Homologación sin oposición a personal privado procedente de ADE Financiación, EXCAL y ADE Parques

LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO, A TRAVÉS DE LA “AGENCIA DE INNOVACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN”, VA A CONCEDER AL PERSONAL PRIVADO PROCEDENTE DE EMPRESAS Y FUNDACIONES LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA JUNTA

Según ha sabido la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), la medida comenzó con la extensión del horario del convenio de personal de la Administración al personal procedente de la empresa ADE FINANCIACIÓN, S.A.; continúa con su aplicación al personal de la empresa participada (no pública) EXCAL, S.L., y se extenderá al personal de ADE PARQUES TECNOLÓGICOS. Todo este personal hasta la fecha se rige en sus relaciones laborales por el convenio colectivo correspondiente a su ámbito privado.

Los salarios, especialmente en los puestos más cualificados, de responsabilidad y directivos, son muy superiores en las empresas, pero curiosamente estos no se van a extender al resto de personal de la Junta, mientras que las condiciones de jornada y horario que tenemos más ventajosas los empleados públicos (funcionarios y laborales) se van a aplicar “generosamente” al personal procedente de empresas y fundaciones.

El denominado “proceso de reordenación del sector publico autonómico”, pactado por el PP y el PSOE en vísperas de la aprobación de los presupuestos del 2013 (allá por octubre del 2012), ha consistido, en la práctica, en cuatro líneas de trabajo:

1. La fusión, bien por absorción o bien por unificación, de varias empresas como SOTUR que la diluyeron en la Fundación Siglo (ambas de la Consejería de Cultura); Provilsa y Somacyl (de las antiguas consejerías de Fomento y Medio Ambiente), que se han fusionado, y la maraña de las empresas de la Consejería de Economía y Empleo que han conformado una sola. En este último caso con la peculiaridad de que unas eran públicas cien por cien y otras eran mixtas, o sea, participadas por capital privado. Pero todas ellas, con denominador común, se rigen por el derecho privado, código civil, mercantil y estatuto de los trabajadores; que nada tienen que ver con el derecho público que rige para la Administración General.
2. Despidos de personal en todas las empresas y fundaciones que curiosamente sólo han afectado a personas sin responsabilidades de dirección. Los afectados, en pleno ejercicio de sus derechos, han acudido a los tribunales y ganado sus demandas en la práctica totalidad de los pleitos, por improcedentes o nulos. Esta “escabechina” de trabajadores de puestos bases nos ha costado hasta junio del 2013 más de 8 millones de euros de indemnizaciones, salarios de tramitación y sobrecostes de seguridad social. Esta vía, para mayor vergüenza, está sirviendo para ocultar ilegalidades, irregularidades y la pésima gestión, además de traspasar deudas de lo privado a lo público. La gravedad de todo esto, que viene denunciando PLADEPU desde su nacimiento, la han hecho manifiesta el Consejo de Cuentas y el Consejo Consultivo de Castilla y León en varios informes, incluido el que dictaminó el proyecto de presupuestos para 2014. Y más recientemente un juzgado de lo penal admitiendo la querella del Partido Castellano (PCAS).
3. Ninguna de las consejerías afectadas ha recibido el retorno de la competencias trasvasadas a sus empresas o fundaciones al no haberse disuelto en su totalidad. Por lo tanto, la vía de agua por la que se fugan competencias, presupuestos y administración general, sigue abierta hacia el precipicio de los servicios públicos y amparando todo tipo de negocios privados y corrupciones a costa de los impuestos y de los derechos de la ciudadanía.
4. Lo último es que, descaradamente, están “pasando” a toda la pléyade de puestos directivos (con supersueldos acordes con su vinculación con la casta política) a situaciones asimiladas a las de los empleados públicos. En el siguiente paso, harán algo parecido a lo que consumaron, con el patrocinio indecente y obsceno de los sindicatos mayoritarios en Andalucía y otras CC.AA., que es crear un solo ente público por consejería, de derecho privado o de derecho público, y cuyo personal pasará a la condición de personal laboral fijo de la Junta de Castilla y León, es decir, una simple incorporación a la Administración, sin distinguir los trabajadores que proceden de entes públicos (que accedieron por proceso selectivo público) de los trabajadores que proceden de empresas del ámbito privado (S.A. y S.L.), y a los que no se les exigió superar, como al resto de ciudadanos, una oposición. Lo procedente hubiera sido primero extinguir estas empresas no rentables para los intereses públicos, que algunas estaban incluso en quiebra técnica (ver nota) y liquidar su patrimonio y sus deudas, devolviendo las competencias para en el mismo acto legislativo disolverlas.

En PLADEPU opinamos, que si después de su disolución y consiguiente reabsorción de sus competencias y empleados públicos hay que reestructurar o crear plazas en las consejerías afectadas para garantizar el mejor servicio público, lo correcto es sacar las mismas a oposición (con sus respectivas bolsas de empleo), cumpliendo con la normativa de Función Pública (principios de igualdad, merito, capacidad y publicidad). En lugar de ello, la Consejería de Economía ha preferido adjudicar las plazas olvidándose de las exigencias constitucionales.

Desde PLADEPU, instamos a los sindicatos mayoritarios, CSIF, CC.OO., y UGT a hacer un frente común con la propuesta de disolución completa de la administración paralela para acabar con el vaciamiento del derecho público y con la voladura de los servicios públicos y dejar de ser cómplices de la Junta con sus prácticas de división sindical.

Noticias para ampliar información:

• La Junta se hace cargo de EXCAL, una empresa en quiebra técnica.
• Castilla y León suma 348 millones a su deuda tras disolver ADE PARQUES, la empresa pública más endeudada.
• El juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid investiga las operaciones de compraventa de terrenos realizada en el Parque Empresarial de Portillo por parte de la empresa pública ADE Parques.
• El Juzgado investiga un "pelotazo" millonario a costa de ADE Parques.
• Provilsa, Somacyl, ADE Financiación y ADE Parques incumplieron de forma flagrante la Ley de Contratos.
• EXCAL Castilla y León, un fraude.