PLADEPU informa sobre las "desencomiendas" de gestión

La publicación por el Consejo de Cuentas de Castilla y León del Informe de Fiscalización sobre la utilización de la encomienda de gestión regulada en la legislación de contratación pública aplicable por las Entidades del Sector Público de la Comunidad Autónoma, en coordinación con el Tribunal de Cuentas, pone de manifiesto las irregularidades que la Junta de Castilla y León comete.

La Plataforma en defensa de lo público (PLADEPU) solicitamos que el Consejo de Cuentas elabore un segundo informe donde se valore las consecuencias económicas de la mala utilización de las encomiendas de gestión en Castilla y León. Se han gastado más de 40 millones de euros en contratos que podrían ser irregulares o ilegales.

PLADEPU presentó la pasada semana en rueda de prensa un informe sobre las encomiendas de gestión, donde contó con el respaldo de procuradores de todos los partidos de la oposición (PSOE, PODEMOS, CIUDADANOS e I.U.). Compendio de noticias.

Informe de PLADEPU sobre las encomiendas de gestión, de instrumento al servicio de la Administración a caballo de Troya contra los servicios públicos.

Viernes Negro denuncia el despilfarro de 1,7 millones de euros en el Centro Tecnológico Agroalimentario en Aranda de Duero

Centro Tecnológico Agroalimentario en Aranda de Duero

VIERNES NEGRO DE BURGOS ha presentado hoy una nueva denuncia: el despilfarro de más de 1,7 millones de euros en el Centro Tecnológico Agroalimentario "Tomás Pascual" (CTACYL) en Aranda de Duero.

Lo que iba a ser un referente nacional en investigación y desarrollo agroalimentario, con 93 puestos de trabajo previstos y un proyecto de construcción de 5 pabellones, se ha quedado en una realidad bien distinta: un edificio "fantasma", acabado pero vacío y semi abandonado.

Una inversión de 1,8 millones de euros en un inmueble que no se ha puesto en marcha. Otro despilfarro más en inmuebles lejos de lo prometido, como el “Despilfarro de más de 2.000.000 € en la construcción de un nuevo pabellón en el Laboratorio Agrario Regional de Burgos, que lleva más de 5 años cerrado y sin ningún tipo de uso" o el “despilfarro de más de 800.000 € en la construcción y dotación de la Estación de Avisos de Pedrosa de Duero, edificio que también permanece cerrado desde el año 2011, y lo más grave, sin poder cumplir una misión crítica y fundamental en el sector Vitivinícola de Castilla y León”.

Escrito presentado que engorda las ya numerosas denuncias de VIERNES NEGRO DE BURGOS y/o Plataforma en Defensa de los Público (PLADEPU) en la provincia de Burgos, recogidas en los apartados Viernes de negro y Denuncias generales. Noticia ampliada en últimoCero.

Sobre el anteproyecto de protección del empleado público denunciante

Debido a las informaciones dispares que están llegando desde diversas fuentes, sin saber si el anteproyecto de protección del empleado público denunciante será beneficioso o todo lo contrario, desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) queremos aclarar algunas cuestiones que deberían ser incluidas en dicho anteproyecto para que sea realmente garantista y, sin ser exhaustivo, mejore la normativa actual. Pues de otra forma quizás puedan estar vendiéndonos humo y el texto que se apruebe podría ser peor que el actual:

1. Oposición total a sancionar al denunciante: el funcionario tiene como obligación notificar o poner en conocimiento aquellos hechos que considere sospechosos de constituir delito o infracción. Y si no fueran constitutivos, nos parece una medida regresiva, que pudiera derivar una sanción de ningún tipo. La razón aducida de proteger la identidad del investigado para estas sanciones en caso de no probarse los hechos, no tiene sentido porque toda investigación es secreta. Es cuestión de proteger la identidad del investigado, pero de ningún modo sancionando al funcionario que evidenció los hechos.
2. Debe darse la misma protección y posibilidades de traslado a quienes apoyen las denuncias en calidad de testigos.
3. La protección de las personas denunciantes y testigos no debe terminar cuando finalicen las actuaciones, sino que debe mantenerse al menos mientras permanezcan en sus puestos todos los superiores de quien denuncia.
4. Se incluirá no solo al personal estatutario fijo, sino también al no fijo y en general a todos los empleados públicos, incluyendo quienes trabajen en instituciones o entidades que se nutran de fondos públicos. Puesto que la figura del funcionario denunciante parece ser respecto a funcionarios públicos o autoridad pública, pero nada se menciona de todo el entramado del personal de empresas, de entidades de organismos autónomos, entidades públicas, esa actividad no la realizan funcionarios ni autoridades públicas, pero esas actuaciones también deben ser investigables.
5. Sobre los hechos infundados, advertir que todas las denuncias que no conlleven documentos o pruebas tangibles pueden ser considerados no fundamentados y que dependerá del interés o de la pericia de los que instruyan, que se llegue a concluir o no que los hechos denunciados son fundados.
6. Nos parecen desproporcionadas las sanciones cuando no se pueda demostrar una denuncia. Sin embargo sí que se deberían incluir sanciones para quien incumpla la normativa de entre los responsables políticos y administrativos.
7. Al hilo de lo anterior, ya que se menciona que la denuncia falsa se considerará falta grave, se puede añadir "La sanción por denuncia falsa, una vez demostrada, así como el incumplimiento de esta Ley por parte de los Órganos competentes, serán consideradas faltas graves".
8. Indicar ante qué Órgano y mediante qué procedimiento hay que denunciar intentos de soborno o amenazas.
9. Sería deseable que el procedimiento de denuncia no quedase sólo en manos de la Inspección General (que bien podría ser la instructora de las diligencias previas) sino que otro órgano de mayor solvencia de sigilo e imparcialidad fuera el competente en la resolución, desligado del poder ejecutivo, al que se denuncia, directamente o indirectamente.
10. Contemplar que se puedan denunciar hechos constitutivos de delitos e infracciones administrativas, así como cualquier irregularidad o ilegalidad administrativa. Puesto que hay una laguna en ese aspecto (los hechos que pudieran ser constitutivos de delito los investiga el Ministerio Fiscal y los hechos que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa "disciplinaria" irían a la Inspección de servicios, pero nada se dice de los de tipo administrativo)

Recordamos que mientras se regula una norma para el personal laboral, se debería aplicar subsidiariamente el procedimiento que se apruebe, si es que merece la pena lo que se apruebe.

En tramitación: Anteproyecto de Ley por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes.

Histórico:
CIUDADANOS presentó en noviembre de 2015 una Proposición No de Ley (NL) basada en la propuesta de protección jurídica para el funcionario denunciante de corrupciones, basada en la propuesta “Whistleblowing” de PLADEPU. Esta primera PNL fue rechazada en Cortes por PP, mientras que el resto de partidos votaron a favor, lo que fue insuficiente (ver enlace).

A principios de diciembre (ver enlace) se aprueba una segunda PNL “enmendada” que es entonces aprobada con los votos de PP + CIUDADANOS, oponiéndose el resto de fuerzas (PSOE + PODEMOS + Mixto) en esta ocasión (ver enlace).

La Consejería de la Presidencia informa en febrero sobre el Anteproyecto de Ley que regula la protección de los empleados públicos que denuncien delitos contra la Administración (ver enlace).

SITACYL informa sobre la eminente convocatoria del Concurso de Méritos

LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, CAMBIÓ LA “AMAZONA” QUE DIRIGE LA CUÁDRIGA, PERO LOS CABALLOS DEL TIRO SIGUEN DESBOCADOS Y CON LAS OREJERAS PUESTAS.

El Sindicato de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla y León (SITACYL), denuncia contundentemente que la Consejería de Agricultura y Ganadería, antes “gobernada” por Silvia Clemente y su “mano derecha”, el Secretario Gral. Zapatero, y ahora por Milagros Marcos, no piensa cumplir con ninguna diligencia ni rigor la literalidad de la sentencia que la obliga a convocar el concurso de méritos con todas las plazas vacantes.

Desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), felicitamos el buen trabajo que viene realizando el SITACYL, denunciando el vaciamiento de los servicios públicos que concienzudamente se lleva a cabo en la Consejería de Agricultura y Ganadería, entre otras formas no convocando los concursos con TODAS las plazas que están vacantes. En PLADEPU entendemos que incumplir la literalidad completa de esta sentencia, es un claro caso de prevaricación, es decir “dictar a sabiendas una resolución injusta”, lo cual es un delito contemplado en el Código Penal.

Más información: ¿Posible consurso de méritos para ITAs “capado”?. Sentencia 02220/2015 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Ejemplo de las consecuencias que provoca el vaciamiento de los servicios públicos: UCCL denuncia falta de personal en la Junta en Zamora.

El Consejo de Cuentas critica el uso injustificado de las encomiendas de gestión

Recientemente conocimos por los medios de comunicación un nuevo informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León que dictamina que "la utilización de la encomienda de gestión por las entidades del sector público autonómico de Castilla y León, regulada en la legislación de contratación pública, no se realiza con los procedimientos ni para las finalidades previstos por la normativa aplicable" y que "tampoco se justifica el recurso a la encomienda como forma de gestión pública más adecuada a las necesidades planteadas, utilizándose, en ocasiones, para paliar carencias materiales o de personal de carácter estructural".

Para la amplia mayoría de entidades encomendatarias, el propio Consejo de Cuentas "pone en duda la justificación de la propia encomienda" pues considera que "carecen de la capacidad y los recursos necesarios para realizar la totalidad, o al menos una parte sustancial, de los encargos, lo que implica de hecho, la necesidad de contratar las prestaciones a terceros, en detrimento de la gestión directa indiferenciada o de la contratación administrativa". 

Para la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) no es nuevo que el Consejo de Cuentas reproche la mala gestión del gobierno del Sr. Herrera, pues es la conclusión que se viene extrayendo del estudio de otros informes de fiscalización de entes como ITACYL, PROVILSA, SOMACYL, ADE y otros entes.

La ley 5/2014 de medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, contra la que PLADEPU lucha enérgicamente, amplia la cobertura de las encomiendas de gestión para que la Administración pueda encargar a otra entidad la realización de determinadas actividades o prestaciones, sin ceder la titularidad. Las encomiendas de gestión a fundaciones y entes públicos están atentando contra el derecho al puesto del funcionariado para el ejercicio independiente de sus funciones y están externalizando los servicios públicos. Por eso, una de las 34 medidas para la regeneración de la Administración Autonómica que trasladamos a los partidos políticos es la supervisión y limitación de las encomiendas de gestión y otras formas de privatización. El informe del Consejo de Cuentas es demoledor y nos da la razón. En vez de cubrir las plazas libres de la Administración, la Junta está externalizando servicios con el uso masivo de encomiendas de gestión y el consiguiente reforzamiento de las empresas garrapatas (empresas públicas, fundaciones, agencias, institutos y demás chiringuitos).

PLADEPU va a seguir exigiendo a la Junta de Castilla y León la anulación inmediata de las encomiendas de gestión vigentes en todas las Consejerías y Organismos Autónomos, que en resumen provocan que el trabajo del empleado público se ordene ahora a la administración "B" paralela para que ésta además acabe subcontratando dicho trabajo, perdiendo definitivamente en el camino la imparcialidad que se debería asegurar en la gestión de los servicios públicos.

Más información: informe del Consejo de Cuentas Fiscalización sobre la utilización de la encomienda de gestión regulada en la legislación de contratación pública aplicable por las Entidades del Sector Público de la Comunidad Autónoma, en coordinación con el Tribunal de Cuentas; noticia de últimoCero Reproche del Consejo de Cuentas a la Junta por el mal uso de las encomiendas de gestión.