Cientos de trabajadores de empresas van a ser indefinidos de la Junta entrando por la puerta de atrás gracias a la prevaricación de los políticos
Hace unos días llegó a nuestras manos la
Instrucción 4/FYM/2015, de 26 de mayo, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en la que se dictan diferentes medidas para la ejecución de los contratos de servicios, encargos y encomiendas de gestión. En ella, se
trata de delimitar y separar los medios personales y materiales de las empresas públicas y de la Administración. Instrucción que no entendimos en un principio, ya que la Administración de Castilla y León ha hecho siempre caso omiso a las quejas que presentamos por la contratación de empresas externas para realizar los trabajos destinados a los empleados públicos. Situación esta injusta e irregular por mucho que se haya disfrazado de legalidad.
Todo empezó a estar mucho más claro cuando conocimos la
Sentencia 00242/2015 que dictó el Juzgado de lo Social número tres de León el pasado día 16 de abril. Esta sentencia es el claro ejemplo de cómo las privatizaciones y el trasvase sistemático de funciones hacia empresas públicas, ha vaciado de contenido la función pública en Castilla y León.
En primer lugar, debemos felicitar al Magistrado-Juez de lo Social, Juan Gabriel Álvarez, por los exhaustivos fundamentos de derecho en los que apoya el fallo y por el lenguaje claro y conciso que utiliza, alejado del tecnicismo y hermetismo que tanto gusta a la judicatura. Cualquiera entiende esta sentencia en la que no se ha dejado nada al azar.
En segundo lugar, y no nos congratulamos,
la sentencia viene a ratificar lo que estamos denunciando en PLADEPU desde 2010: el lento y progresivo vaciamiento de la administración autonómica a favor de empresas públicas y privadas, lo que supone un deterioro sin precedentes del empleo público y, por tanto, de los principios de igualdad, mérito y capacidad por los que se rige el acceso al mismo.
La sentencia considera que ha habido cesión ilegal de trabajadores y condena a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a incorporar a su plantilla como trabajadora indefinida a la demandante, la cual pertenecía a la empresa TRAGSATEC, a parte de las acciones penales que puedan llevarse a cabo contra la Administración y la empresa por tráfico ilegal de trabajadores y a la sanción de la Inspección de Trabajo.
El Juez apoya su veredicto en el art. 43 del Estatuto de los Trabajadores, los artículos 312, 314 y 404 del Código Penal, en el artículo 8.2 del RD 5/200, en los artículos 10.2, 14 y 96.1 de la Constitución Española, en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 14 del Convenio de Roma, y, en fin en alguno más. En ellos, se habla de derechos humanos, de derechos fundamentales, de derecho de igualdad y de tráfico ilegal de trabajadores.
Pero yendo un poco más allá,
esta sentencia abre la vía a la persecución penal de los cargos públicos por posibles delitos de malversación y cohecho, pues queda demostrado que la Administración cedió a la empresa instalaciones y material, así como el trabajo de los funcionarios que hacían la función de superiores jerárquicos de la demandada. Situación esta, que se produce en todas las provincias y con varias, posiblemente bastantes, empresas.
Ya en 2012 los compañeros de
PLADEPU y VIERNES NEGGRO DE BURGOS denunciaron una situación similar a la de TRAGSATEC, la de la UTE INDRA-GRUPO NORTE, y lo hicieron ante el Presidente de la Junta de Castilla y León y ante el Procurador del Común. El primero dio una respuesta evasiva a través de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, y
el segundo lo hizo el 20 de diciembre de 2013 de la siguiente forma:
“Consideramos que no ha quedado acreditada la concurrencia de irregularidad alguna en la actuación administrativa objeto de su reclamación, debiendo destacarse que el uso temporal de los edificios administrativos por la adjudicataria del contrato tiene apoyo normativo y que los representantes electos del personal funcionario han tenido debido conocimiento de las incidencias de tal contrato”. ¡Ahí queda eso! . Implícitamente considera que es una forma de proceder “normal”, pues hasta los sindicatos la conocen y no han puesto ningún problema. Pero
ilegalidad probada y respondida de nuevo por los compañeros en Burgos.
El Magistrado Juez de lo Social ha venido a poner de relieve lo que los demás no querían ver: la forma ilegal de proceder de la Junta de Castilla y León.
En resumen, en los últimos años se ha puesto en marcha un entramado de empresas públicas que ha conducido al punto en el que estamos y que estamos dispuestos a denunciar y llevar hasta las últimas consecuencias.
La 