Continúan las bufandas en la administración paralela

A los del ADE les toca la lotería de Navidad con el dinero público de los impuestos de los castellanos y leoneses

El año pasado desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) denunciamos la concesión arbitraria de gratificaciones y días de vacaciones en la administración paralela, en el que poníamos de manifiesto que la Consejería de Economía y Empleo regaló siete días de vacaciones o compensación económica a los trabajadores de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial.

Según hemos sabido aquella tropelía va a completarse con el pago de una gratificación adicional correspondiente a un 75% adicional a lo que ya cobraron el año pasado y ello pese a que los perceptores aceptaron como válido y suficiente el pago percibido que se materializó mediante este comunicado de la Directora General de la Agencia en el que, sin ninguna obligación legal se hacía uso de dinero público para conceder una compensación de dos horas y media por semana durante tres meses, es decir siete días de vacaciones o bien compensación económica a elección de cada trabajador.

Este tipo de gratificaciones extraordinarias encubiertas han sido reiteradamente denunciadas por diferentes colectivos de funcionarios desde hace ya mucho tiempo, pues suponen un uso arbitrario de dinero público, realizados al antojo de los directivos y que están proscritos por la legislación. Como publicamos en PLADEPU en marzo de este mismo año Los tribunales reconocen que los empleados públicos no pueden recibir premios (ni “bufandas” ni días de vacaciones):

"La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC recuerda que las retribuciones de los funcionarios solo puede establecerse por normas con rango de ley, lo que convierte en nula cualquier otra resolución aprobada al respecto". "[..] es nula la norma que establece una retribución nueva y distinta a las previstas en la ley con carácter general para toda la función pública, sin competencia normativa para ello", añade el TSJC.

Según parece el hecho de que la Agencia haya cambiado de Consejería (ahora Consejería de Economía y Hacienda) y de consejera (ahora Pilar del Olmo), así como de Director General (ahora José María Ribot) no ha traído, ni mucho menos, mayor rigor en el gasto público, sino tan sólo un continuismo en los desmanes perpetrados en dicho ente.

Red de Calor de la Universidad de Valladolid o la corrupción "al sol que más calienta"

Inauguración de la red de calor
de la UVA // Fuente: RETEMA

PARA LLEVÁRSELO CALENTITO DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

Desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) no nos cansamos de denunciar que la Administración paralela es un vivero de corrupción y que es imprescindible acabar con la Administración B. Desde esta Plataforma hemos denunciado las adjudicaciones poco higiénicas de la empresa pública SOMACYL al conglomerado societario del hermano de un alto cargo de la Junta de Castilla y León, Rafael Gómez Arenas. Adjudicaciones que han resultado un quebranto para las arcas de nuestra Región. Por ejemplo, en la ejecución y reparación de los daños causados por el derrumbe de la pasarela de Benavente se han gastado más de 3 millones de euros de dinero público. Pasarela, cuyo Proyecto y Obra fue adjudicada por la empresa pública SOMACYL a la empresa del hermano del Sr. Gómez Arenas (AMATEX). También se ha denunciado desde PLADEPU, que los técnicos de la empresa pública SOMACYL no exigieron que el Proyecto de la Pasarela, redactado por AMATEX, incluyese el estudio geotécnico del emplazamiento donde se iba a construir la Pasarela, tal y como exige la Ley de Contratos del Sector Público. Omisión que fue determinante para el derrumbe de la pasarela de Benavente, ya que fue un colapso del suelo, es decir, un problema geotécnico, el que originó que la pasarela de Benavente se derrumbase, y los ciudadanos de Castilla y León viésemos como se tiraban 3 millones de euros por el retrete.

Pero como Dios los crea y luego ellos se juntan, el hermano del Sr. Gómez Arenas formó una UTE con la empresa COFELY, la empresa que se encuentra en el epicentro de la trama de corrupción PUNICA, para optar a un contrato público que licitaba la empresa pública SOMACYL, en concreto, el suministro de la red de calor utilizando biomasa forestal en diversos edificios universitarios de Valladolid. Para no llamar mucho la atención, el hermano del Sr. Gómez Arenas utilizó otra empresa de su conglomerado societario, REBI. Y casualidades de la vida, la empresa pública SOMACYL adjudicó el contrato a la UTE empresarial formada por REBI-COFELY. Es decir, la red de calor con biomasa se adjudicó a una empresa que según las investigaciones judiciales se dedicaba a sobornar a cargos públicos para obtener adjudicaciones, conjuntamente con la empresa del hermano de un alto cargo de la Junta de Castilla y León. Pero para rematar todo este embrollo, el Consejero Delegado de la empresa pública que adjudica este contrato, el Director General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez Blázquez, se encuentra imputado judicialmente por otra trama de corrupción, el edificio de Arroyo de la Encomienda, “la perla negra”.

Por ello, no es de extrañar que los nuevos Consejeros de Educación y Fomento y Medio Ambiente, cuando fueron a inaugurar esta obra no quisieran saber nada de las empresas adjudicatarias de esta obra pública, tal y como recoge esta crónica de el topillo.

PLADEPU se reúne con PP para exponer sus propuestas de regeneración de la administración

PLADEPU finaliza con el Partido Popular la ronda de reuniones con los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León.

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) ha hecho un gran esfuerzo en reunirse de forma separada con todos nuestros representantes políticos, para que incorporen nuestras reivindicaciones de empleados públicos en la actividad parlamentaria. Y al menos este esfuerzo está sirviendo para que varios partidos recojan nuestras propuestas para llavarlas a las Cortes de Castilla y León, como CIUDADANOS con la Proposición No de Ley de desarrollo de una normativa legal de protección jurídica para los funcionarios y empleados públicos que divulguen información sobre episodios de corrupción en la Administración, la medida de PLADEPU conocida como Whistleblowing.

Lamentablemente el rodillo del PP en las votaciones ha echado atrás esta propuesta para la protección integral del empleado público denunciante a la que se habían sumado todos los grupos de la oposición. La propia presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, ha impedido la aprobación de esta medida en el pleno de las Cortes. Suponemos que no querría que se le recordara el "destierro" que hizo a una funcionaria por filtrar algunas de sus facturas cuando era Consejera de Agricultura, como recoge la noticia de últimoCero Ciudadanos acusa a la presidenta de las Cortes de impedir el blindaje de los funcionarios de la Junta que denuncien corruptelas.

Aprovechamos también esta noticia para criticar la actitud del Consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, en relación a la Pregunta Oral del PSOE sobre la gestión en materia de función pública de la Junta de Castilla y León, debatida recientemente en el Pleno de las Cortes de Castilla y León (POP/000052-01: vídeos y transcripción completa). Es una vergüenza es que en vez de contestar a dicha pregunta sobre función pública, el Sr. Santiago-Juárez se dedique a burlarse y criticar a una procuradora que está realizando su trabajo. Recordamos que el Sr. Santiago-Suárez no es el más indicado para dar lecciones de humildad.

Documento completo con las 34 medidas para la regeneración de la Administración Autonómica, contra la corrupción y por la devolución de derechos expropiados a los empleados públicos o recortados a la ciudadanía.

PLADEPU propone dedicar a la lucha contra la violencia machista el gasto irregular en transporte de los altos cargos de C. y L.

La Plataforma de Defensa de lo Público (PLADEPU) propone que los recursos dedicados por la Junta de Castilla y León al traslado de altos cargos en vehículos oficiales de forma "irregular" sea dedicada a la lucha contra la violencia machista.

Gracias a la profunda denuncia de VIERNES NEGRO DE BURGOS sobre el despilfarro y la falta de austeridad por parte de altos cargos de la Junta de Castilla y León, sabemos que tanto altos cargos de la Junta como "asimilados" de la Administración "B" paralela vienen disfrutando de un conjunto de prebendas bajo el amparo de un Código de Austeridad no sancionador que ha permanecido oculto durante años, y que ha sido recientemente publicado tras las presiones de este movimiento.

Juan Vicente Herrera ha incumplido el compromiso de su discurso de elección en la legislatura 2011-15, en el que explicaba que los únicos cargos políticos que utilizarían vehículos oficiales oficiales para sus desplazamientos privados hasta su lugar de trabajo serían los Consejeros y el propio Presidente. Un gasto aproximado de 20,8 millones de euros tienen la culpa...

Carta registrada para
las Cortes de Castilla y León

Por esto, PLADEPU ha presentado hoy 25 de noviembre de 2015, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un escrito para que se cancelen de forma inmediata todos los gastos que generan los desplazamientos antes referidos y se destine dicha cantidad al incremento de los medios humanos (en las Secciones de Mujer de las 9 provincias y en la Dirección General de la Mujer), materiales con mejores y nuevos programas, económicos y dotacionales destinados a prevenir, combatir y apoyar a las mujeres víctimas de violencia de género.

Noticia EFE: PLADEPU propone dedicar a violencia machista gasto "irregular" en transporte.


VIERNES NEGRO DE BURGOS explica de forma distentida el mal llamado "Código de austeridad de altos cargos", porque se se entiendería mejor como "Libro de privilegios de altos cargos". Vídeo del programa ¿De qué te quejas? de la televisión local Canal54:

Viernes Negro desvela los privilegios de los altos cargos de la Junta de Castilla y León

VIERNES NEGRO DE BURGOS ha presentado el pasado viernes una nueva denuncia sobre el despilfarro y la falta de austeridad por parte de altos cargos de la Junta de Castilla y León.

Este movimiento repasa las quejas presentadas al Procurador del Común y escritos enviados al Presidente de la Comunidad de C. y L. del uso inmoral de los privilegios de varios altos cargos de la Junta, especialmente en la utilización de vehículos públicos para uso privado.

Los privilegios de los altos cargos no se han debatido en las Cortes, se han ocultado a los procuradores de las Cortes de C. y L. y resto de trabajadores, y no han sido explicado en los medios de comunicación. Y por si fuera poco, ahora sabemos que no sólo afectaban a los 74 altos cargos en la Administración General, sino además que incluían los Presidentes, Directores Generales y asimilados de los Entes Adscritos o Administración B.

Una forma, que justifica la Viceconsejera de la Función Pública y Gobierno Abierto en su reunión con PLADEPU, de incentivar a estos altos cargos como se hace a los directivos de grandes empresas, muy lejos de como debe ser en unos servidores públicos en la administración.

La objetividad, transparencia, ejemplaridad y austeridad que se predica en el nuevo Código Éticos de Austeridad brilla por su ausencia en este grupo selecto de trabajadores con unas retribuciones aproximadamente de 8-9 veces el salario mínimo interprofesional.

Escrito presentado que engorda las ya numerosas denuncias de VIERNES NEGRO DE BURGOS y/o Plataforma en Defensa de los Público (PLADEPU) en la provincia de Burgos, recogidas en los apartados Viernes de negro y Denuncias generales. Noticia ampliada en Burgos Digital.

Trama eólica: un ex-alto cargo ha escondido en el extranjero decenas de millones de euros

Los informes de Hacienda de los movimientos de varios imputados encauzan la salida de decenas de millones de euros a empresas de Alberto Esgueva, ex-alto cargo del PP e imputado en la trama eólica.

Esgueva fue consejero delegado de ADE Internacional EXCAL, un organismo dependiente de la consejería de Economía de la Junta de Castilla y León.

Son ya tantos los casos que salen a la luz que se puede concluir sin faltar a la verdad que la verdadera razón que ha motivado la creación de la Administración B es la utilización de dineros públicos para fines privados, lo que a su vez ha propiciado la proliferación de corruptos y corruptores. La Adminstración B paralela ha traido consigo la corrupción en el ámbito de lo público, en la gestión de lo que es de todos los ciudadanos.

Noticias de interés: Un exalto cargo del PP imputado en la trama eólica ha escondido en el extranjero decenas de millones de euros y Un pueblo de Valladolid, última víctima del exalto cargo del PP imputado en la trama eólica de elDiario.es; El PP desactiva la comisión de la "trama eólica" hasta después del 20-D de el topillo.

PLADEPU en los medios de comunicación

La prensa se ha hecho eco de las reuniones que la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) ha mantenido con dirigentes y partidos políticos de la oposición en C. y L. para explicarles las medidas para la regeneración de la Administración Autonómica, contra la corrupción y por la devolución de derechos expropiados a los empleados públicos o recortados a la ciudadanía. Muestra de ello son las noticias recopiladas en el apartado Comunicación y difusión; accesibles directamente desde aquí.

La Ventana de la Cadena Ser, programa nacional de máxima audiencia, entrevista a un representante de PLADEPU sobre la persecución que sufren los empleados públicos que denuncian corrupciones e irregularidades, y la propuesta de PLADEPU para proteger a dichos empleados:

La Ventana de la Cadena SER, 26 de octubre de 2015

PLADEPU se reúne con Función Pública

El pasado miércoles 28 de octubre, componentes de la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) se han reunido con la Viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto, Marta López de la Cuesta, y con la Directora General de la Función Pública, Maria Antonia Abia Padilla, para entregarles el documento con las 34 medidas para la regeneración de la Administración Autonómica, contra la corrupción y por la devolución de derechos expropiados a los empleados públicos o recortados a la ciudadanía, cuya copia PLADEPU ya ha hecho llegar a los de los 84 procuradores que componen las Cortes de Castilla y León.

PLADEPU ha planteado las siguientes cuestiones:

- Insostenible situación que se está produciendo en la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León: donde materias como dependencia, renta garantizada y desahucios, son tramitados mayoritariamente por personal contratado por la Fundación de Acción Social y Tutela en lugar de por personal funcionario, a los que se tiene forzosamente al margen de dichas tramitaciones.

- Revocar las encomiendas de gestión realizadas a entidades públicas: solicitan que desde la actual Viceconsejería de Función Pública se presione a las Consejerías y Organismos Autónomos para revocar las encomiendas de gestión que sostienen y dan oxígeno a la Administración "B" paralela. La Viceconsejera considera que es un tema de autoorganización -a diferencia del criterio de PLADEPU- y no va a abordar ese tema.

- Preocupante privatización de multitud de servicios en las distintas consejerías: es factible y deseable que dichos servicios vuelvan a ser realizados por empleados públicos.

- Libres designaciones (LD): el número abusivo de LD produce malestar en los empleados públicos, por ser una figura que solo premia a los afines al poder.

- Comisiones de servicio y teletrabajo: la generalizada mala utilización de estas herramientas, muy útiles para resolver problemas puntuales pero con un uso muy perverso, a menudo favoreciendo el amiguismo y el pago de favores.

- Falta de protección a denunciantes: se insiste en que si un empleado público quiere comunicar alguna irregularidad o ilegalidad, carece totalmente de cauces seguros y eficaces para denunciarlo.

- Reforma de las RPTs: a PLADEPU le preocupa tremendamente que dicha reforma se realice sin dar marcha atrás a las encomiendas de gestión existentes, y se aproveche para podar más aún el ya maltrecho árbol administrativo. No parece sensato que dicha reforma se realice sin la recuperación de la “materia pública encomendada” a la Administración "B" paralela.

La Viceconsejera sí ha respondido que el acuerdo con los sindicatos supone un nuevo punto de inflexión en las reivindicaciones en materia de función pública. Especialmente ha insistido en la próxima adaptación de las RPTs, cuyo acuerdo se producirá durante el año 2016. Está previsto para el año 2017 el concurso abierto y permanente para funcionarios, salvo para el cuerpo sanitario que tiene otra reglamentación.

Se comprobó que en 9 cuerpos especiales al menos el 38% de las plazas están sin cubrir. Sumando que su trabajo se ha derivado a la Administración B, si ajustan las RPTs sin revocar encomiendas, provocarán un recorte aún mayor de la Administración Autonómica.

PLADEPU ha pedido a la Viceconsejera y a la Directora Genera de Función Pública, como responsables que son de los empleados públicos, que confíen más en ellos, como garantía de independencia, objetividad y transparencia, frente al partidismo de las actuaciones de los entes públicos o el ánimo de lucro de las empresas privadas.

Parece que hay un mayor compromiso en esta legislatura de mejorar eficazmente lo existente. Esperamos que la buena voluntad surta efecto. PLADEPU estará cerca para hacer un seguimiento.

Whistleblowing

0.0.- Creación por ley (Ley de Función Pública y Ley de Trasparencia de C. y L.) de la figura del “whistleblowing”, o sea, “soplar el silbato” en la traducción literal, y significa incardinar en el armazón legal la protección completa para los empleados públicos y ciudadanos que quieran dar la alerta, denunciar o poner en conocimiento hechos y prácticas potencialmente irregulares, ilegales o corruptas. La protección contra persecución, sanción o discriminación será completa, incluida la representación y defensa judicial y debe estar supervisada y garantizada por las Cortes de C. y L.

Esta es la primera de las 34 propuestas de la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) para la regeneración de la Administración Autonómica, contra la corrupción y por la devolución de derechos expropiados a los empleados públicos o recortados a la ciudadanía . Medidas que han recibido todos los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León. Y que parece ser que ya van sonando a algunos de nuestros dirigentes.

Agradecemos al Presidente Herrera y a su mano derecha la Vicepresidenta Rosa Valdeón, que nos tenga en sus pensamientos. Pero no vamos a consentir que mientan descaradamente. Como así ha sucedido en sus recientes declaraciones sobre la propuesta de PLADEPU de la regulación y protección hacia los empleados públicos que denuncien casos de irregularidades:

Herrera ha declarado que los ciudadanos en general y los funcionarios en particular tienen "el derecho" y la "obligación" de denunciar los casos que pudieran constituir una irregularidad en la Administración, expresando su sorpresa por la posibilidad de que existan dudas sobre su visión acerca de esta situación. Ver noticia de EFE aquí.

Valdeón por su parte se mostró asombrada y se niega a creer existan persecuciones a los denunciantes; y de existir, el perjudicado lo pueden denunciar a los medios, a sus sindicatos, en los juzgados o en la consejería». Apuntaba negarse a creer que este tipo de acciones se pudieran estar dando entre el personal funcionarial de la comunidad autónoma. Ver noticia de El Diario de Burgos aquí.

Silvia Clemente "endosó" su comida de
Navidad a la Consejería de Agricultura.
Más ejemplos en este documento.

PLADEPU insistimos que si un empleado público quiere comunicar algo que ve que está mal hecho, actualmente carece totalmente de cauces seguros y eficaces para denunciarlo. La propuesta del "whistleblowing” para facilitar denuncias de corrupciones o irregularidades, ha sido vista con buenos ojos por varios grupos políticos en las reuniones que acabamos de mantener. Pero Herrera y Valdeón no lo ven. Les vamos a aclarar la memoria recordando ejemplos de persecuciones a funcionarios denunciantes, como el reciente caso del médico sancionado por denunciar irregularidades en el Hospital Clínico de Valladolid ; o las represalias a dos empleados públicos por la publicación de facturas personales que Silvia Clemente facturó a la Consejería de Agricultura (los conocedores de los hechos no encontraron otro modo de denunciarlo que mediante la divulgación en el anonimato) y que además costaron cerca de 150.000 euros a los ciudadanos de Castilla y León por despido improcedente; o los empleados públicos calumniados por el delegado de la Junta en Burgos, Baudilio Fernández-Mardomingo; o la denegación de la solicitud para mantenerse en activo al Jefe de Servicio de Juventud de Palencia por denunciar y ser crítico ante la destrucción sistemática de los recursos y las políticas juveniles de la Junta en los últimos 15 años; o los expedientes sancionadores y cese incluido de una persona que ocupaba puesto de alta responsabilidad técnica en Zamora por el “delito” de haber sido muy activa en la recogida de firmas de denuncias en la carta de las 9.000 firmas; o el espionaje del correo electrónico de un portavoz de PLADEPU en León; o la marginación y desprecio a las funciones y cualificación técnica de un Jefe de Sección de la Consejería de Fomento en Valladolid...

¿Acudir a los tribunales y costearse los gastos es acaso una facilidad para que los empleados públicos denuncien las irregularidades en su ámbito de trabajo? ¿Acaso el PP esconde algo oscuro que no quiere que vea la luz?

PLADEPU se reúne con PSOE para exponer sus propuestas de regeneración de la administración

PLADEPU continúa con el PSOE la ronda de reuniones con los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León.

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) está haciendo un gran esfuerzo en reunirse de forma separada con todos nuestros representantes políticos, para que incorporen nuestras reivindicaciones de empleados públicos en la actividad parlamentaria.

Hemos explicado y resaltado la importancia de las medidas con las que se puede acabar con la corrupción y la politización de los servicios públicos en la Junta de Castilla y León.

Documento completo con las 34 medidas para la regeneración de la Administración Autonómica, contra la corrupción y por la devolución de derechos expropiados a los empleados públicos o recortados a la ciudadanía.

PLADEPU se reúne con Izquierda Unida, Podemos y Ciudadanos para exponerles sus propuestas de regeneración de la administración

Reuniones de PLADEPU mantenidas con
procuradores de IU, Podemos y Ciudadanos

Componentes de PLADEPU en León, Palencia y Valladolid, han mantenido reuniones con los representantes de IU, Podemos y Ciudadanos para explicar cómo se puede acabar con la corrupción y la politización de los servicios públicos en la Junta de Castilla y León.

Tras presentar a la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) y su trayectoria desde el año 2.011, se quiso dejar claro que lo planteado viene avalado por 9.000 firmas de empleados públicos, compañeros y compañeras que trabajan en la administración autonómica, lo cual da un gran respaldo y solvencia a las reivindicaciones expuestas.

Posteriormente se hizo entrega de la carta que van a recibir cada uno de los 84 Diputados que componen las Cortes de Castilla y León, insistiendo en que el primer y más importante derecho que se está vulnerando gravísimamente es el de la propia función pública: las encomiendas de gestión a fundaciones y entes públicos están atentando contra el derecho al puesto del funcionariado para el ejercicio de sus funciones. Los grupos políticos deben entender que la primera garantía que tiene el ciudadano es que el personal que gestiona sus asuntos no sea susceptible a despidos. No como sucede los contratados temporales en políticas tan importantes como la dependencia o la renta garantizada, lo que provoca además una lamentable precarización del trabajo de las personas. O con los “contratos laborales temporales”, para aparentar “legalidad”, pues se hacen en fraude de ley. Las recientes contrataciones que la Fundación de Acción Social y Tutela vulneran profundamente la legalidad y atentan contra la independencia que debe garantizar la administración en la tramitación de la mayor parte de las políticas de los servicios sociales.

Carta registrada para
cada procurador

A continuación, PLADEPU expuso los puntos más importantes que pueden servir para realmente defender lo público en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de modo que la administración vuelva a estar al servicio de la ciudadanía y no al servicio de los intereses de los partidos políticos como ocurre actualmente:

1) Regeneración de la Administración autonómica de Castilla y León, con medidas como:

• Modificación de la Ley 4/2001 reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), introduciendo en esta Ley el derecho de la ciudadanía a presentar propuestas de referéndum sobre TODAS las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía.
• Reforma en profundidad del Reglamento de las Cortes, reduciendo a la mitad los plazos para que las consejerías aporten la información o respuestas a las preguntas parlamentarias.
• Máximo 9 Consejerías, cada una con un máximo de 5 Direcciones Generales, dos asesores y una persona de confianza o eventual.
• Ningún cargo o puesto percibirá más de una retribución pública, ni será dicha retribución superior a la prevista para su puesto de trabajo, así mismo no se perpetuara en un puesto de designación política (Presidente, Vicepresidente, Consejero, Director General o Delegado Territorial) más de 8 años en un periodo de 16 años.
• Reforzar normativamente tanto la independencia como la capacidad de conocimiento y control en el Procurador del Común y en el Consejo de Cuentas.
• Facilitar que aquellos empleados públicos y ciudadanos que quieran alertar denunciar o poner en conocimiento hechos y prácticas potencialmente irregulares, ilegales o corruptas, puedan hacerlo con todas las garantías de la ley y la defensa, sin miedo a persecuciones, sanciones o discriminaciones.

2) Despolitización y profesionalización de la Administración autonómica, mediante:

• Eliminación de los puestos de libre designación (LD) cargos de viceconsejeros y coordinadores de servicios, así como una regulación de las comisiones de servicio con una duración máxima de 6 meses renovables una sola vez y revisión de los puestos de concurso específico hasta transformar cerca del 90% de los existentes en puestos de concurso ordinario.
• Promoción, estímulo y carrera administrativa abierta hasta jefatura de servicio, secretaria técnica, coordinador de área o puestos asimilados. A finales de enero de cada año se hará pública la relación completa de los puestos de trabajo con situación de vacante pura y antes de finalizar febrero de cada año se procederá a la convocatoria de todos los concursos cuya resolución definitiva será anterior a 12 meses, en dichos concursos se ofertará la totalidad de los puestos de trabajo vacantes
• La Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP) es el único centro de formación y cualificación de los empleados públicos, ejecutando directamente los programas de formación y reciclaje en las cuatro universidades públicas y centros oficiales públicos especializados. Supresión de todos los convenios o contratos para formación suscritos con centrales sindicales.
• Dotación presupuestaria y ocupación efectiva global de los puestos de trabajo, y convocatoria de las bolsas de empleo temporal a partir de las convocatorias de selección de las ofertas de empleo público anuales.

3) Eliminación de la administración paralela o administración B (empresas públicas, institutos, fundaciones, agencias y otros entes). Algunos pasos a dar son:

• Presentación de auditorías e informes de la Intervención General, de cada una de las empresas públicas fundaciones y demás entes de la Administración B. Si el balance contable de disolución es negativo, las Cortes instarán la venta del patrimonio antes de su retorno a la Administración General
• Posteriormente, la Junta de Castilla y León presentará en seis meses a las Cortes los proyectos legislativos necesarios para la devolución completa de todas las competencias, patrimonio, servicios, programa y funciones trasvasados a dicha administración B.

4) Otras medidas contra la privatización y la corrupción:

• Creación de la Comisión de privatizaciones para supervisión y cancelación de todas las concesiones, adjudicaciones, encomiendas de gestión, contratos y conciertos de servicios privatizados. Previamente a ello, las Consejerías presentarán ante las Cortes la relación completa, rigurosa y desglosada de dichas privatizaciones.
• Las personas físicas y jurídicas que opten a contratos deben prestar el servicio o suministro directamente y con personal propio, quedando excluida cualquier modalidad de subcontratación o externalización y renunciando a cualquier cláusula de confidencialidad.
• Todas las obras públicas financiadas total o parcialmente con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma serán controladas por los laboratorios de calidad propios de la Junta de Castilla y León y sus directores de obras serán empleados públicos.
• Se prohibirán por ley los modificados, reformados y proyectos complementarios de obra que supongan un incremento superior al 1% del presupuesto de adjudicación.
• Cancelación de contratos suscritos con mutuas para vigilancia de la salud y prevención de riesgos laborales, poniendo en funcionamiento el servicio de prevención propio de la Junta de Castilla y León.
• Publicar la relación completa de bienes inmuebles propiedad de la Administración y elaboración de un plan para revisar todos los contratos de arrendamiento, eliminando o reduciendo su coste, así como la recuperación de los inmuebles cedidos en dudosa legalidad.
• Cualquier persona que ocupe un puesto político o de libre designación, si del inadecuado ejercicio de sus funciones se derivan acciones judiciales o sanciones administrativas, deberá responder económicamente y sufragar a su costa los gastos de representación, defensa o peritajes judiciales.

Por ultimo hubo un ofrecimiento de PLADEPU para asesorarles en cuantas dudas tengan sobre la Administración, explicando que el apoyo será esencialmente técnico, sin ningún sesgo político, y que se apoyará a cada grupo político que lo solicite, puesto que la prioridad es que la Junta de Castilla y León valorice los medios materiales y humanos que tiene, promueva la eficacia, independencia y transparencia en la gestión de los servicios públicos, y devuelva los derechos recortados a la ciudadanía y a sus trabajadores.

El denominador común en las tres reuniones ha sido el interés de los grupos políticos por las propuestas expuestas, así como de las prácticas necesarias para poder llevarlas a cabo con efectividad. Quedó muy claro que todas las funciones de la Administración “B” paralela pueden ser llevadas a cabo y desarrolladas por la Administración General, es decir, que todo debe volver a ser público. Algunos grandes fraudes están siendo silenciados pero acabarán saltando a la opinión pública; otros no se hubieran producido si hubieran sido gestionadas las funciones por empleados públicos.

Documento completo con las 34 medidas para la regeneración de la Administración Autonómica, contra la corrupción y por la devolución de derechos expropiados a los empleados públicos o recortados a la ciudadanía.

Hoy 22 de octubre volvemos a las calles: Pan, Trabajo, Techo y Dignidad

Las Marchas de la Dignidad vuelven a las calles para demostrar la fuerza del pueblo frente al poder económico, organizando diversas movilizaciones y acciones por todo el estado, para visualizar el robo de las conquistas sociales de las clases populares.

El gobierno actual nos quiere vender que ha hecho grandes reformas estructurales, que estamos en el buen camino y que nos estamos recuperando. Pero la realidad parece bien distinta: emergencia habitacional en el Estado Español, pobreza energética, crecimiento de la desigualdad, pérdida de masa salarial y precariedad especialmente en jóvenes y mujeres, reconversión de contratos de jornada completa en parcial e inestable y recortes profundos en sanidad, educación y servicios sociales.

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) apoyamos esta jornada de movilización contra el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población trabajadora, consecuencia de la profundización en la precarización socio-labora y de la continuidad de los recortes en los servicios públicos.

Movilizaciones convocadas en Castilla y León:

León	Concentración	20:00	Plaza del Cid
Palencia	Concentración	19:00	Estatua de la Mujer
Ponferrada	Concentración	19:00	Plaza de plaza de Julio Lazúrtegui
Segovia	Concentración	19:30	Plaza del Azoguejo
Valladolid	Manifestación	19:00	Fuente Dorada - Ferrari - Plaza Mayor - Santiago - Claudio Moyano - Duque de la Victoria

Manifiesto 22 de octubre volvemos a las calles: Pan, Trabajo, Techo y Dignidad.

¿Un ejemplo o un suicida?

Un compañero nos explica los motivos por los que renuncia a ser condecorado por sus años de servicio en la Junta de Castilla y León:

En la Junta de Castilla y León sobran "sanchopanzas", siempre ávidos de ínsulas baratarias y demás canonjías, y escasean los "quijotes", considerados locos suicidas por los demás. Recordemos por boca del protagonista lo que significa la andante caballería: "Don Quijote soy, y mi profesión la de andante caballería. Son mis leyes, el deshacer entuertos, prodigar el bien y evitar el mal. Huyo de la vida regalada, de la ambición y la hipocresía, y busco para mi propia gloria la senda más angosta y difícil. ¿Es eso, de tonto y mentecato?"

Para el funcionario medio de la Junta reivindicar la dignidad del empleado público, exigir el respeto de la legalidad y la preeminencia del Estado de Derecho, es de tontos y mentecatos, anteponiendo a estos elevados principios el pragmatismo de la gratitud estomacal. ¡Así nos luce el pelo!

Por último, cuando llegué a Castilla me hacía ilusión encontrarme con los herederos de las nobles estirpes de los Maldonado, Bravo y Padilla. Desgraciadamente, en este putrefacto mundillo funcionarial, salvo honradas excepciones como PLADEPU, la mayoría parecen ser descendientes de la prolífica casta de Lázaro de Tormes y como tales ejercen de vulgares pícaros.

Comunicado completo de renuncia a condecoración por 15 años de servicio.

PALENCIA: VIERNES DE NEGRO vuelve, reclamando la totalidad de los derechos robados

Los viernes de negro vuelven porque algunos derechos de los empleados públicos pueden perderse definitivamente y no debemos permitirlo.

El próximo vienes 16 de octubre nos concentraremos a 12:00h en la puerta de la Delegación Territorial de Palencia, sin banderas ni logos. Ven de negro y trae tu cartel o pancarta.

No se pretende dividir con respecto a la convocatoria de los miércoles de algunos sindicatos, sino potenciar y reforzar, haciendo otra concentración más los viernes.

Por favor difundid, poned este cartel visible en vuestro centro. Gracias.

La Gerencia de Servicios Sociales continúa privatizando la dependencia en Castilla y León

La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León lleva ocho años externalizando el trabajo que deberían realizar funcionarios de la Junta, en vez de eso, se está contratando con empresas como Grupo Norte o Fucoda, lo cual implica privatizar temas tan delicados como el reconocimiento del derecho a dependencia y sus prestaciones económicas, permitiendo que personas contratadas por una empresa tengan acceso a datos protegidos como DNI, patrimonio, conozcan lo que cobran los mayores en dependencia, tramiten sus ayudas individuales a la discapacidad o decidan los criterios de acceso a plazas de residencias públicas, en emergencias sociales. Esto es una vulneración muy grave de la ley de protección de datos, puesto que la información confidencial facilitada por un particular para poder acceder a una ayuda pública, solo puede ser tramitada por funcionarios y empleados públicos que han accedido a su puesto en un proceso selectivo que garantiza la igualdad, el mérito y la capacidad. Desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) no nos cansaremos de repetir que los empleados públicos solo nos debemos a la ley, ello garantiza la independencia y la máxima legalidad y rigor en la tramitación de dichos datos confidenciales que bajo ningún concepto deberían estar en manos de empresas privadas.

Por otro lado, ponemos en tela de juicio las declaraciones del Gerente de Servicios Sociales —Jesús Fuertes— explicando que (palabras textuales) «Fucoda no tramita la dependencia en nuestra comunidad porque eso sería ilegal y solo empleados públicos tramitan dependencia»:

Cadena SER Hora 14 fin de semana del 14 de junio del 2015, escuchar desde minuto 14:50

Quien quiera conocer más puede tomarse la molestia de investigar y quizás llegue a la conclusión de que estas personas hacían mucho más que simplemente meter datos en el sistema SAUSS, e incluso podrá averiguar cómo estas personas contratadas por una empresa privada tenían acceso a unidades de red de la Gerencia a las que muchos de los funcionarios del servicio no accedían.

En la actualidad, nuestros jefes han decidido encubrir esta externalización de modo que la contratación de las mismas personas (que han trabajado desde el 2009 hasta ahora en las dependencias de la Gerencia de Servicios Sociales contratadas desde el Grupo Norte y Fucoda) se haga directamente desde la Fundación de Acción Social y Tutela de Castilla y León con contratos laborales temporales. Denunciamos esta situación. Porque es una forma encubierta de seguir externalizando función pública. Es indefendible que para la gestión de la dependencia en Castilla y León la Junta no disponga de plazas suficientes de funcionarios, y sus políticos prefieren dejarlo en manos privadas recurriendo a todo tipo que triquiñuelas. Esto es ilegal.

Noticia en BurgosDigital: EULEN utiliza las dependencias de la Junta con el consentimiento de la Consejera de Familia.

Entrevista a VIERNES NEGRO de Burgos

En este excelente vídeo del programa ¿De qué te quejas? de la televisión local Canal54, nuestro compañero Miguel de VIERNES NEGRO DE BURGOS explica las causas de la corrupción que afecta a la Junta de Castilla y León. También deja claro las redes de clientelismo que están suponiendo la privatización de servicios públicos que deberían ser llevados a cabo por funcionarios y empleados públicos, para garantizar su independencia, transparencia y legalidad. Hay cosas que no se pueden dejar en manos privadas, estamos viendo cada día que esto supone un mayor coste, una peor calidad del servicio y una precarización de las condiciones laborales de sus trabajadores, además de crear dudas sobre la igualdad de acceso, pues ya sabemos que en la empresa privada quién más paga es quien recibe el mejor servicio, mientras que ése no es el principio que rige la administración pagada con el dinero de toda la sociedad.

El problema es que actualmente, empresas afines al poder que han perdido su cuota de mercado en el ladrillo, están viendo una nueva posibilidad de negocio en los servicios públicos y ahí está servido el engaño que desde PLADEPU no nos cansamos de denunciar gracias al trabajo de personas como Miguel.

El Procurador del Común destapa la vergonzante política de vivienda de la Junta de Castilla y León

En un Informe demoledor, el Procurador del Común de Castilla y León señala la desastrosa política de la Junta de Castilla y León en materia de vivienda. Para resumir el Informe del Procurador, mostramos un párrafo del mismo, “se debe continuar denunciando la imposibilidad real y actual para muchas familias de Castilla y León de acceder a una vivienda digna y el elevado número de personas que continúan siendo desalojadas de su vivienda por falta de pago de su hipoteca o de su alquiler, sin que se les ofrezcan alternativas residenciales. A través de las quejas recibidas de los ciudadanos somos conocedores de que estos casos concretos existen y de que no se están dando respuestas adecuadas a los mismos”.

El Procurador del Común denuncia que la Junta de Castilla y León no solo no ha aprobado un Plan de Vivienda para la Comunidad, sino que no tiene previsión de aprobar ninguno. Además, señala que no tiene un Registro de Viviendas de Protección Pública de la Comunidad.

El Procurador del Común señala que, “continúa sin existir una actuación inspectora planificada, ni personal específicamente dedicada a la misma, cuyo objeto sea garantizar el cumplimiento de la obligación de destinar las viviendas de protección pública a residencia habitual y permanente de sus adquirentes y arrendatarios. La actuación sancionadora dirigida a prevenir y reprimir la desocupación de las viviendas protegidas es escasa (ocho procedimientos resueltos en el último año, seis de ellos con sanción), y siempre se encuentra motivada por denuncias presentadas por particulares”.

Otro dato revelador del Informe es, “sin riesgo de ser acusados de tremendismo, se puede afirmar que los primeros resultados del Programa de Fomento del Alquiler de la Comunidad de Castilla y León regulado por el Decreto 41/2013, de 31 de julio, son reveladores de un gran fracaso de este nuevo sistema de intermediación en el mercado del alquiler de viviendas. Baste señalar al respecto que en los primeros quince meses de funcionamiento del mismo se habían firmado 6 contratos al amparo de este Programa, mientras en los años 2007 a 2010 se habían firmado 2.595 contratos a través de REVIVAL5, sistema sustituido por el nuevo Programa”.

Siguiendo con su denuncia sobre la desastrosa gestión de la Junta de Castilla y León, el siguiente extracto del Informe es demoledor, “a pesar de las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que motivaron la aprobación mediante el Decreto-ley 1/2013, de 31 de julio (posteriormente transformado en la Ley 10/2013, de 16 de diciembre) de medidas dirigidas a garantizar un normal ejercicio del derecho constitucional a la vivienda, lo cierto es que aquellas medidas incluidas en el mismo sobre las que hemos preguntado a esa Administración o bien no se han cumplido en la forma prevista, o bien han tenido una repercusión, cuando menos, modesta. Así, en primer lugar, procede señalar que no se ha procedido a crear formalmente y previa tramitación del procedimiento previsto la reserva de viviendas desocupadas para colectivos en riesgo de exclusión social prevista en el artículo 13. Esta omisión, cuando menos por parte de esa Administración autonómica, ha sido constatada además de a través de la respuesta obtenida con motivo de la tramitación de la presente actuación de oficio, en el marco de las investigaciones llevadas a cabo en diversos expedientes de queja6. Tampoco consta el cumplimiento de la reserva para el parque público de alquiler social contemplada en el artículo 14, a lo cual cabe añadir que de la contestación a este punto se desprende una descoordinación absoluta entre la Consejería competente en materia de vivienda y los ayuntamientos de 20.000 habitantes, al reconocer expresamente la primera desconocer los datos correspondientes a estos últimos. En definitiva, cuando nos estamos acercando al final del plazo transitorio inicial dentro del cual se pueden adoptar la mayor parte de las medidas previstas primero en el Decreto-Ley1/2013, de 31 de julio y después en la Ley 10/2013, de 16 de diciembre, aquellas sobre las que se ha preguntado en la presente actuación de oficio o bien ni se han cumplido, siquiera formalmente, o bien han tenido unos efectos limitados, circunstancias ambas que ponen en tela de juicio no solo el diseño y aplicación de tales medidas, sino también la extraordinaria y urgente necesidad con la que fueron aprobadas”.

Para finalizar el resumen del Informe, mostramos una última perla del Procurador del Común, que señala “la desconexión entre el Servicio integral de atención a familias en riesgo de desahucio y el centro directivo competente en materia de vivienda (la Consejería de Fomento y Medio Ambiente), quien, en última instancia y en el ámbito de la Administración autonómica, debería disponer de los instrumentos necesarios para procurar una solución residencial a las familias que acuden al Servicio cuando no es posible alcanzar una solución negociada y se ven impelidos a abandonar su vivienda. De hecho, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, salvo error u omisión por nuestra parte, ni tan siquiera ha contestado a nuestra pregunta acerca de los mecanismos de coordinación existentes en este ámbito; por su parte, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente lo ha hecho refiriéndose a la coordinación con los departamentos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y con los Centros de Acción Social, pero no a la coordinación específica con este Servicio”.

En definitiva, el Procurador del Común demuestra la incapacidad de los actuales gestores de la Junta de Castilla y León, y confirma las reiteradas denuncias de la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) sobre la mala gestión del gobierno de Juan Vicente Herrera, y que solo se dedican a vender bombas de humo. Siendo este caso más grave, por ser un tema tan delicado como es el de una vivienda digna y adecuada para todos los castellanos y leoneses en época de crisis.

Esta incapacidad y mala gestión de los fondos públicos destinados a temas relacionados con la Vivienda ya se puso de manifiesto en la denuncia del Movimiento VIERNES NEGRO de Burgos del día 17 de mayo de 2013, con motivo de la adjudicación de un contrato de 5.351.897.79 € a la UTE INDRA SISTEMAS SA-OUTSOURCING SIGNO SERVICIOS INTEGRALES GRUPO NORTE SLU, para gestionar el servicio de información de Vivienda, que se realizaba en las propias oficinas de las dependencias de la Junta de Castilla y León con medios de ésta y con el agravante de que estos cometidos antes y después de terminar el citado contrato lo realizaban y realizan los empleados públicos con gran eficiencia.

Pero Juan Vicente Herrera, en vez de cesar al responsable de este desaguisado, D. Ángel Marinero, Director General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, le premia con otros 4 años más en el puesto. ¿Qué más hay que hacer en esta Región para que te cesen? Sin lugar a dudas, Castilla y León es el lugar donde los ineptos lo tienen más fácil para ocupar puestos de alta dirección. Desde PLADEPU esperamos que el nuevo Consejero de Fomento y Medio Ambiente, el Juez D. Juan Carlos Suarez-Quiñones, cese inmediatamente al Director General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, responsable del desastre de la vivienda de la Junta de Castilla y León y solucione este grave problema que sufren los castellanos y leoneses.

Resolución Aplicación de medidas para proteger eficazmente el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada de 15/07/2015 del Procurador del Común de Castilla y León. Expediente 20141254 completo.

El Director General de Formación Profesional usa coche oficial a diario para ir y venir a Burgos

El Director General de Formación Profesional, Enrique
de la Torre, en el momento de acceder al coche oficial

El movimiento VIERNES NEGRO DE BURGOS y/o Plataforma en Defensa de los Público (PLADEPU) en la provincia de Burgos dirige al Presidente de la Junta de Castilla y León esta nueva denuncia: El Director General de Formación Profesional y Régimen Especial de la Consejería de Educación, Sr. Enrique de la Torre Alonso, usa un coche oficial de la Administración Autonómica a diario para trasladarse desde su domicilio, en Burgos, a su lugar de trabajo en Valladolid.

Un nuevo caso de abuso de los poderes públicos por parte de un alto cargo de la Junta, similar al ya denunciado de Virginia Arnáiz González hasta que fuera elegida Procuradora por Burgos.

Este uso privado de un vehículo público por parte de de la Torre supone un coste de unos 100.000 € anuales a las arcas públicas de Castilla y León.

Recordamos que el Presidente Herrera anunció a bombo y platillo en 2011 el "Código de austeridad para altos cargos de la Administración"; pero sin embargo no lo hizo público, por lo que sospechamos que su contenido opaco sólo sea una argucia más para justificar el uso injustificado de recursos públicos por parte de unos pocos privilegiados.

Escrito completo de la denuncia. Noticia en últimoCero.com y en BurgoDigital.

Desde PLADEPU animamos a investigar posibles abusos por parte de otros cargos de vahículos oficiales y trasladarnos las denuncias a pladepu@yahoo.es.

La gran vergüenza de la Junta de Castilla y León

El 37,4 % de los empleados públicos de Servicios Centrales se encuentran en 2015 en situación laboral de Libre Designación (LD), Comisión de Servicios (CS) o Atribución Temporal de Funciones (ATF). Con este panorama, ¿creen que a la Junta le interesa la implantación del concurso abierto y permanente para funcionari@s?

Informe y denuncia de la Junta de Personal de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León con los datos de ocupación que ha obtenido sobre los 3551 funcionarios censados en 2012 en Servicios Centrales:

CONSEJERÍA	LD	CS	ATF	TOTALES
HACIENDA	107	104	26	237
FAMILIA	82	101	5	188
EDUCACIÓN	80	78	11	169
FOMENTO Y M. AMBIENTE	67	56	30	153
AGRICULTURA Y GANADERÍA	61	75	12	148
ECONOMÍA Y EMPLEO	78	57	11	146
PRESIDENCIA	84	31	4	119
CULTURA Y TURISMO	41	45	0	86
SANIDAD	19	56	7	82
TOTALES	619	603	106	1328

1º/.- QUE EN ABRIL DE 2012 LA CONSEJERA DE HACIENDA SE AUTOCONCEDIÓ UN PLAZO DE 365 DÍAS PARA TENER TODAS LAS RR.PP.TT. ACTUALIZADAS, A DÍA DE HOY SEGUIMOS ESPERANDO. LA AUSENCIA DE RR.PP.TT. ES LA CULPABLE DE ESTA SITUACIÓN GENERAL Y MÁXIME DE LOS 106 CASOS DE ATRIBUCIONES TEMPORALES DE FUNCIONES Y DE LA FALTA DE EFICACIA PÚBLICA.

2º/.- QUE LA AUSENCIA Y LOS RETRASOS DE LOS CONCURSOS DE FUNCIONARIOS ES LA CULPABLE DE LOS 603 CASOS DE COMISIONES DE SERVICIOS. UN CONCURSO ABIERTO Y PERMANENTE DE FUNCIONARIOS ¡YA!

3º/.- QUE ESTE 37,4% DE SITUACIONES DE FUNCIONARIOS CREA UNA ADMISTRACIÓN CLIENTELAR, SOMETIDA AL PODER POLÍTICO Y SUS INTERESES Y NO AL BIEN COMÚN DE LA CIUDADANÍA.

Y todavía no se sabe qué porcentaje se encuentra en la misma situación en los servicios periféricos de las 9 provincias...

Privatizar el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) y seguir saqueando recursos públicos

ES LA ÚNICA RERSPUESTA DE LA JUNTA A LA MUERTE CIVIL DE LAS PERSONAS SIN OCUPACIÓN

La Plataforma en Defensa de lo Público ya denunciamos cuando, en plena escalada del crecimiento del desempleo, se vació de trabajadores el ECYL, que aquel era el primer paso para desmontar un servicio público esencial. Tomás Villanueva se va, pero Juan Vicente Herrera se queda y siguen sus desalmadas privatizaciones.

El todavía Consejero en funciones se ha empecinado durante años en crear todo tipo de organismos financiados con dinero público al margen de las reglas del control público. Así, tras la creación de las diferentes Agencias de Desarrollo Económico con quiebras millonarias, delegaciones comerciales internacionales, y escándalos como el sobrecoste millonario del edificio de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), con varias decenas de altos cargos imputados, la sobretasación de suelos en parques tecnológicos nunca construidos y la nueva y flamante “trama eólica”, Don Tomás da un paso al frente para privatizar los servicios de Empleo de Castilla y León, el famoso ECYL.

Los parados han comenzado a recibir cartas en las que se les advierte de que empresas subcontratadas -una de Chiclana de la Frontera, en el caso de la provincia de León, que se embolsa 1,1 millones- realizarán ahora gran parte de las labores del ECyL (antiguo Inem). Si los desempleados no colaboran con estas “agencias de colocación colaboradoras” podrán ser sancionados.

PLADEPU se suma a la difusión de la investigación publicada en BurgosDgital; continuad leyendo aquí…

Una leve tormenta inunda el Hospital de Burgos y obliga a cerrar varios quirófanos

Goteras en quirófano // Fuente: Sanidad Pública Sí

Un tormenta moderada y durante unos pocos minutos ha inundado dependencias del Hospital de Burgos (HUBU) y ha supuesto que se hayan tenido que anular durante 48 horas las intervenciones programadas en los quirófanos. Esta es una consecuencia más del negocio de la sanidad privatizada, que ha llevado a la construcción y gestión de un edificio nuevo de calidad ínfima que suma ya un escandaloso sobrecoste de 667 millones de euros.

En París, en una situación similar, inspeccionaron y levantaron acta; y rompieron el contrato tras encontrar 8000 defectos y fallos de construcción. Sin embargo, en Burgos se ningunea y echa la culpa a la lluvia en vez de buscar responsables y tomar medidas con las múltiples pruebas (fotos y vídeos) facilitadas por la plataforma Sanidad Pública Sí en www.sanidadpublicasi.es y www.facebook.com/SanidadPublicaSi.

Nota de prensa sobre el deplorable incidente que una simple tormenta produjo hace unos días en el HUBU.

Negociación del Convenio Colectivo del Personal Laboral

La confirmación de la Consejera de Hacienda del crecimiento en un 2,6 % del PIB interanual en Castilla y León, ha generado un aluvión de informes de los sindicatos mayoritarios exigiendo la devolución de todos los derechos robados a los trabajadores temporalmente hasta que el crecimiento superara el 2,5% (ver LEY 1/2012 y DECRETO 59/2013).

Para el Personal Laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta se aplica el Convenio Colectivo, cuya vigencia finalizará el 1 de julio de 2015 y que se prorrogará automáticamente mientras no medie denuncia expresa de alguna de las partes que lo dieron conformidad.

Ahora es el momento de denunciarlo, abrir la negociación y exigir la restauración de los derechos perdidos.

Los sindicatos CGT y CSI-F ya han denunciado el convenio colectivo del personal laboral. No entendemos por qué CCOO y UGT (claves en este asunto) no denuncian dicho convenio si, como ellos mismos dicen, la coyuntura económica ha dejado de ser una excusa para la devolución y mejora de los derechos laborales. Ahora tienen la oportunidad de abrir la negociación ¿a qué esperan?

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) instamos a todos los sindicatos a hacer un frente común en esta nueva situación y dejar de ser cómplices de la Junta con sus prácticas de división sindical. Queremos hechos. ¡CCOO y UGT denunciad el convenio colectivo YA!

FSP-UGT ha denunciado en plazo el convenio colectivo.

Enlaces a las denuncias del Convenio Colectivo para el personal Laboral de la Junta de Castilla y León: CGT, CSI-F y UGT.

Tráfico ilegal de trabajadores en la Junta de Castilla y León

Cientos de trabajadores de empresas van a ser indefinidos de la Junta entrando por la puerta de atrás gracias a la prevaricación de los políticos

Hace unos días llegó a nuestras manos la Instrucción 4/FYM/2015, de 26 de mayo, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en la que se dictan diferentes medidas para la ejecución de los contratos de servicios, encargos y encomiendas de gestión. En ella, se trata de delimitar y separar los medios personales y materiales de las empresas públicas y de la Administración. Instrucción que no entendimos en un principio, ya que la Administración de Castilla y León ha hecho siempre caso omiso a las quejas que presentamos por la contratación de empresas externas para realizar los trabajos destinados a los empleados públicos. Situación esta injusta e irregular por mucho que se haya disfrazado de legalidad.

Todo empezó a estar mucho más claro cuando conocimos la Sentencia 00242/2015 que dictó el Juzgado de lo Social número tres de León el pasado día 16 de abril. Esta sentencia es el claro ejemplo de cómo las privatizaciones y el trasvase sistemático de funciones hacia empresas públicas, ha vaciado de contenido la función pública en Castilla y León.

En primer lugar, debemos felicitar al Magistrado-Juez de lo Social, Juan Gabriel Álvarez, por los exhaustivos fundamentos de derecho en los que apoya el fallo y por el lenguaje claro y conciso que utiliza, alejado del tecnicismo y hermetismo que tanto gusta a la judicatura. Cualquiera entiende esta sentencia en la que no se ha dejado nada al azar.

En segundo lugar, y no nos congratulamos, la sentencia viene a ratificar lo que estamos denunciando en PLADEPU desde 2010: el lento y progresivo vaciamiento de la administración autonómica a favor de empresas públicas y privadas, lo que supone un deterioro sin precedentes del empleo público y, por tanto, de los principios de igualdad, mérito y capacidad por los que se rige el acceso al mismo.

La sentencia considera que ha habido cesión ilegal de trabajadores y condena a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a incorporar a su plantilla como trabajadora indefinida a la demandante, la cual pertenecía a la empresa TRAGSATEC, a parte de las acciones penales que puedan llevarse a cabo contra la Administración y la empresa por tráfico ilegal de trabajadores y a la sanción de la Inspección de Trabajo.

El Juez apoya su veredicto en el art. 43 del Estatuto de los Trabajadores, los artículos 312, 314 y 404 del Código Penal, en el artículo 8.2 del RD 5/200, en los artículos 10.2, 14 y 96.1 de la Constitución Española, en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 14 del Convenio de Roma, y, en fin en alguno más. En ellos, se habla de derechos humanos, de derechos fundamentales, de derecho de igualdad y de tráfico ilegal de trabajadores.

Pero yendo un poco más allá, esta sentencia abre la vía a la persecución penal de los cargos públicos por posibles delitos de malversación y cohecho, pues queda demostrado que la Administración cedió a la empresa instalaciones y material, así como el trabajo de los funcionarios que hacían la función de superiores jerárquicos de la demandada. Situación esta, que se produce en todas las provincias y con varias, posiblemente bastantes, empresas.

Ya en 2012 los compañeros de PLADEPU y VIERNES NEGGRO DE BURGOS denunciaron una situación similar a la de TRAGSATEC, la de la UTE INDRA-GRUPO NORTE, y lo hicieron ante el Presidente de la Junta de Castilla y León y ante el Procurador del Común. El primero dio una respuesta evasiva a través de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, y el segundo lo hizo el 20 de diciembre de 2013 de la siguiente forma: “Consideramos que no ha quedado acreditada la concurrencia de irregularidad alguna en la actuación administrativa objeto de su reclamación, debiendo destacarse que el uso temporal de los edificios administrativos por la adjudicataria del contrato tiene apoyo normativo y que los representantes electos del personal funcionario han tenido debido conocimiento de las incidencias de tal contrato”. ¡Ahí queda eso! . Implícitamente considera que es una forma de proceder “normal”, pues hasta los sindicatos la conocen y no han puesto ningún problema. Pero ilegalidad probada y respondida de nuevo por los compañeros en Burgos.

El Magistrado Juez de lo Social ha venido a poner de relieve lo que los demás no querían ver: la forma ilegal de proceder de la Junta de Castilla y León.

En resumen, en los últimos años se ha puesto en marcha un entramado de empresas públicas que ha conducido al punto en el que estamos y que estamos dispuestos a denunciar y llevar hasta las últimas consecuencias.

La publicidad institucional en los medios afines enturbia la transparencia en la Junta de Castilla y León

Dedicamos la jornada de reflexión al artículo de Burgos Digital que denuncia con datos reales la relación obscura entre medios y agencias de comunicación regionales con los políticos que dirigen esta administración.

Por definición, la publicidad y comunicación institucional se concibe con el objetivo de difundir a los ciudadanos los servicios que presta la Administración y las actividades que desarrolla, y todo ello para facilitar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos.

Y también en teoría, mediante un uso adecuado de los fondos públicos en espacios pagados en medios de comunicación.

Pero cuando la financiación de los medios de comunicación depende cada vez más mediante de una “publicidad institucional” discrecionalmente distribuida por el político de turno, es evidente que la independencia periodística se ve debilitada.

Y esto sucede desgraciadamente en los medios de comunicación masivos de nuestra Comunidad, donde los gastos en publicidad institucional de la Junta de Castilla y León son cada vez mayores y sin embargo opacos a casi toda la ciudadanía.

Escándalo de corrupción de altos cargos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente: SOMACYL es socia en 2 empresas con los dueños de la empresa que ejecutó la pasarela de Benavente

A LA “TRAMA EÓLICA” DEL SAQUEO A LOS PRESUPUESTOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A TRAVÉS DE LA EMPRESAS SANGUIJUELAS DEL GRUPO ADE, LA SALE UNA BANDA COMPETIDORA EN SOMACYL

La empresa pública SOMACYL, promotora de la pasarela de Benavente, participa accionarialmente en dos empresas con los propietarios de la empresa adjudicataria del proyecto y obra de esta pasarela. Siendo uno de estos propietarios un alto directivo de la Junta de Castilla y León.

La empresa pública SOMACYL, dependiente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, adjudicó a AMATEX S.L. el proyecto y la ejecución de la Pasarela de los Cuestos de la Mota en Benavente.

La empresa Pública SOMACYL posee el 24% de las acciones de la empresa CENTRALES DE CALOR CON BIOMASA DE SORIA S.L. La empresa Pública SOMACYL también tiene acciones en la empresa BIOMASAS DE CASTILLA Y LEÓN.

Se da la circunstancia que el GRUPO AMATEX BIE es el accionista mayoritario de las empresas CENTRALES DE CALOR CON BIOMASA DE SORIA S.L. y BIOMASAS DE CASTILLA Y LEÓN, donde participa la empresa pública SOMACYL.

Pero es que el GRUPO AMATEX BIE también posee el 100 % de las acciones de las siguientes empresas: AMATEX S.L., RECURSOS DE LA BIOMASA S.L. y APROVECHAMIENTOS MADEREROS Y TRATAMIENTOS PARA EXTERIORES.

El 56,23% de las acciones del GRUPO AMATEX BIE pertenecen a la empresa SISTEMAS DE PRODUCCIÓN OVINA S.L. Y el 100 % de las acciones de la empresa SISTEMAS DE PRODUCCIÓN OVINA S.L. pertenecen a los hermanos Rafael Gómez Arenas y Luis Alberto Gómez Arenas. Es decir, a través de un entramado societario los hermanos Rafael Gómez Arenas y Luis Alberto Gómez Arenas son los dueños de las empresas AMATEX S.L., RECURSOS DE LA BIOMASA S.L. y APROVECHAMIENTOS MADEREROS Y TRATAMIENTOS PARA EXTERIORES, y de las 2 empresas en las que es socia el SOMACYL: CENTRALES DE CALOR CON BIOMASA DE SORIA S.L. y BIOMASAS DE CASTILLA Y LEÓN.

Se da la circunstancia que las empresas AMATEX S.L., CENTRALES DE CALOR CON BIOMASA DE SORIA S.L. y BIOMASAS DE CASTILLA Y LEÓN (estas 2 últimas son las compartidas con el SOMACYL) comparten la misma sede social en la calle Medinaceli 2, en Soria. Y casualmente, las empresas RECURSOS DE LA BIOMASA S.L. y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN OVINA S.L. comparten sede social en la calle Acera Recoletos 5 en Valladolid.

Pero es que en el accionariado de la empresa CENTRALES DE CALOR CON BIOMASA DE SORIA S.L. no solo están el GRUPO AMATEX BIE y la empresa pública SOMACYL, sino que también esta la empresa COFELY. Empresa que según las informaciones judiciales es una de las principales empresas involucradas en los sobornos de la trama Púnica.

Pero la cuadratura del círculo se produce con Rafael Gómez Arenas y José Manuel Jiménez Blázquez. Rafael Gómez Arenas; a parte de ser accionista en la empresa SISTEMAS DE PRODUCCIÓN OVINA S.L., y por tanto, de todo el conglomerado empresarial GRUPO AMATEX BIE, es el Director de Administración de la Fundación pública Patrimonio Natural dependiente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Por otro lado, José Manuel Jiménez Blázquez, Director General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, es a la vez Director Gerente de la Fundación pública Patrimonio Natural, y por tanto, jefe de Rafael Gómez Arenas, y también es el Consejero Delegado de la empresa pública SOMACYL. Dando la casualidad que la Fundación pública Patrimonio Natural y la empresa pública SOMACYL comparten la misma sede en la Cañada Real nº 306 de Valladolid.

Resumiendo, la empresa pública SOMACYL dependiente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, cuyo Consejero Delegado es José Manuel Jiménez Blázquez, adjudicó a una empresa de Rafael Gómez Arenas y su hermano (AMATEX S.L.), el proyecto y la ejecución de una pasarela en Benavente por 600.000 euros. Dándose la circunstancia que la empresa pública SOMACYL es socia en otras 2 empresas de Rafael Gómez Arenas y su hermano, y que José Manuel Jiménez Blázquez es el jefe directo de Rafael Gómez Arenas en la Fundación pública Patrimonio Natural.

Posteriormente, la empresa pública SOMACYL permite a la empresa de Rafael Gómez Arenas y su hermano, no elaborar el estudio geotécnico que obliga la Ley de Contratos en la zona donde se va a construir la pasarela, con el consiguiente ahorro de unos 20.000 euros para AMATEX. Como consecuencia de esta infracción legal la pasarela se construye en una zona de rellenos de baja resistencia y sin llegar al año de estar construida, la pasarela de Benavente se hunde.

En ningún momento José Manuel Jiménez Blázquez, como Consejero Delegado de SOMACYL, ha exigido responsabilidades económicas y patrimoniales a la empresa de su subordinado, Rafael Gómez Arenas y su hermano. Hermanos que a través de un entramado societario comparten accionariado con la empresa pública SOMACYL en al menos dos empresas.

Lo que sí que ha hecho la empresa pública SOMACYL, es echar la culpa a la ejecución de unos muros que llevaban construidos 12 años, y que casualmente solo se han derrumbado cuando se ha construido la Pasarela.

Por su parte, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, de la que depende la empresa pública SOMACYL, ha otorgado 2 subvenciones de 600.000 euros para arreglar la ladera que se derrumbó con la construcción de la Pasarela. Lo que hace un total de 1.800.000 euros el dinero público gastado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en nada. Todo ello para tapar los negocios de su empresa pública con las empresas de un alta directivo de la Consejería. En un sistema perverso, donde se mezcla lo público y lo privado para beneficiar a determinados empresarios a costa de saquear el dinero de los contribuyentes.

Para finalizar, sería muy higiénico para la ética y democracia de esta región, que las Administraciones Públicas, y principalmente la Junta de Castilla y León, facilitasen todas las subvenciones, adjudicaciones como contratista principal, y también como subcontratista de obra pública, se han realizado a las empresas SISTEMAS DE PRODUCCIÓN OVINA S.L., al GRUPO AMATEX BIE y a todas sus filiales en los últimos 10 años.

Noticia de últimoCero: PLADEPU destapa una trama empresarial vinculada a Somacyl.