Continúan las bufandas en la administración paralela

A los del ADE les toca la lotería de Navidad con el dinero público de los impuestos de los castellanos y leoneses

El año pasado desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) denunciamos la concesión arbitraria de gratificaciones y días de vacaciones en la administración paralela, en el que poníamos de manifiesto que la Consejería de Economía y Empleo regaló siete días de vacaciones o compensación económica a los trabajadores de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial.

Según hemos sabido aquella tropelía va a completarse con el pago de una gratificación adicional correspondiente a un 75% adicional a lo que ya cobraron el año pasado y ello pese a que los perceptores aceptaron como válido y suficiente el pago percibido que se materializó mediante este comunicado de la Directora General de la Agencia en el que, sin ninguna obligación legal se hacía uso de dinero público para conceder una compensación de dos horas y media por semana durante tres meses, es decir siete días de vacaciones o bien compensación económica a elección de cada trabajador.

Este tipo de gratificaciones extraordinarias encubiertas han sido reiteradamente denunciadas por diferentes colectivos de funcionarios desde hace ya mucho tiempo, pues suponen un uso arbitrario de dinero público, realizados al antojo de los directivos y que están proscritos por la legislación. Como publicamos en PLADEPU en marzo de este mismo año Los tribunales reconocen que los empleados públicos no pueden recibir premios (ni “bufandas” ni días de vacaciones):

"La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC recuerda que las retribuciones de los funcionarios solo puede establecerse por normas con rango de ley, lo que convierte en nula cualquier otra resolución aprobada al respecto". "[..] es nula la norma que establece una retribución nueva y distinta a las previstas en la ley con carácter general para toda la función pública, sin competencia normativa para ello", añade el TSJC.

Según parece el hecho de que la Agencia haya cambiado de Consejería (ahora Consejería de Economía y Hacienda) y de consejera (ahora Pilar del Olmo), así como de Director General (ahora José María Ribot) no ha traído, ni mucho menos, mayor rigor en el gasto público, sino tan sólo un continuismo en los desmanes perpetrados en dicho ente.

Red de Calor de la Universidad de Valladolid o la corrupción "al sol que más calienta"

Inauguración de la red de calor
de la UVA // Fuente: RETEMA

PARA LLEVÁRSELO CALENTITO DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

Desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) no nos cansamos de denunciar que la Administración paralela es un vivero de corrupción y que es imprescindible acabar con la Administración B. Desde esta Plataforma hemos denunciado las adjudicaciones poco higiénicas de la empresa pública SOMACYL al conglomerado societario del hermano de un alto cargo de la Junta de Castilla y León, Rafael Gómez Arenas. Adjudicaciones que han resultado un quebranto para las arcas de nuestra Región. Por ejemplo, en la ejecución y reparación de los daños causados por el derrumbe de la pasarela de Benavente se han gastado más de 3 millones de euros de dinero público. Pasarela, cuyo Proyecto y Obra fue adjudicada por la empresa pública SOMACYL a la empresa del hermano del Sr. Gómez Arenas (AMATEX). También se ha denunciado desde PLADEPU, que los técnicos de la empresa pública SOMACYL no exigieron que el Proyecto de la Pasarela, redactado por AMATEX, incluyese el estudio geotécnico del emplazamiento donde se iba a construir la Pasarela, tal y como exige la Ley de Contratos del Sector Público. Omisión que fue determinante para el derrumbe de la pasarela de Benavente, ya que fue un colapso del suelo, es decir, un problema geotécnico, el que originó que la pasarela de Benavente se derrumbase, y los ciudadanos de Castilla y León viésemos como se tiraban 3 millones de euros por el retrete.

Pero como Dios los crea y luego ellos se juntan, el hermano del Sr. Gómez Arenas formó una UTE con la empresa COFELY, la empresa que se encuentra en el epicentro de la trama de corrupción PUNICA, para optar a un contrato público que licitaba la empresa pública SOMACYL, en concreto, el suministro de la red de calor utilizando biomasa forestal en diversos edificios universitarios de Valladolid. Para no llamar mucho la atención, el hermano del Sr. Gómez Arenas utilizó otra empresa de su conglomerado societario, REBI. Y casualidades de la vida, la empresa pública SOMACYL adjudicó el contrato a la UTE empresarial formada por REBI-COFELY. Es decir, la red de calor con biomasa se adjudicó a una empresa que según las investigaciones judiciales se dedicaba a sobornar a cargos públicos para obtener adjudicaciones, conjuntamente con la empresa del hermano de un alto cargo de la Junta de Castilla y León. Pero para rematar todo este embrollo, el Consejero Delegado de la empresa pública que adjudica este contrato, el Director General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez Blázquez, se encuentra imputado judicialmente por otra trama de corrupción, el edificio de Arroyo de la Encomienda, “la perla negra”.

Por ello, no es de extrañar que los nuevos Consejeros de Educación y Fomento y Medio Ambiente, cuando fueron a inaugurar esta obra no quisieran saber nada de las empresas adjudicatarias de esta obra pública, tal y como recoge esta crónica de el topillo.

PLADEPU se reúne con PP para exponer sus propuestas de regeneración de la administración

PLADEPU finaliza con el Partido Popular la ronda de reuniones con los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León.

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) ha hecho un gran esfuerzo en reunirse de forma separada con todos nuestros representantes políticos, para que incorporen nuestras reivindicaciones de empleados públicos en la actividad parlamentaria. Y al menos este esfuerzo está sirviendo para que varios partidos recojan nuestras propuestas para llavarlas a las Cortes de Castilla y León, como CIUDADANOS con la Proposición No de Ley de desarrollo de una normativa legal de protección jurídica para los funcionarios y empleados públicos que divulguen información sobre episodios de corrupción en la Administración, la medida de PLADEPU conocida como Whistleblowing.

Lamentablemente el rodillo del PP en las votaciones ha echado atrás esta propuesta para la protección integral del empleado público denunciante a la que se habían sumado todos los grupos de la oposición. La propia presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, ha impedido la aprobación de esta medida en el pleno de las Cortes. Suponemos que no querría que se le recordara el "destierro" que hizo a una funcionaria por filtrar algunas de sus facturas cuando era Consejera de Agricultura, como recoge la noticia de últimoCero Ciudadanos acusa a la presidenta de las Cortes de impedir el blindaje de los funcionarios de la Junta que denuncien corruptelas.

Aprovechamos también esta noticia para criticar la actitud del Consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, en relación a la Pregunta Oral del PSOE sobre la gestión en materia de función pública de la Junta de Castilla y León, debatida recientemente en el Pleno de las Cortes de Castilla y León (POP/000052-01: vídeos y transcripción completa). Es una vergüenza es que en vez de contestar a dicha pregunta sobre función pública, el Sr. Santiago-Juárez se dedique a burlarse y criticar a una procuradora que está realizando su trabajo. Recordamos que el Sr. Santiago-Suárez no es el más indicado para dar lecciones de humildad.

Documento completo con las 34 medidas para la regeneración de la Administración Autonómica, contra la corrupción y por la devolución de derechos expropiados a los empleados públicos o recortados a la ciudadanía.