El gobierno de Juan Vicente Herrera siempre había alardeado de no estar afectado por la corrupción que campaba a sus anchas en otras Comunidades Autónomas. Sin embargo, las noticias de estos últimos días hablan por sí solas y no requieren de mayor presentación. Ya se dejó entrever algo de podredumbre con el escándalo de las eólicas pero cada vez es más evidente que el Partido Popular, partido político gobernante en Castilla y León, está envuelto en tramas corruptas como la reciente "Enredadera" que desde el PP autonómico parecen intentar tapar con un férreo control sobre los principales medios de comunicación de la Comunidad. De hecho, el mismo cabecilla de la trama Enredadera, José Luis Ulibarri, es dueño de varios de dichos medios. Ya se sabe que la información es poder, y por ello en Castilla y León estamos a ciegas. Por suerte algunos periódicos escapan de su influencia y nos permiten ir accediendo con cuentagotas a lo que ocurre. Otros partidos políticos como Ciudadanos, a pesar de lo poco que llevan en política ya están salpicados también por la corrupción en diversos Ayuntamientos de León, de momento...
La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) viene desde hace tiempo denunciando la connivencia que hay entre los altos cargos (políticos) de la Junta de Castilla y León con diversas empresas amigas a las que se cede la gestión de servicios que les reportan pingües beneficios. Formas de externalización o privatización potenciadas ahora por las encomiendas de gestión. Dichos servicios -algunos básicos como sanidad, emergencias, cuidado de personas dependientes o de la tercera edad, trámite de subvenciones- deberían ser públicos y estar gestionados por personal funcionario bajo los principios de legalidad y transparencia, pero sin embargo acaban privatizados, y ejecutados por personal de empresas privadas que no se deben a la ley. De aquellos polvos vienen éstos lodos, y lo que nos queda por ver...
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