¿Fabricando funcionarios veterinarios con la choricera (aprovechando la época de las matanzas) y por la puerta de atrás?

¡Y SE MOLESTAN CUANDO DECIMOS QUE ACTÚAN COMO UNA CASTA!

Desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) denunciamos enérgicamente al Secretario General de la Consejería de Agricultura y Ganadería, Juan Zapatero Gómez-Pallete, que pretende baremar por igual en el nombramiento de personal interino (rama sanitaria de veterinarios) los servicios prestados en el ITACyL que los efectuados en la propia Consejería de Agricultura.

Le recordamos, por si se le ha olvidado, que el ITACyL es un ente público que se rige por el derecho privado. Y esto es así porque ellos, los de arriba, los que mangonean en las ollas del poder autonómico, cuando lo crearon, no quisieron que fuera un organismo autónomo de derecho público, como por ejemplo lo son el ECYL o la Gerencia de Servicios Sociales. Seguro que este engendro de "empresa pública que se rige por el derecho privado", es decir, por el código civil y por la normativa mercantil, les vino y viene muy bien para evitar los controles del derecho público.

He aquí un claro comportamiento como casta que mira, vigila y blinda sus intereses como si de "la familia" se tratara. Ahora les viene muy bien la normativa de la administración general para la cobertura de interinidades y pretenden retorcerla para asimilar los méritos de quien ha trabajado para una "empresa privada" con los de quien lo haya hecho para la Consejería de Agricultura.

Luego vendrá la valoración del tiempo trabajado como interinos para, siguiendo la estela de la disposición "transitoria xx", llegar a obtener una plaza definitiva de funcionarios.

A esto lo llamamos en PLADEPU corrupción política descarada, prevaricación, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios. En resumen, un golpe de estado contra el derecho público y un saqueo de los bolsillos de la ciudadanía de Castilla y León. Todo ello, sin mencionar el "modus operandi" que se ha utilizado para "entrar", seguir o salir del ITA/ITACyL. No olvidemos que con estas prácticas se está entorpeciendo el derecho a acceder a esas plazas a quienes con seguridad están más preparados por haber ingresado por oposición o concursos selectivos en esta y en otras administraciones, cumpliendo los requisitos de mérito, igualdad y capacidad.

Baremación fraudulenta que desea
aplicar el Secretario General de la
Consejería de Agricultura y Ganadería.

Este señor está interpretando de manera fraudulenta y timadora la Orden de 26 de febrero de 1996, que establece que cada mes completo de servicios prestados en plazas de veterinario de cualquier Consejería de la Junta de Castilla y León se puntuará 0,15 puntos. Por supuesto no menciona los trabajos prestados en entes públicos de derecho privado.

Incorporamos en esta noticia la contestación del Secretario General, por si hubiera alguna duda.

Concesión arbitraria de gratificaciones y días de vacaciones en la administración paralela

LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO REGALA SIETE DÍAS DE VACACIONES O COMPENSACIÓN ECONÓMICA A LOS TRABAJADORES DE LA AGENCIA DE INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL

La Directora de la Agencia de Innovación, Mar Sancho Sanz, transmitió a sus trabajadores mediante este comunicado que, sin ninguna obligación legal para ello, se les concedía una compensación de dos horas y media por semana durante tres meses, es decir siete días de vacaciones o bien compensación económica a elección de cada trabajador.

Al parecer, una sentencia del Tribunal Supremo reconoció que el incremento de jornada de 35 horas a 37,5 (dos horas y media semanales) era ilegal. En el comunicado se dice a los trabajadores que “no existe actualmente un pronunciamiento judicial en el ámbito de la Agencia que obligue a una compensación de carácter colectivo”, sin embargo en el siguiente párrafo prosigue diciendo: “No obstante lo anterior, en interés de todos los trabajadores la Dirección de la Agencia plantea la compensación del exceso de horas trabajadas..” permitiendo a los trabajadores optar o bien por tiempo de descanso (siete días en promedio) o compensación económica.

La Agencia de Innovación se ha hecho famosa por, primero despedir a todos sus trabajadores temporales, tener que indemnizar por despido improcedente a todos los que recurrieron, y luego integrar en la Administración, como indefinidos y sin oposición, a trabajadores de empresas como ADE FINANCIACIÓN, S.A., ADEuropa, EXCAL, S.L.…. Y ahora su directora “en interés de todos los trabajadores” va a regalarles un aguinaldo, a elegir por cada uno de ellos en metálico o en especie (7 días de vacaciones). Siguiendo esta lógica: ¿Va a indemnizar también a los interinos despedidos que no recurrieron?

En estos tiempos de recortes llama la atención que un departamento de la Consejería de Economía haga un uso tan arbitrario de los recursos públicos, disponiendo a su antojo de la posibilidad de regalar días de vacaciones o dinero cuando al mismo tiempo se reconoce que no existe ninguna obligación de hacerlo.

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) ya denunciamos aquí la escandalosa medida de pura corrupción de haber pasado "por la puerta de atrás" a todos los altos y medianos cargos de las empresas mixtas a la empresa pública 100 por 100 que es la ADE, equiparándoles con quienes superaron un proceso de selección mediante convocatoria pública. Pero, para más escarnio de los funcionarios, laborales y estatutarios de la Junta, para determinadas cuestiones como horarios, compensaciones, permisos y salarios, no se les equipara con los empleados públicos por oposición.

Desde PLADEPU exigimos que se corrijan estos desmanes de la Junta de Castilla y León y que devuelva a los empleados públicos los derechos laborales y sociales expropiados como la jornada de 35 horas, los permisos, la invalidez temporal con el 100 por 100 de retribución, la extra, los atrasos salariales, etc.

Sr. Herrera, la corrupción le acorrala

Ejemplo de factura personal de Silvia Clemente
"endosada" a la Consejería de Agricultura.
Más ejemplos en este documento.

No tiene crédito Sr. Herrera. Ya no le creemos. Su palabra se la lleva el viento. Como se demuestra cada día cuando su Jefa de Gabinete va a trabajar en coche oficial desde Burgos, o la Viceconsejera de Desarrollo Rural desde Segovia, o al Director General de Carreteras e Infraestructuras le llevan a trabajar en coche oficial desde Ávila, o el Director General de la Agencia de Protección Civil va en coche oficial desde León.

Castilla y León es una comunidad infectada por la corrupción, y usted en los 13 años que lleva gobernando no ha hecho nada para atajarla. Ha sido cómplice de esta corrupción por acción u omisión.

Tiene un Consejero de Presidencia cuya mujer utilizaba un coche oficial y su conductor para ir a una clínica privada. ESTO ES CORRUPCIÓN.

Tiene una Consejera de Agricultura y Ganadería, que es el perejil en infinidad de casos de corrupción, y que por ejemplo, se gastó 531,55 euros de dinero público en una comida el 25 de diciembre de 2010. ESTO ES CORRUPCIÓN.

En la Consejería de Fomento y Medio Ambiente entró la policía, requisó ordenadores, se llevó documentación, detuvo a una funcionaria e imputó a un Director General y a un Jefe de Área. ESTO ES CORRUPCIÓN.

La Consejería de Economía y Empleo ha pagado suelo rústico a 20 € por metro cuadrado para un polígono industrial. ESTO ES CORRUPCIÓN.

Su gobierno se ha gastado 50 millones de euros en un Proyecto ilegal, la Ciudad del Medio Ambiente. Ni una dimisión. ESTO ES CORRUPCIÓN.

Su gobierno ha aprobado el aumento del canon anual de concesión durante 30 años del nuevo hospital de Burgos desde los 38 millones de euros a los 71 millones de euros. ESTO ES CORRUPCIÓN.

¿Y la pasarela de Benavente?

El partido político que usted dirige tiene al Presidente de la Diputación de León en la cárcel por CORRUPTO. Su anterior portavoz en la Diputación de Valladolid ha sido incapaz de acreditar el pago de un chalet “comprado” en Galicia a un empresario condenado por casos de CORRUPCIÓN. Su alcalde de Valladolid se va a sentar en el banquillo de los acusados por desobediencia judicial, al no ejecutar las órdenes de un Juez de restituir a origen el edificio donde el regidor habita en un piso de su propiedad. Ayuntamiento donde un concejal de su partido está imputado por manipular el PGOU de la ciudad para favorecer a unos empresarios. ESTO ES CORRUPCIÓN.

Desde esta Plataforma y a través del movimiento Viernes Negro de Burgos, le hemos hecho llegar numerosas denuncias de irregularidades y presuntas corrupciones, pero lamentablemente su respuesta ha sido siempre la misma, silencio y no hacer nada.

No ha hecho nada ante las siguientes denuncias presentadas ante usted, por el Movimiento VIERNES NEGRO DE BURGOS:

• Adjudicación de Explotación y Mantenimiento de la oficina de la Vivienda en la Junta de Castilla y León a una UTE de empresa privadas por más de 5.300.000 de euros.
• Cierre injustificado de la Estación de Avisos de Pedrosa de Duero, tras gastarse más de 500.000 euros.
• Permitir que la empresa privada FUCODA tramite expedientes de Dependencia, y además estos se hacen con personal de esa empresa pero en las dependencias de esta administración en Burgos.
• Consentir que reiteradamente se facilite en exclusiva, a todos los empleados públicos, tener acceso a ciertos medios de comunicación afines al partido gobernante.
• Provocar el futuro cierre del Laboratorio Agrario de Burgos, tras una inversión de más de 3.000.000 de euros que permanece cerrada y consentir las oscuras relaciones del Director de este laboratorio y su esposa con un laboratorio privado.
• Cierre injustificados de los Laboratorios de Control de Calidad de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Soria, Segovia y Zamora, así como el más que probable cierre de Burgos por falta de asignación de funciones y competencias.
• Mantener a licenciados de derecho ocupando de forma interina, cinco de las seis plazas de Letrados de la Delegación Territorial de Burgos; situación que se prolonga desde hace 7 años.
• Permitir que algunos afortunados puedan cobrar, a la vez, la Renta Garantizada de Ciudadanía y prestaciones del Plan de empleo/2013.

Su actitud ante esta corrupción generalizada en Castilla y León, le hace cómplice y le desacredita totalmente para liderar cualquier iniciativa contra la corrupción. Usted y su partido son el problema y jamás pueden ser parte de la solución.

Entérese Sr. Herrera, los ciudadanos de Castilla y León estamos hartos de tanta corrupción del PP, las cloacas ya son incapaces de esconder tanta mierda, y desde PLADEPU le solicitamos que ¿dimita? por dignidad, ya que hay que tener mucho estómago para ser el cabecilla de tanta indignidad e inmoralidad.

Resumen de las modificaciones que introduce la Ley de medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León

Hace dos meses la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) anunciamos la aprobación de la Ley 5/2014, de 11 de septiembre, de medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que modifica la modifica la Ley 7/2005, de la Función Pública de Castilla y León.

Aunque ha pasado un tiempo desde entonces, no queremos dejar inacabado el esfuerzo realizado desde que conocimos a principios de año el borrador del anteproyecto y, ante la pasividad de los sindicatos mayoritarios, nos pusimos manos a la obra, informando en asambleas los recortes en derechos y garantías que supone esta reforma tanto a empleados públicos como a ciudadanos. La suma de propuestas y alternativas al texto la recogimos en un escrito detallado de alegaciones que presentamos el DÍA DE ASUNTOS RABIOSOS, jornada de manifestación sin precedentes que culminaba nuestra enérgica oposición a estas medidas para la reforma de la Administración en Castilla y León.

Finalmente facilitamos el conjunto de alegaciones a los Grupos Parlamentarios Socialista (PSOE) y Mixto (IU y UPL), con presencia en las Cortes de Castilla y León, para que en efecto las presentaran en sendas enmiendas parciales y a la totalidad.

Con la publicación el pasado 19 de septiembre en el BOCYL de la Ley 5/2014 de medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, hemos podido comparar la Ley 7/2005 original, el anteproyecto, nuestras enmiendas y la Ley 5/2014 definitivamente aprobada, concluyendo con el siguiente trabajo exhaustivo de síntesis de una compañera de PLADEPU y Viernes Negro en Burgos que ponemos a disposición de todas y todos los que deseéis profundizar:


RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES DE LA LEY 5/2014 DE MEDIDAS PARA LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LA LEY 7/2005 DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE CASTILLA Y LEÓN

Apartado 2.1. Ámbito de aplicación.
No han aceptado nuestra propuesta de ampliarlo a “a los empleados públicos de los entes públicos de derecho privado que hubieran accedido a dicha condición previa convocatoria pública y habiendo superado las correspondientes pruebas de acceso celebradas conforme a los principios y condiciones recogidos en la presente Ley”.

Artículo 11. El Consejo de la Función Pública.
No solo no han aceptado ninguna de nuestras propuestas sino que han aprobado la modificación peor de lo que estaba en el anteproyecto, ya que han eliminado la palabra “relevantes” en la función de “Informar sobre las decisiones relevantes en materia de personal” que sí aparecía en el anteproyecto, y eliminado el apartado c) completo por lo que desaparece la elaboración de las RPT como función del consejo. Han recuperado dos funciones que no estaban previstas en el anteproyecto y sí en la ley: “informar los planes de empleo” y “Elaborar sus normas de organización y funcionamiento” pero tienen que ser enviadas a la Junta para su aprobación. Siguen dejando casi sin contenido el Consejo.

Artículo 22 Relaciones de puestos de trabajo.
El apartado 1 ha mejorado bastante, se han aceptado dos propuestas que son interesantes:
• Habíamos propuesto que las RPT establecieran los requisitos para el desempeño de cada puesto de trabajo y su valoración (todo lo cual se comían en el anteproyecto y estaba en la ley anterior) y lo han aceptado pero cambiando “establece” por precisa, aunque al menos hay algo a lo que agarrarse.
• También han aceptado mantener (porque el anteproyecto no lo contemplaba y la Ley anterior sí) el que, cuando se modifican las estructuras orgánicas de las Consejerías, sea obligatorio modificar las correspondientes RPT; y sobre todo han mantenido el plazo de 6 meses para hacerlo y adecuar los créditos presupuestarios para ello.

No aceptadas las propuestas importantísimas de mantener lo que afirmaba el apartado 3 del artículo en la Ley anterior, de que “ÚNICAMENTE LAS RPT PODRÁN DETERMINAR LOS CUERPOS O ESCALAS de funcionarios que puedan desempeñar los puestos a los que corresponda el ejercicio de las facultades, funciones o atribuciones propias de los órganos administrativos”, lo que va en contra del art. 74 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP): “Ordenación de los puestos de trabajo. Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos”. ESTO ES POR TANTO ILEGAL Y HABRÍA QUE RECURRIRLO.

Tampoco se ha aceptado la enmienda de que los puestos excluidos de la obligación de figurar en las RPT se cubran utilizando las bolsas de empleo.

Artículo 23. Tramitación y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo.
Han empeorado en relación con el anteproyecto porque:
• Aunque en el artículo 22.1 han aprobado que se tienen que modificar las RPT cuando cambie la estructura orgánica de las Consejerías, en este artículo lo han eliminado de la redacción que había y han mantenido la del anteproyecto, en contra de nuestra enmienda. Tanto en el 23.1 como en el 23.2. Nos quitan de la negociación si las modificaciones vienen de la reestructuración de Consejerías o cambio de estructuras orgánicas y cuando quede acreditada la inexistencia de puestos vacantes adscritos al correspondiente Cuerpo o Escala según el 69.3 (adscripción provisional en otra localidad). ESTO ES UNA CLARA CONTRADICCIÓN ENTRE LOS DOS ARTÍCULOS.
• Se ha eliminado “El procedimiento... se realizará en la forma y con los requisitos que se determinen reglamentariamente” lo que implicaba que tendría que hacerse un reglamento que ahora no se va a hacer.
• En lugar de “y en particular de las normas que fijen los criterios” lo han dejado en “y en particular los criterios”.
• No habla de acceso, ni de carrera, ni de planes e instrumentos de planificación. El art. 37 del EBEP Materias objeto de negociación, dice en el apartado c): “Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos.” VUELVEN A IR CONTRA LA LEGISLACIÓN BÁSICA, QUE ES EL EBEP.
• Mantienen “la aprobación de las mismas se limitará en exclusiva a los datos alterados, debiendo abstenerse de reproducir aquellos no modificados”.
• Se sigue manteniendo que se aprobarán por ACUERDO (no por Decreto) y sin contemplar la negociación con los representantes de los empleados ni el informe del Consejo de la F.P. El punto 6 del artículo 38 del EBEP dice: “Los Pactos celebrados y los Acuerdos, una vez ratificados, deberán ser remitidos a la Oficina Pública que cada Administración competente determine y la Autoridad respectiva ordenará su publicación en el Boletín Oficial que corresponda en función del ámbito territorial.” Al aprobarse por acuerdo y no publicarse en el BOCYL, DE NUEVO SE CONTRADICE EL EBEP.

Se ha aceptado parcialmente nuestra propuesta en el sentido de que “se notificarán a los interesados, cuando estos sean conocidos y determinados” (la notificación a los interesados en el anteproyecto no se contemplaba) y “El contenido de las relaciones de puestos de trabajo se incorporará, actualizado y sistematizado, en el Portal de Gobierno Abierto de la página web de la Junta de Castilla y León” (aunque no de forma permanente).

Artículo 24.
No han aceptado ninguna de nuestras propuestas y queda, más o menos, igual que estaba en la ley anterior.

Artículo 48.2.b).
No aceptada nuestra propuesta de que la libre designación quede solo para “Jefes de Servicio y los de Secretarías de los miembros del Consejo de Gobierno”.

Artículo 51.
SE HAN ACEPTADO COMPLETAS NUESTRAS ENMIENDAS:
• Apartado 1 “Los nombramientos por libre designación requerirán el informe previo del titular del órgano superior inmediato al que figure adscrito el puesto convocado y deberán incluir la motivación del nombramiento del funcionario seleccionado de entre quienes hubieran optado a la plaza.”
• Apartado 2, sobre la remoción del puesto de libre designación “En todo caso la resolución de remoción deberá estar suficientemente motivada”

Artículo 56.
NO ACEPTADAS NINGUNA DE NUESTRAS PROPUESTAS, se mantiene igual que estaba: • que las retribuciones complementarias no sean inferiores a las del puesto cesado o suprimido en el caso de ser estas superiores • convocatoria pública abierta para comisiones de servicio a puestos vacantes de cobertura urgente y que esas comisiones no puedan tener una duración superior a un año.

Artículo 56 bis.
Se mantiene este artículo como estaba con las únicas variaciones de que a la atribución de funciones se le da “carácter excepcional” y que la duración, en vez de “mantenerse durante el tiempo indispensable para atender tal circunstancia. No obstante, transcurrido el plazo de dos años... el funcionario afectado podrá solicitar la revocación” ahora “tendrá una duración de un año, pudiendo ser prorrogada por otro. En todo caso, la atribución de funciones decaerá al cumplirse los dos años desde el acuerdo inicial”, lo que, a final de cuentas, es prácticamente lo mismo.

Artículos 66 y 76.3.d).
No se han aceptado nuestras enmiendas acerca de la “consolidación del grado por los funcionarios de nuevo ingreso” ni de que “de cada una de las resoluciones por las que se concedan las gratificaciones por servicios extraordinarios se dará traslado a los representantes sindicales así como a las Cortes de Castilla y León”.

Noticia permanente de PLADEPU sobre la Ley de Medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en la pestaña ACTUAMOS.

La Consejera de Hacienda vuelve a humillar a los empleados públicos

Desde PLADEPU estamos hartos de escuchar a los políticos cuando afirman que en Democracia la soberanía del pueblo reside en el parlamento, y que es ahí donde se deben tratar, debatir y decidir los problemas de los ciudadanos. Pero estos mismos políticos son los que faltan el respeto a sus Administrados cuando eluden en sede parlamentaria responder a las cuestiones que otros parlamentarios les hacen sobre los problemas que tienen los ciudadanos.

Y esto es lo que hizo el pasado 21 de octubre la Consejera de Hacienda en las Cortes de Castilla y León. No responder a las cuestiones que la hicieron sobre los empleados públicos. Por ello, desde esta web nos sumamos a la petición de los procuradores que representan a todos los ciudadanos de Castilla y León, y solicitamos que nos conteste a las siguientes preguntas que se negó a responder en sede parlamentaria, y que son de nuestra incumbencia y de la de todos los Castellanos y Leoneses:

• ¿Va a aprobar una nueva Ley de la Función Pública?
• ¿Va a implantar la jornada de 35 horas a los empleados públicos?
• ¿Va a aprobar una nueva relación de puestos de trabajo en la Administración de la Junta de Castilla y León?
• ¿Se van a reducir el número de libres designaciones existentes en la Junta?
• ¿Se van a conceder evaluaciones psicosociales a los empleados públicos?
• ¿Va a corregir la anomalía que existe en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente donde existe una Coordinadora de Servicios de una Dirección General inexistente?
• ¿Va a entregar el listado de los agraciados de las bufandas?
• Se va a cumplir la Ley y ¿va a haber un concurso anual de méritos permanente para todos los empleados públicos?

Con la actitud de la Consejera en las Cortes, los empleados públicos nos sentimos ninguneados y despreciados. No podemos consentir que la Sra. Del Olmo no contesté a las preguntas que la hicieron sobre problemas concretos de los empleados públicos. Si la Consejera quiere dignificarnos, lo primero que tiene que hacer es contestar a las preguntas que sobre nosotros la realicen en sede parlamentaria.

Damos esta noticia una vez publicada la Sesión Plenaria número 117 del 21/10/2014, donde podéis comprobar cómo la Consejera de Hacienda no responde a las preguntas sobre la licitación de la campaña publicitaria para la dignifición de los empleados públicos y su posterior renuncia por razones de interés público (buscad Pregunta Oral a Pleno POP/000645 e Interpelación I/000180).

Funcionarios de Castilla y León denuncian el almacenaje en pasillos de documentos con datos personales

Esta nueva denuncia pone de enetredicho uno de los pilares de cualquier administración: la custodia de documentación. La gestión de estos archivos está sufriendo un proceso de privatización

Decenas de archivadores con información administrativa de los ciudadanos burgaleses se acumulan en los pasillos de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, donde quedan al alcance de cualquier persona que pase por sus dependencias.

Así lo ha asegurado el colectivo de funcionarios y contratados Viernes Negro, que denuncia que "el caos en la gestión y custodia de documentación es mayúsculo, pero viene de lejos", debido a que "no han dotado de espacios adecuados para archivar documentación" y "no hay personal suficiente para que realice estas funciones". Además, señalan que en algunos departamentos la gestión de estos archivos está sufriendo un proceso de privatización, al que apuntan como causante de esta situación.

"El cumplimiento de la Ley de Protección de Datos es inexistente, dado que cualquier ciudadano que acuda a dependencias de la Junta puede apropiarse de expedientes o documentos", ya que, subraya este colectivo, no existe "ningún tipo de protección ni custodia".

Viernes Negro denuncia cada semana un caso de malas prácticas o corrupción en la administración pública de Castilla y León. En esta ocasión, adjuntan una serie de fotografías en las que se puede ver que "expediantes, archivos y documentación desbordan pasillos, despachos y dependencias abiertas al paso de ciudadanos". No obstante, fuentes de este movimiento indicaron a infoLibre que este problema no ha surgido recientemente, sino que existe desde, al menos, siete años, y que se ha incrementado con el paso del tiempo, debido al mayor número de información a almacenar.

Asimismo, también han anunciado que presentarán una carta de denuncia al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. En ella, solicitan que "se realicen las actuaciones pertinentes" para aclarar lo sucedido y, así, "mejorar la gestión de los recursos humanos en los servicios públicos" y "garantizar su calidad".

Noticia completa extraída de infoLibre.


Escrito presentado que engorda las ya numerosas denuncias de VIERNES NEGRO DE BURGOS y/o Plataforma en Defensa de los Público (PLADEPU) en la provincia de Burgos, recogidas en los apartados Viernes de negro y Denuncias generales.

Historia de una Consejería casi hueca

PLADEPU queremos profundizar en uno de los últimos “CGT informa” que periódicamente envía este sindicato, titulado Historia de una Consejería casi hueca. Esta denuncia se refiere al vaciado de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades mediante el Decreto 33/2014 de 31 de julio de 2014 por el que se trasladan dos de las tres Direcciones Generales (Familia y Mujer) a la Gerencia de Servicios Sociales, quedando como órganos directivos únicamente la Secretaría General y el Instituto de la Juventud, con rango de dirección general.

Consideramos muy grave que las Secciones de Juventud estén dentro de una Dirección General de la Juventud que dejó de ser Organismo Autónomo para mantener a toda una Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, efectivamente todo parece ser un paso más para desmantelar los servicios públicos al servicio de nuestros jóvenes. Las secciones quedan de hecho abandonadas al hacerlas depender directamente del Órgano Central en el cual no hay personal para hacer frente a la situación.

El ejemplo que mencionan de las Residencias Juveniles es especialmente sangrante: la subida de precios del curso pasado se nos antoja premeditada para que el número de estudiantes residentes baje drásticamente, pero no así los gastos generales, personal y mantenimiento que continúan siendo los mismos … como resultado, las arcas de la Junta han perdido más de 2 millones de euros de ingresos y ahí nuestros políticos ya han tenido la excusa en bandeja para el cierre de la Residencia “Consejo de Europa” en León, cuando realmente se debe a una gestión nefasta y claramente corrupta. Mencionar que este curso la disminución de demanda llevará a una pérdida estimada de otro millón y medio de euros. Eso por no tratar los otros ejemplos del escrito de CGT (Cultura Juvenil, Formación, Información Juvenil o el IV Plan General de Juventud)

Mientras que para lo que quieren nuestros señores políticos sí que hay dinero, 1600 becarios castellano-leoneses se han quedado sin beca el curso pasado por falta de presupuesto. Asimismo, numerosas instituciones han tenido que dejar de suministrar información en los puntos y antenas de información juvenil, ya que hace tiempo se acabaron las subvenciones y no se puede pagar al informador juvenil.

Además de la supuesta falta de presupuesto, denunciamos la dedocracia del partido en el Gobierno Regional al colocar en puestos de responsabilidad a absolutos ignorantes en las competencias que les corresponde desarrollar, de ello se deriva la falta de experiencia de estas personas “LD” –llamémoslas así- en gestión de actividades para formación, ocio y tiempo libre.

Frente a estos desmanes, la Junta hará campañas y más campañas publicitarias o pseudoinformativas para saquear los presupuestos y, de paso, pagar favores a los dueños de medios de comunicación. Parece que la emigración de jóvenes castellanos y leoneses a países europeos, americanos y pronto a Australia, Nueva Zelanda y África, por no aplicar políticas correctas o hacerlo de modo errático, va a dejar tan desérticas de savia joven estas nueve provincias que muy pronto traerá un empobrecimiento poblacional.

A quien proceda y en base a la cacareada transparencia que pregonan los políticos de la Junta de CyL, lanzamos las siguientes preguntas:

• Si la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, tiene adscritas el 97% de sus competencias a Gerencia de Servicios Sociales, qué sentido tiene mantener las dos estructuras directivas y de mando, la de la Administración General (y matriz por imperativo legal) y la de Organismo Autónomo? Es de Perogrullo que una de las dos estructuras de poder y de mando sobra. ¿No son ustedes los del ahorro y de los recortes de gastos?
• ¿Tras 30 años de gobierno autonómico tiene algún interés para la ciudadanía recentralizar en la capital competencias, servicios y funciones de las provincias? ¿O más bien sirve para engordar y justificar (con puestos de libre designación), los aparatos políticos de Valladolid y alejar del control social?
• ¿Si la señora Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Dña. Milagros Marcos Ortega, su Secretario General y el resto del personal de confianza, secretarias, asesores, conductores, etc., únicamente gestionan en torno al 3% de las competencias de esta Consejería, por qué no cobran sólo el 3% de su retribuciones?. ¿No se llama esto malversación de caudales públicos? ¿No están prevaricando quienes autorizan o miran para otro lado dando de paso y que cobren el 100 por 100?
• ¿En qué están ocupados o “entretenidos” los procuradores de las Cortes de Castilla y León, cuya misión es la de controlar lo que gestiona la Junta de Castilla y León, para no pedir cuentas y responsabilidades?

Castilla y León, 3 noviembre de 2014
Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU)

Organigrama de la Consejería de "Familia y Amigos" de Milagros Marcos (Palencia, 1965)

¡¡URGENTE, URGENTE!!

El Presidente Juan Vicente Herrera acaba de pregonar que quiere que se le informe de contratos relacinados con tramas de corrupción. ¡CÁSPITAS, que no quede por nosotros!

Cualquiera que conozca casos de corrupción, nos los puede enviar por correo electrónico a pladepu@yahoo.es, lo más especificados y documentados posible, para difundirlos y que el Sr. Herrera no se quede frustrado por "no saber y no actuar".

Apoyo de PLADEPU a la plataforma contra el TTIP

En junio de 2013 -y a espaldas de la población- comenzaron las negociaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos para promover un Acuerdo Transatlántico de “libre” Comercio e Inversiones (también conocido como TTIP por sus siglas en inglés). La UE y EEUU están perdiendo poder económico y político en el mundo. Con este tratado buscan crear la “zona de libre comercio más grande del planeta”: una nueva vuelta de tuerca neoliberal para declarar una “guerra comercial” a otras superpotencias como China, Rusia o India, y recuperar parte de ese poder. Puedes oponerte firmando en stop-ttip.org/firmar.

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) estamos en contra del TTIP y apoyamos la recogida de firmas porque de ser aprobado, intensificaría las privatizaciones de servicios públicos, ahondará en los recortes sociales y pérdida de derechos laborales: de aprobarse este tratado supondría más liberalizaciones y privatizaciones, de las cuales ya estamos sufriendo sus consecuencias: recortes, despidos, pérdida de derechos y de calidad de los servicios ciudadanos, poniéndose la rentabilidad económica por encima de todo, lo que genera mayores cargas para las mujeres y las personas con menos recursos económicos. Y como gota que colma el vaso, con los mecanismos de protección de las inversiones, maniatarían cualquier política de futuro destinada a proteger a la ciudadanía y los servicios públicos. Este capítulo de la protección de las inversiones es especialmente polémico, implica que cualquier inversor privado internacional puede desafiar, ante tribunales no públicos sino privados, antidemocráticos y poco transparentes, cualquier legislación -ambiental, laboral o social- que interfiera con sus beneficios. Por ejemplo, una moratoria al fracking o una regulación sanitaria para prohibir el uso de sustancias tóxicas, pueden ser objetos de demandas.

El tratado se centra en la eliminación de leyes a ambos lados del Atlántico con el fin de reducir costes para las multinacionales. De esto se trata, dado que los aranceles entre la UE y EE UU son ya muy bajos Así, el TTIP puede desembocar en la supresión de regulaciones sociales, laborales, ambientales o de seguridad alimentaria y sanitaria y suponer una merma en las libertades digitales.

No en vano, han sido las multinacionales -como la industria automovilística, química, farmacéutica y agroalimentaria, empresas energéticas y de servicios, bancos, fondos de inversión, etc.- a ambos lados del Atlántico las que más han presionado para impulsar estas negociaciones. De hecho, la mayoría de reuniones que ha mantenido la Comisión Europea sobre el tratado ha sido con grupos de presión de las grandes empresas.

Desgraciadamente no hay debate porque el TTIP se está negociando en la sombra. Tras varias rondas de negociación la transparencia y la comunicación con la sociedad civil ha sido nula. Los únicos documentos que se conocen se deben a filtraciones. Ambas potencias se han comprometido a no publicar los documentos relacionados con las negociaciones durante 30 años. En septiembre de 2014, la Comisión Europea ha prohibido una Iniciativa Legislativa Popular Europea que invitaba a rechazar las negociaciones. La única consulta realizada, sobre la protección de las inversiones, era lo suficientemente compleja para dificultar la participación ciudadana y a posteriori, la UE ha amenazado con rechazar las miles de respuestas críticas que hubo.

Frente a la comunicación fluida y constante con las grandes multinacionales, toda comunicación con la sociedad civil por parte de la Comisión Europea se ha limitado a obviar las críticas y repetir, sin diálogo alguno, las supuestas -y no contrastadas- bondades del TTIP.

En la práctica, la armonización legislativa puede llevar a una equiparación aún más a la baja de la protección que nos queda, afectando a las normas de protección social, laboral, de la salud y del medioambiente. Así, podríamos ver aumentar la producción y la venta de transgénicos, de toxinas o de sustancias químicas peligrosas, como los alteradores hormonales que causan cáncer y otras enfermedades.

En el terreno laboral, estas negociaciones se suman a las políticas antisindicales de EEUU, que se niega a ratificar convenciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho a sindicarse, así como a los ataques de la UE y la troika imponiendo bajadas salariales y normas laborales más “flexibles”. El pacto básicamente busca ahondar en la misma receta que ya se está aplicando: recortes sociales, laborales y ambientales junto con una buena dosis de privatizaciones. ¿Ha servido esto para paliar la crisis?

El TTIP concentraría aún mayor poder político y económico en las multinacionales en detrimento de nuestros derechos sociales, laborales y civiles. Un verdadero asalto a la ya muy maltrecha “democracia”.

La retórica de la UE habla de que el TTIP es la clave para “superar la crisis” y “crear empleo”. Sin embargo sus estudios internos demuestran que la destrucción de empleo en varios sectores, especialmente en las pequeñas explotaciones agrarias y ganaderas, puede ser descomunal. Además bajarían los ingresos de industrias como la maquinaria electrónica, equipos de transporte y metalúrgica, así como los sectores de productos madereros y papel, servicios a las empresas y de comunicación con la consecuente pérdida de puestos de trabajo. El TTIP tampoco supondrá una ventaja a las pequeñas empresas y autónomos, puesto que al acuerdo aumentará la capacidad de las grandes corporaciones para desplazar, aún más, al pequeño comercio.

Desde PLADEPU haremos todo lo posible por forzar al poder político a sacar las negociaciones de la trastienda y obligar a que haya un debate público sobre el modelo de economía que necesitamos, uniéndonos a las diferentes iniciativas sociales para impedir las negociaciones del TTIP. De hecho, varios sectores de la sociedad -organizaciones de consumidores, grupos ecologistas y feministas, sindicatos y diferentes asociaciones de ámbitos tan dispares como los derechos humanos, la cultura libre o el comercio justo- nos hemos organizado para confrontar esta vuelta de tuerca en el aumento del poder de las grandes empresas. Ya existen plataformas locales en diferentes ciudades, coordinadas en la Campaña estatal noalttip.blogspot.com.

Carta de un compañero funcionario a los Sindicatos de CyL

Publicamos esta carta contundente y clarividente dirigida a los sindicatos cómplices de la campaña de dignificación de empleados públicos, los mismos sumisos que han callado y otorgado la Ley de Medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León , para que llegue sin tapujos`a toda la base de afiliados de CSIF, CCOO, UGT y FSES y para que todos sus votantes reflexionen sobre las irresponsabilidades de los que supuestamente nos representan.

Soy Basilio Villacorta Fernández, funcionario de la Junta de Castilla y León en Burgos y miembro activo de Viernes Negro y de la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU). Desde el único medio posible e intentando jugar con las mismas cartas que los sindicatos tienen, quiero enviar esta reflexión a los mismos y a todos mis compañeros, porque sinceramente creo que a estas alturas a la mayoría, tengamos las ideas y los valores que tengamos, nos hierve la sangre por la desfachatez de la Viceconsejería de la Función Pública y por la pusilanimidad de los que dicen nos representan y que quedaron más que retratados en el acta de la Sesión del 15 de abril de 2014 que se ha filtrado a la prensa y al conocimiento de todos nosotros, concretamente y para poner los puntos sobre las íes el CSIF, CCOO, UGT y FSES. Esta es la verdadera y única razón por la cual todos los interesados están reaccionando, aunque eso sí tarde y mal.

En primer lugar he de decir a mis representantes de (CSIF, CCOO, UGT y FSES) y a mis superiores que yo no necesito, como creo que ocurrirá con la mayoría de mis compañeros, que me dignifiquen porque yo ya soy una persona digna, un funcionario digno por diversas razones: soy honrado y mi puesto me lo he ganado con mis méritos y mi capacidad en igualdad frente al resto de los españoles, como dice la Constitución; tengo un trabajo digno, independientemente del puesto que ocupe; mi trabajo está al servicio de los ciudadanos y no de intereses partidistas ni espúreos; cumplo, como debe de ser, con mi cometido y utilizo los medios que mi formación y experiencia me aportan y porque además me siento orgulloso de mi condición de empleado y servidor público.

En segundo lugar, y dado lo dicho previamente, no acepto bajo ningún concepto que se me venda lo que es un claro acto electoralista como una campaña de dignificación del empleado público, cuando hace menos de un mes se ha publicado una reforma de la Ley 7/2005 que debilita nuestra posición de independencia frente a los aparatos políticos y sus LDs tentaculares y potencia la privatización y externalización de servicios con el uso masivo de las encomiendas de gestión y con el reforzamiento de las empresas garrapatas (empresas públicas, fundaciones, agencias, institutos y demás chiringuitos). Los mismos que quieren dignificarnos son los que han hecho semejante disparate legislativo: unos por acción y otros, nuestros representantes sindicales (CSIF, CCOO, UGT y FSES), por omisión y silencio ante tamaña barbaridad que incluso les deja en fuera de juego en diversas materias a negociar en el Consejo de la Función Pública.

Indignante es que la misma pléyade de políticos que llevan varios años despreciando y alimentando rumores mal intencionados en la opinión pública sobre todos nosotros y que han ido pudriendo las administraciones públicas con sus corruptelas, ahora nos insulten intentando regalar a unos cuantos “emprendedores” de la comunicación 250.000 euros.

Repasemos todas las medidas políticas, avaladas con el silencio cómplice de nuestros supuestos representantes (CSIF, CCOO, UGT y FSES), que han mejorado nuestra dignidad y nuestra calidad de vida como trabajadores públicos y como ciudadanos, que también somos, no lo olvidemos:

1. Reduciendo y congelando hasta la perpetuidad nuestros salarios cuando muchísimos de nuestros compañeros no llegan a los 1.100 euros mensuales.
2. Después de insultarnos y de extender la mancha a todos calificándono de vagos y maleantes, justificaron el aumento de nuestra jornada semanal de 35 a 37,5 horas, casi un mes más de Trabajo al año. Y ya de paso aumentar la jornada a sanitarios y horas a docentes para ahorrar una de cada 10 plazas en estos Cuerpos. Y todo ello con el aval de todo un Secretario autonómico de CC.OO. y su famoso apretón de manos con nuestro Presidente.
3. Quitarnos los derechos laborales, ya que ahora ponernos enfermos llega a costarnos el 50% del sueldo durante los primeros días de baja y el 25% hasta un total de 21 días siguientes.
4. Denostar nuestro trabajo para justificar permanentemente privatizaciones, empresas públicas, fundaciones, institutos, gerencias, desmanes y corrupciones que muchos llevamos denunciando desde hace años. Cuantas malas prácticas y delitos no habrían aflorado sin las denuncias de empleados de las Administraciones, que jugándose el puesto de trabajo pusieron en manos de policías y fiscales ciertos asuntos.

Los empleados públicos sabemos que la sociedad conoce y valora nuestro trabajo, sabe que quienes han defendido y defienden con mayor ahínco la sanidad pública, el Estado de Derecho y la gratuidad de la Justicia y el Registro Civil, la Educación pública y universal, la Administración al servicio del ciudadano, los Servicios Sociales y la atención a los más desfavorecidos y dependientes y el Estado Social, Democrático y de Derecho son los empleados públicos que comprueban a diario como voluntariamente se deterioran los servicios que prestan.

Desde aquí quiero decir a mis representantes sindicales (CSIF, CCOO, UGT y FSES) que para nada me siento representado por quien mira egoístamente con desprecio y con temor otros movimientos que se hacen fuera de sus Organizaciones. Que no me siento representado por aquellos que aceptan sumisamente todos y cada uno de los recortes y una serie de reformas legislativas que harán de la administración pública un mero recaudador de impuestos para distribuirlo entre inversores y especuladores en el nuevo negocio de los servicios públicos. Que no me siento representado por aquellos que con su silencio han aceptado el crecimiento paralelo de una administración B cuyo mayor patrimonio es el de colocar a muchos “afectos” en el chollo público por la puerta de atrás y el de llenar sus contabilidades de gravísimas irregularidades, e incluso generando deudas imposibles de pagar por todos los tontos de esta Comunidad. Que no quiero ser representado por los palmeros del CSIF José Mariano Prieto Arribas, Carlos Hernando Redondo, Isabel Madruga Bajo y Juan Carlos Gutiérrez Rodilla; por Jesús Goicoechea Torres, Nuria Martínez de la Torre, José Miguel García Álvarez, Tomás Pérez Urueña, de la UGT; por Juan Carlos de la Rosa Muñoz, Juana Olmeda Gómez, Pablo Vicente Vida, Luis C. Ramón Carreira, José L. Paniagua Alonso, Elena Fernández Gutiérrez y Francisco J. Martínez Alonso, de CCOO; y por Patricia San Martín Videira y Pilar Gredilla Fontaneda, de FSES.

Todos ellos culpables de agradecer a los representantes de la Administración los recortes presupuestarios, la inexistencia del concurso anual para todos los funcionarios, las ofertas de empleo inexistentes, el deterioro de los recursos materiales, el hacinamiento de los empleados, las congelaciones salariales y la campaña de dignificación de los empleados públicos.

Ya no valen medias tintas y desde este humilde rincón pido a las bases de esos sindicatos, si es que les quedan, que despidan “procedentemente” a sus Aparatos por mostrar esa gran empatía con los Altos Cargos y ese desprecio por nuestra dignidad.

En última instancia a UGT: si como decís LA DIGNIDAD ES EL SALARIO, acaso en esa campaña vergonzosa en la que insistís, ¿se va a promover las subidas salariales de los empleados públicos, y muy especialmente de los que menos ganan…?

Sí se puede

Publicado oficialmente hoy en el BOCYL

Renuncia a la celebración del contrato relativo a la realización de una campaña de publicidad para la dignificación de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Expte.: A2014/000940.

La presión de los funcionarios obliga a la Junta a retirar su campaña de dignificación de empleados públicos

La presión de la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), el rechazo de la Junta de Personal de Servicios Centrales, iniciativas como esta recogida de firmas online, e infinidad de mensajes de protesta de empleados públicos que han inundado la red privada de la Junta de Castilla y León, han hecho recular y acordar la retirada del contrato para adjudicar una campaña publicitaria de 249.260 euros para “dignificar la función pública”.

Lo cierto es que esta campaña de publicidad es uno de los acuerdos alcanzados por todos los sindicatos el pasado 15 de abril en el Consejo de la Función Pública, pero en términos muy distintos a lo publicado en el BOCYL. Hoy hay convocada una Mesa Extraordinaria de Negociación para revisar dicho acuerdo donde es posible que los sindicatos propongan que la "dignificación" se haga con el personal propio que está suficientemente cualificado para emprender una campaña de este tipo. ¿Dónde estaban estos sindicatos para frenar el Anteproyecto de Ley de Medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, exigir que los políticos respeten nuestros derechos y que no nos vendan a la administración "B"?

Propuesta de PLADEPU a coste cero para la dignificación de los empleados públicos basada en nuestra Lista de la Dignidad y en las denuncias efectuadas desde la Plataforma en Defensa de lo Público. Carta registrada hoy 7/10/2014 dirigida al Presidente de la Junta Castilla y León.

Ver noticias relacionadas en últimoCero.com : 1, 2 y 3.

El Consejo de Cuentas cuestiona el encargo de proyectos y obras de Agricultura al ITACYL

De nuevo el Consejo de Cuentas de Castilla y León saca los colores a la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y a su entidad pública de derecho privado ITACYL (Instituto Tecnológico Agrario).

El Consejo de Cuentas recoge en un detallado informe la auditoría realizada a este ente para el ejercicio 2011. El informe concluye que se estaría utilizando la encomienda de gestión como un «mero instrumento» de financiación de obras y proyectos que se contratan a través del organismo, en lugar de la Consejería de Agricultura, para sortear exigencias y trámites marcados por la normativa sobre contratos públicos.

También se aborta los gastos de la promoción de la marca Tierra de Sabor, considerando inexactitudes y un seguimiento incorrecto por parte de la consejería que dirige Silvia Clemente.

Informe completo. Resumem. Noticia de El Norte de Castilla.

Actualizada la lista de agraciados con libres designaciones

Mientras que seguimos con una oferta de empleo público limitada y sin convocatorias reales de oposiciones en Castilla y León, los anuncios y asignaciones de libres designaciones no hacen más que engordar la lista de agraciados con LD.

Un sistema que dificulta a los empleados públicos ocupar puestos mejor retribuidos de forma profesional, rigorosa e independiente. Un sistema que favorece las sumisiones a la casta política. Un sistema donde familiares y amigos del partido gozan de los mejores puestos. Un sistema que ha demostrado que produce corrupción. En conclusión, una prueba más de que la Administración está al servicio de los políticos y no de los ciudadanos.

Lista de agraciados publicados en el Boletín Oficial de Castilla y León desde el 16/11/2011 hasta hoy. Accede desde la sección Agraciados con Libres Designaciones (menú Denunciamos) o directamente desde aquí.

Nueva tomadura de pelo: 250.000 € para la dignificación de los empleados públicos

PLADEPU INFORMA: MENUDOS HIPÓCRITAS y DESPILFARRADORES

Después de bajarnos el sueldo, hacernos trabajar más horas, desprestigiarnos, consentir todas y cada una de las modificaciones legislativas que nos privan de nuestros derechos sin decir ni mú ni defender el trabajo público, ahora se gastan 250.000 € en una campaña de dignificación de los funcionarios públicos.

Los empleados públicos deseamos expresar al resto de ciudadanos que exigimos que ese dinero se emplee en dependencia, sanidad, y educación…, y que nos sentimos INDIGNADOS de que se despilfarre así el dinero.

Licitación A2014/000940 publicada hoy para contratar la realización de una campaña de publicidad para la dignificación de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

¿Necesitamos que nos dignifiquen porque ahora no lo somos? ¡MENUDA VERGÜENZA, OTRO DESATINO INCONCEBIBLE!

últimoCero.com se ha hecho eco inmediatamente de nuestra denuncia.

Ex-gerente de PROVILSA imputado

El ex-gerente de la empresa pública PROVILSA, Ramiro Rodríguez Cazar, declara hoy como imputado por adjudicar a dedo a El Mundo un contrato de 108.000 euros en el que la Fiscalía sostiene que “Los hechos expuestos, con las ilegalidades constatadas revisten caracteres de delito de prevaricación”. Se puede ampliar esta noticia en últimoCero.com.

En el artículo propio El Consejo de Cuentas desnuda las miserias de PROVILSA que publicamos tras conocerse el informe de fiscalización correspondiente a los años 2010 y 2011 elaborado por el Consejo de Cuentas, ya mostramos distintas irregularidades que ahora se están investigado judicialmente.

Destacamos también que se han realizado este tipo de contratos para financiar medios de comunicación regionales donde ahora la Junta de Castilla y León goza una gran "publicidad", y donde desgraciadamente se maniata y censura la publicación de determinadas informaciones “sensibles” que debemos buscar en medios digitales o webs independientes como PLADEPU.

Quinto moscoso recuperado

El Congreso ha aprobado la Ley de racionalización del sector público, con lo que los empleados públicos recuperan el segundo día de libre disposición de los tres suprimidos en 2012, medida introducida por el PP para intentar reducir el déficit

Hoy se ha publicado en el BOE la Ley 15/2014, de 16 de septiembre de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.

El artículo 28 modifica la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo artículo 48 de los permisos a los funcionario públicos pasa a quedar redactado en la letra k) así: "Por asuntos particulares, cinco días al año.".

Dado que se modifica la Ley 7/2007 que tiene carácter de normativa básica, no es necesario que la Administración Local ni la Autonómica transponga la devolución de este quinto "moscoso" a sus normativas propias, y por tanto entra en vigor a partir del día siguiente a la publicación en el BOE, es decir, el 18/9/2014.

Este "moscoso", anunciado antes de las elecciones europeas y ahora publicado, numerosos empleados públicos decidimos emplearlo de forma útil por la dignidad del servicio público en contra del Anteproyecto de Ley de Medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en la movilización del pasado 11 de junio que bautizamos como DÍA DE ASUNTOS RABIOSOS.

Porque desde PLADEPU no nos conformamos que nos devuelvan las migajas como quien tira un hueso al perro tras chuparlo. Reivindicamos que nos reintegren todos los derechos que nos han expropiado, incluidos atrasos salariales por la bajada y las congelaciones, paga extraordinaria de 2012 completa, 35 horas semanales, resto de permisos suprimidos, etc.

Hoy es el día "D" de DESMANTELAMIENTO de lo público, en las Cortes de Castilla y León

Ayer martes 9 de septiembre y hoy 10 de septiembre, los políticos del PP venderán la Administración tal y como la conocemos hasta ahora.

Esta traición a espaldas de los empleados públicos y en contra de la voluntad de la sociedad y del resto de formaciones políticas con presencia en las Cortes (PSOE, IU y UPL), será perpetrada -si nada lo impide- en el punto número 6 del orden del día de la sesión plenaria "Debate y votación del Dictamen de la Comisión de la Presidencia del Proyecto de Ley de Medidas para la Reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León".

Su "agenda" para implantar las privatizaciones, condicionar la función publica a los caprichos y designios políticos y vaciar el derecho público, da un salto espectacular.

Entre otras cosas la nueva reforma avanza en el proceso de trasvase de "competencias, servicios, funciones y personas" a la administración "B" paralela para que se perpetúe, sobreviva o crezca a costa de la Administración General, a través de las "novedades" que introduce, especialmente en la encomienda de gestión.

Lejos de suprimir la administración "B", fuente de corrupciones, tal como se comprueba por los miles de escándalos y casos de corrupción que asolan España, esta reforma posibilita que los empleados públicos tengamos que trabajar en las fundaciones y empresas públicas, que son totalmente opacas y fuente constante de irregularidades, donde su funcionamiento es un auténtico misterio para los grupos de la oposición en Cortes a los que se les niega toda información. Se regula además, que los letrados de la Junta, representen y defiendan la gestión de estos entes, gestión que no está sometida a lo público ni controlada públicamente.

Avanza igualmente en el proceso de recorte y empobrecimiento de la participación ciudadana en la elaboración de leyes, reglamentos, decretos, planes, etc, constriñéndola al "mantra virtual" de la página del "gobierno abierto" hasta hacerla prácticamente irreconocible e impracticable y por supuesto con menos derechos de defensa.

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) desde 2011 venimos reclamando la devolución completa de las competencias desde a los chiringuitos de la "administración "B"" a la Administración General, así como la cancelación máxima de las privatizaciones, contratos- programa, etc. que tal y como se ve con los aberrantes ejemplos ejemplo de las ITVs (gran negocio para los "empresarios" tocados por el "gordo de las adjudicaciones" y atraco para los ciudadanos a la vez que una pérdida ingente de ingresos para la Junta) o el hospital nuevo de Burgos.

Un ejemplo de lo que está pasando ya desde hace varios años -que es ilegal- y que esta Ley pretende hacer legal, es la contratación de personal en materia de dependencia que viene haciendo la Gerencia de Servicios Sociales mediante las encomiendas de gestión a la Fundación de Acción Social y Tutelas. Ese personal no es seleccionado y contratado en condiciones de igualdad, mérito y capacidad como se ha de hacer para ser empleado público. Muchos de las personas que manejan expedientes y valoran en materia de dependencia no son empleados públicos. Son personas contratadas desde esa administración "B".

Esta ley de pretendida "reforma" de la Administración va a generalizar un nuevo feudalismo político, lo que impedirá que haya efectivas (no simbólicas) ofertas de empleo público y que la gente sea contratada en condiciones de igualdad, mérito y capacidad.

Noticias y cartas al director.

La Junta de Castilla y León malgasta más de 200.000 euros en ensayos que pueden hacer sus laboratorios

La Junta de Castilla y León sigue riéndose de sus administrados. Ahora licita por más de 200.000 euros ensayos que pueden hacer sus laboratorios. ¿Malversación de caudales públicos?

Desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) no nos cansaremos de denunciar la MALA GESTIÓN ECONÓMICA que a diario realizan los dirigentes de esta Administración. Esta vez el hachazo a los bolsillos de los castellanos y leoneses se hace a través de la empresa garrapata SOMACYL.

El expediente CS/2014/15 publicado en BOCYL el pasado 8 de agosto nos anunciaba que la Junta de Castilla y León, a través del SOMACYL, licitaba el contrato anual de servicios de ejecución de controles analíticos en depuradoras de aguas residuales de Castilla y León por importe de 174.132 euros más IVA. Ensayos que realiza y puede realizar sin ningún tipo de problemas el Laboratorio Regional de Calidad Ambiental (LARECA) en Burgos.

A esta gestión se le llama malgastar más de 200.000 euros de los castellanos y leoneses, e incluso puede haber un Juez que lo considere malversar caudales públicos.

Desde PLADEPU denunciamos lo indecente que resulta mantener un laboratorio público con los impuestos de los ciudadanos, para que luego su principal responsable, José Manuel Jiménez Blázquez (Director General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, a la vez que Consejero Delegado de SOMACYL), decida que hay que pagar a empresas privadas los ensayos que puede realizar este laboratorio. En época de crisis los ciudadanos castellanos y leoneses pagaremos dos veces estos trabajos, por un lado pagaremos a los analistas del Laboratorio Regional de Calidad Ambiental de Burgos, y por otro, a los analistas de la empresa adjudicataria de este concurso. Esto se llama gestionar mal los recursos de los contribuyentes y tirar su dinero.

Asimismo, desde PLADEPU denunciamos que el Laboratorio Regional de Calidad Ambiental de Burgos sigue descabezado, ya que la Junta de Castilla y León no ha convocado el concurso específico para sustituir al antiguo director de este Laboratorio, ya jubilado.

Desde PLADEPU exigimos una buena gestión de los recursos públicos. Para ello, es imprescindible que se convoque el concurso específico para que el Laboratorio pueda tener su Director, y que además, no se le quite carga de trabajo. ¿Cómo es posible que no se le caiga la cara de vergüenza a José Manuel Jiménez Blázquez? ¿Quién puede afirmar que este señor es un buen gestor?

Finalmente desde PLADEPU informamos las claras intenciones de la Junta de Castilla y León de privatizar sus laboratorios. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente tiene en estos momentos dos laboratorios de carácter regional. Los cuales se encuentran en la actualidad sin Director, ya que ambos se han jubilado. Sin Directores es muy difícil que los Laboratorios puedan hacer de forma satisfactoria su trabajo, y por tanto, ya tendrán la excusa perfecta los dirigentes de la Junta para cerrarles por no ser rentables económicamente.

¿Es esto de recibo? ¿Se merecen esto los ciudadanos de Castilla y León? ¿Hasta cuando los ciudadanos de Castilla y León van a seguir aguantando la mala gestión de sus dirigentes, y que estos tiren y malgasten su dinero?

Concedan la Orden al Mérito Civil a la empleada pública que destapó el caso Gürtel

En 2007, Ana Garrido Ramos trabajaba como técnico del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Cansada de ver corrupción a su alrededor, empezó a elaborar un dossier con pruebas y más de 300 páginas que daría lugar a la investigación de la trama Gürtel.

Sin embargo, en lugar de recibir el reconocimiento por su integridad y en destapar uno de los casos de corrupción más grandes de las últimas décadas, Ana empezó a sufrir presiones y acoso por parte de superiores, tal y como acaba de reconocer una sentencia judicial que le es favorable.

Para dignificar las condecoraciones hay que dárselas a personas como esta mujer, que se las merecen. Estamos hartos de ver como la casta corrupta se lo lleva todo y encima se ponen las medallas ellos mismos. Por eso, la Asociación ¿Hay Derecho? nos propone firmar online la petición de change.org para que se le conceda a Ana la Orden del Mérito Civil, un reconocimiento reservado para aquellos funcionarios o ciudadanos que hayan prestado servicios relevantes y ejemplares al Estado español.

La Gürtel en la Junta de Castilla y León. Un vicepresidente imputado

Desde la Plataforma de Defensa de lo Público (PLADEPU) no nos cansamos de denunciar, que los únicos interesados en defender el Servicio y la Gestión Pública de Castilla y León son los empleados públicos de esta región. No nos cansamos de repetir que los dirigentes de la Junta de Castilla y León están más comprometidos en sus intereses y negocios privados que en gestionar eficazmente esta Comunidad.
 
El Juez Ruz en su último auto del 29 de julio no ha hecho otra cosa que dar la razón a PLADEPU.
 
En la página 11 de ese auto afirma “Comunidad de Castilla León, fundamentalmente afectada en los años 2002 y 2003 por la actividad de Francisco Correa, y en la que este habría intermediado a favor de, al menos, las sociedades TECONSA y SUFI SA a cambio de una comisión que se habría repartido con los funcionarios intervinientes en las adjudicaciones y con Luis Bárcenas Gutiérrez y Jesús Merino Delgado. Ambos imputados habrían favorecido, igualmente, otras adjudicaciones en comunidades y municipios no identificados auxiliados  puntualmente por Jesús Sepúlveda Recio”.  LA GÜRTEL HA ACTUADO EN CASTILLA Y LEÓN. Si el Juez Ruz afirma que Castilla y León se ha visto afectada y dañada en sus intereses ¿Por qué la Junta no ha emprendido acciones legales para recuperar el dinero malversado de sus contribuyentes?

En la página 84 y sucesivas de este auto, el Juez Ruz afirma “Jesús Merino Delgado fue Diputado desde el 5.4.2000 hasta el 15.1.2008 y desde el 1.4.2008 hasta el 19.4.2010; Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León entre los años 1991 y 1999 y Vicepresidente de la misma entre 1995 y 1999, años en los que también fue Procurador de las Cortes de Castilla y León hasta el 27.3.2000. El imputado habría continuado desde entonces muy vinculado al PARTIDO POPULAR de esa Comunidad Autónoma. Durante, al menos, los años 2000 a 2007, ambos imputados, con la puntual colaboración de Jesús Sepúlveda, habrían convenido con Pablo Crespo y Francisco Correa prevalerse de la autoridad e influencia que aquellos tenían sobre distintos cargos públicos de la formación política a la que pertenecían, fundamentalmente de la Comunidad de Castilla y León, para obtener adjudicaciones públicas a favor de empresas de la confianza de Francisco Correa a cambio de la entrega a dichos cargos de gratificaciones en efectivo. Los citados imputados habrían acordado igualmente percibir ellos también la correspondiente comisión por su labor de intermediación en estos casos…. Asimismo, Luis Bárcenas y Jesús Merino habrían recibido de Francisco Correa regalos en consideración particular a los cargos que desempañaban y por su intervención en el ámbito de la contratación pública. Para encubrir una parte de las rentas así percibidas, Luis Bárcenas y Jesús Merino habrían utilizado la sociedad SPINAKER.....Las empresas que habrían resultado favorecidas por su intermediación habrían sido, al menos, el grupo mercantil ROS ROCA, TECONSA, SUFI SA, CONSTRUCTORAHISPÁNICA SA y las sociedades vinculadas a Plácido Vázquez Diéguez y Enrique Carrasco Ruiz de la Fuente....Como consecuencia de la actividad anteriormente descrita, Jesús Merino habría obtenido al menos, entre los años 2000 y 2007, un total de 331737 €”.
 
Jesús Merino ha sido Consejero de Fomento, Vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Diputado y Senador, no caben en un Curriculum más puestos políticos. Los ciudadanos de Castilla y León seguimos esperando que un dirigente del PP de esta Comunidad pedir disculpas por la actuación de este presunto delincuente, que como dice el Juez Ruz ha estado muy vinculado al PP de Castilla y León después de ser Vicepresidente de la Junta. 

Desde PLADEPU denunciamos que la Junta de Castilla y León se ha convertido en un cortijo del PP, donde se mezclan los intereses privados y públicos, en contra de los derechos e intereses de los ciudadanos de esta región. Desgraciadamente,  Jesús Merino no es una excepción en la gestión pública que el PP realiza en Castilla y León.

Milagros Marcos y la ONCE, irresponsables sociales

Hace tiempo que ya forma parte de nuestro acerbo mediático, tantas veces teledirigido por las clases dominantes, el maravilloso concepto de “responsabilidad social” de las empresas. Según dicho concepto toda empresa que se precie debe de restar al “beneficio-riesgo”  una parte que aporta a la sociedad mediante acciones sociales o medioambientales con un alto componente ético, es decir más allá de las normas y leyes que todos debemos de cumplir. Normalmente las empresas lo hacen para mejorar su situación competitiva como valor añadido de cara a sus potenciales clientes.

Este es en principio el caso de la empresa FUCODA, la cual nace con la responsabilidad social como motor de su actividad. Como hace referencia en su página web, y probablemente ya empecemos a despistarnos con el entramado empresarial tan característico de nuestro modelo económico, dicho grupo empresarial nace en 1989 y se inserta a su vez en la sociedad instrumental Grupo Fundosa cuyo único accionariado es la Fundación ONCE: en resumen, FUCODA es una empresa más del conglomerado creado por la ONCE.

Según sigue informando en su portal su principal misión es el logro de objetivos sociales, y entre ellos, y muy especialmente, la inserción laboral de las personas con discapacidad como instrumento básico para la plena integración social. Hasta aquí todo perfecto.

El problema surge cuando una empresa como ésta sirve como sostén a intereses obscuros relacionados con los tentáculos de los partidos políticos que “al tocar pelo” convierten la administración pública en su cortijo.
El problema surge cuando una empresa que se define como social, y por lo tanto sometida a los valores, normas y leyes con los que se rige la sociedad civil en la que se inserta, desprecia sin si quiera reflexionarlo dichos valores.
El problema supera todas las barreras infranqueables del desprecio por la realidad social que vive el país cuando convierte su misión y objetivo en un mero maquillaje para que unos cuantos hagan dinero.

Por otro lado, a estas alturas todos sabemos lo que lleva tanto tiempo sucediendo con la Ley de dependencia y las famosas ayudas que se han ido limando de tal manera que han convertido la Ley en mera propaganda legislativa: tiempos de espera de concesión insoportables y ayudas misérrimas, que en la mayor parte de los casos no superan los 200 euros. En Castilla y León ocurre otro tanto de lo mismo con el agravante de una población envejecida que aumenta el número de dependientes día tras día.

¿Cómo responde aquí la otrora Técnica de Bibliotecas Milagros Marcos, convertida ahora en flamante Consejera de Familia?. Pues poniéndose de perfil ante la dilatada y opaca lista de espera de ancianos en busca de una residencia, cerrando habitaciones y servicios en las diferentes residencias públicas, y derivando a cuentagotas a los mismos a residencias privadas, que ahí sí disfruta la Junta tirando de dinero público.

¿Qué pensarían los castellanos y leoneses si supieran que mientras el ejecutivo del Partido Popular tiene a pan y agua a los dependientes de esta Comunidad, se gasta los dineros de todos en contratar a personal a través de la empresa FUCODA para tramitar los expedientes de ayudas a la dependencia que luego deniegan por falta de presupuesto?

¿Qué opinarían si se les hace saber que dicho trabajo pueden y deben hacerlo los propios empleados públicos a los que ya se les paga?

¿Se acordarán los habitantes y votantes dormidos de esta Comunidad dentro de 11 meses cuando toque elegir a un nuevo ejecutivo que el Gobierno de Herrera ningunea a sus hijos, sobrinos, hermanos, amigos que no podrán optar en condiciones de igualdad al empleo público porque se ha convertido en una “potestas” más de la casta?

¿Cómo es posible que no se les caiga la cara de vergüenza mientras nos dicen que es imposible contratar a nuevo personal docente y sanitario, y siguen contratando a personal por la puerta de atrás “meándose” en la propia Constitución?

¿Resulta soportable que la propia empresa FUCODA se haya convertido en una Empresa de Trabajo Temporal que no respete los derechos de los trabajadores y que incluso incumpla su único objetivo contratando a personas sin ningún grado de minusvalía?

¿Se ha parado a pensar la ONCE que su trabajo aplicado a la empresa privada es encomiable e imprescindible para la inserción laboral de las personas con alguna discapacidad, pero qué aplicado de esta manera a la administración pública resulta escandaloso porque se burla de las horas de esfuerzo de todos aquellos discapacitados que estén en bolsas de empleo esperando una llamada de la Administración que nunca se producirá?

Este es el gran número de interrogantes que nos han suscitado las últimas denuncias e informaciones de las que disponemos.

Así el Movimiento “Viernes Negro” denunció a finales del año pasado el hecho de que sólo en Burgos hubo hasta 8 personas contratadas a través de FUCODA renovadas en diferentes años y a día de hoy parte de este personal sigue ocupando las dependencias de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales. El hecho resulta aún mucho más bochornoso cuando existen pruebas de que algunos de los contratados no sufren ningún grado de minusvalía. De hecho una de las personas a las que le ha caído el “premio gordo” ha sido Mª Luz Alonso Alonso, cuñada de la mano derecha de Juan Vicente Herrera, Virginia Arnaiz González.

“Viernes Negro” seguía denunciando el hecho de que la empresa privada utilizara los propios medios de la administración pública, así como la “falta de publicidad en la página WEB de la contratación administrativa de la Junta de Castilla y León donde no aparece el contrato actual con la empresa FUCODA ni la cuantía del mismo, periodos, servicios a realizar…”

A esto que ni la Junta ha respondido ni los propios medios de información de la Comunidad se atrevieron a publicar, UNA VEZ MÁS, se añade ahora la batalla abierta por el sindicato CGT en Segovia. Este sindicato, dadas las irregularidades que se estaban produciendo en las actuaciones de la empresa FUCODA en la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de esta provincia, consiguió promover una inspección de trabajo en las dependencias de la Gerencia de la cual se desprende que tanto la empresa como la Junta han realizado un tráfico prohibido de trabajadores a través de una cesión ilegal y que FUCODA está actuando a su vez como una Empresa de Trabajo Temporal, nada que ver con los objetivos de los que hace gala. De todo ello la Inspección de Trabajo ha levantado un acta de infracción firme.

Así mismo, CGT está en disposición de confirmar que las denuncias ya realizadas y silenciadas previamente por  “Viernes Negro” acerca de la contratación de personal sin ningún tipo de minusvalía son ciertas.
 

Basilio el Bagauda