PLADEPU se reúne con Izquierda Unida, Podemos y Ciudadanos para exponerles sus propuestas de regeneración de la administración

Reuniones de PLADEPU mantenidas con
procuradores de IU, Podemos y Ciudadanos

Componentes de PLADEPU en León, Palencia y Valladolid, han mantenido reuniones con los representantes de IU, Podemos y Ciudadanos para explicar cómo se puede acabar con la corrupción y la politización de los servicios públicos en la Junta de Castilla y León.

Tras presentar a la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) y su trayectoria desde el año 2.011, se quiso dejar claro que lo planteado viene avalado por 9.000 firmas de empleados públicos, compañeros y compañeras que trabajan en la administración autonómica, lo cual da un gran respaldo y solvencia a las reivindicaciones expuestas.

Posteriormente se hizo entrega de la carta que van a recibir cada uno de los 84 Diputados que componen las Cortes de Castilla y León, insistiendo en que el primer y más importante derecho que se está vulnerando gravísimamente es el de la propia función pública: las encomiendas de gestión a fundaciones y entes públicos están atentando contra el derecho al puesto del funcionariado para el ejercicio de sus funciones. Los grupos políticos deben entender que la primera garantía que tiene el ciudadano es que el personal que gestiona sus asuntos no sea susceptible a despidos. No como sucede los contratados temporales en políticas tan importantes como la dependencia o la renta garantizada, lo que provoca además una lamentable precarización del trabajo de las personas. O con los “contratos laborales temporales”, para aparentar “legalidad”, pues se hacen en fraude de ley. Las recientes contrataciones que la Fundación de Acción Social y Tutela vulneran profundamente la legalidad y atentan contra la independencia que debe garantizar la administración en la tramitación de la mayor parte de las políticas de los servicios sociales.

Carta registrada para
cada procurador

A continuación, PLADEPU expuso los puntos más importantes que pueden servir para realmente defender lo público en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de modo que la administración vuelva a estar al servicio de la ciudadanía y no al servicio de los intereses de los partidos políticos como ocurre actualmente:

1) Regeneración de la Administración autonómica de Castilla y León, con medidas como:

• Modificación de la Ley 4/2001 reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), introduciendo en esta Ley el derecho de la ciudadanía a presentar propuestas de referéndum sobre TODAS las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía.
• Reforma en profundidad del Reglamento de las Cortes, reduciendo a la mitad los plazos para que las consejerías aporten la información o respuestas a las preguntas parlamentarias.
• Máximo 9 Consejerías, cada una con un máximo de 5 Direcciones Generales, dos asesores y una persona de confianza o eventual.
• Ningún cargo o puesto percibirá más de una retribución pública, ni será dicha retribución superior a la prevista para su puesto de trabajo, así mismo no se perpetuara en un puesto de designación política (Presidente, Vicepresidente, Consejero, Director General o Delegado Territorial) más de 8 años en un periodo de 16 años.
• Reforzar normativamente tanto la independencia como la capacidad de conocimiento y control en el Procurador del Común y en el Consejo de Cuentas.
• Facilitar que aquellos empleados públicos y ciudadanos que quieran alertar denunciar o poner en conocimiento hechos y prácticas potencialmente irregulares, ilegales o corruptas, puedan hacerlo con todas las garantías de la ley y la defensa, sin miedo a persecuciones, sanciones o discriminaciones.

2) Despolitización y profesionalización de la Administración autonómica, mediante:

• Eliminación de los puestos de libre designación (LD) cargos de viceconsejeros y coordinadores de servicios, así como una regulación de las comisiones de servicio con una duración máxima de 6 meses renovables una sola vez y revisión de los puestos de concurso específico hasta transformar cerca del 90% de los existentes en puestos de concurso ordinario.
• Promoción, estímulo y carrera administrativa abierta hasta jefatura de servicio, secretaria técnica, coordinador de área o puestos asimilados. A finales de enero de cada año se hará pública la relación completa de los puestos de trabajo con situación de vacante pura y antes de finalizar febrero de cada año se procederá a la convocatoria de todos los concursos cuya resolución definitiva será anterior a 12 meses, en dichos concursos se ofertará la totalidad de los puestos de trabajo vacantes
• La Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP) es el único centro de formación y cualificación de los empleados públicos, ejecutando directamente los programas de formación y reciclaje en las cuatro universidades públicas y centros oficiales públicos especializados. Supresión de todos los convenios o contratos para formación suscritos con centrales sindicales.
• Dotación presupuestaria y ocupación efectiva global de los puestos de trabajo, y convocatoria de las bolsas de empleo temporal a partir de las convocatorias de selección de las ofertas de empleo público anuales.

3) Eliminación de la administración paralela o administración B (empresas públicas, institutos, fundaciones, agencias y otros entes). Algunos pasos a dar son:

• Presentación de auditorías e informes de la Intervención General, de cada una de las empresas públicas fundaciones y demás entes de la Administración B. Si el balance contable de disolución es negativo, las Cortes instarán la venta del patrimonio antes de su retorno a la Administración General
• Posteriormente, la Junta de Castilla y León presentará en seis meses a las Cortes los proyectos legislativos necesarios para la devolución completa de todas las competencias, patrimonio, servicios, programa y funciones trasvasados a dicha administración B.

4) Otras medidas contra la privatización y la corrupción:

• Creación de la Comisión de privatizaciones para supervisión y cancelación de todas las concesiones, adjudicaciones, encomiendas de gestión, contratos y conciertos de servicios privatizados. Previamente a ello, las Consejerías presentarán ante las Cortes la relación completa, rigurosa y desglosada de dichas privatizaciones.
• Las personas físicas y jurídicas que opten a contratos deben prestar el servicio o suministro directamente y con personal propio, quedando excluida cualquier modalidad de subcontratación o externalización y renunciando a cualquier cláusula de confidencialidad.
• Todas las obras públicas financiadas total o parcialmente con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma serán controladas por los laboratorios de calidad propios de la Junta de Castilla y León y sus directores de obras serán empleados públicos.
• Se prohibirán por ley los modificados, reformados y proyectos complementarios de obra que supongan un incremento superior al 1% del presupuesto de adjudicación.
• Cancelación de contratos suscritos con mutuas para vigilancia de la salud y prevención de riesgos laborales, poniendo en funcionamiento el servicio de prevención propio de la Junta de Castilla y León.
• Publicar la relación completa de bienes inmuebles propiedad de la Administración y elaboración de un plan para revisar todos los contratos de arrendamiento, eliminando o reduciendo su coste, así como la recuperación de los inmuebles cedidos en dudosa legalidad.
• Cualquier persona que ocupe un puesto político o de libre designación, si del inadecuado ejercicio de sus funciones se derivan acciones judiciales o sanciones administrativas, deberá responder económicamente y sufragar a su costa los gastos de representación, defensa o peritajes judiciales.

Por ultimo hubo un ofrecimiento de PLADEPU para asesorarles en cuantas dudas tengan sobre la Administración, explicando que el apoyo será esencialmente técnico, sin ningún sesgo político, y que se apoyará a cada grupo político que lo solicite, puesto que la prioridad es que la Junta de Castilla y León valorice los medios materiales y humanos que tiene, promueva la eficacia, independencia y transparencia en la gestión de los servicios públicos, y devuelva los derechos recortados a la ciudadanía y a sus trabajadores.

El denominador común en las tres reuniones ha sido el interés de los grupos políticos por las propuestas expuestas, así como de las prácticas necesarias para poder llevarlas a cabo con efectividad. Quedó muy claro que todas las funciones de la Administración “B” paralela pueden ser llevadas a cabo y desarrolladas por la Administración General, es decir, que todo debe volver a ser público. Algunos grandes fraudes están siendo silenciados pero acabarán saltando a la opinión pública; otros no se hubieran producido si hubieran sido gestionadas las funciones por empleados públicos.

Documento completo con las 34 medidas para la regeneración de la Administración Autonómica, contra la corrupción y por la devolución de derechos expropiados a los empleados públicos o recortados a la ciudadanía.