Un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid ha paralizado cautelarmente el concurso de traslados de los Ingenieros de Caminos de la Junta de Castilla y León.
El Juez ha decidido adoptar esta medida como consecuencia de la denuncia interpuesta por un Ingeniero de Caminos, funcionario de la Junta de Castilla y León, que ha denunciado la ilegalidad de las bases del concurso de traslados de los Ingenieros de Caminos. Se da la circunstancia que las bases recurridas son las estándar que rigen todos los concursos de traslados de los funcionarios de la Junta de Castilla y León.
Esta decisión agrava la precaria situación laboral que sufren los Ingenieros de Caminos y los Ingenieros de Obras Públicas de la Junta de Castilla y León, ya que la última convocatoria de su concurso de traslados se remonta al año 2007. Este dato se complementa con que el denunciante y otros tres Ingenieros de Caminos llevan desde el año 2009, fecha en la que aprobaron su oposición, en un destino en adscripción provisional.
Desde PLADEPU (Plataforma en Defensa de lo Público) venimos denunciando el nulo respeto que la Junta de Castilla y León tiene hacia los empleados públicos y su trabajo. El gobierno del Sr. Herrera ha convertido esta Administración Pública en su cortijo. Lo habitual en este cortijo es encontrar a funcionarios puestos a dedo, bien por el sistema de libre designación, bien por el sistema de comisión de servicio. Para que el ciudadano se haga una idea de la desvergüenza del gobierno del Sr. Herrera en materia de personal, y cogiendo como ejemplo el mundo de los Ingenieros de Caminos funcionarios que no ocupan puestos de libre designación: De las 18 puestos de trabajo que hay en las 9 provincias en las Secciones de Proyectos y Obras de Carreteras, actualmente solo hay 5 que estén ocupadas por el Ingeniero de Caminos titular de esa plaza. O en la Dirección General, de los 4 puestos de trabajo que pueden ser ocupadas por Ingenieros de Caminos en el Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras solo una está ocupada por el Ingeniero titular. Es muy fácil encontrar en la Junta de Castilla y León a funcionarios que llevan más de 10 años en una comisión de servicio.
La Junta de Castilla y León incumple la Ley al no convocar todos los años un concurso de traslados para su personal funcionario. Llega a tardar 7 años en el caso de los Ingenieros de Caminos. Pero el colmo de los despropósitos se produce cuando un Juez, ve indicios de ilegalidades en las bases de los concursos que rigen estos traslados, ya que presuntamente vulneran los derechos fundamentales de los funcionarios.
Estos casos atentan gravísimamente contra la necesaria independencia de los funcionarios, y convierten la Administración en un cortijo o una red mafiosa, en la que si quieres conservar tu puesto de trabajo, has de ser un pelele con tus superiores. Lo que provoca un funcionamiento desastroso de la Administración de Castilla y León, y por tanto, un quebrantamiento de los derechos de sus ciudadanos.
Finalmente desde PLADEPU lamentamos que haya tenido que ser un funcionario a título personal el que haya tenido que denunciar la ilegalidad de las bases de los concursos de traslados. ¿A qué se dedican los sindicatos de los trabajadores que en teoría deben velar por los derechos de los trabajadores? Además, desde PLADEPU nos avergüenza el desprecio más absoluto que tiene la Junta de Castilla y León por la legalidad en materia de personal.
El Juez ha decidido adoptar esta medida como consecuencia de la denuncia interpuesta por un Ingeniero de Caminos, funcionario de la Junta de Castilla y León, que ha denunciado la ilegalidad de las bases del concurso de traslados de los Ingenieros de Caminos. Se da la circunstancia que las bases recurridas son las estándar que rigen todos los concursos de traslados de los funcionarios de la Junta de Castilla y León.
Esta decisión agrava la precaria situación laboral que sufren los Ingenieros de Caminos y los Ingenieros de Obras Públicas de la Junta de Castilla y León, ya que la última convocatoria de su concurso de traslados se remonta al año 2007. Este dato se complementa con que el denunciante y otros tres Ingenieros de Caminos llevan desde el año 2009, fecha en la que aprobaron su oposición, en un destino en adscripción provisional.
Desde PLADEPU (Plataforma en Defensa de lo Público) venimos denunciando el nulo respeto que la Junta de Castilla y León tiene hacia los empleados públicos y su trabajo. El gobierno del Sr. Herrera ha convertido esta Administración Pública en su cortijo. Lo habitual en este cortijo es encontrar a funcionarios puestos a dedo, bien por el sistema de libre designación, bien por el sistema de comisión de servicio. Para que el ciudadano se haga una idea de la desvergüenza del gobierno del Sr. Herrera en materia de personal, y cogiendo como ejemplo el mundo de los Ingenieros de Caminos funcionarios que no ocupan puestos de libre designación: De las 18 puestos de trabajo que hay en las 9 provincias en las Secciones de Proyectos y Obras de Carreteras, actualmente solo hay 5 que estén ocupadas por el Ingeniero de Caminos titular de esa plaza. O en la Dirección General, de los 4 puestos de trabajo que pueden ser ocupadas por Ingenieros de Caminos en el Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras solo una está ocupada por el Ingeniero titular. Es muy fácil encontrar en la Junta de Castilla y León a funcionarios que llevan más de 10 años en una comisión de servicio.
La Junta de Castilla y León incumple la Ley al no convocar todos los años un concurso de traslados para su personal funcionario. Llega a tardar 7 años en el caso de los Ingenieros de Caminos. Pero el colmo de los despropósitos se produce cuando un Juez, ve indicios de ilegalidades en las bases de los concursos que rigen estos traslados, ya que presuntamente vulneran los derechos fundamentales de los funcionarios.
Estos casos atentan gravísimamente contra la necesaria independencia de los funcionarios, y convierten la Administración en un cortijo o una red mafiosa, en la que si quieres conservar tu puesto de trabajo, has de ser un pelele con tus superiores. Lo que provoca un funcionamiento desastroso de la Administración de Castilla y León, y por tanto, un quebrantamiento de los derechos de sus ciudadanos.
Finalmente desde PLADEPU lamentamos que haya tenido que ser un funcionario a título personal el que haya tenido que denunciar la ilegalidad de las bases de los concursos de traslados. ¿A qué se dedican los sindicatos de los trabajadores que en teoría deben velar por los derechos de los trabajadores? Además, desde PLADEPU nos avergüenza el desprecio más absoluto que tiene la Junta de Castilla y León por la legalidad en materia de personal.
Los políticos tienen organizada una maraña de LD y comisiones de servicio para tener a la gente controlada y sumisa...
ResponderEliminar