La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León lleva ocho años externalizando el trabajo que deberían realizar funcionarios de la Junta, en vez de eso, se está contratando con empresas como Grupo Norte o Fucoda, lo cual implica privatizar temas tan delicados como el reconocimiento del derecho a dependencia y sus prestaciones económicas, permitiendo que personas contratadas por una empresa tengan acceso a datos protegidos como DNI, patrimonio, conozcan lo que cobran los mayores en dependencia, tramiten sus ayudas individuales a la discapacidad o decidan los criterios de acceso a plazas de residencias públicas, en emergencias sociales. Esto es una vulneración muy grave de la ley de protección de datos, puesto que la información confidencial facilitada por un particular para poder acceder a una ayuda pública, solo puede ser tramitada por funcionarios y empleados públicos que han accedido a su puesto en un proceso selectivo que garantiza la igualdad, el mérito y la capacidad. Desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) no nos cansaremos de repetir que los empleados públicos solo nos debemos a la ley, ello garantiza la independencia y la máxima legalidad y rigor en la tramitación de dichos datos confidenciales que bajo ningún concepto deberían estar en manos de empresas privadas.
Por otro lado, ponemos en tela de juicio las declaraciones del Gerente de Servicios Sociales —Jesús Fuertes— explicando que (palabras textuales) «Fucoda no tramita la dependencia en nuestra comunidad porque eso sería ilegal y solo empleados públicos tramitan dependencia»:
Quien quiera conocer más puede tomarse la molestia de investigar y quizás llegue a la conclusión de que estas personas hacían mucho más que simplemente meter datos en el sistema SAUSS, e incluso podrá averiguar cómo estas personas contratadas por una empresa privada tenían acceso a unidades de red de la Gerencia a las que muchos de los funcionarios del servicio no accedían.
En la actualidad, nuestros jefes han decidido encubrir esta externalización de modo que la contratación de las mismas personas (que han trabajado desde el 2009 hasta ahora en las dependencias de la Gerencia de Servicios Sociales contratadas desde el Grupo Norte y Fucoda) se haga directamente desde la Fundación de Acción Social y Tutela de Castilla y León con contratos laborales temporales. Denunciamos esta situación. Porque es una forma encubierta de seguir externalizando función pública. Es indefendible que para la gestión de la dependencia en Castilla y León la Junta no disponga de plazas suficientes de funcionarios, y sus políticos prefieren dejarlo en manos privadas recurriendo a todo tipo que triquiñuelas. Esto es ilegal.
Noticia en BurgosDigital: EULEN utiliza las dependencias de la Junta con el consentimiento de la Consejera de Familia.
Por otro lado, ponemos en tela de juicio las declaraciones del Gerente de Servicios Sociales —Jesús Fuertes— explicando que (palabras textuales) «Fucoda no tramita la dependencia en nuestra comunidad porque eso sería ilegal y solo empleados públicos tramitan dependencia»:
Quien quiera conocer más puede tomarse la molestia de investigar y quizás llegue a la conclusión de que estas personas hacían mucho más que simplemente meter datos en el sistema SAUSS, e incluso podrá averiguar cómo estas personas contratadas por una empresa privada tenían acceso a unidades de red de la Gerencia a las que muchos de los funcionarios del servicio no accedían.
En la actualidad, nuestros jefes han decidido encubrir esta externalización de modo que la contratación de las mismas personas (que han trabajado desde el 2009 hasta ahora en las dependencias de la Gerencia de Servicios Sociales contratadas desde el Grupo Norte y Fucoda) se haga directamente desde la Fundación de Acción Social y Tutela de Castilla y León con contratos laborales temporales. Denunciamos esta situación. Porque es una forma encubierta de seguir externalizando función pública. Es indefendible que para la gestión de la dependencia en Castilla y León la Junta no disponga de plazas suficientes de funcionarios, y sus políticos prefieren dejarlo en manos privadas recurriendo a todo tipo que triquiñuelas. Esto es ilegal.
Noticia en BurgosDigital: EULEN utiliza las dependencias de la Junta con el consentimiento de la Consejera de Familia.
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