DECEPCIONANTE e INSUFICIENTE es el Plan de Formación de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP) para el año 2014, revelando una vez más el escaso interés y conocimiento en materia de formación y gestión de personal presente en la Junta de Castilla y León.
El artículo 14 de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público establece lo siguiente respecto a los derechos de los empleados públicos “A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral”.
Con este Plan la Junta de Castilla y León cumple el expediente que le obliga la Ley, pero en ningún caso se preocupa de las necesidades profesionales reales de sus empleados, y mucho menos se preocupa que la formación que ofrece a sus trabajadores redunde en un mejor servicio público a los ciudadanos de esta región. En definitiva el Plan de Formación de la ECLAP es un desprecio a los empleados públicos, pero lo es también un desprecio a los ciudadanos, que más que nunca, exigen un servicio de calidad por parte de las Administraciones, y que con la formación que la Junta de Castilla y León ofrece a sus empleados es casi imposible de conseguir.
La formación ofertada no respeta ni garantiza el derecho a la formación continua y a la actualización permanente de los conocimientos y capacidades profesionales de los empleados públicos, no responde a nuestras necesidades, ni está orientada al perfeccionamiento y ni a la mejora de nuestras funciones. De hecho, muchos grupos profesionales de esta Administración no aparecen en este Plan de Formación a pesar de las innumerables solicitudes de actualización que se han realizado. También, técnicos con puestos de trabajo específicos, carecen de una mínima formación continua.
Denunciamos asimismo, el abuso de la forma online en dicha formación, convirtiendo cursos que necesariamente han de ser presenciales como en materia de procedimiento administrativo (-máxime en nivel de especialización-), sancionador, contratación administrativa, presupuestario, gestión pública y calidad,… en modalidad mixta, haciéndolos así absolutamente insuficientes, y frustrantes.
Los trabajadores públicos deberemos volver a realizar un esfuerzo extra en nuestro trabajo para que el ciudadano pueda recibir un servicio público de calidad. Resulta descorazonador que tengan que ser los trabajadores (los empleados públicos) los que tengan que solicitar a sus jefes (los políticos) una actualización de sus conocimientos para que el contribuyente reciba un servicio adecuado y de calidad. Pero a ningún dirigente de la Junta de Castilla y León se le cae la cara de vergüenza.
Otra vez más, se confirma que los empleados públicos de esta región tienen un mayor interés en prestar un servicio adecuado al ciudadano que los propios políticos que dirigen esta Administración.
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