En los últimos tiempos venimos asistiendo a una campaña mediática, alentada por las centrales sindicales mayoritarias, pero sobre todo por USCAL, donde se quiere hacer funcionarios de carrera a interinos, sin que dicho personal apruebe la correspondiente oposición. Quieren convertir en funcionarios de carrera a interinos mediante un examen a la carta o un concurso oposición, lo que les proporciona una clara ventaja competitiva frente a otros aspirantes que no han tenido la suerte de ser interinos. En los casos más espeluznantes, se quiere hacer funcionarios de carrera a interinos sin prueba alguna, solo por el mero hecho de ser interinos. Alucinante.
El artículo 23 de la Constitución Española es claro: “los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos”. Por tanto, las pretensiones de estas organizaciones sindicales son directamente inconstitucionales, y no hay más que hablar del asunto.
Sin embargo, las organizaciones sindicales y los propios interinos alegan que estos trabajadores se encuentran en fraude de ley, y por tanto, deben tener un trato diferente para acceder a ser funcionarios de carrera. Este trato diferente que promulgan, se traduce en tener ventajas competitivas frente al resto de opositores, es decir, saltarse la Constitución Española y perjudicar al resto de opositores que no han trabajado en la Administración. Además, estas organizaciones sindicales exigen que solo se valore la experiencia laboral en la Administración, lo que ya convierte este desaguisado en un circo. Se puede dar la circunstancia, que el famoso cocinero Arzak se quiera presentar a los concurso-oposición de cocinero de la Junta de Castilla y León, pero como solo ha trabajado en su restaurante de tres estrellas Michelin durante 50 años y ningún año para la Administración, no se le contabilizaría ningún día de experiencia como cocinero en la oposición de cocinero de la Junta de Castilla y León. Demencial.
Pero volvamos a la legalidad, y al presunto fraude de ley que proclaman algunas centrales sindicales y sus acólitos. Fraude es que cada año no salgan en la oferta de empleo público todas las plazas de interinos, tal y como exige el Estatuto Básico del Empleado Público y que incumple sistemáticamente la propia Junta de Castilla y León.
Cuando un interino entra a trabajar en la Administración, sabe que es por un tiempo limitado. Y todo lo que pase de dos años trabajando como interino, supone una suerte y privilegio frente a otras personas que están apuntadas en la cola del paro, y por supuesto, en ningún caso supone tener más derecho que otro para ser funcionario de carrera. En vez de estar agradecidos por haber tenido un trabajo durante años, algunos pretenden la cuadratura del círculo, y convertir el privilegio que han disfrutado en un contrato indefinido en la función pública por la cara. Nadie obliga a un interino a prolongar indebidamente su relación laboral con la Administración. Lo que no están contentos, que mañana no vuelvan, que la lista en el paro es muy larga. Pero dudamos que haya muchos casos de funcionarios interinos que hayan dejado su puesto de trabajo para incorporarse al mercado laboral privado.
También alegan los interinos que ahora tienen cargas familiares, y que trabajar y opositar simultáneamente es muy difícil. Pero las decisiones vitales que toma cada persona, no deben perjudicar los derechos de otros opositores. Y a lo mejor, estos interinos no han conocido a funcionarios de carrera que en su momento abandonaron su trabajo para opositar, u otros con menos suerte, que se dejaron las pestañas por las noches porque sus condiciones de vida les impedían poder dejar su trabajo para opositar.
Por ello, desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) exigimos que se cumpla la Constitución, y que únicamente exista la oposición como medio de acceso a la función pública, donde todo todos los españoles puedan en igualdad de condiciones conseguir una plaza de funcionario.
Apoyamos la valoración del tiempo trabajado de los interinos, una vez superada la fase de oposición, entre los méritos para pedir plaza, así como otros méritos como la condición de víctima de violencia de género y horfandad por esta causa.
Y por supuesto, desde PLADEPU estamos en contra de la precariedad laboral y de estas tasas tan impresentablemente altas de interinos que hay en la Junta de Castilla y León. Es difícil dar un servicio público de calidad con estas tasas de temporalidad. Y claro está, a estos interinos, cuando se les ocupe su plaza, se les debe indemnizar por los servicios prestados.
El artículo 23 de la Constitución Española es claro: “los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos”. Por tanto, las pretensiones de estas organizaciones sindicales son directamente inconstitucionales, y no hay más que hablar del asunto.
Sin embargo, las organizaciones sindicales y los propios interinos alegan que estos trabajadores se encuentran en fraude de ley, y por tanto, deben tener un trato diferente para acceder a ser funcionarios de carrera. Este trato diferente que promulgan, se traduce en tener ventajas competitivas frente al resto de opositores, es decir, saltarse la Constitución Española y perjudicar al resto de opositores que no han trabajado en la Administración. Además, estas organizaciones sindicales exigen que solo se valore la experiencia laboral en la Administración, lo que ya convierte este desaguisado en un circo. Se puede dar la circunstancia, que el famoso cocinero Arzak se quiera presentar a los concurso-oposición de cocinero de la Junta de Castilla y León, pero como solo ha trabajado en su restaurante de tres estrellas Michelin durante 50 años y ningún año para la Administración, no se le contabilizaría ningún día de experiencia como cocinero en la oposición de cocinero de la Junta de Castilla y León. Demencial.
Pero volvamos a la legalidad, y al presunto fraude de ley que proclaman algunas centrales sindicales y sus acólitos. Fraude es que cada año no salgan en la oferta de empleo público todas las plazas de interinos, tal y como exige el Estatuto Básico del Empleado Público y que incumple sistemáticamente la propia Junta de Castilla y León.
Cuando un interino entra a trabajar en la Administración, sabe que es por un tiempo limitado. Y todo lo que pase de dos años trabajando como interino, supone una suerte y privilegio frente a otras personas que están apuntadas en la cola del paro, y por supuesto, en ningún caso supone tener más derecho que otro para ser funcionario de carrera. En vez de estar agradecidos por haber tenido un trabajo durante años, algunos pretenden la cuadratura del círculo, y convertir el privilegio que han disfrutado en un contrato indefinido en la función pública por la cara. Nadie obliga a un interino a prolongar indebidamente su relación laboral con la Administración. Lo que no están contentos, que mañana no vuelvan, que la lista en el paro es muy larga. Pero dudamos que haya muchos casos de funcionarios interinos que hayan dejado su puesto de trabajo para incorporarse al mercado laboral privado.
También alegan los interinos que ahora tienen cargas familiares, y que trabajar y opositar simultáneamente es muy difícil. Pero las decisiones vitales que toma cada persona, no deben perjudicar los derechos de otros opositores. Y a lo mejor, estos interinos no han conocido a funcionarios de carrera que en su momento abandonaron su trabajo para opositar, u otros con menos suerte, que se dejaron las pestañas por las noches porque sus condiciones de vida les impedían poder dejar su trabajo para opositar.
Por ello, desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) exigimos que se cumpla la Constitución, y que únicamente exista la oposición como medio de acceso a la función pública, donde todo todos los españoles puedan en igualdad de condiciones conseguir una plaza de funcionario.
Apoyamos la valoración del tiempo trabajado de los interinos, una vez superada la fase de oposición, entre los méritos para pedir plaza, así como otros méritos como la condición de víctima de violencia de género y horfandad por esta causa.
Y por supuesto, desde PLADEPU estamos en contra de la precariedad laboral y de estas tasas tan impresentablemente altas de interinos que hay en la Junta de Castilla y León. Es difícil dar un servicio público de calidad con estas tasas de temporalidad. Y claro está, a estos interinos, cuando se les ocupe su plaza, se les debe indemnizar por los servicios prestados.