modificaciones de las RPTs para crear nuevas plazas de libre designación (LD) o de concurso específico (CE). Práctica que lisa y llanamente significa dos cosas: una sustraer para el común de los funcionarios la posibilidad de ocupar puestos mejor retribuidos y perder oportunidades en la carrera profesional que garantiza como derecho el Estatuto, y otra perder profesionalidad, rigor e independencia en favor de sumisiones y docilidades a la casta política. Por más que lo nieguen sólo hay que mirar el apartado Agraciados con libres designaciones de la web de PLADEPU y el BOCYL para dejar en evidencia que sistemáticamente entienden que la Administración está al servicio de los políticos y no de los ciudadanos.

Este régimen de clientelismo es el principal problema de la Función Pública porque, además de la desmoralización y desprofesionalización, produce corrupción. A todo esto ayuda el oscurantismo y la falta de trasparencia con la que se llevan las cosas.