PLADEPU se reúne con Función Pública

El pasado miércoles 28 de octubre, componentes de la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) se han reunido con la Viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto, Marta López de la Cuesta, y con la Directora General de la Función Pública, Maria Antonia Abia Padilla, para entregarles el documento con las 34 medidas para la regeneración de la Administración Autonómica, contra la corrupción y por la devolución de derechos expropiados a los empleados públicos o recortados a la ciudadanía, cuya copia PLADEPU ya ha hecho llegar a los de los 84 procuradores que componen las Cortes de Castilla y León.

PLADEPU ha planteado las siguientes cuestiones:

- Insostenible situación que se está produciendo en la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León: donde materias como dependencia, renta garantizada y desahucios, son tramitados mayoritariamente por personal contratado por la Fundación de Acción Social y Tutela en lugar de por personal funcionario, a los que se tiene forzosamente al margen de dichas tramitaciones.

- Revocar las encomiendas de gestión realizadas a entidades públicas: solicitan que desde la actual Viceconsejería de Función Pública se presione a las Consejerías y Organismos Autónomos para revocar las encomiendas de gestión que sostienen y dan oxígeno a la Administración "B" paralela. La Viceconsejera considera que es un tema de autoorganización -a diferencia del criterio de PLADEPU- y no va a abordar ese tema.

- Preocupante privatización de multitud de servicios en las distintas consejerías: es factible y deseable que dichos servicios vuelvan a ser realizados por empleados públicos.

- Libres designaciones (LD): el número abusivo de LD produce malestar en los empleados públicos, por ser una figura que solo premia a los afines al poder.

- Comisiones de servicio y teletrabajo: la generalizada mala utilización de estas herramientas, muy útiles para resolver problemas puntuales pero con un uso muy perverso, a menudo favoreciendo el amiguismo y el pago de favores.

- Falta de protección a denunciantes: se insiste en que si un empleado público quiere comunicar alguna irregularidad o ilegalidad, carece totalmente de cauces seguros y eficaces para denunciarlo.

- Reforma de las RPTs: a PLADEPU le preocupa tremendamente que dicha reforma se realice sin dar marcha atrás a las encomiendas de gestión existentes, y se aproveche para podar más aún el ya maltrecho árbol administrativo. No parece sensato que dicha reforma se realice sin la recuperación de la “materia pública encomendada” a la Administración "B" paralela.

La Viceconsejera sí ha respondido que el acuerdo con los sindicatos supone un nuevo punto de inflexión en las reivindicaciones en materia de función pública. Especialmente ha insistido en la próxima adaptación de las RPTs, cuyo acuerdo se producirá durante el año 2016. Está previsto para el año 2017 el concurso abierto y permanente para funcionarios, salvo para el cuerpo sanitario que tiene otra reglamentación.

Se comprobó que en 9 cuerpos especiales al menos el 38% de las plazas están sin cubrir. Sumando que su trabajo se ha derivado a la Administración B, si ajustan las RPTs sin revocar encomiendas, provocarán un recorte aún mayor de la Administración Autonómica.

PLADEPU ha pedido a la Viceconsejera y a la Directora Genera de Función Pública, como responsables que son de los empleados públicos, que confíen más en ellos, como garantía de independencia, objetividad y transparencia, frente al partidismo de las actuaciones de los entes públicos o el ánimo de lucro de las empresas privadas.

Parece que hay un mayor compromiso en esta legislatura de mejorar eficazmente lo existente. Esperamos que la buena voluntad surta efecto. PLADEPU estará cerca para hacer un seguimiento.

Whistleblowing

0.0.- Creación por ley (Ley de Función Pública y Ley de Trasparencia de C. y L.) de la figura del “whistleblowing”, o sea, “soplar el silbato” en la traducción literal, y significa incardinar en el armazón legal la protección completa para los empleados públicos y ciudadanos que quieran dar la alerta, denunciar o poner en conocimiento hechos y prácticas potencialmente irregulares, ilegales o corruptas. La protección contra persecución, sanción o discriminación será completa, incluida la representación y defensa judicial y debe estar supervisada y garantizada por las Cortes de C. y L.

Esta es la primera de las 34 propuestas de la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) para la regeneración de la Administración Autonómica, contra la corrupción y por la devolución de derechos expropiados a los empleados públicos o recortados a la ciudadanía . Medidas que han recibido todos los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León. Y que parece ser que ya van sonando a algunos de nuestros dirigentes.

Agradecemos al Presidente Herrera y a su mano derecha la Vicepresidenta Rosa Valdeón, que nos tenga en sus pensamientos. Pero no vamos a consentir que mientan descaradamente. Como así ha sucedido en sus recientes declaraciones sobre la propuesta de PLADEPU de la regulación y protección hacia los empleados públicos que denuncien casos de irregularidades:

Herrera ha declarado que los ciudadanos en general y los funcionarios en particular tienen "el derecho" y la "obligación" de denunciar los casos que pudieran constituir una irregularidad en la Administración, expresando su sorpresa por la posibilidad de que existan dudas sobre su visión acerca de esta situación. Ver noticia de EFE aquí.

Valdeón por su parte se mostró asombrada y se niega a creer existan persecuciones a los denunciantes; y de existir, el perjudicado lo pueden denunciar a los medios, a sus sindicatos, en los juzgados o en la consejería». Apuntaba negarse a creer que este tipo de acciones se pudieran estar dando entre el personal funcionarial de la comunidad autónoma. Ver noticia de El Diario de Burgos aquí.

Silvia Clemente "endosó" su comida de
Navidad a la Consejería de Agricultura.
Más ejemplos en este documento.

PLADEPU insistimos que si un empleado público quiere comunicar algo que ve que está mal hecho, actualmente carece totalmente de cauces seguros y eficaces para denunciarlo. La propuesta del "whistleblowing” para facilitar denuncias de corrupciones o irregularidades, ha sido vista con buenos ojos por varios grupos políticos en las reuniones que acabamos de mantener. Pero Herrera y Valdeón no lo ven. Les vamos a aclarar la memoria recordando ejemplos de persecuciones a funcionarios denunciantes, como el reciente caso del médico sancionado por denunciar irregularidades en el Hospital Clínico de Valladolid ; o las represalias a dos empleados públicos por la publicación de facturas personales que Silvia Clemente facturó a la Consejería de Agricultura (los conocedores de los hechos no encontraron otro modo de denunciarlo que mediante la divulgación en el anonimato) y que además costaron cerca de 150.000 euros a los ciudadanos de Castilla y León por despido improcedente; o los empleados públicos calumniados por el delegado de la Junta en Burgos, Baudilio Fernández-Mardomingo; o la denegación de la solicitud para mantenerse en activo al Jefe de Servicio de Juventud de Palencia por denunciar y ser crítico ante la destrucción sistemática de los recursos y las políticas juveniles de la Junta en los últimos 15 años; o los expedientes sancionadores y cese incluido de una persona que ocupaba puesto de alta responsabilidad técnica en Zamora por el “delito” de haber sido muy activa en la recogida de firmas de denuncias en la carta de las 9.000 firmas; o el espionaje del correo electrónico de un portavoz de PLADEPU en León; o la marginación y desprecio a las funciones y cualificación técnica de un Jefe de Sección de la Consejería de Fomento en Valladolid...

¿Acudir a los tribunales y costearse los gastos es acaso una facilidad para que los empleados públicos denuncien las irregularidades en su ámbito de trabajo? ¿Acaso el PP esconde algo oscuro que no quiere que vea la luz?

PLADEPU se reúne con PSOE para exponer sus propuestas de regeneración de la administración

PLADEPU continúa con el PSOE la ronda de reuniones con los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León.

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) está haciendo un gran esfuerzo en reunirse de forma separada con todos nuestros representantes políticos, para que incorporen nuestras reivindicaciones de empleados públicos en la actividad parlamentaria.

Hemos explicado y resaltado la importancia de las medidas con las que se puede acabar con la corrupción y la politización de los servicios públicos en la Junta de Castilla y León.

Documento completo con las 34 medidas para la regeneración de la Administración Autonómica, contra la corrupción y por la devolución de derechos expropiados a los empleados públicos o recortados a la ciudadanía.

PLADEPU se reúne con Izquierda Unida, Podemos y Ciudadanos para exponerles sus propuestas de regeneración de la administración

Reuniones de PLADEPU mantenidas con
procuradores de IU, Podemos y Ciudadanos

Componentes de PLADEPU en León, Palencia y Valladolid, han mantenido reuniones con los representantes de IU, Podemos y Ciudadanos para explicar cómo se puede acabar con la corrupción y la politización de los servicios públicos en la Junta de Castilla y León.

Tras presentar a la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) y su trayectoria desde el año 2.011, se quiso dejar claro que lo planteado viene avalado por 9.000 firmas de empleados públicos, compañeros y compañeras que trabajan en la administración autonómica, lo cual da un gran respaldo y solvencia a las reivindicaciones expuestas.

Posteriormente se hizo entrega de la carta que van a recibir cada uno de los 84 Diputados que componen las Cortes de Castilla y León, insistiendo en que el primer y más importante derecho que se está vulnerando gravísimamente es el de la propia función pública: las encomiendas de gestión a fundaciones y entes públicos están atentando contra el derecho al puesto del funcionariado para el ejercicio de sus funciones. Los grupos políticos deben entender que la primera garantía que tiene el ciudadano es que el personal que gestiona sus asuntos no sea susceptible a despidos. No como sucede los contratados temporales en políticas tan importantes como la dependencia o la renta garantizada, lo que provoca además una lamentable precarización del trabajo de las personas. O con los “contratos laborales temporales”, para aparentar “legalidad”, pues se hacen en fraude de ley. Las recientes contrataciones que la Fundación de Acción Social y Tutela vulneran profundamente la legalidad y atentan contra la independencia que debe garantizar la administración en la tramitación de la mayor parte de las políticas de los servicios sociales.

Carta registrada para
cada procurador

A continuación, PLADEPU expuso los puntos más importantes que pueden servir para realmente defender lo público en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de modo que la administración vuelva a estar al servicio de la ciudadanía y no al servicio de los intereses de los partidos políticos como ocurre actualmente:

1) Regeneración de la Administración autonómica de Castilla y León, con medidas como:

• Modificación de la Ley 4/2001 reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), introduciendo en esta Ley el derecho de la ciudadanía a presentar propuestas de referéndum sobre TODAS las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía.
• Reforma en profundidad del Reglamento de las Cortes, reduciendo a la mitad los plazos para que las consejerías aporten la información o respuestas a las preguntas parlamentarias.
• Máximo 9 Consejerías, cada una con un máximo de 5 Direcciones Generales, dos asesores y una persona de confianza o eventual.
• Ningún cargo o puesto percibirá más de una retribución pública, ni será dicha retribución superior a la prevista para su puesto de trabajo, así mismo no se perpetuara en un puesto de designación política (Presidente, Vicepresidente, Consejero, Director General o Delegado Territorial) más de 8 años en un periodo de 16 años.
• Reforzar normativamente tanto la independencia como la capacidad de conocimiento y control en el Procurador del Común y en el Consejo de Cuentas.
• Facilitar que aquellos empleados públicos y ciudadanos que quieran alertar denunciar o poner en conocimiento hechos y prácticas potencialmente irregulares, ilegales o corruptas, puedan hacerlo con todas las garantías de la ley y la defensa, sin miedo a persecuciones, sanciones o discriminaciones.

2) Despolitización y profesionalización de la Administración autonómica, mediante:

• Eliminación de los puestos de libre designación (LD) cargos de viceconsejeros y coordinadores de servicios, así como una regulación de las comisiones de servicio con una duración máxima de 6 meses renovables una sola vez y revisión de los puestos de concurso específico hasta transformar cerca del 90% de los existentes en puestos de concurso ordinario.
• Promoción, estímulo y carrera administrativa abierta hasta jefatura de servicio, secretaria técnica, coordinador de área o puestos asimilados. A finales de enero de cada año se hará pública la relación completa de los puestos de trabajo con situación de vacante pura y antes de finalizar febrero de cada año se procederá a la convocatoria de todos los concursos cuya resolución definitiva será anterior a 12 meses, en dichos concursos se ofertará la totalidad de los puestos de trabajo vacantes
• La Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP) es el único centro de formación y cualificación de los empleados públicos, ejecutando directamente los programas de formación y reciclaje en las cuatro universidades públicas y centros oficiales públicos especializados. Supresión de todos los convenios o contratos para formación suscritos con centrales sindicales.
• Dotación presupuestaria y ocupación efectiva global de los puestos de trabajo, y convocatoria de las bolsas de empleo temporal a partir de las convocatorias de selección de las ofertas de empleo público anuales.

3) Eliminación de la administración paralela o administración B (empresas públicas, institutos, fundaciones, agencias y otros entes). Algunos pasos a dar son:

• Presentación de auditorías e informes de la Intervención General, de cada una de las empresas públicas fundaciones y demás entes de la Administración B. Si el balance contable de disolución es negativo, las Cortes instarán la venta del patrimonio antes de su retorno a la Administración General
• Posteriormente, la Junta de Castilla y León presentará en seis meses a las Cortes los proyectos legislativos necesarios para la devolución completa de todas las competencias, patrimonio, servicios, programa y funciones trasvasados a dicha administración B.

4) Otras medidas contra la privatización y la corrupción:

• Creación de la Comisión de privatizaciones para supervisión y cancelación de todas las concesiones, adjudicaciones, encomiendas de gestión, contratos y conciertos de servicios privatizados. Previamente a ello, las Consejerías presentarán ante las Cortes la relación completa, rigurosa y desglosada de dichas privatizaciones.
• Las personas físicas y jurídicas que opten a contratos deben prestar el servicio o suministro directamente y con personal propio, quedando excluida cualquier modalidad de subcontratación o externalización y renunciando a cualquier cláusula de confidencialidad.
• Todas las obras públicas financiadas total o parcialmente con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma serán controladas por los laboratorios de calidad propios de la Junta de Castilla y León y sus directores de obras serán empleados públicos.
• Se prohibirán por ley los modificados, reformados y proyectos complementarios de obra que supongan un incremento superior al 1% del presupuesto de adjudicación.
• Cancelación de contratos suscritos con mutuas para vigilancia de la salud y prevención de riesgos laborales, poniendo en funcionamiento el servicio de prevención propio de la Junta de Castilla y León.
• Publicar la relación completa de bienes inmuebles propiedad de la Administración y elaboración de un plan para revisar todos los contratos de arrendamiento, eliminando o reduciendo su coste, así como la recuperación de los inmuebles cedidos en dudosa legalidad.
• Cualquier persona que ocupe un puesto político o de libre designación, si del inadecuado ejercicio de sus funciones se derivan acciones judiciales o sanciones administrativas, deberá responder económicamente y sufragar a su costa los gastos de representación, defensa o peritajes judiciales.

Por ultimo hubo un ofrecimiento de PLADEPU para asesorarles en cuantas dudas tengan sobre la Administración, explicando que el apoyo será esencialmente técnico, sin ningún sesgo político, y que se apoyará a cada grupo político que lo solicite, puesto que la prioridad es que la Junta de Castilla y León valorice los medios materiales y humanos que tiene, promueva la eficacia, independencia y transparencia en la gestión de los servicios públicos, y devuelva los derechos recortados a la ciudadanía y a sus trabajadores.

El denominador común en las tres reuniones ha sido el interés de los grupos políticos por las propuestas expuestas, así como de las prácticas necesarias para poder llevarlas a cabo con efectividad. Quedó muy claro que todas las funciones de la Administración “B” paralela pueden ser llevadas a cabo y desarrolladas por la Administración General, es decir, que todo debe volver a ser público. Algunos grandes fraudes están siendo silenciados pero acabarán saltando a la opinión pública; otros no se hubieran producido si hubieran sido gestionadas las funciones por empleados públicos.

Documento completo con las 34 medidas para la regeneración de la Administración Autonómica, contra la corrupción y por la devolución de derechos expropiados a los empleados públicos o recortados a la ciudadanía.

Hoy 22 de octubre volvemos a las calles: Pan, Trabajo, Techo y Dignidad

Las Marchas de la Dignidad vuelven a las calles para demostrar la fuerza del pueblo frente al poder económico, organizando diversas movilizaciones y acciones por todo el estado, para visualizar el robo de las conquistas sociales de las clases populares.

El gobierno actual nos quiere vender que ha hecho grandes reformas estructurales, que estamos en el buen camino y que nos estamos recuperando. Pero la realidad parece bien distinta: emergencia habitacional en el Estado Español, pobreza energética, crecimiento de la desigualdad, pérdida de masa salarial y precariedad especialmente en jóvenes y mujeres, reconversión de contratos de jornada completa en parcial e inestable y recortes profundos en sanidad, educación y servicios sociales.

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) apoyamos esta jornada de movilización contra el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población trabajadora, consecuencia de la profundización en la precarización socio-labora y de la continuidad de los recortes en los servicios públicos.

Movilizaciones convocadas en Castilla y León:

León	Concentración	20:00	Plaza del Cid
Palencia	Concentración	19:00	Estatua de la Mujer
Ponferrada	Concentración	19:00	Plaza de plaza de Julio Lazúrtegui
Segovia	Concentración	19:30	Plaza del Azoguejo
Valladolid	Manifestación	19:00	Fuente Dorada - Ferrari - Plaza Mayor - Santiago - Claudio Moyano - Duque de la Victoria

Manifiesto 22 de octubre volvemos a las calles: Pan, Trabajo, Techo y Dignidad.

¿Un ejemplo o un suicida?

Un compañero nos explica los motivos por los que renuncia a ser condecorado por sus años de servicio en la Junta de Castilla y León:

En la Junta de Castilla y León sobran "sanchopanzas", siempre ávidos de ínsulas baratarias y demás canonjías, y escasean los "quijotes", considerados locos suicidas por los demás. Recordemos por boca del protagonista lo que significa la andante caballería: "Don Quijote soy, y mi profesión la de andante caballería. Son mis leyes, el deshacer entuertos, prodigar el bien y evitar el mal. Huyo de la vida regalada, de la ambición y la hipocresía, y busco para mi propia gloria la senda más angosta y difícil. ¿Es eso, de tonto y mentecato?"

Para el funcionario medio de la Junta reivindicar la dignidad del empleado público, exigir el respeto de la legalidad y la preeminencia del Estado de Derecho, es de tontos y mentecatos, anteponiendo a estos elevados principios el pragmatismo de la gratitud estomacal. ¡Así nos luce el pelo!

Por último, cuando llegué a Castilla me hacía ilusión encontrarme con los herederos de las nobles estirpes de los Maldonado, Bravo y Padilla. Desgraciadamente, en este putrefacto mundillo funcionarial, salvo honradas excepciones como PLADEPU, la mayoría parecen ser descendientes de la prolífica casta de Lázaro de Tormes y como tales ejercen de vulgares pícaros.

Comunicado completo de renuncia a condecoración por 15 años de servicio.

PALENCIA: VIERNES DE NEGRO vuelve, reclamando la totalidad de los derechos robados

Los viernes de negro vuelven porque algunos derechos de los empleados públicos pueden perderse definitivamente y no debemos permitirlo.

El próximo vienes 16 de octubre nos concentraremos a 12:00h en la puerta de la Delegación Territorial de Palencia, sin banderas ni logos. Ven de negro y trae tu cartel o pancarta.

No se pretende dividir con respecto a la convocatoria de los miércoles de algunos sindicatos, sino potenciar y reforzar, haciendo otra concentración más los viernes.

Por favor difundid, poned este cartel visible en vuestro centro. Gracias.

La Gerencia de Servicios Sociales continúa privatizando la dependencia en Castilla y León

La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León lleva ocho años externalizando el trabajo que deberían realizar funcionarios de la Junta, en vez de eso, se está contratando con empresas como Grupo Norte o Fucoda, lo cual implica privatizar temas tan delicados como el reconocimiento del derecho a dependencia y sus prestaciones económicas, permitiendo que personas contratadas por una empresa tengan acceso a datos protegidos como DNI, patrimonio, conozcan lo que cobran los mayores en dependencia, tramiten sus ayudas individuales a la discapacidad o decidan los criterios de acceso a plazas de residencias públicas, en emergencias sociales. Esto es una vulneración muy grave de la ley de protección de datos, puesto que la información confidencial facilitada por un particular para poder acceder a una ayuda pública, solo puede ser tramitada por funcionarios y empleados públicos que han accedido a su puesto en un proceso selectivo que garantiza la igualdad, el mérito y la capacidad. Desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) no nos cansaremos de repetir que los empleados públicos solo nos debemos a la ley, ello garantiza la independencia y la máxima legalidad y rigor en la tramitación de dichos datos confidenciales que bajo ningún concepto deberían estar en manos de empresas privadas.

Por otro lado, ponemos en tela de juicio las declaraciones del Gerente de Servicios Sociales —Jesús Fuertes— explicando que (palabras textuales) «Fucoda no tramita la dependencia en nuestra comunidad porque eso sería ilegal y solo empleados públicos tramitan dependencia»:

Cadena SER Hora 14 fin de semana del 14 de junio del 2015, escuchar desde minuto 14:50

Quien quiera conocer más puede tomarse la molestia de investigar y quizás llegue a la conclusión de que estas personas hacían mucho más que simplemente meter datos en el sistema SAUSS, e incluso podrá averiguar cómo estas personas contratadas por una empresa privada tenían acceso a unidades de red de la Gerencia a las que muchos de los funcionarios del servicio no accedían.

En la actualidad, nuestros jefes han decidido encubrir esta externalización de modo que la contratación de las mismas personas (que han trabajado desde el 2009 hasta ahora en las dependencias de la Gerencia de Servicios Sociales contratadas desde el Grupo Norte y Fucoda) se haga directamente desde la Fundación de Acción Social y Tutela de Castilla y León con contratos laborales temporales. Denunciamos esta situación. Porque es una forma encubierta de seguir externalizando función pública. Es indefendible que para la gestión de la dependencia en Castilla y León la Junta no disponga de plazas suficientes de funcionarios, y sus políticos prefieren dejarlo en manos privadas recurriendo a todo tipo que triquiñuelas. Esto es ilegal.

Noticia en BurgosDigital: EULEN utiliza las dependencias de la Junta con el consentimiento de la Consejera de Familia.

Entrevista a VIERNES NEGRO de Burgos

En este excelente vídeo del programa ¿De qué te quejas? de la televisión local Canal54, nuestro compañero Miguel de VIERNES NEGRO DE BURGOS explica las causas de la corrupción que afecta a la Junta de Castilla y León. También deja claro las redes de clientelismo que están suponiendo la privatización de servicios públicos que deberían ser llevados a cabo por funcionarios y empleados públicos, para garantizar su independencia, transparencia y legalidad. Hay cosas que no se pueden dejar en manos privadas, estamos viendo cada día que esto supone un mayor coste, una peor calidad del servicio y una precarización de las condiciones laborales de sus trabajadores, además de crear dudas sobre la igualdad de acceso, pues ya sabemos que en la empresa privada quién más paga es quien recibe el mejor servicio, mientras que ése no es el principio que rige la administración pagada con el dinero de toda la sociedad.

El problema es que actualmente, empresas afines al poder que han perdido su cuota de mercado en el ladrillo, están viendo una nueva posibilidad de negocio en los servicios públicos y ahí está servido el engaño que desde PLADEPU no nos cansamos de denunciar gracias al trabajo de personas como Miguel.