Recientemente conocimos por los medios de comunicación un nuevo informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León que dictamina que "la utilización de la encomienda de gestión por las entidades del sector público autonómico de Castilla y León, regulada en la legislación de contratación pública, no se realiza con los procedimientos ni para las finalidades previstos por la normativa aplicable" y que "tampoco se justifica el recurso a la encomienda como forma de gestión pública más adecuada a las necesidades planteadas, utilizándose, en ocasiones, para paliar carencias materiales o de personal de carácter estructural".
Para la amplia mayoría de entidades encomendatarias, el propio Consejo de Cuentas "pone en duda la justificación de la propia encomienda" pues considera que "carecen de la capacidad y los recursos necesarios para realizar la totalidad, o al menos una parte sustancial, de los encargos, lo que implica de hecho, la necesidad de contratar las prestaciones a terceros, en detrimento de la gestión directa indiferenciada o de la contratación administrativa".
Para la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) no es nuevo que el Consejo de Cuentas reproche la mala gestión del gobierno del Sr. Herrera, pues es la conclusión que se viene extrayendo del estudio de otros informes de fiscalización de entes como ITACYL, PROVILSA, SOMACYL, ADE y otros entes.
La ley 5/2014 de medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, contra la que PLADEPU lucha enérgicamente, amplia la cobertura de las encomiendas de gestión para que la Administración pueda encargar a otra entidad la realización de determinadas actividades o prestaciones, sin ceder la titularidad. Las encomiendas de gestión a fundaciones y entes públicos están atentando contra el derecho al puesto del funcionariado para el ejercicio independiente de sus funciones y están externalizando los servicios públicos. Por eso, una de las 34 medidas para la regeneración de la Administración Autonómica que trasladamos a los partidos políticos es la supervisión y limitación de las encomiendas de gestión y otras formas de privatización. El informe del Consejo de Cuentas es demoledor y nos da la razón. En vez de cubrir las plazas libres de la Administración, la Junta está externalizando servicios con el uso masivo de encomiendas de gestión y el consiguiente reforzamiento de las empresas garrapatas (empresas públicas, fundaciones, agencias, institutos y demás chiringuitos).
PLADEPU va a seguir exigiendo a la Junta de Castilla y León la anulación inmediata de las encomiendas de gestión vigentes en todas las Consejerías y Organismos Autónomos, que en resumen provocan que el trabajo del empleado público se ordene ahora a la administración "B" paralela para que ésta además acabe subcontratando dicho trabajo, perdiendo definitivamente en el camino la imparcialidad que se debería asegurar en la gestión de los servicios públicos.
Más información: informe del Consejo de Cuentas Fiscalización sobre la utilización de la encomienda de gestión regulada en la legislación de contratación pública aplicable por las Entidades del Sector Público de la Comunidad Autónoma, en coordinación con el Tribunal de Cuentas; noticia de últimoCero Reproche del Consejo de Cuentas a la Junta por el mal uso de las encomiendas de gestión.
Como siempre, la junta sacando el trabajo que pueden y deben de hacer sus empleados públicos fuera, para así ser menos transparente y de paso el dinero de todos se puede distraer en ciertas manos amigas
ResponderEliminar¿Que hace Ciudadanos sustentado al gobierno de PP?, ¿Necesitan más pruebas de si forma de actuar?
Enhorabuena al Consejo de Cuentas por este esclarecedor informe, y a la gente de Pladepu como siempre, por todo el trabajo que desarrollan denunciando e informando de todo aquello que nunca sabremos por los cauces "oficiales"
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