Ayer martes 9 de septiembre y hoy 10 de septiembre, los políticos del PP venderán la Administración tal y como la conocemos hasta ahora.
Esta traición a espaldas de los empleados públicos y en contra de la voluntad de la sociedad y del resto de formaciones políticas con presencia en las Cortes (PSOE, IU y UPL), será perpetrada -si nada lo impide- en el
punto número 6 del orden del día de la sesión plenaria "
Debate y votación del Dictamen de la Comisión de la Presidencia del Proyecto de Ley de Medidas para la Reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León".
Su "agenda" para implantar las privatizaciones, condicionar la función publica a los caprichos y designios políticos y vaciar el derecho público, da un salto espectacular.
Entre otras cosas la nueva reforma avanza en el proceso de trasvase de "competencias, servicios, funciones y personas" a la
administración "B" paralela para que se perpetúe, sobreviva o crezca a costa de la Administración General, a través de las "novedades" que introduce, especialmente en la
encomienda de gestión.
Lejos de suprimir la
administración "B", fuente de corrupciones, tal como se comprueba por los miles de escándalos y casos de corrupción que asolan España,
esta reforma posibilita que los empleados públicos tengamos que trabajar en las fundaciones y empresas públicas, que son totalmente opacas y fuente constante de irregularidades, donde su funcionamiento es un auténtico misterio para los grupos de la oposición en Cortes a los que se les niega toda información. Se regula además, que
los letrados de la Junta, representen y defiendan la gestión de estos entes, gestión que no está sometida a lo público ni controlada públicamente.
Avanza igualmente en el proceso de recorte y empobrecimiento de la participación ciudadana en la elaboración de leyes, reglamentos, decretos, planes, etc, constriñéndola al "mantra virtual" de la página del "gobierno abierto" hasta hacerla prácticamente irreconocible e impracticable y por supuesto con menos derechos de defensa.
La
Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) desde 2011 venimos reclamando la devolución completa de las competencias desde a los chiringuitos de la "
administración "B"" a la Administración General, así como la cancelación máxima de las privatizaciones, contratos- programa, etc. que tal y como se ve con los aberrantes ejemplos ejemplo de las ITVs (gran negocio para los "empresarios" tocados por el "gordo de las adjudicaciones" y atraco para los ciudadanos a la vez que una pérdida ingente de ingresos para la Junta) o el
hospital nuevo de Burgos.
Un ejemplo de lo que está pasando ya desde hace varios años -que es ilegal- y que esta Ley pretende hacer legal, es la contratación de personal en materia de dependencia que viene haciendo la Gerencia de Servicios Sociales mediante las encomiendas de gestión a la Fundación de Acción Social y Tutelas. Ese personal no es seleccionado y contratado en condiciones de igualdad, mérito y capacidad como se ha de hacer para ser empleado público. Muchos de las personas que manejan expedientes y valoran en materia de dependencia no son empleados públicos. Son personas contratadas desde esa
administración "B".
Esta ley de pretendida "reforma" de la Administración va a generalizar un nuevo feudalismo político, lo que impedirá que haya efectivas (no simbólicas) ofertas de empleo público y que la gente sea contratada en condiciones de igualdad, mérito y capacidad.
Noticias y cartas al director.
El ex-gerente de la empresa pública PROVILSA, Ramiro Rodríguez Cazar, declara hoy como imputado por adjudicar a dedo a El Mundo un contrato de 108.000 euros en el que la Fiscalía sostiene que “Los hechos expuestos, con las ilegalidades constatadas revisten caracteres de delito de prevaricación”. Se puede ampliar esta noticia en últimoCero.com.
Este "moscoso",