La Junta de Castilla y León malgasta más de 200.000 euros en ensayos que pueden hacer sus laboratorios

La Junta de Castilla y León sigue riéndose de sus administrados. Ahora licita por más de 200.000 euros ensayos que pueden hacer sus laboratorios. ¿Malversación de caudales públicos?

Desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) no nos cansaremos de denunciar la MALA GESTIÓN ECONÓMICA que a diario realizan los dirigentes de esta Administración. Esta vez el hachazo a los bolsillos de los castellanos y leoneses se hace a través de la empresa garrapata SOMACYL.

El expediente CS/2014/15 publicado en BOCYL el pasado 8 de agosto nos anunciaba que la Junta de Castilla y León, a través del SOMACYL, licitaba el contrato anual de servicios de ejecución de controles analíticos en depuradoras de aguas residuales de Castilla y León por importe de 174.132 euros más IVA. Ensayos que realiza y puede realizar sin ningún tipo de problemas el Laboratorio Regional de Calidad Ambiental (LARECA) en Burgos.

A esta gestión se le llama malgastar más de 200.000 euros de los castellanos y leoneses, e incluso puede haber un Juez que lo considere malversar caudales públicos.

Desde PLADEPU denunciamos lo indecente que resulta mantener un laboratorio público con los impuestos de los ciudadanos, para que luego su principal responsable, José Manuel Jiménez Blázquez (Director General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, a la vez que Consejero Delegado de SOMACYL), decida que hay que pagar a empresas privadas los ensayos que puede realizar este laboratorio. En época de crisis los ciudadanos castellanos y leoneses pagaremos dos veces estos trabajos, por un lado pagaremos a los analistas del Laboratorio Regional de Calidad Ambiental de Burgos, y por otro, a los analistas de la empresa adjudicataria de este concurso. Esto se llama gestionar mal los recursos de los contribuyentes y tirar su dinero.

Asimismo, desde PLADEPU denunciamos que el Laboratorio Regional de Calidad Ambiental de Burgos sigue descabezado, ya que la Junta de Castilla y León no ha convocado el concurso específico para sustituir al antiguo director de este Laboratorio, ya jubilado.

Desde PLADEPU exigimos una buena gestión de los recursos públicos. Para ello, es imprescindible que se convoque el concurso específico para que el Laboratorio pueda tener su Director, y que además, no se le quite carga de trabajo. ¿Cómo es posible que no se le caiga la cara de vergüenza a José Manuel Jiménez Blázquez? ¿Quién puede afirmar que este señor es un buen gestor?

Finalmente desde PLADEPU informamos las claras intenciones de la Junta de Castilla y León de privatizar sus laboratorios. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente tiene en estos momentos dos laboratorios de carácter regional. Los cuales se encuentran en la actualidad sin Director, ya que ambos se han jubilado. Sin Directores es muy difícil que los Laboratorios puedan hacer de forma satisfactoria su trabajo, y por tanto, ya tendrán la excusa perfecta los dirigentes de la Junta para cerrarles por no ser rentables económicamente.

¿Es esto de recibo? ¿Se merecen esto los ciudadanos de Castilla y León? ¿Hasta cuando los ciudadanos de Castilla y León van a seguir aguantando la mala gestión de sus dirigentes, y que estos tiren y malgasten su dinero?

Concedan la Orden al Mérito Civil a la empleada pública que destapó el caso Gürtel

En 2007, Ana Garrido Ramos trabajaba como técnico del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Cansada de ver corrupción a su alrededor, empezó a elaborar un dossier con pruebas y más de 300 páginas que daría lugar a la investigación de la trama Gürtel.

Sin embargo, en lugar de recibir el reconocimiento por su integridad y en destapar uno de los casos de corrupción más grandes de las últimas décadas, Ana empezó a sufrir presiones y acoso por parte de superiores, tal y como acaba de reconocer una sentencia judicial que le es favorable.

Para dignificar las condecoraciones hay que dárselas a personas como esta mujer, que se las merecen. Estamos hartos de ver como la casta corrupta se lo lleva todo y encima se ponen las medallas ellos mismos. Por eso, la Asociación ¿Hay Derecho? nos propone firmar online la petición de change.org para que se le conceda a Ana la Orden del Mérito Civil, un reconocimiento reservado para aquellos funcionarios o ciudadanos que hayan prestado servicios relevantes y ejemplares al Estado español.

La Gürtel en la Junta de Castilla y León. Un vicepresidente imputado

Desde la Plataforma de Defensa de lo Público (PLADEPU) no nos cansamos de denunciar, que los únicos interesados en defender el Servicio y la Gestión Pública de Castilla y León son los empleados públicos de esta región. No nos cansamos de repetir que los dirigentes de la Junta de Castilla y León están más comprometidos en sus intereses y negocios privados que en gestionar eficazmente esta Comunidad.
 
El Juez Ruz en su último auto del 29 de julio no ha hecho otra cosa que dar la razón a PLADEPU.
 
En la página 11 de ese auto afirma “Comunidad de Castilla León, fundamentalmente afectada en los años 2002 y 2003 por la actividad de Francisco Correa, y en la que este habría intermediado a favor de, al menos, las sociedades TECONSA y SUFI SA a cambio de una comisión que se habría repartido con los funcionarios intervinientes en las adjudicaciones y con Luis Bárcenas Gutiérrez y Jesús Merino Delgado. Ambos imputados habrían favorecido, igualmente, otras adjudicaciones en comunidades y municipios no identificados auxiliados  puntualmente por Jesús Sepúlveda Recio”.  LA GÜRTEL HA ACTUADO EN CASTILLA Y LEÓN. Si el Juez Ruz afirma que Castilla y León se ha visto afectada y dañada en sus intereses ¿Por qué la Junta no ha emprendido acciones legales para recuperar el dinero malversado de sus contribuyentes?

En la página 84 y sucesivas de este auto, el Juez Ruz afirma “Jesús Merino Delgado fue Diputado desde el 5.4.2000 hasta el 15.1.2008 y desde el 1.4.2008 hasta el 19.4.2010; Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León entre los años 1991 y 1999 y Vicepresidente de la misma entre 1995 y 1999, años en los que también fue Procurador de las Cortes de Castilla y León hasta el 27.3.2000. El imputado habría continuado desde entonces muy vinculado al PARTIDO POPULAR de esa Comunidad Autónoma. Durante, al menos, los años 2000 a 2007, ambos imputados, con la puntual colaboración de Jesús Sepúlveda, habrían convenido con Pablo Crespo y Francisco Correa prevalerse de la autoridad e influencia que aquellos tenían sobre distintos cargos públicos de la formación política a la que pertenecían, fundamentalmente de la Comunidad de Castilla y León, para obtener adjudicaciones públicas a favor de empresas de la confianza de Francisco Correa a cambio de la entrega a dichos cargos de gratificaciones en efectivo. Los citados imputados habrían acordado igualmente percibir ellos también la correspondiente comisión por su labor de intermediación en estos casos…. Asimismo, Luis Bárcenas y Jesús Merino habrían recibido de Francisco Correa regalos en consideración particular a los cargos que desempañaban y por su intervención en el ámbito de la contratación pública. Para encubrir una parte de las rentas así percibidas, Luis Bárcenas y Jesús Merino habrían utilizado la sociedad SPINAKER.....Las empresas que habrían resultado favorecidas por su intermediación habrían sido, al menos, el grupo mercantil ROS ROCA, TECONSA, SUFI SA, CONSTRUCTORAHISPÁNICA SA y las sociedades vinculadas a Plácido Vázquez Diéguez y Enrique Carrasco Ruiz de la Fuente....Como consecuencia de la actividad anteriormente descrita, Jesús Merino habría obtenido al menos, entre los años 2000 y 2007, un total de 331737 €”.
 
Jesús Merino ha sido Consejero de Fomento, Vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Diputado y Senador, no caben en un Curriculum más puestos políticos. Los ciudadanos de Castilla y León seguimos esperando que un dirigente del PP de esta Comunidad pedir disculpas por la actuación de este presunto delincuente, que como dice el Juez Ruz ha estado muy vinculado al PP de Castilla y León después de ser Vicepresidente de la Junta. 

Desde PLADEPU denunciamos que la Junta de Castilla y León se ha convertido en un cortijo del PP, donde se mezclan los intereses privados y públicos, en contra de los derechos e intereses de los ciudadanos de esta región. Desgraciadamente,  Jesús Merino no es una excepción en la gestión pública que el PP realiza en Castilla y León.

Milagros Marcos y la ONCE, irresponsables sociales

Hace tiempo que ya forma parte de nuestro acerbo mediático, tantas veces teledirigido por las clases dominantes, el maravilloso concepto de “responsabilidad social” de las empresas. Según dicho concepto toda empresa que se precie debe de restar al “beneficio-riesgo”  una parte que aporta a la sociedad mediante acciones sociales o medioambientales con un alto componente ético, es decir más allá de las normas y leyes que todos debemos de cumplir. Normalmente las empresas lo hacen para mejorar su situación competitiva como valor añadido de cara a sus potenciales clientes.

Este es en principio el caso de la empresa FUCODA, la cual nace con la responsabilidad social como motor de su actividad. Como hace referencia en su página web, y probablemente ya empecemos a despistarnos con el entramado empresarial tan característico de nuestro modelo económico, dicho grupo empresarial nace en 1989 y se inserta a su vez en la sociedad instrumental Grupo Fundosa cuyo único accionariado es la Fundación ONCE: en resumen, FUCODA es una empresa más del conglomerado creado por la ONCE.

Según sigue informando en su portal su principal misión es el logro de objetivos sociales, y entre ellos, y muy especialmente, la inserción laboral de las personas con discapacidad como instrumento básico para la plena integración social. Hasta aquí todo perfecto.

El problema surge cuando una empresa como ésta sirve como sostén a intereses obscuros relacionados con los tentáculos de los partidos políticos que “al tocar pelo” convierten la administración pública en su cortijo.
El problema surge cuando una empresa que se define como social, y por lo tanto sometida a los valores, normas y leyes con los que se rige la sociedad civil en la que se inserta, desprecia sin si quiera reflexionarlo dichos valores.
El problema supera todas las barreras infranqueables del desprecio por la realidad social que vive el país cuando convierte su misión y objetivo en un mero maquillaje para que unos cuantos hagan dinero.

Por otro lado, a estas alturas todos sabemos lo que lleva tanto tiempo sucediendo con la Ley de dependencia y las famosas ayudas que se han ido limando de tal manera que han convertido la Ley en mera propaganda legislativa: tiempos de espera de concesión insoportables y ayudas misérrimas, que en la mayor parte de los casos no superan los 200 euros. En Castilla y León ocurre otro tanto de lo mismo con el agravante de una población envejecida que aumenta el número de dependientes día tras día.

¿Cómo responde aquí la otrora Técnica de Bibliotecas Milagros Marcos, convertida ahora en flamante Consejera de Familia?. Pues poniéndose de perfil ante la dilatada y opaca lista de espera de ancianos en busca de una residencia, cerrando habitaciones y servicios en las diferentes residencias públicas, y derivando a cuentagotas a los mismos a residencias privadas, que ahí sí disfruta la Junta tirando de dinero público.

¿Qué pensarían los castellanos y leoneses si supieran que mientras el ejecutivo del Partido Popular tiene a pan y agua a los dependientes de esta Comunidad, se gasta los dineros de todos en contratar a personal a través de la empresa FUCODA para tramitar los expedientes de ayudas a la dependencia que luego deniegan por falta de presupuesto?

¿Qué opinarían si se les hace saber que dicho trabajo pueden y deben hacerlo los propios empleados públicos a los que ya se les paga?

¿Se acordarán los habitantes y votantes dormidos de esta Comunidad dentro de 11 meses cuando toque elegir a un nuevo ejecutivo que el Gobierno de Herrera ningunea a sus hijos, sobrinos, hermanos, amigos que no podrán optar en condiciones de igualdad al empleo público porque se ha convertido en una “potestas” más de la casta?

¿Cómo es posible que no se les caiga la cara de vergüenza mientras nos dicen que es imposible contratar a nuevo personal docente y sanitario, y siguen contratando a personal por la puerta de atrás “meándose” en la propia Constitución?

¿Resulta soportable que la propia empresa FUCODA se haya convertido en una Empresa de Trabajo Temporal que no respete los derechos de los trabajadores y que incluso incumpla su único objetivo contratando a personas sin ningún grado de minusvalía?

¿Se ha parado a pensar la ONCE que su trabajo aplicado a la empresa privada es encomiable e imprescindible para la inserción laboral de las personas con alguna discapacidad, pero qué aplicado de esta manera a la administración pública resulta escandaloso porque se burla de las horas de esfuerzo de todos aquellos discapacitados que estén en bolsas de empleo esperando una llamada de la Administración que nunca se producirá?

Este es el gran número de interrogantes que nos han suscitado las últimas denuncias e informaciones de las que disponemos.

Así el Movimiento “Viernes Negro” denunció a finales del año pasado el hecho de que sólo en Burgos hubo hasta 8 personas contratadas a través de FUCODA renovadas en diferentes años y a día de hoy parte de este personal sigue ocupando las dependencias de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales. El hecho resulta aún mucho más bochornoso cuando existen pruebas de que algunos de los contratados no sufren ningún grado de minusvalía. De hecho una de las personas a las que le ha caído el “premio gordo” ha sido Mª Luz Alonso Alonso, cuñada de la mano derecha de Juan Vicente Herrera, Virginia Arnaiz González.

“Viernes Negro” seguía denunciando el hecho de que la empresa privada utilizara los propios medios de la administración pública, así como la “falta de publicidad en la página WEB de la contratación administrativa de la Junta de Castilla y León donde no aparece el contrato actual con la empresa FUCODA ni la cuantía del mismo, periodos, servicios a realizar…”

A esto que ni la Junta ha respondido ni los propios medios de información de la Comunidad se atrevieron a publicar, UNA VEZ MÁS, se añade ahora la batalla abierta por el sindicato CGT en Segovia. Este sindicato, dadas las irregularidades que se estaban produciendo en las actuaciones de la empresa FUCODA en la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de esta provincia, consiguió promover una inspección de trabajo en las dependencias de la Gerencia de la cual se desprende que tanto la empresa como la Junta han realizado un tráfico prohibido de trabajadores a través de una cesión ilegal y que FUCODA está actuando a su vez como una Empresa de Trabajo Temporal, nada que ver con los objetivos de los que hace gala. De todo ello la Inspección de Trabajo ha levantado un acta de infracción firme.

Así mismo, CGT está en disposición de confirmar que las denuncias ya realizadas y silenciadas previamente por  “Viernes Negro” acerca de la contratación de personal sin ningún tipo de minusvalía son ciertas.
 

Basilio el Bagauda