PLADEPU llamamos a todos los partidos políticos de la oposición a votar NO a esta ley de "protección" del empleado público denunciante
El acoso y derribo que desde el Gobierno de Juan Vicente Herrera se está llevando a cabo contra la independencia de los empleados públicos es público y notorio, y la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) jamás se cansará de denunciarlo. La no convocatoria anual de los concursos de traslados, el escandaloso número de puestos de trabajo de libre designación, los concursos específicos, las incontables comisiones de servicio, la atribución temporal de funciones para contentar a estómagos agradecidos o callar voces, o el aumento indecente de la Administración B, son una suficiente muestra del ataque diario que el Gobierno de Juan Vicente Herrera perpetra contra la independencia y buen funcionamiento de esta Administración Regional.Pero en un ejercicio de cinismo político sin precedentes, la Junta de Castilla y León pretende aprobar una Ley para amordazar más a los empleados públicos y asegurarse que un empleado público no se atreverá a denunciar la corrupción existente en esta Administración, pero la vende como si fuera una medida contra la corrupción y a favor de los funcionarios, cuando es todo lo contrario.
Este Proyecto de Ley de garantías para los empleados públicos informantes determina que será la Inspección General de Servicios el Órgano que tramitará las denuncias de corrupción que se produzcan dentro de la Administración. ¿Qué tomadura de pelo es esta? Como un órgano que depende jerárquica y funcionalmente de un Consejero de la Junta de Castilla y León, cuyo máximo responsable es nombrado a dedo por este Consejero, puede encargarse de las denuncias de corrupción contra ese Consejero u otros Consejeros de la Junta de Castilla y León. ¿Qué garantías son estas para el denunciante? Recordamos que estos días, un exconsejero de la Junta de Castilla y León está sentando en el banquillo de la Gürtel acusado de cobrar mordidas en contratos públicos.
¿Qué sentido tiene aprobar una Ley de tres artículos, donde un artículo recoge el contenido de un decreto ya existente?. Porque el Decreto 13/2009 de la Comunidad de Castilla y León, en su artículo 3, establece que una de las competencias de la Inspección General de Servicios es “Vigilar y comprobar que las actuaciones del personal y la prestación de servicios públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León se adecuan a las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes aplicables en cada caso”. Esto demuestra que la futura Ley no pretende perseguir la corrupción y proteger a los denunciantes, sino todo lo contrario.
¿Por qué la nueva Ley exige que las denuncias lleven el nombre y apellidos de los denunciantes, pero no contempla ayudas jurídicas, médicas, psicológicas y económicas para estos? (Muchos denunciantes se ven envueltos en costosos procedimientos judiciales a raíz de sus denuncias). El hecho recogido en el Proyecto de Ley de que las garantías contra los denunciantes terminan el día que se sustancien las actuaciones es otra broma de mal gusto de esta Ley. Tampoco la Ley ampara a los familiares de los denunciantes. ¿Por qué la Ley no recoge un seguimiento en el tiempo de la situación laboral del denunciante y de sus familiares? ¿Por qué la nueva Ley recoge sanciones para los denunciantes y no para las personas que persigan a los denunciantes, o revelen las denuncias o información comprometida a los denunciados?
Desde que se publicó el primer texto del anteproyecto inicial, PLADEPU nos hemos reunido con los partidos de la oposición para aclarar las cuestiones que deberían incluirse y excluirse durante la tramitación del proyecto. Sin embargo, en vez de promover una ley garantista para el empleado público denunciante, el análisis del texto definitivo nos hace concluir que esta ley va a empeorar la situación actual, y MANIFESTAMOS:
"El Proyecto de Ley de garantías a los informantes denunciantes se ha tramitado con el rechazo frontal de la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) por considerar que eliminará los pocos recursos que teníamos los empleados públicos a la hora de denunciar malgasto de recursos o bienes públicos.
PLADEPU expresa su total oposición a esta ley por considerarla una "segunda ley mordaza" aplicada al personal de la Administración de la Junta de CyL. Es una ley nada garantista que no solo no protege a quien denuncie presuntas irregularidades o derroches del dinero público, sino que le puede aplicar todo el peso de la ley en caso de que sus sospechas se demuestren infundadas.
PLADEPU ha sido pionera a nivel de todo el estado en promover un sistema de protección al empleado publico denunciante. Uno que haga realmente efectivo su derecho (y deber) de denunciar irregularidades."
En la anterior votación del 10 de octubre, tan solo Izquierda Unida se posicionó en contra de esta ley, que continuó su tramitación con los votos a favor del PP y la abstención del resto de fuerzas políticas representadas en las Cortes de CyL.
De cara a la votación decisoria que se va a efectuar el próximo miércoles 26 de octubre en las Cortes de Castilla y León de la Ley por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes, INSTAMOS a todos los partidos de la oposición a votar NO. La única opción frente a este engendro de ley es tirarla abajo y comenzar un nuevo texto de cero, puesto que de aprobarse esto, se amordazará definitivamente a los trabajadores/as de la administración. Y así lo trasladamos mediante rueda de prensa:
