El pasado 22 de octubre el BOCYL publicaba la resolución aprobada por la Comisión de Hacienda de las Cortes de Castilla y León en relación con el Informe de Fiscalización de la contratación de cuatro empresas públicas de Castilla y León (ADE Financiación, ADE Parques Tecnológicos y Empresariales, Provilsa y Somacyl), durante los ejercicios 2010-2011, que realizó el Consejo de Cuentas de Castilla y León.
Desde PLADEPU se ha denunciado que el Informe de Fiscalización recogía tal cúmulo de ilegalidades e irregularidades, que era para que el Presidente de esta Comunidad hubiese cesado a los responsables de estas empresas públicas y hubiera pedido disculpas por lo mal que su gobierno ha gestionado el dinero de todos los Castellanos y Leoneses.
Como nada de eso había ocurrido, las Cortes de Castilla y León en su obligación de fiscalizar la labor del Ejecutivo tenía en su mano enmendar todo este despropósito y defender los derechos y dineros de los ciudadanos Castellano y Leoneses.
Pero nada de esto ha ocurrido. La Resolución de la Comisión de las Cortes se ha limitado a acordar que “las empresas públicas de la Comunidad deberán perfeccionar sus procedimientos de gestión contractual de forma que permitan constatar sin lugar a dudas la aplicación de los principios de transparencia e igualdad de trato que inspiran la normativa referida a la contratación pública”. Y a que “las empresas públicas de la Comunidad deberán completar la revisión y actualización de sus procedimientos de gestión contractual, de forma que el establecimiento de las condiciones de solvencia exigidas a los licitadores y los criterios de valoración establecidos no alberguen duda alguna respecto de su aplicación, completándose el procedimiento necesario para la correcta constatación de la documentación que integra los expedientes de contratación”.
El contenido del Informe de Fiscalización del Consejo de Cuentas era de tal envergadura, que sintetizarlo en dos párrafos de buenas intenciones, nos parece un insulto para los habitantes de esta Región. ¿Por qué las Cortes de Castilla y León no ha abierto una comisión de investigación para esclarecer las ilegalidades e irregularidades de estas empresas públicas? ¿Por qué las Cortes no ha llamado a declarar a los responsables de estas empresas? ¿Por qué las Cortes no investiga la falta de transparencia e igualdad de trato en las contrataciones de estas empresas públicas que ha puesto de relieve el Consejo de Cuentas? ¿Por qué las Cortes no establece un calendario para asegurarse el cumplimiento de su Acuerdo? ¿Por qué las Cortes de Castilla y León no defiende los derechos y dineros de los ciudadanos que los han votado?
Puede haber algo más obsceno que sea la propia Administración la primera en incumplir las Leyes, y quien tiene la obligación de contralar y fiscalizar a la Administración omite sus obligaciones y se dedica a dar carpetazo a las ilegalidades. Pero los políticos no se dan cuenta que la mierda huele. Lo que ocurre en Castilla y León es digno de una República Bananera.
Desde PLADEPU denunciamos que las Cortes Regionales ha dado un portazo en las narices de sus ciudadanos, ha hecho caso omiso a sus obligaciones fiscalizadoras y ha dado un paso más para que los ciudadanos tengamos un mayor desapego por los políticos, ya que estos amparan y no investigan las ilegalidades e irregularidades de las empresas públicas. Las empresas garrapatas cuya mala gestión cuesta mucho dinero a los ciudadanos Castellano y Leoneses.
La Junta de Personal de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León, formada por representantes de las centrales sindicales, ha registrado el pasado 27 de septiembre un