Desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) no nos cansaremos de denunciar que la administración paralela es un engaño y un timo a los ciudadanos, y que solo sirve de nicho de corrupción y de fábrica de colocación de enchufados.
El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha vuelto a poner negro sobre blanco y ha destapado por enésima vez las vergüenzas del gobierno del Sr. Herrera. El Consejo de Cuentas demuestra que es una falacia la afirmación que la Junta de Castilla y León es una buena gestora, y además aclara el poco respeto que se tiene en la Junta de Castilla y León por las normas y leyes. El ITACYL (Instituto Tecnológico Agrario) es el cortijo de Silvia Clemente, que como demuestra el Consejo de Cuentas, además de ser una inepta, es una experta en fundir el dinero de los ciudadanos, y por tanto, en expoliar los recursos de los Castellanos y Leoneses. ¿A que espera Herrera para cesar a Silvia Clemente?
A continuación se recogen unos extractos del Informe de fiscalización de las actuaciones del ITACYL en el año 2011 del Consejo de Cuentas:
“El ITACYL, configurado por su ley de creación como un medio propio encargado de realizar las actuaciones que le encomiende la Consejería de Agricultura y Ganadería, no ha elaborado en el año 2011 un plan de actuación para llevar a cabo las encomiendas de gestión, donde se contenga una información mínima que permita acreditar si los medios con los que cuenta son más eficaces o idóneos que los utilizados por el órgano encomendante o un tercero, ni efectúa un seguimiento de sus actuaciones. Al no haberse cumplido con lo dispuesto en la Ley tanto para la planificación de las encomiendas como para informar de su seguimiento y resultado, no puede determinarse si los encargos realizados se han cumplido eficazmente o se han conseguido en mayor o menor medida que si se hubieran realizado por la Consejería de Agricultura y Ganadería, y por tanto no se justifican suficientemente las razones de eficacia ni de la idoneidad de los medios técnicos por las que se efectúan dichos encargos en virtud del artículo 15 de la LRJAP y PAC”.
“La propia manera de ejecutar la encomienda, trasladando el ITACYL a un tercero con quien contrata gran parte de su ejecución, es contradictoria con las causas que pretenden justificar su existencia, poniéndose en cuestión el valor añadido que aporta en este caso el Instituto como medio propio ejecutante, constituyéndose más bien en un mero intermediario”.
“Los avales concedidos por el Instituto en 2011 fueron otorgados en virtud de las facultades que establece su ley de creación, pero sin tener ningún respaldo en la Ley de Presupuestos de la Comunidad”.
“Estos dos contratos, cuyo importe representa el 20% de los préstamos concedidos, se han firmado al margen de cualquier procedimiento regulado con publicidad, concurrencia y transparencia. No constan informes técnicos por los cuales se conceden estos préstamos”.
“De acuerdo con el objeto de los contratos analizados se llega a la conclusión de que al ITACYL se le encomiendan funciones que según la legislación estatal deberían reservarse a la Administración de la Comunidad Autónoma, siendo su asimilación a la categoría “entidad empresarial” meramente formal, debiendo haber aplicado íntegramente la Ley de Contratos del Sector Público, incumpliendo el artículo 3 de la LCSP”.
“El Instituto contrata servicios de publicidad de la marca “Tierra de Sabor” utilizando indebidamente la fórmula del patrocinio publicitario y una inadecuada apreciación de la exclusividad de dichos servicios, que son adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad, contrariamente a los principios de publicidad y libre acceso a la licitación”.
“El análisis del cumplimiento de la legalidad de los contratos adjudicados por procedimiento simplificado fiscalizados ha puesto de manifiesto que se aprecia, en 14 expedientes, un fraccionamiento de su objeto prohibido por el artículo 74.2 de la LCSP; incumpliendo los principios de publicidad, transparencia y concurrencia establecidos en la LCSP y las reglas fijadas en su Procedimiento de contratación”.
“La documentación aportada en determinados pagos realizados por el sistema de anticipos de caja fija es insuficiente para garantizar la debida justificación y necesaria adecuación de los gastos”.
“En relación con la marca “Tierra de Sabor” se producen una serie de gastos tramitados por distintos procedimientos (contratos de patrocinio, contratos adjudicados por procedimiento simplificado, pagos por anticipo de caja fija) que unido, en muchos casos, al insuficiente grado de detalle de los correspondientes justificantes, a su imputación presupuestaria al artículo 64 del presupuesto y al carácter plurianual del proyecto, no garantizan un conocimiento detallado de las inversiones totales y parciales realizada en dicha marca de calidad”.
“Las facturas no están registradas de entrada”.
“No coincide el objeto del suministro que figura en el documento de aprobación del gasto, en los contratos nº 4 y 6, con el de la factura”.
“La aprobación del gasto, en los contratos nº 25 y 26, es de fecha posterior a la de emisión de la factura”.
“La propia manera de ejecutar la encomienda, trasladando el ITACYL a un tercero con quien contrata gran parte de su ejecución, es contradictoria con las causas que pretenden justificar su existencia, poniéndose en cuestión el valor añadido que aporta en este caso el Instituto como medio propio ejecutante, constituyéndose más bien en un mero intermediario”.
“Los avales concedidos por el Instituto en 2011 fueron otorgados en virtud de las facultades que establece su ley de creación, pero sin tener ningún respaldo en la Ley de Presupuestos de la Comunidad”.
“Estos dos contratos, cuyo importe representa el 20% de los préstamos concedidos, se han firmado al margen de cualquier procedimiento regulado con publicidad, concurrencia y transparencia. No constan informes técnicos por los cuales se conceden estos préstamos”.
“De acuerdo con el objeto de los contratos analizados se llega a la conclusión de que al ITACYL se le encomiendan funciones que según la legislación estatal deberían reservarse a la Administración de la Comunidad Autónoma, siendo su asimilación a la categoría “entidad empresarial” meramente formal, debiendo haber aplicado íntegramente la Ley de Contratos del Sector Público, incumpliendo el artículo 3 de la LCSP”.
“El Instituto contrata servicios de publicidad de la marca “Tierra de Sabor” utilizando indebidamente la fórmula del patrocinio publicitario y una inadecuada apreciación de la exclusividad de dichos servicios, que son adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad, contrariamente a los principios de publicidad y libre acceso a la licitación”.
“El análisis del cumplimiento de la legalidad de los contratos adjudicados por procedimiento simplificado fiscalizados ha puesto de manifiesto que se aprecia, en 14 expedientes, un fraccionamiento de su objeto prohibido por el artículo 74.2 de la LCSP; incumpliendo los principios de publicidad, transparencia y concurrencia establecidos en la LCSP y las reglas fijadas en su Procedimiento de contratación”.
“La documentación aportada en determinados pagos realizados por el sistema de anticipos de caja fija es insuficiente para garantizar la debida justificación y necesaria adecuación de los gastos”.
“En relación con la marca “Tierra de Sabor” se producen una serie de gastos tramitados por distintos procedimientos (contratos de patrocinio, contratos adjudicados por procedimiento simplificado, pagos por anticipo de caja fija) que unido, en muchos casos, al insuficiente grado de detalle de los correspondientes justificantes, a su imputación presupuestaria al artículo 64 del presupuesto y al carácter plurianual del proyecto, no garantizan un conocimiento detallado de las inversiones totales y parciales realizada en dicha marca de calidad”.
“Las facturas no están registradas de entrada”.
“No coincide el objeto del suministro que figura en el documento de aprobación del gasto, en los contratos nº 4 y 6, con el de la factura”.
“La aprobación del gasto, en los contratos nº 25 y 26, es de fecha posterior a la de emisión de la factura”.
Además, mostramos la siguiente Normativa que, según el Consejo de Cuentas, el ITACYL ha incumplido en el año 20011:
- Artículos 1, 22, 27, 51.1, 74.2, 75, 76 y 195 de la Ley de Contratos del Sector Público.
- Artículos 17 y 18 de la Ley 7/2002 de creación del ITACYL.
- Artículo 4 de la Ley 6/2003 de Asistencia Jurídica de Castilla y León.
- Artículos 24, 27, 28, 29.1 y 29.2 del Decreto 121/2002 por el que se aprueba el Reglamento del ITACYL.
- Artículos 7 y 12 y la disposición adicional primera del Decreto 24/2010 por la que se regula la prestación de avales de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León.
- Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 27 de diciembre de 2007.
Es una vergüenza la impunidad con la que el Gobierno del Sr. Herrera malgasta el dinero de los contribuyentes. Y se vuelve a demostrar que la administración "B" paralela son chiringuitos montados para servir a los políticos y no para gestionar mejor y más eficientemente los dineros de los contribuyentes.
Informe completo. Resumem. Noticia de El Norte de Castilla.
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