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| Cartel en blanco y negro aquí |
La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) sabemos que las externalizaciones son privatizaciones encubiertas de servicios que acaban saliendo más caros al ciudadano y empeorando su calidad, a costa de la precariedad laboral de los trabajadores. Creemos los servicios públicos deben ser realizados por trabajadores contratados directamente por la Administración y con unas condiciones laborales dignas, y no dejarlos a expensas de empresas e intermediarios con ánimo de lucro o a los "chiringuitos" de la administración "B" paralela que escapan a todo control.
Esta iniciativa parte de la sección sindical de C.N.T del Teatro Calderón y hemos suscrito el manifiesto diversos colectivos como la Escuela de Música, Escuela Pública y PLADEPU. Hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos y mareas, y en particular a los colectivos afectados por las políticas de subrogaciones y externalizaciones de las Administraciones Públicas a sumarse a este MANIFIESTO (que un representante contacte cuanto antes con cualquiera de los integrantes de la ASAMBLEA CONTRA EL DESMANTELAMIENTO DE LO PÚBLICO).
La gestión de los servicios de las Administraciones Públicas, aquellas que funcionan con nuestros impuestos, no ha de hacerse con ánimo de lucro - directo o indirecto -, sino para satisfacer unas necesidades sociales. Proporcionan trabajo digno y cualificado, para que el dinero público retorne de una u otra forma a los ciudadanos y ciudadanas.
Las Administraciones los están delegando, desde hace años en empresas externas, privadas, y deshaciéndose lentamente de estos servicios, propios de cada organismo público.
No nos engañemos. Este proceso no es sino una descarada privatización de dichos servicios. La justificación principal es otra gran mentira; "por economía". Una empresa siempre lo encarecerá con su margen de beneficio.
Cuando el servicio que se privatiza resulta más económico, es porque los trabajadores que lo desempeñan lo pagan con recortes salariales, derechos o ambas cosas. Incluso sustituyendo personal cualificado por otro menos preparado y más económico. Para las Administraciones además supone liberarse de toda responsabilidad legal sobre estas plantillas.
Ante lo expuesto, y constatado una y otra vez, no es de extrañar que estos procesos, muchas veces a través de Fundaciones y/o disfrazados de concursos, sean cualquier cosa menos trasparentes. Las empresas ganadoras son casi siempre conocidas de antemano. Se han dado casos incluso de publicar unas bases de concurso ¡con el ganador ya impreso!
En definitiva ¡nos están robando!
Resulta gravísimo que con nuestros impuestos se esté contribuyendo al deterioro de las condiciones de trabajo. Su mala inversión, en manos corruptas y sin escrúpulos, sirve para precarizar el empleo, bajar salarios y empeorar unas condiciones laborales ya deterioradas.
No es extraño por tanto el discurso de políticos y patronal, contra los trabajadores y trabajadoras del sector público, siendo retratados de vagos adictos al café y al periódico, en un intento por desprestigiar su trabajo. De ahí el énfasis que ponen en privatizar cada vez más y más servicios.
Sobran los ejemplos. Pero podríamos citar algunos, como los Servicios de Comedor de los colegios o de los hospitales, antes llevados a cabo con personal de la Administración, pero que en un momento dado se privatizan a empresas de comidas que ofrecen menús a bajo coste, e inferior calidad sanitaria, como ya se ha denunciado y publicado en prensa.
Añadiremos los servicios de limpieza de hospitales, colegios, dependencias públicas, etc. Ahora este personal luce logos de Eulen, Grupo Norte o Clece en lugar del nombre del colegio o el de Sacyl. Lo mismo sucede con el mantenimiento de sus instalaciones o la vigilancia.
Si llega el caso de un grupo de trabajadores reivindicativos, o desavenencias con una empresa adjudicataria, el movimiento siguiente es sencillo. Se suprime la empresa y con ella sus trabajadores y reclamación de derechos.
Muchas veces estas maniobras conllevan un aumento los costes en juicios que la Administración suele perder por inercia. Según PLADEPU, de 2009 hasta mediados del 2013 las Consejerías de la Junta de Castilla y León se gastaron OCHO MILLONES DE EUROS en concepto de indemnizaciones por despidos, salarios de tramitación y cuotas a la seguridad social. Despidos normalmente realizados en fraude de ley.
La externalización de los servicios, tiene para estas empresas como único objetivo la consecución del máximo beneficio económico. A cualquier coste. No sienten ningún escrúpulo en recortar derechos laborales, bajar salarios, aumentar jornadas, reducir medios y herramientas, y un largo etcétera.
Trabajemos juntos para recuperar la gestión pública y exigir el retorno de todas las competencias que nos han arrebatado. Porque es de todos y todas. Vamos a dejar de tragar mentiras y sufrir injusticias que solo contribuyen a perder derechos, precarizar y destruir empleos dignos.
| Descargar manifesto completo | Asamblea contra el desmantelamiento de lo público |
CIUDADAN@S, VIERNES 6 A LAS 19:45 FRENTE AL TEATRO CALDERÓN. CONTRA LAS CORRUPCIONES, PRIVATIZACIONES Y EXTERNALIZACIONES EN LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN. A FAVOR DE LOS TRABAJOS DE CALIDAD
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