El pasado miércoles 28 de octubre, componentes de la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) se han reunido con la Viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto, Marta López de la Cuesta, y con la Directora General de la Función Pública, Maria Antonia Abia Padilla, para entregarles el documento con las 34 medidas para la regeneración de la Administración Autonómica, contra la corrupción y por la devolución de derechos expropiados a los empleados públicos o recortados a la ciudadanía, cuya copia PLADEPU ya ha hecho llegar a los de los 84 procuradores que componen las Cortes de Castilla y León.
PLADEPU ha planteado las siguientes cuestiones:
- Insostenible situación que se está produciendo en la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León: donde materias como dependencia, renta garantizada y desahucios, son tramitados mayoritariamente por personal contratado por la Fundación de Acción Social y Tutela en lugar de por personal funcionario, a los que se tiene forzosamente al margen de dichas tramitaciones.
- Revocar las encomiendas de gestión realizadas a entidades públicas: solicitan que desde la actual Viceconsejería de Función Pública se presione a las Consejerías y Organismos Autónomos para revocar las encomiendas de gestión que sostienen y dan oxígeno a la Administración "B" paralela. La Viceconsejera considera que es un tema de autoorganización -a diferencia del criterio de PLADEPU- y no va a abordar ese tema.
- Preocupante privatización de multitud de servicios en las distintas consejerías: es factible y deseable que dichos servicios vuelvan a ser realizados por empleados públicos.
- Libres designaciones (LD): el número abusivo de LD produce malestar en los empleados públicos, por ser una figura que solo premia a los afines al poder.
- Comisiones de servicio y teletrabajo: la generalizada mala utilización de estas herramientas, muy útiles para resolver problemas puntuales pero con un uso muy perverso, a menudo favoreciendo el amiguismo y el pago de favores.
- Falta de protección a denunciantes: se insiste en que si un empleado público quiere comunicar alguna irregularidad o ilegalidad, carece totalmente de cauces seguros y eficaces para denunciarlo.
- Reforma de las RPTs: a PLADEPU le preocupa tremendamente que dicha reforma se realice sin dar marcha atrás a las encomiendas de gestión existentes, y se aproveche para podar más aún el ya maltrecho árbol administrativo. No parece sensato que dicha reforma se realice sin la recuperación de la “materia pública encomendada” a la Administración "B" paralela.
La Viceconsejera sí ha respondido que el acuerdo con los sindicatos supone un nuevo punto de inflexión en las reivindicaciones en materia de función pública. Especialmente ha insistido en la próxima adaptación de las RPTs, cuyo acuerdo se producirá durante el año 2016. Está previsto para el año 2017 el concurso abierto y permanente para funcionarios, salvo para el cuerpo sanitario que tiene otra reglamentación.
Se comprobó que en 9 cuerpos especiales al menos el 38% de las plazas están sin cubrir. Sumando que su trabajo se ha derivado a la Administración B, si ajustan las RPTs sin revocar encomiendas, provocarán un recorte aún mayor de la Administración Autonómica.
PLADEPU ha pedido a la Viceconsejera y a la Directora Genera de Función Pública, como responsables que son de los empleados públicos, que confíen más en ellos, como garantía de independencia, objetividad y transparencia, frente al partidismo de las actuaciones de los entes públicos o el ánimo de lucro de las empresas privadas.
Parece que hay un mayor compromiso en esta legislatura de mejorar eficazmente lo existente. Esperamos que la buena voluntad surta efecto. PLADEPU estará cerca para hacer un seguimiento.
PLADEPU ha planteado las siguientes cuestiones:
- Insostenible situación que se está produciendo en la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León: donde materias como dependencia, renta garantizada y desahucios, son tramitados mayoritariamente por personal contratado por la Fundación de Acción Social y Tutela en lugar de por personal funcionario, a los que se tiene forzosamente al margen de dichas tramitaciones.
- Revocar las encomiendas de gestión realizadas a entidades públicas: solicitan que desde la actual Viceconsejería de Función Pública se presione a las Consejerías y Organismos Autónomos para revocar las encomiendas de gestión que sostienen y dan oxígeno a la Administración "B" paralela. La Viceconsejera considera que es un tema de autoorganización -a diferencia del criterio de PLADEPU- y no va a abordar ese tema.
- Preocupante privatización de multitud de servicios en las distintas consejerías: es factible y deseable que dichos servicios vuelvan a ser realizados por empleados públicos.
- Libres designaciones (LD): el número abusivo de LD produce malestar en los empleados públicos, por ser una figura que solo premia a los afines al poder.
- Comisiones de servicio y teletrabajo: la generalizada mala utilización de estas herramientas, muy útiles para resolver problemas puntuales pero con un uso muy perverso, a menudo favoreciendo el amiguismo y el pago de favores.
- Falta de protección a denunciantes: se insiste en que si un empleado público quiere comunicar alguna irregularidad o ilegalidad, carece totalmente de cauces seguros y eficaces para denunciarlo.
- Reforma de las RPTs: a PLADEPU le preocupa tremendamente que dicha reforma se realice sin dar marcha atrás a las encomiendas de gestión existentes, y se aproveche para podar más aún el ya maltrecho árbol administrativo. No parece sensato que dicha reforma se realice sin la recuperación de la “materia pública encomendada” a la Administración "B" paralela.
La Viceconsejera sí ha respondido que el acuerdo con los sindicatos supone un nuevo punto de inflexión en las reivindicaciones en materia de función pública. Especialmente ha insistido en la próxima adaptación de las RPTs, cuyo acuerdo se producirá durante el año 2016. Está previsto para el año 2017 el concurso abierto y permanente para funcionarios, salvo para el cuerpo sanitario que tiene otra reglamentación.
Se comprobó que en 9 cuerpos especiales al menos el 38% de las plazas están sin cubrir. Sumando que su trabajo se ha derivado a la Administración B, si ajustan las RPTs sin revocar encomiendas, provocarán un recorte aún mayor de la Administración Autonómica.
PLADEPU ha pedido a la Viceconsejera y a la Directora Genera de Función Pública, como responsables que son de los empleados públicos, que confíen más en ellos, como garantía de independencia, objetividad y transparencia, frente al partidismo de las actuaciones de los entes públicos o el ánimo de lucro de las empresas privadas.
Parece que hay un mayor compromiso en esta legislatura de mejorar eficazmente lo existente. Esperamos que la buena voluntad surta efecto. PLADEPU estará cerca para hacer un seguimiento.
Acabamos de comentar que la hermana de los hermanos MORO, los viticultores, esta trabajando de funcionaria en la Junta de Castilla y León, concretamente en Presidencia, Fabiola Moro, y que la buena mujer esta todas las mañanas en el gimnasio, parece ser que tiene teletrabajo, así que no se pasa por la Junta, mas que cuando la apetece. Esto de la Junta es de traca, y el Señor Juan Vicente ausente de todo.
ResponderEliminarAuténtica tomadura de pelo es lo que es el teletrabajo de la Junta. Espero que esto se quite pero ya.
EliminarEs una vergüenza, lo mismo que escuchar a Juan Vicente Herrera y a Rosa Valdeón decir que los empleados públicos que quieren denunciar ilegalidades e irregularidades, tienen facilidades para hacerlo ¡es falso!! y si no que se lo digan a la compañera que fotocopió las facturas vergonzantes de Silvia Clemente, o a quienes levantan la voz denunciando corrupción en los viernes de negro de cada provincia... se les aplica represalias más o menos directas. Por eso la gente no denuncia pero está más que harta y el día que estalle, se van a enterar los políticos de la Junta de Castilla y León
ResponderEliminar