Valladolid: ciudad tomada por 'gaviotas', policías y manifestaciones

Los peperos se recluirán en el recinto de su Convención Nacional y en los hoteles de lujo, mientras la ciudadanía está llamada a la calle

Oficialmente son seis las convocatorias de protesta. La primera hoy viernes 31 de enero en el 'Miguel Delibes', firmada por la Plataforma Social de Valladolid -la marea naranja- que piensa concentrarse para rechazar los recortes en materia de Servicios Sociales, Dependencia y Pensiones del Gobierno de España y de la Junta de Castilla y León. Por el contrario, parece ser que decae la concentración del domingo, a las 11 de la mañana, ante la Consejería de Educación.

A las 18.30 horas, en la estación Campo Grande, a la que llegará el llamado Tren de la Libertad, con intención de dirigirse al 'Miguel Delibes', donde piensa concentrarse la Plataforma Social.

A las 19.30 horas, la Plataforma por la Sexualidad y Aborto Libre se manifestará desde la plaza Zorrilla a la catedral, pasando por la sede del PP de Alcalleres. El lema es: "Fuera el aborto del Código Penal. Ni plazos. Ni supuestos".

El sábado, 1 de febrero, a las 12.00 horas está convocada por el Movimiento de la Escuela Pública, Libre y Gratuita otra marcha desde la Consejería de Educación hasta el Conservatorio de Música y la Escuela de Danza ('Miguel Delibes') para protestar contra la LOMCE.

Por la tarde, a las 18 horas, manifestación desde la plaza Zorrilla con el lema. "Lo vais a pagar caro" (¡Convención del PP Fuera!. Contra los recortes y el capital, lucha popular); convoca: CGT, CNT  y Bloque Obrero.

El domingo día 2, a las 12 horas, en la plaza Colón para dirigirse a la Plaza Mayor: "Por un empleo digno. Contra los recortes. Por la renta básica". Convoca Parados en Movimiento de Valladolid y apoya casi una treintena de partidos, sindicatos, colectivos, asociaciones, etc.

Mientras los hoteleros se preparan para hacer su particular 'agosto', triplicando el precio de las habitaciones, y el alcalde León de la Riva prepara 'el pincho' a degustar por los visitantes, la Agrupación de Taxistas es partidaria de contar con la flota completa para subir y bajar a Parquesol desde los hoteles de cuatro estrellas, aunque muchos de los asistentes lo hagan en sus vehículos oficiales, que para eso los pagan los ciudadanos aunque se trate de un acto estrictamente de partido.

Os animamos a participar en los actos y manifestaciones para "celebrar" la "masa de visitantes" que la Convención Nacional del Partido Popular ha conseguido traer a Valladolid.

Noticia completa en últimoCero.

Manifestación en Fuente Dorada, viernes 7 de febrero a las 20:30, en contra de la represión policial y por la libertad de espresión. Las 11 mentiras del gobierno sobre la represión en Valladolid.

Recurso extraordinario de revisión de huelga de 5 horas

Los días 29 de marzo y 14 de noviembre de 2012 muchos empleados públicos ejercieron su derecho de huelga. Con posterioridad a todos ellos les llegó, desde su Secretaria General correspondiente, una Resolución por la que se les descontaba la jornada completa de esos días de huelga.

Hace dos meses publicamos que un empleado público de Burgos había interpuesto recurso Contencioso-Administrativo contra la primera Resolución, correspondiente a la huelga del día 29 de marzo, al considerar que no tenían que descontarle 7 horas, sino 5 horas que son las únicas que dejo de trabajar ese mes de marzo.

La Sentencia nº 321 del Juzgado de lo Contenciosos-Administrativo nº 2 de Burgos, de fecha 11 de noviembre de 2013, da la razón a este empleado público y condena a la Junta a la devolución de las dos horas indebidamente descontadas.

El artículo 110 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa dispone en su apartado 1º que “En materia de personal al servicio de la Administración pública, los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada a favor de una o varias personas podrán extenderse a otras, en ejecución de la sentencia, cuando concurran las siguientes circunstancias:

1. Que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo.
2. Que el Juez o Tribunal sentenciador fuera también competente, por razón del territorio, para conocer de sus pretensiones de reconocimiento de dicha situación individualizada.
3. Que soliciten la extensión de los efectos de la sentencia en el plazo de un año desde la última notificación de ésta a quienes fueron parte en el proceso. Si se hubiere interpuesto recurso en interés de ley o de revisión, este plazo se contará desde la última notificación de la resolución que ponga fin a éste”.

El artículo expuesto ampara la extensión de los efectos de una sentencia firme a terceros, permitiendo, pues, a todos los empleados públicos que cumplan las mismas características que el demandante (horario flexible, computo mensual del horario, medios físicos de control horario y haber realizado todo el horario del mes de marzo y/o noviembre de 2012, salvo la parte fija de los días de huelga), realizar un RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, para declarar nula de pleno derecho y dejando sin efecto las resoluciones de los Secretarios Generales de las distintas Consejerías, procediéndose a la devolución de las cantidades indebidamente retraídas. Ante una futura huelga, los empleados públicos podrán decidir durante cuántas horas ejercen el derecho de huelga.

Adjuntamos modelo del recurso extraordinario de revisión, listo para editar, referente a la huelga del día 29/3/2012 y/o 14/11/2012, y en el que aparecen:

• En color verde, lo que cada recurrente tiene que adaptar a sus circunstancias personales.
• En color rojo, documentación a aportar.
• Para ejercer este derecho se tiene de plazo hasta el día 11 de febrero de 2014.

2014, otro año perdido en la formación de los empleados públicos

DECEPCIONANTE e INSUFICIENTE es el Plan de Formación de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP) para el año 2014, revelando una vez más el escaso interés y conocimiento en materia de formación y gestión de personal presente en la Junta de Castilla y León.

El artículo 14 de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público establece lo siguiente respecto a los derechos de los empleados públicos “A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral”.

Con este Plan la Junta de Castilla y León cumple el expediente que le obliga la Ley, pero en ningún caso se preocupa de las necesidades profesionales reales de sus empleados, y mucho menos se preocupa que la formación que ofrece a sus trabajadores redunde en un mejor servicio público a los ciudadanos de esta región. En definitiva el Plan de Formación de la ECLAP es un desprecio a los empleados públicos, pero lo es también un desprecio a los ciudadanos, que más que nunca, exigen un servicio de calidad por parte de las Administraciones, y que con la formación que la Junta de Castilla y León ofrece a sus empleados es casi imposible de conseguir.

La formación ofertada no respeta ni garantiza el derecho a la formación continua y a la actualización permanente de los conocimientos y capacidades profesionales de los empleados públicos, no responde a nuestras necesidades, ni está orientada al perfeccionamiento y ni a la mejora de nuestras funciones. De hecho, muchos grupos profesionales de esta Administración no aparecen en este Plan de Formación a pesar de las innumerables solicitudes de actualización que se han realizado. También, técnicos con puestos de trabajo específicos, carecen de una mínima formación continua.

Denunciamos asimismo, el abuso de la forma online en dicha formación, convirtiendo cursos que necesariamente han de ser presenciales como en materia de procedimiento administrativo (-máxime en nivel de especialización-), sancionador, contratación administrativa, presupuestario, gestión pública y calidad,… en modalidad mixta, haciéndolos así absolutamente insuficientes, y frustrantes.

Los trabajadores públicos deberemos volver a realizar un esfuerzo extra en nuestro trabajo para que el ciudadano pueda recibir un servicio público de calidad. Resulta descorazonador que tengan que ser los trabajadores (los empleados públicos) los que tengan que solicitar a sus jefes (los políticos) una actualización de sus conocimientos para que el contribuyente reciba un servicio adecuado y de calidad. Pero a ningún dirigente de la Junta de Castilla y León se le cae la cara de vergüenza.

Otra vez más, se confirma que los empleados públicos de esta región tienen un mayor interés en prestar un servicio adecuado al ciudadano que los propios políticos que dirigen esta Administración.

La Junta esconde las bufandas que paga y torea a los sindicatos, la oposición y las Cortes para no enseñarlas

Hace unos meses, publicamos la noticia y el escrito de la Junta de Personal de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León, formada por representantes de las centrales sindicales, donde se solicitaba el desbloqueo de la información sobre las bufandas y a cuyo conocimiento tienen derecho sindicatos y funcionarios en cada Consejería.

La Junta de Castilla y León no ha atentido esta petición y se ha negado a facilitar la documentación de estas gratificaciones extraordinarias a su personal de confianza; incluso desde las Cortes ha esquivado las preguntas de los procuradores.

La Junta de Personal de Servicios Centrales ha registrado el pasado 16 de enero una nueva carta al presidente Herrera en la que amenaza con denunciar a todos los consejeros por malversación y prevaricación.

Como dijimos hace unos pocos meses, una bufanda es algo más que una prenda de abrigo: es una gratificación económica casi secreta que se cobra por “los servicios extraordinarios efectuados por el personal, fuera de su jornada de trabajo”. Lo que debería ser una premio puntual por un trabajo extraordinario que se hubiera podido realizar en un momento dado, se ha convertido mayoritariamente en una forma periódica de callar bocas e hipotecar favores de unos pocos pero asiduos benefactores.

En contra de los principios de transparencia que tanto alardean algunos dirigentes, las relaciones de gratificaciones extraordinarias que reciben los empleados públicos no son públicas, es más, tenemos constancia que en algunos casos incluso se ha amedrentrado a algunos compañeros para recibir la información de las bufandas de su Consejería o Delegación Territorial.

Noticia relacionada en últimoCero.

Desde el 2009 al 30 de junio del 2013 la Junta se gastó 8 millones de euros para indemnizar despidos de trabajadores

La sangría económica para el bolsillo de los castellanos y leoneses por la mala gestión de la Junta no cesa

El dinero de los contribuyentes malgastado es una constante en esta región. Los datos oficiales (directamente suministrados por la Junta) no dejan lugar a la duda. Desde el año 2009 a 30 de junio de 2013 las Consejerías de la Junta de Castilla y León se gastaron la escalofriante cifra de 8 millones de euros en concepto de indemnizaciones por despidos, salarios de tramitación y cuotas a la seguridad social. Es decir, la administración regional se ha gastado 8 millones de euros de dinero público en subsanar y arreglar su ineptitud y mala gestión de los recursos humanos que trabajan para los ciudadanos. Porque trabajador de la Administración y despido son dos palabras casi imposible de unir. Pero estos “gestores” regionales hacen posible lo imposible, pero desgraciadamente siempre para mal para el ciudadano, y lo que es peor, siempre a costa de su bolsillo. Lo que en tiempo de crisis, y en tiempos de recortes sociales y económicos es especialmente grave y lesivo para los derechos de los castellanos y leoneses.

INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS
2009	2010	2011	2012	2013  (medio año)
1.257.597,13 €	1.441.704,50 €	1.287.952,79 €	2.438.090,19 €	1.514.741,26 €
TOTAL: 7.940.085,85 €

Desde PLADEPU no nos cansamos de denunciar que esta Administración está muy mal dirigida. Que los recortes de toda índole que están sufriendo los ciudadanos serían mucho menores si los gestores de esta comunidad hicieran mejor su trabajo, pero otra vez, los hechos nos vienen a dar la razón. Gastar 8 millones de euros en indemnizaciones por despido en una Administración es un disparate, que demuestra a las claras que con una buena gestión de la Junta de Castilla y León, los ciudadanos de esta región no habríamos padecido con tanta dureza los recortes económicos y sociales.

La noticia de la semana pasada donde un Tribunal de Soria declaraba nulo el despido de tres trabajadores del laboratorio de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en Soria, obligando a la Junta a readmitirles e indemnizarles con los salarios de tramitación devengados, es la prueba de lo que viene denunciando PLADEPU. Los dirigentes demuestran una falta de responsabilidad y se lavan las manos en despidos que en su mayoría se producen en organismos que se cierran sin justificacion y con el afan de privatizarlos, para que los afines al gobierno se lucren de lo publico. Mala gestión por parte de los políticos de la Administración, lo que provoca la escusa para recortar los derechos de los ciudadanos, y finalmente el desmantelamiento del Sector Público para su futura privatización.

Estos 8 millones de euros más los 8 millones que la Junta ha pagado en este periodo a los puestos a dedo por trabajar media hora mas al día, suman 16 millones de euros en 5 años que la Junta de Castilla y León se podría haber ahorrado. Lo que se hubiera traducido en menos recortes sociales, y de este modo, haber hecho menos sufrida la crisis para los ciudadanos de esta región. Pero para ello, hay que gestionar bien la Administración y no malgastar el dinero de los contribuyentes.

La Junta introduce más medidas para escapar del control de las Cortes en relación a la Administración B

Desde PLADEPU denunciamos que la tan cacareada transparencia y el “gobierno abierto” y participativo que la Junta pretende vender en sus discursos políticos, es absolutamente una falacia de este gobierno regional.

Si una función primordial de las Cortes es la de controlar al ejecutivo, la Junta sigue ninguneando a los representantes de la ciudadanía: NO se puede decir más claro, se está eliminando cualquier posibilidad de control de la administración B por parte de las Cortes de Castilla y León.

Ley 11/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Reestructuración del Sector Público Autonómico:

Artículo 22.- Extinción de las entidades de la Administración institucional.

La extinción de las entidades de la Administración institucional se efectuará por decreto de la Junta de Castilla y León, a propuesta del titular de la consejería competente en materia de hacienda y a iniciativa del titular de la consejería a que estén adscritas.

El procedimiento y los efectos de extinción de las entidades institucionales se realizarán en los términos regulados en el decreto.


Artículo 23.- Directrices generales sobre operaciones de reestructuración de las empresas públicas.

1. La extinción y las modificaciones estructurales de las empresas públicas, así como los actos o negocios que impliquen la pérdida de la condición de empresa pública, se autorizará por acuerdo de la Junta de Castilla y León.
2. La modificaciones estatutarias, y en particular, los cambios de denominación, la transferencia y reordenación de acciones y participaciones sociales, las integraciones, fusiones, escisiones, cesiones globales activo y pasivo y cualesquiera otras actuaciones de reestructuración sin liquidación de las empresas públicas no podrán ser entendidas como causa de modificación o resolución de las relaciones jurídicas con terceros que mantengan dichas empresas.
3. Los derechos de propiedad intelectual e industrial de las empresas públicas que se extingan, por disolución de la sociedad de capital, pasarán a integrarse en el patrimonio de la Administración General o de las entidades institucionales.