El informe del CEDEX, que deja al pie de los caballos a los responsables y técnicos de las empresas AMATEX y SOMACYL, abre las vías a las responsabilidades penales de los implicados en este desaguisado
La no realización del estudio geotécnico obligatorio por Ley se revela clave en el derrumbamiento de la pasarela. La mala gestión de la Junta se manifiesta con toda su crudeza en este penoso suceso. Ya no es que gestionen mal, que lo hacen, ya no es que sableen al ciudadano, que lo sablean, sino que con tal de favorecer y proteger a los suyos, a los de su casta, sus actuaciones y decisiones rayan la amoralidad. Todo ello con un grave perjuicio para el bolsillo de los ciudadanos de esta región. La prueba irrefutable de ello fue la
aprobación el pasado 12 de diciembre por parte de la Junta de Castilla y León de una subvención de 600.000 euros para las obras de reconstrucción de los cuestos de Benavente. Con ello la Junta ha querido tapar y esconder las responsabilidades de su empresa pública
SOMACYL y de la empresa AMATEX, cuyo consejero delegado es un hermano de un alto directivo de la Junta de Castilla y León, subordinado inmediato del Sr. Jiménez Blázquez.
Los hechos son tozudos, por mucho que el Sr. Jiménez Blázquez (D.G. de sostenibilidad y calidad ambiental y Consejero General de SOMACYL) los quiera maquillar y disfrazar, y son estos. La Junta de Castilla y León ha pagado al menos, 660.000 euros por el Proyecto y Ejecución de la pasarela derrumbada en Benavente. Además, y de acuerdo con el Consejo de Cuentas, la adjudicación de esta licitación estuvo plagada de irregularidades. Para más inri, los 560.000 euros se adjudicaron a la empresa AMATEX, que no presentó la oferta económica más barata (ya que fue la presentada por Ecosistemas Bierzo-Maderas Castañeiras). Para que todo quedase en casa, la promotora de esta actuación fue la empresa pública SOMACYL, cuyo Consejero Delegado es el Sr. Jiménez Blázquez.
El 16 de marzo de 2013, esta pasarela se derrumba sin tener ni un año de vida. Para conocer las causas de este suceso se han realizado dos informes técnicos, uno por parte del Instituto Técnico de Materiales y Construcciones (INTEMAC) y otro por parte del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) del Ministerio de Fomento. Ambos informes son unánimes en algo muy importante: el estado del talud donde se construyó la pasarela no era el adecuado para albergar una construcción, ya que la zona siniestrada presentaba daños previos importantes. Este hecho amplifica la gravedad de la no realización del estudio geotécnico a que obliga la Ley durante el Proyecto de la Pasarela. Técnicamente es indiscutible que un estudio geotécnico del talud hubiera alertado de la inestabilidad del mismo y, por tanto, hubiera permitido adoptar las soluciones constructivas pertinentes para que la pasarela no se hubiese derrumbado.
¿Por qué el SOMACYL perdonó a AMATEX la realización del estudio geotécnico que obliga la Ley de contratos? ¿Por qué desde el SOMACYL se saltaron de esta forma la Ley? ¿La Ley se aplica por igual a todas las empresas? o ¿si tu hermano es un alto directivo de la Junta, te condonan ciertas obligaciones legales?
El lector no tiene que olvidar que la no ejecución del estudio geotécnico proporcionó un beneficio económico directo a la empresa del hermano del alto cargo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, ya que se ahorró el dinero a invertir en el estudio geotécnico obligatorio por la Ley de Contratos.
Pero los informes técnicos realizados para analizar el derrumbe de la pasarela certifican que el talud donde se construyó la pasarela era geotécnicamente inestable, y por tanto, resulta un error de consecuencias fatales el no haber realizado el estudio geotécnico en el Proyecto de la Pasarela. Este incumplimiento de la legalidad ha costado a los ciudadanos de esta región más de 3 millones de euros.
Es además chocante que los servicios propios de la Junta de Castilla y León (laboratorios y equipo de sondeos) no hayan hecho ni un solo ensayo en esa ladera, ni antes ni después del derrumbe. Un dato esclarecedor, a Geocisa se le van a pagar al menos 53.000 euros en sondeos para investigar las causas del siniestro. La excusa que ha dado el Sr. Jiménez Blázquez para no utilizar los medios de la Administración Autonómica son un atentado a la inteligencia (“
es que es el Ayuntamiento de Benavente es el que contrata estos trabajos”). Lo mínimo que podía haber dicho y hecho la Junta de Castilla y León es que si el Ayuntamiento de Benavente quería su colaboración económica, debía utilizar sus medios, para de este modo abaratar los costes de toda esta actuación. ¿Así es como la Junta defiende los medios y servicios públicos?
Resumiendo, la Junta de Castilla y León se ha gastado al menos, 1.260.000 euros de todos los contribuyentes de esta región, en el proyecto y construcción de una pasarela que no existe ni existirá, es decir, en nada. La Junta de Castilla y León ha tirado en época de crisis y recortes 1.260.000 euros por la taza de váter, sin ningún rubor, sin ninguna dimisión, y quizás lo más grave, sin ningún cese. En el conjunto de las Administraciones, más de 3 millones de euros.
Ante la pasividad de los políticos, debería ser la justicia quien determinase las responsabilidades existentes en este despropósito, porque
las ilegalidades han costado mas de 3 millones de euros a los contribuyentes Castellano y Leoneses.
Desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) volvemos a exigir que no se despilfarre el dinero público, que la Administración vele por los intereses públicos y la supresión de las empresas públicas que tanto daño hacen al bolsillo de los ciudadanos de esta región.
Noticia de últimoCero.com:
PLADEPU exige responsabilidades políticas y penales en el aniversario del derrumbe de la pasarela de Benavente.
Izquierda Unida lleva el derrumbe de los Cuestos a la Fiscalía
El Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en Benavente ha formulado ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zamora
DENUNCIA contra el Ayuntamiento de Benavente y resto de agentes intervinientes por la presunta responsabilidad patrimonial y presunto delito de Prevaricación en la tramitación del expediente de obras de mejora y accesibilidad de los Cuestos de Mota de Benavente.
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