Administración Institucional en Castilla y León, el octavo pasajero

ADMINISTRACIÓN B: ¿QUÉ ES? ¿PARA QUÉ SIRVE? ¿A QUIÉN SIRVE?

En este artículo nos vamos a referir a la llamada “Administración Instrumental”, término que maneja la doctrina para subrayar que todo ese conjunto de entidades no son más que instrumentos de las distintas administraciones de las que dependen. Podemos decir que, como tales instrumentos, resultan ser una manipulación de la personalidad jurídica de la que se les dota para conseguir determinados efectos: menor control presupuestario y de rigor del gasto, cajas separadas, mayor oscurantismo, y facilidad para someterse al derecho privado y eludir al público.

El argumento de pretendida mayor eficacia con que han sido creadas resulta insultante porque los mismos responsables políticos reniegan del mismo, utilizando en la práctica otros más instrumentales y más manejables. La falta de rigor es tal que, habiendo sido creados como entes independientes para ser mas eficaces, en la práctica carecen de la independencia propia de una persona jurídica y son meros aparatos de la Junta de Castilla y León (en el caso de nuestra Comunidad).

La razones iniciales para la creación de una Administración Institucional fueron varias; una de ellas, la rigidez presupuestaria y el principio de unidad de caja. La transparencia propia de una organización democrática encajaba mal con la omnipotencia que algunos entienden propia de sus altos cargos.

Por último, lo que se busca con la atribución de personalidad es pura y simplemente escapar de las exigencias del Derecho Administrativo y someterse a las más livianas del Derecho Civil y Mercantil.

 

EL SECTOR PÚBLICO EN CASTILLA Y LEÓN

Antes de entrar en el análisis de la Administración Instrumental, debe advertirse que hay un término más amplio, el concepto de Sector Público, que comprende toda la Administración Institucional, pero también los organismos independientes, las fundaciones y las sociedades mercantiles.

Así lo recoge el Artículo 2 de la Ley de Hacienda. La relación que incorpora este artículo es impresionante; cabe en ella prácticamente toda forma jurídica y se corresponde con un modelo organizativo-ideológico, tendente a minusvalorar la Administración General e incrementar la Instrumental y de derecho privado, mucho más opaca y, en apariencia,  también ineficaz, que no independiente.

De la amplia lista, conviene destacar la Administración Institucional (O.O.A.A. y Entes Públicos de Derecho Privado), las entidades de derecho privado (empresas públicas y fundaciones públicas) y la figura del los consorcios entre administraciones públicas.

 

ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL, LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS (OO.AA.)

Los OO.AA. se rigen por el Derecho Administrativo y a ellos se les encomienda, en régimen de descentralización funcional y en ejecución de programas específicos de la actividad de una consejería, la realización de actividades de fomento y de prestaciones o gestión de servicios públicos.

Se crean por Ley, que establece su adscripción a una consejería, sus fines, régimen de personal, de contratación y fiscal.

Son la figura más cercana a la Administración General, pero plantean dos tipos de problemas:

1. Su regulación por Ley. La ley de creación tiene el mismo rango que la Ley de Hacienda (la LOFAGE en el caso estatal) y, siendo posterior, ¿por qué no apartarse de la Ley de Hacienda y dejarse llevar por la tentación de crear  organismos autónomos singulares?
2. Su total falta de independencia, citando a Parada... “donde la independencia y personalidad propios de los OO.AA. es más ficticia e irreal es en el nombramiento de los órganos directivos”; los presidentes son los Consejeros, los órganos de dirección y control (cuando los hay) están trufados de altos cargos o ex altos cargos de la Consejería de la cual dependen. Se confunden el ente matriz y el autónomo, en una maraña de competencias que se entrecruzan, trasvasan y superponen en función no de la racionalidad del servicio público sino de los intereses de las camarillas del poder. La experiencia del desarrollo y crecimiento de los OO. AA. de la Junta de Castilla y León está demostrando que su pretendida autonomía se está utilizando para privatizar desaforadamente.

Sin embargo, y si su Ley de creación es “normal”, su régimen de contratación, de control económico, patrimonial y de personal, los aproxima mucho a la figura de la Administración General.

En Castilla y León son OO.AA.:

• la Gerencia Regional de Salud (SACYL),
• la Gerencia de Servicios Sociales,
• el Servicio Público de Empleo (ECYL) y
• el Instituto de la Juventud.

Todos ellos, de entrada, duplican la estructura de mandos de dirección política y pseudopolítica, respecto de la Consejería en la que están encuadrados, así como los órganos colegiados.

 

LOS ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO

Presentan una gran similitud con los organismos autónomos. Entre sus particularidades está la posibilidad de depender de un O.A. y la de producir bienes de contenido económico susceptibles de contraprestación.

En Castilla y León tenemos:

• Ente Regional de la Energía,
• Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL),
• Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización de Empresas (ADE),
• La Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León.

 

LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y LAS FUNDACIONES

Las empresas públicas de la Comunidad Autónoma de C. y L., creadas mediante Ley y adscritas a la Consejería competente por razón de la materia, son sociedades mercantiles en cuyo capital la participación directa o indirecta de la Administración de la Comunidad es superior al 50%. Podemos destacar las siguientes:

• ADE Parques Tecnológicos, S.A., resultado de la fusión de Gesturcal y Parques Tecnológicos, tiene por objeto la creación de zonas industriales.
• ADE Internacional EXCAL, S.A.
• Castilla y León Sociedad Patrimonial, S.A., encuadrada en la Consejería de Hacienda, tiene por objeto la gestión de los bienes integrantes del patrimonio de la Comunidad de C. y L. Diseña, proyecta y ejecuta infraestructuras y bienes inmuebles.
• Sociedad de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. Producto de la fusión, en curso a lo largo de todo el 2013, de PROVILSA y SOMACYL, realiza todo tipo de trabajos, estudios, informes y proyectos relacionados con la promoción de viviendas, infraestructuras, logística y la mejora del Medio Ambiente, y gestiona servicios públicos en la Comunidad.
• SOTUR, la sociedad de promoción del turismo de Castilla y León, en trámite de absorción por la Fundación Siglo.
• Agrupación de Productores Patata de Siembra Castilla y León (APPACALE).
• Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca, S.A.
• Universitatis Salamantinae Mercaus S.R.L.
• VISION I+D+I, S.L.
• Enclave Logístico Regional CyLog, S.A.
• Soc. Inves. y Explotación Minera de C. y L., S.A.
• Centros Europeos de Empresas e Innovación de Castilla y León, S.A.
• Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A.
• León Alta Velocidad 2003, S. A.
• Palencia Alta Velocidad, S.A.
• Montes de Nava, S. A.
• Oficina de Cooperación Universitaria, S.A.
• SIGMA Gestión Universitaria A.I.E.
• Oficina de Cooperación Universitaria Colombia, Ltda.
• Oficina de Cooperación Universitaria de Chile, Ltda.
• Oficina de Cooperación Universitaria de Venezuela, OCU, S.A.
• Oficina de Cooperación Universitaria República Dominicana, S.A.
• Oficina de Cooperación Universitaria de Nicaragua, S. A.

Las empresas públicas de C. y L. han devenido en una progresiva e injustificada usurpación de competencias, programas y actuaciones propias de las consejerías y de los empleados públicos, a quienes se está despreciando quitándoles su trabajo. Se han disparado los gastos de personal, los de los directivos, claro (en el ADE casi el 50% del personal es directivo), y la transparencia es nula, o peor, confusa. En general, exceptuando en Valladolid, estas empresas están en retroceso en cuanto a crecimiento económico.

Las fundaciones tienen ley propia y bien que la aprovechan. Como patrimonios ligados a un fin, son públicas si participa en más del 50% de su patrimonio, directa o indirectamente, la Administración General de la Comunidad o cualquier ente del sector público autonómico. En la práctica se desvirtúan y pervierten una y otra vez los fines sociales para los que se han creado.

La lista de fundaciones públicas de Castilla y León es espeluznante. Según la web pública del Ministerio de Hacienda, dependiendo de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, a fecha 29/05/2013, existen 44 fundaciones: Fund. Jorge Guillén, Fund. General de la Universidad de Burgos, Fund. General de la Universidad de León y de la Empresa, Fund. General de la Universidad de Salamanca, Fund. General de la Universidad de Valladolid, Fund. Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud C. y L., Fund. Santa Bárbara, Fund. Universidades de C. y L., Fund. del Servicio Regional de Relaciones Laborales, Fundación de Hemoterapia y Hemodonación, Fund. de Investigación del Cáncer, Fund. Autonómica para la Formación en el Empleo de C. y L, Fund. de Investigación Sanitaria en León, Fund. para la Enseñanza de las Artes en C. y L., Fund. Instituto de la Construcción, Fund. Alberto Jiménez-Arellano Alonso, Fund. Científica Arroyo Villaverde, Fund. Empresarial para el Desarrollo Agropecuario de C. y L., Agregación de Fundaciones Asistenciales de la Provincia de Palencia, Fund. Centro Regional de Calidad y Acreditaciones Sanitarias de C. y L., Fund. Centro de Supercomputación de C. y  L., Fund. Provincial de Servicios Sociales de Burgos, Fund. Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Fund. Hospital Clínico Veterinario de Castilla y León, Fund. Cultural Hispano-Brasileña, Fund. Parque Científico de la Universidad de Salamanca, Fund. Cei Studii Salamantini, Fund. Social de Segovia, Fund. Centro de Alto Rendimiento y Promoc. Deportiva de la Provincia de Soria,  Fund. Casa de la India, Fund. Siglo Artes en Castilla y León, Fund. Museo Ciencia de Valladolid, Fund. Museo de las Ferias, Agregación de Fund. Benéfico- Particulares de la Provincia de Valladolid, Fund. Patrimonio Natural de Castilla y León, Fund. Parque Científico Universidad de Valladolid, Fund. Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior y Cooperación al Desarrollo, Fund. Villalar-Castilla y León,  Fund. Acción Social y Tutela de Castilla y León, Fund. Anclaje, Fund.. Univespaña, Fund. Camino de la Lengua Castellana, Fund. para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas-Universidades.es y Fund. Consejo España-China.

Las fundaciones, aun dejando aparte las universitarias, constituyen una lista “gilista” (del gran Gila), con algunas tan peculiares como la Fund. Consejo España-China, la Fund. Cultural Hispano-Brasileña o la Agregación de Fund. Benéfico-particulares de la provincia de Valladolid.

El gran problema de las fundaciones es su total ausencia de transparencia y control. Pongamos, por ejemplo, a la Fundación Siglo para las Artes de Castilla y León que gestiona los museos, si se le pregunta ¿cuánto valor tiene la Colección del MUSAC?: no se sabe; de qué obras se compone?: pendiente de inventario; ¿quién nombra al personal directivo?: los de siempre; ¿el Centro de la Evolución Humana?: bien gracias.

De la pretendida mejor eficacia en la gestión de lo público, pasamos a eludir en la práctica cualquier tipo de control y de rendición de cuentas por la inmensa mayoría de la “administración instrumental”.

Para mejor clarificación ver el “Informe de fiscalización de la actividad de las fundaciones de Castilla y León en 2010”  del Consejo de Cuentas de C. y  L., recientemente entregado a las Cortes. Si es preciso esperar más de 3 años para conocer los datos de muchos de estos entes, ese control no existe. Si además se emite informe y la Junta hace caso omiso del mismo, el supuesto control es una burla a los ciudadanos.

Si además la próxima reforma de las Administraciones Públicas se salda con la eliminación de los órganos de control del ejecutivo como el Consejo de Cuentas y el Procurador del Común, el control de la actuación política y administrativa pasará de ilusorio a fraude social.

Y todo ello a pesar de las alharacas de transparencia que se propagan desde la cúpula política de nuestra Comunidad, que se convierten así en auténtico engaño a la ciudadanía.

Documento para su descarga	Castilla y León, 5 de julio de 2013
	Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU)