Y sin embargo en Castilla y León y su administración "B" paralela las siguen concediendo sin que nadie lo impida
El pasado mes de diciembre publicamos la noticia Concesión arbitraria de gratificaciones y días de vacaciones en la administración paralela, donde la Directora de la Agencia de Innovación, Mar Sancho Sanz, transmitía a sus trabajadores mediante este comunicado una compensación de dos horas y media por semana durante tres meses (equivalente a siete días de vacaciones) o bien una compensación económica.
La Junta de Personal de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León denunció posteriormente este hecho, junto con otros muchos y graves actuaciones en la Agencia de Innovación.
Recientemente conocimos la noticia de la sentencia según la cual los empleados públicos no pueden recibir premios en metálico o días libres:
"La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC recuerda que las retribuciones de los funcionarios solo puede establecerse por normas con rango de ley, lo que convierte en nula cualquier otra resolución aprobada al respecto". "[..] es nula la norma que establece una retribución nueva y distinta a las previstas en la ley con carácter general para toda la función pública, sin competencia normativa para ello", añade el TSJC.
Hemos de denunciar una vez más la doble vara de medir que, por una parte premia de manera ilegal a quienes no han accedido a la Administración con las garantías que exige la Ley (Oferta de Empleo Publico y Oposición), y por otra, a los funcionarios de carrera, se nos niegan derechos tan elementales como el de poder acceder por concurso a plazas que están reservadas para su ejercicio funcionarial, sustituyendo estos procedimientos previstos legalmente (oposición para el acceso a la función pública y concurso para la movilidad una vez que se ha accedido), por la asignación directa de plazas en la administración a personas afines, sin ningún requisito previo, regalando también días de descanso y percepciones económicas (bufandas) cuando, en el colmo de la desvergüenza, se reconoce expresamente que se hace sin ninguna obligación legal.
Nos gustaría que la justicia actuase con la rapidez y contundencia necesaria para impedir estas ilegales actuaciones; mientras llega ese momento, nuestra obligación como empleados públicos y la de quienes nos representan como colectivo, seguirá siendo denunciar todas estas tropelías ante los órganos que corresponda y exponerlas a la opinión publica para que sepa lo que se hace con los recursos públicos.
Desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) vamos a continuar cumpliendo nuestras obligaciones con la sociedad y con los empleados públicos de Castilla y León y apoyando a quienes las cumplen, pese a quien pese.
