Dedicamos la jornada de reflexión al artículo de Burgos Digital que denuncia con datos reales la relación obscura entre medios y agencias de comunicación regionales con los políticos que dirigen esta administración.
Por definición, la publicidad y comunicación institucional se concibe con el objetivo de difundir a los ciudadanos los servicios que presta la Administración y las actividades que desarrolla, y todo ello para facilitar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos.
Y también en teoría, mediante un uso adecuado de los fondos públicos en espacios pagados en medios de comunicación.
Pero cuando la financiación de los medios de comunicación depende cada vez más mediante de una “publicidad institucional” discrecionalmente distribuida por el político de turno, es evidente que la independencia periodística se ve debilitada.
Y esto sucede desgraciadamente en los medios de comunicación masivos de nuestra Comunidad, donde los gastos en publicidad institucional de la Junta de Castilla y León son cada vez mayores y sin embargo opacos a casi toda la ciudadanía.
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