Castilla y León, en venta al mejor postor

Fractura hidráulica para extraer gas y petróleo del subsuelo

Los recursos naturales públicos expoliados a espaldas del público.

La autorización a la minería energética da pie al temido fracking.

Recientemente hemos conocido la última modificación de la Ley de Urbanismo 5/1999 de Castilla y León tras ser publicada en el BOCyL el pasado 26 de marzo. Hasta aquí todo podría ser normal, se trataría de una modificación más. Sin embargo, leyendo el Boletín se llega a la conclusión de que nada más lejos de la realidad; esta modificación en verdad implica cambios de gran calado que se han llevado a cabo en un tiempo récord en las Cortes de Castilla y León sin plantear un debate social ni permitir la participación pública de las personas y los colectiva pesar de que afectará al medio ambos, iente, puesto que supone eliminar de un plumazo las anteriores restricciones a la minería energética y no energética. Además de permitir proyectos mineros nada más que con una autorización excepcional de uso de suelo rústico (emitida por la propia Junta), en suelos protegidos donde hasta ahora no se podían desarrollar este tipo de proyectos.

Y ello a pesar de que ya hay herramientas jurídicas a nivel de normativa para realizar la extracción de áridos y canteras, de otro tipo de minería y de aguas minerales. Viene reflejado en el Decreto 22/2004, el cual detalla todas las actividades extractivas. Entonces, ¿por qué esta "modificación" exprés? El Partido Popular con la connivencia de Ciudadanos parecen querer eliminar las trabas jurídicas y los controles democráticos y ambientales para desbloquear ciertos proyectos mineros especulativos de alto impacto, concretamente en las provincias de Ávila, Salamanca y Zamora. Da la sensación de que intentan saltarse los informes preceptivos del Consejo de Urbanismo, de los Ayuntamientos, de las Consejerías de la Comunidad Autónoma, del Consejo Consultivo, del Consejo Económico y Social, de los Servicios Jurídicos de la Junta, del Consejo de Cooperación Local o evitar la información pública y la participación de toda la ciudadanía. Se nos está evitando a la sociedad el poder opinar sobre algo de suma importancia, porque no ha habido periodo de exposición pública.

Esta modificación legislativa, que en realidad es un cambio de gran calado en las normas, se ha llevado a cabo sin ningún periodo de información pública y en resumen lo que hace es abrir la veda, puesto que no garantiza la ausencia de extracciones mineras en espacios protegidos, en suelos de protección natural o en suelos de protección arqueológica. 

La ley se debatió en las sesiones de las Cortes del 12 de diciembre de 2018 y 20 de febrero y 13 de marzo de 2019, únicos documentos a los que tenemos acceso la ciudadanía sobre este tema. En los Diarios de Sesiones, en todo momento vemos como el Sr. Cruz García del PP se refiere a regularización y categorización del suelo. En sus intervenciones recalca que se trata de actividad extractiva no energética. En la página 11307 del Diario de Sesiones lo deja patente con estas palabras: "...en esta Cámara hubo un compromiso claro de que no tendría cabida el fracking en esta Comunidad y que fue un acuerdo que todos los grupos sustentamos en el Plan Director de Promoción Industrial, y por eso hemos querido dejarlo claro en el texto [..] esa minería energética es la que genera una mayor preocupación en el entorno donde se aplica...". La posición de Ciudadanos es aún peor, la única restricción que plantean es una regulación para que la actividad minera en suelos con protección natural no sea energética. Para el resto, ancha es Castilla, nunca mejor dicho.

Pues bien, todo lo debatido se queda en agua de borrajas cuando vemos el Boletín Oficial del 26 de marzo de 2019 cómo queda modificado el artículo 23: "En suelo rústico podrán autorizarse los siguientes usos excepcionales conforme al artículo 25 y a las condiciones que se señalan reglamentariamente, atendiendo al interés público, a su conformidad con la naturaleza rústica de los terrenos y a su compatibilidad con los valores protegidos por la legislación sectorial:[..]
b bis) Minería energética y demás actividades extractivas no citadas en el apartado anterior, así como construcciones e instalaciones de vinculadas a las mismas".

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) conoce muy bien las imposiciones de la Junta de Castilla y León, pero lo de esta Ley de Urbanismo es sumamente grave por cómo se ha hecho, a escondidas, y por todo el daño que puede implicar para el medio rural y natural de nuestra Comunidad. Por ello, con la celebración del día de la Comunidad, queremos hacer patente este atropello a nuestra Comunidad y ayudar a evitarlo.