La Ley Mordaza de la Junta De Castilla y León queda ridiculizada con la Norma Del Ayuntamiento de Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona saca los colores a la tan cacareada ley de Protección de denunciantes de la Junta de Castilla y León.

El Ayuntamiento de Barcelona ha creado el Buzón Ético y de Buen Gobierno, para que se puedan denunciar anónimamente prácticas corruptas y lesivas para el buen gobierno de la ciudad. Al contrario que la Ley de Castilla y León, en el Ayuntamiento de Barcelona los funcionarios podrán realizar las denuncias de forma anónima.

No solo esto. Las denuncias en Barcelona serán investigadas por la Dirección de Análisis de la OTBP (un departamento independiente) formado por dos funcionarios de carrera escogidos por concurso público. Los paladines de la lucha contra la corrupción de Castilla y León, colocan para dirigir las investigaciones de las denuncias hechas por corrupción a una persona puesta a dedo por un Consejero de la Junta de Castilla y León. ¿Dónde está más garantizada la independencia de la investigación?

El buzón que ha creado el Ayuntamiento de Barcelona, permitirá a la ciudadanía y al personal municipal poner en conocimiento del Ayuntamiento aquellas conductas que puedan resultar contrarias al derecho, principios éticos y de conducta, pudiendo el informador hacerlo de forma totalmente anónima y garantizando la indemnidad del mismo, no como la Ley de la Junta de Castilla y León, que no permite el anonimato.

Además, el informador del Ayuntamiento de Barcelona podrá conocer qué seguimiento se ha hecho de su solicitud para poder supervisarlo. Una vez presentada la denuncia, los usuarios obtienen un código de acceso a un canal de comunicación de carácter confidencial, lo que permite mantener una colaboración constante con el órgano gestor del buzón en la comprobación de los hechos y del estado de tramitación del caso. La Ley mordaza de Castilla y León no permite esta colaboración.

En el tramo final del proceso de investigación, el servicio del Ayuntamiento de Barcelona prevé dar respuestas, que pueden ir desde la formulación de recomendaciones hasta la tramitación de expedientes administrativos para "restaurar la legalidad alterada", sin descartar tomar medidas sancionadoras y disciplinarias. En el caso de que se presenten denuncias falsas de forma anónima, se procederá a archivar el caso. No contempla ni introduce sanciones a los funcionarios denunciantes. Al contrario de la Ley Mordaza que contempla medidas disciplinarias contra las falsas denuncias.

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) ha denunciado la Ley Mordaza, que lo único que buscaba era acallar a los funcionarios. Y la norma del Ayuntamiento de Barcelona ha demostrado que se pueden hacer normas que luchen contra la corrupción de forma activa y protejan a los funcionarios denunciantes.