A los del ADE les toca la lotería de Navidad con el dinero público de los impuestos de los castellanos y leoneses
El año pasado desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) denunciamos la concesión arbitraria de gratificaciones y días de vacaciones en la administración paralela, en el que poníamos de manifiesto que la Consejería de Economía y Empleo regaló siete días de vacaciones o compensación económica a los trabajadores de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial.Según hemos sabido aquella tropelía va a completarse con el pago de una gratificación adicional correspondiente a un 75% adicional a lo que ya cobraron el año pasado y ello pese a que los perceptores aceptaron como válido y suficiente el pago percibido que se materializó mediante este comunicado de la Directora General de la Agencia en el que, sin ninguna obligación legal se hacía uso de dinero público para conceder una compensación de dos horas y media por semana durante tres meses, es decir siete días de vacaciones o bien compensación económica a elección de cada trabajador.
Este tipo de gratificaciones extraordinarias encubiertas han sido reiteradamente denunciadas por diferentes colectivos de funcionarios desde hace ya mucho tiempo, pues suponen un uso arbitrario de dinero público, realizados al antojo de los directivos y que están proscritos por la legislación. Como publicamos en PLADEPU en marzo de este mismo año Los tribunales reconocen que los empleados públicos no pueden recibir premios (ni “bufandas” ni días de vacaciones):
"La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC recuerda que las retribuciones de los funcionarios solo puede establecerse por normas con rango de ley, lo que convierte en nula cualquier otra resolución aprobada al respecto". "[..] es nula la norma que establece una retribución nueva y distinta a las previstas en la ley con carácter general para toda la función pública, sin competencia normativa para ello", añade el TSJC.
Según parece el hecho de que la Agencia haya cambiado de Consejería (ahora Consejería de Economía y Hacienda) y de consejera (ahora Pilar del Olmo), así como de Director General (ahora José María Ribot) no ha traído, ni mucho menos, mayor rigor en el gasto público, sino tan sólo un continuismo en los desmanes perpetrados en dicho ente.
Otro chanchullo más de la administración B para beneficiar a los que entraron por la puerta de atrás.
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