En un Informe demoledor, el Procurador del Común de Castilla y León señala la desastrosa política de la Junta de Castilla y León en materia de vivienda. Para resumir el Informe del Procurador, mostramos un párrafo del mismo, “se debe continuar denunciando la imposibilidad real y actual para muchas familias de Castilla y León de acceder a una vivienda digna y el elevado número de personas que continúan siendo desalojadas de su vivienda por falta de pago de su hipoteca o de su alquiler, sin que se les ofrezcan alternativas residenciales. A través de las quejas recibidas de los ciudadanos somos conocedores de que estos casos concretos existen y de que no se están dando respuestas adecuadas a los mismos”.
El Procurador del Común denuncia que la Junta de Castilla y León no solo no ha aprobado un Plan de Vivienda para la Comunidad, sino que no tiene previsión de aprobar ninguno. Además, señala que no tiene un Registro de Viviendas de Protección Pública de la Comunidad.
El Procurador del Común señala que, “continúa sin existir una actuación inspectora planificada, ni personal específicamente dedicada a la misma, cuyo objeto sea garantizar el cumplimiento de la obligación de destinar las viviendas de protección pública a residencia habitual y permanente de sus adquirentes y arrendatarios. La actuación sancionadora dirigida a prevenir y reprimir la desocupación de las viviendas protegidas es escasa (ocho procedimientos resueltos en el último año, seis de ellos con sanción), y siempre se encuentra motivada por denuncias presentadas por particulares”.
Otro dato revelador del Informe es, “sin riesgo de ser acusados de tremendismo, se puede afirmar que los primeros resultados del Programa de Fomento del Alquiler de la Comunidad de Castilla y León regulado por el Decreto 41/2013, de 31 de julio, son reveladores de un gran fracaso de este nuevo sistema de intermediación en el mercado del alquiler de viviendas. Baste señalar al respecto que en los primeros quince meses de funcionamiento del mismo se habían firmado 6 contratos al amparo de este Programa, mientras en los años 2007 a 2010 se habían firmado 2.595 contratos a través de REVIVAL5, sistema sustituido por el nuevo Programa”.
Siguiendo con su denuncia sobre la desastrosa gestión de la Junta de Castilla y León, el siguiente extracto del Informe es demoledor, “a pesar de las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que motivaron la aprobación mediante el Decreto-ley 1/2013, de 31 de julio (posteriormente transformado en la Ley 10/2013, de 16 de diciembre) de medidas dirigidas a garantizar un normal ejercicio del derecho constitucional a la vivienda, lo cierto es que aquellas medidas incluidas en el mismo sobre las que hemos preguntado a esa Administración o bien no se han cumplido en la forma prevista, o bien han tenido una repercusión, cuando menos, modesta. Así, en primer lugar, procede señalar que no se ha procedido a crear formalmente y previa tramitación del procedimiento previsto la reserva de viviendas desocupadas para colectivos en riesgo de exclusión social prevista en el artículo 13. Esta omisión, cuando menos por parte de esa Administración autonómica, ha sido constatada además de a través de la respuesta obtenida con motivo de la tramitación de la presente actuación de oficio, en el marco de las investigaciones llevadas a cabo en diversos expedientes de queja6. Tampoco consta el cumplimiento de la reserva para el parque público de alquiler social contemplada en el artículo 14, a lo cual cabe añadir que de la contestación a este punto se desprende una descoordinación absoluta entre la Consejería competente en materia de vivienda y los ayuntamientos de 20.000 habitantes, al reconocer expresamente la primera desconocer los datos correspondientes a estos últimos. En definitiva, cuando nos estamos acercando al final del plazo transitorio inicial dentro del cual se pueden adoptar la mayor parte de las medidas previstas primero en el Decreto-Ley1/2013, de 31 de julio y después en la Ley 10/2013, de 16 de diciembre, aquellas sobre las que se ha preguntado en la presente actuación de oficio o bien ni se han cumplido, siquiera formalmente, o bien han tenido unos efectos limitados, circunstancias ambas que ponen en tela de juicio no solo el diseño y aplicación de tales medidas, sino también la extraordinaria y urgente necesidad con la que fueron aprobadas”.
Para finalizar el resumen del Informe, mostramos una última perla del Procurador del Común, que señala “la desconexión entre el Servicio integral de atención a familias en riesgo de desahucio y el centro directivo competente en materia de vivienda (la Consejería de Fomento y Medio Ambiente), quien, en última instancia y en el ámbito de la Administración autonómica, debería disponer de los instrumentos necesarios para procurar una solución residencial a las familias que acuden al Servicio cuando no es posible alcanzar una solución negociada y se ven impelidos a abandonar su vivienda. De hecho, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, salvo error u omisión por nuestra parte, ni tan siquiera ha contestado a nuestra pregunta acerca de los mecanismos de coordinación existentes en este ámbito; por su parte, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente lo ha hecho refiriéndose a la coordinación con los departamentos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y con los Centros de Acción Social, pero no a la coordinación específica con este Servicio”.
En definitiva, el Procurador del Común demuestra la incapacidad de los actuales gestores de la Junta de Castilla y León, y confirma las reiteradas denuncias de la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) sobre la mala gestión del gobierno de Juan Vicente Herrera, y que solo se dedican a vender bombas de humo. Siendo este caso más grave, por ser un tema tan delicado como es el de una vivienda digna y adecuada para todos los castellanos y leoneses en época de crisis.
Esta incapacidad y mala gestión de los fondos públicos destinados a temas relacionados con la Vivienda ya se puso de manifiesto en la denuncia del Movimiento VIERNES NEGRO de Burgos del día 17 de mayo de 2013, con motivo de la adjudicación de un contrato de 5.351.897.79 € a la UTE INDRA SISTEMAS SA-OUTSOURCING SIGNO SERVICIOS INTEGRALES GRUPO NORTE SLU, para gestionar el servicio de información de Vivienda, que se realizaba en las propias oficinas de las dependencias de la Junta de Castilla y León con medios de ésta y con el agravante de que estos cometidos antes y después de terminar el citado contrato lo realizaban y realizan los empleados públicos con gran eficiencia.
Pero Juan Vicente Herrera, en vez de cesar al responsable de este desaguisado, D. Ángel Marinero, Director General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, le premia con otros 4 años más en el puesto. ¿Qué más hay que hacer en esta Región para que te cesen? Sin lugar a dudas, Castilla y León es el lugar donde los ineptos lo tienen más fácil para ocupar puestos de alta dirección. Desde PLADEPU esperamos que el nuevo Consejero de Fomento y Medio Ambiente, el Juez D. Juan Carlos Suarez-Quiñones, cese inmediatamente al Director General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, responsable del desastre de la vivienda de la Junta de Castilla y León y solucione este grave problema que sufren los castellanos y leoneses.
Resolución Aplicación de medidas para proteger eficazmente el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada de 15/07/2015 del Procurador del Común de Castilla y León. Expediente 20141254 completo.
