El acuerdo de la inmundicia

Cuando parecía que era imposible que la Junta de Castilla empeorará las cosas, ha conseguido el más difícil todavía, denigrar la Función Pública hasta límites insospechados. Esta vez los mamporreros de turno han sido CSIF, UGT y TISCyL.

El pasado 20 de octubre de 2022, el BOCYL publicaba resolución con el Acuerdo de la mesa general de negociación relativo a las bases generales que regirán los procesos selectivos de estabilización aprobados por Acuerdo 131/2021 y derivados de la Ley 20/2021 en la Junta de Castilla y León. Este Acuerdo de la mesa general de negociación es una inmundicia que vulnera los derechos constitucionales de los españoles, denigra a la función pública y pervierte gravemente los servicios públicos de esta Comunidad.

¿Qué dice este Acuerdo en las plazas de estabilización donde sólo haya fase de concurso?

Por ejemplo, que para los méritos profesionales, que valen 85 de 100 puntos, solo se contabilizará la experiencia como funcionario interino o personal laboral temporal. ¿Es esto constitucional? ¿Dónde está el mérito, la igualdad y capacidad para acceder a la Función Pública? ¿Por qué no se valoran los méritos en una empresa privada? ¿Por qué no se valoran los méritos como funcionario de carrera? ¿Qué cachondeo es este?

Y lo que es más grave, este Acuerdo supone un escupitajo en la cara a todos los funcionarios de carrera de la Junta de Castilla y León. Os ponemos un ejemplo. Un funcionario C2 de la Junta de Castilla y León que es diplomado, y que se sacó su plaza hace 15 años a pelo, sin ser nunca interino. Para acceder a un puesto A2, debe aprobar dos oposiciones de promoción interna,… el siglo que las convoquen. Pues con este Acuerdo, a este funcionario se le impide optar a las plazas de estabilización A2 que se saquen. Y dentro de 2 años, habrá un funcionario A2 sin haber aprobado un solo examen de oposición, mientras que otros funcionarios deberán aprobar 3 procesos selectivos para ser A2 (salvo que la apruebe en libre). ¿Tiene alguna lógica esto? No entendemos como a estas alturas de la película, CSIF, UGT y TISCyL tienen en Castilla y León algún afiliado que sea funcionario de carrera.

Pero para las plazas de estabilización de concurso-oposición, este Acuerdo sigue siendo igual de vergonzoso.

La fase de oposición constará únicamente de un examen tipo test. No será obligatorio aprobar el examen. Se deberá sacar una nota superior a la mitad de la media de las diez mejores notas del examen para pasar a la fase de concurso. Las preguntas tipo test solo tendrán 3 respuestas. Y las que se contesten mal, solo restarán 1/9. Y por supuesto, la fase de concurso valdrá el 40% y solo se contabilizará la experiencia como funcionario interino o personal laboral temporal. ¿Es esto constitucional? ¿Dónde está el mérito, la igualdad y capacidad para acceder a la Función Pública?

Llama la atención que para el concurso el haber sido buen opositor y haber aprobado exámenes previos en los últimos 10 años, se valora como máximo con 5 paupérrimos puntos sobre 100.

Si la Ley 20/2021 era una bazofia, el Acuerdo que la Junta de Castilla y León ha rubricado con los profesionales de la firma es un insulto para los funcionarios de carrera y personal laboral de esta región. Y pone de manifiesto la inconstitucionalidad que subyace en el fondo la Ley 20/2021 del gobierno central, redactada de forma perversa para que los procesos selectivos que son en teoría de “libre acceso”, en el fondo vayan encaminados a regalar la plaza al personal temporal por el mero hecho haber trabajado voluntariamente más allá del límite de los 3 años establecido el Estatuto Básico del Empleado Público.

En la Junta de Castilla y León deben salir antes de final de año todas las convocatorias de concurso y de concurso-oposición de las plazas de laborales y funcionarios no docentes, con los criterios de baremación del Acuerdo analizado, y que destina 2.636 plazas “regalo” a la estabilización del personal temporal. A las que hay que sumar otras 1.324 plazas de funcionarios docentes y 5.840 plazas de personal estatutario.

Carteles aquí para imprimir
y colgar en tu centro de trabajo

Con el objetivo de emprender recurso judicial específico a convocatoria de la Junta de Castilla y León, la Asociación Defensa Turno Libre ha abierto campaña de captación de nuevos socios y aportaciones en Castilla y León. La explicación y encuesta de participación está en el grupo Telegram CYL-Defensa Turno Libre.

Se necesita alcanzar con antelación la provisión de fondos necesaria que permita abrir recurso judicial en nuestra Comunidad, y que se sume a los ya abiertos por la Asociación DTL en otros territorios. El lamento no llega a los tribunales, ¡PARTICIPA!

Nace la Asociación Defensa Turno Libre para llevar a la vía judicial la Ley 20/2021

Carteles aquí para imprimir
y colgar en tu centro de trabajo

Desde hace unos días, la Asociación Defensa Turno Libre está legalmente constituida y trabajando para acudir a la vía judicial en procesos derivados de la Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad en el empleo público, y que afecta a todas las administraciones.

Una ley de la que son partícipes partidos políticos y sindicatos cómplices, que cambia las reglas del juego del acceso a la función pública para beneficiar al colectivo concreto de interinos de larga duración, saltándose para ello los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad que hasta ahora regían para obtener una plaza fija de empleado público.

Con origen en la plataforma que lleva el mismo nombre, el esfuerzo altruista de sus fundadores y la colaboración de cientos de funcionarios y opositores, se ha logrado formar esta asociación y contratar los servicios del prestigioso despacho de abogados en derecho administrativo y contencioso-administrativo Administrativando Abogados.

Llevar a la vía judicial ofertas y convocatorias derivadas de la ley 20/2021 tiene un elevado coste, que no va a financiar ninguno de los sindicatos vendidos, sino sus propios socios:

• Funcionarios de carrera y personal laboral fijo que superaron un proceso de oposición, conscientes del agravio comparativo y perjudicados en futuros concursos de traslados.
• Opositores sin experiencia que ven muy limitadas las opciones para acceder a la función pública.
• Interinos y personal temporal que sí se preparan y saben que el camino honesto para acceder a la administración es por oposición.
• Y ciudadanos que creen que el esfuerzo en el acceso al empleo público redunda en la calidad la calidad de los servicios públicos en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, en nuestro ayuntamiento, nuestra diputación…

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) apoyamos la Asociación Defensa Turno Libre (DTL), pero esto pasa por que los afectados nos hagamos socios de forma masiva. Toda acción en defensa de los servicios públicos es bienvenida, y en este caso hacerse socio por sólo 5 euros al mes de forma individual es imprescindible para que la asociación tenga recursos para denunciar más convocatorias y con mayor prontitud, con una estrategia marcada a fin de elevar a inconstitucionalidad la ley 20/2021.

Entra en asociaciondtl.com para obtener toda la información, consultar los estatutos y asociarte cómodamente de forma online.

Entre tod@s podemos dar a conocer la Asociación DTL a nuestros compañar@s. Y os facilitamos carteles para colgar en los tablones de los centros de trabajo para ayudar en su difusión.

Iniciativa Legislativa Popular para la Recuperación del Sistema Nacional de Salud

Después de dos años de pandemia, a pesar de los miles de millones de euros de fondos Covid gestionados por las diferentes Administraciones, no se han abordado los problemas estructurales del Sistema Nacional de Salud (SNS), sino que se han continuado aplicando medidas parciales que no han frenado el deterioro del sistema sanitario público, con el consiguiente incremento de las listas de espera y paralelamente de los seguros privados.

Tras un largo esfuerzo y movilizaciones continuadas, la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), con el apoyo de decenas de colectivos de todo el Estado, ha registrado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ha superado los escollos que requiere la Mesa del Congreso.

Esta ILP de “Recuperación y desprivatización del SNS” tiene los siguientes puntos fundamentales:

• Atención sanitaria para todas las personas, independientemente de su situación administrativa.
• Derogación de las leyes privatizadoras y recuperación de los centros privatizados.
• Creación de un sistema público de farmacia y productos sanitarios para evitar la dependencia de las multinacionales.
• Recuperación y reforzamiento de la atención primaria.
• Atención sanitaria de los centros de mayores en manos del sector público.

Se necesita reunir 500.000 firmas en 9 meses para su discusión en el Parlamento. Gracias a la campaña de goteo.org se cuenta con los medios necesarios para firmar la ILP:

• En los pliegos distribuido por toda España, para que puedas firmar presencialmente en los puntos señalados en este mapa.
• Cómodamente desde tu ordenador y de forma digital en la página web firma.recuperatusanidad.org.

Desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) hemos denunciado las consecuencias del negocio de la sanidad privatizada. A las empresas privadas se derivan tratamientos sencillos y las operaciones quirúrgicas menos complicadas que es donde hay negocio y rentabilidad, pero la privada no quiere saber nada de los asuntos graves. Y entregar a las empresas la gestión directa de los hospitales públicos, sometidas a la ley de mercado, peligra y merma la calidad de la asistencia médica.

Debemos actuar sobre las causas de la enfermedad del sistema sanitario, no solo sobre los síntomas, para que mediante la ILP citada logremos blindar de una vez por todas el sistema sanitario.

Tu apoyo es fundamental. ¿A qué esperas para firmar?

Concentración este sábado en Burgos contra la ley de regularización de interinos

Defensa Turno Libre (DTL) es una plataforma de funcionarios y opositores del turno libre presente en redes sociales que busca aglutinar a los afectados por la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público de todas las administraciones.

La plataforma viene trabajando en un conjunto de reivindicaciones para lo que es inevitable llevar a la vía penal la ejecución de los procesos de regulación de plazas.

En estos momentos DTL está formando la estructura jurídica necesaria, recogiendo las aportaciones principalemente desde los canales Telegram DTL general y DTL Castilla y León, donde se ofrece además amplia información a los interesados.

PLADEPU animamos a todas y todos a colaborar con DTL para constituir la asamblea y contratar el despacho de abogados, destacado y especializado en Función Pública y Derecho Administrativo. No vale de nada quejarnos y exigir que otros hagan cosas sin colaboración por nuestra cuenta con un pequeño y cómodo aporte económico.

Queremos también difundir la concentración organizada por Defensa Turno Libre confirmada para este sábado 26 a las 12:30 en la Plaza Mayor de Burgos:

Comunicado Defensa Turno Libre.

Resumen de la asamblea LA PLAZA NO SE REGALA en Valladolid

Empleados públicos de la Junta de Castilla y León han debatido sobre la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, inconstitucionalidad y vías para impedir su aplicación, así como la necesidad de la eliminación de las encomiendas de gestión y privatizaciones y supresión completa de la Administración "B".

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) ha mantenido este jueves 10 de febrero asamblea de empleados públicos de la Junta de Castilla y León, bajo el lema "La plaza no se regala", para debatir, sobre todo, la reciente Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que PLADEPU considera completamente inconstitucional.

¿Qué dice esta Ley? El artículo 2 establece que se realizarán procesos de estabilización mediante un concurso-oposición, pudiendo no ser obligatorio aprobar los exámenes de la oposición. Pero si esto no fuera suficiente, la disposición adicional sexta de esta Ley, establece que para las plazas que estuvieran ocupadas por interinos ininterrumpidamente con anterioridad al 1 de enero de 2016, se convocará un concurso, no siendo necesaria realizar una prueba selectiva y mucho menos aprobarla. Por supuesto, en ambos casos solo se valorará la experiencia en la Administración. ¿Qué garantías tendría entonces un ciudadano ante un funcionario que tiene que versar porque se cumpla la normativa, cuando este último no ha superado la oposición que obliga a conocer dicha normativa? Es como si se permitiera tener policías interinos para ejercer la autoridad.

El artículo 23 de la Constitución Española es claro, “los españoles tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos”. Con esta Ley, se incumple claramente el principio de igualdad.

A juicio de PLADEPU, la coartada para esta violación de los derechos fundamentales constitucionales es la Directiva Europea 1999/70/CE, de 28 de junio de 1999. Una Directiva Europea, que lleva incumpliéndose sistemáticamente durante 22 años, sin que ningún político se diese por aludido, sirve de excusa para degenerar la Función Pública de este país. Decimos excusa o coartada, porque la Directiva 1999/70 CE no dice que al interino que ocupa una plaza durante muchos años haya que regalarle una plaza de funcionario. Y es más, el TJUE ha dictaminado que no cabe la transformación automática de una relación de servicio temporal en una relación de servicio permanente en la Administración Española. Por tanto, la Ley 20/2021 regala las plazas a los interinos sin base jurídica alguna.

PLADEPU no estamos contra las personas interinas. Lo que estamosen contra es que porque hayan trabajado voluntariamente más allá del límite de los 3 años que siempre ha establecido el Estatuto Básico del Empleado Público, tanto por la irresponsabilidad de las administraciones como por el beneplácito y dejadez de los sindicatos, sean ahora clara e injustamente favorecidos con unos privilegios que suponen:

• Agravio frente a funcionarios de carrera y personal laboral fijo que superaron un proceso de oposición, para el que habitualmente dedicaron años de preparación, y que ven como en futuros concursos de traslados menguarán las plazas vacantes y los interinos regularizados podrán además concursar con toda su antigüedad.
• Agravio frente a opositores, tanto por promoción interna como por turno libre que, mientras estudian y renuncian al disfrute normal de vacaciones y tiempo con la familia y amigos, ven mermados su ánimo y posibilidades por la apropiación de plazas de interinos beneficiarios.
• Agravio frente trabajadores de empresas privadas, autónomos y personas en la cola del paro que, mientras intentan salir adelante en tiempos muy difíciles, ven como a un colectivo en concreto se le agracia con la tranquilidad de una plaza de por vida en la Administración.
• Y agravio en general en la calidad de los servicios públicos donde hasta ahora se premiaba el esfuerzo en el acceso al empleo público basado en los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

La propuesta de PLADEPU para resolver este problema, acata la Constitución, cumple la Directiva 1999/70 CE, respeta los derechos de los opositores, parados y trabajadores del sector privado, y da a los interinos la oportunidad de acceder a la plaza que ocupan. La solución que propone PLADEPU es que las Administraciones convoquen Ofertas Públicas de Empleo amplias y con todas las plazas ocupadas por interinos. Así de sencillo y así de fácil. Con esta propuesta en el año 2023 en las Administraciones españolas el número de interinos sería residual. En esta linea, PLADEPU solicitará reunión con la Dirección General de Función Pública de la Junta de C. y L.

PLADEPU defiende la oposición como único medio de acceso a la función pública, basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad, con porcentajes razonables en la fase de concurso, en donde la obtención de una plaza de funcionario premie al esfuerzo, talento y toda la experiencia laboral que repercutan por tanto en la calidad de los servicios públicos.

Los permisos necesarios para la asamblea fueron facilitados por la sección sindical de C.G.T. en la Junta de Castilla y León en Valladolid. C.G.T está de acuerdo en que hay que reducir la temporalidad, pero no como lo plantea la Ley 20/2021. A un empleado público se le debe pedir un alto nivel de exigencia, y para que ejerza con la máxima imparcialidad debe tener una estabilidad en su puesto. C.G.T aboga por sacar una Oferta Pública de Empleo que recoja todas las plazas de forma acumulada, lo que conlleve una amplia oferta para que opten de forma justa a entrar por oposición tanto interinos como opositores.

En esta asamblea se contó además con la importante partición de Defensa Turno Libre (DTL), plataforma de opositores del turno libre y funcionarios de carrera que busca aglutinar a los afectados por la Ley 20/2021 en todas las administraciones. DTL avanzó que está formando una estructura jurídica para armar la vía judicial de manera sólida y contundente, pues será necesario llevar a la vía penal la ejecución de los procesos de regulación de plazas.

Para DTL y PLADEPU es necesario instituir esta estructura jurídica cuanto antes, para lo cual ya se están recaudando fondos. Animamos a tod@s a colaborar aportanto 10 €:

• preferiblemente vía bizum a través de los canales Telegram DTL general y DTL Castilla y León, donde se ofrece amplia información a los interesados y existen grupos de trabajo que elaboran la estrategia a seguir.
• o alternativamente vía transferencia bancaria escribiendo a pladepu@gmail.com indicando DTL en el asunto.

Respecto al segundo punto del orden del día, la degradación de lo público, PLADEPU recuerda que las encomiendas de gestión ampliadas en la Ley de Medidas para la Reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León posibilitan que los empleados públicos trabajen para empresas de gestión privada y sus servicios sean pagados por la propia Administración.

A esto hay que sumar las fundaciones y entes públicos que conforman la administración “B” paralela y externalizan servicios públicos con ausencia de transparencia y control, manifestado hasta por el propio Consejo de Cuentas en Castilla y León. Con la administración "B" no hay buena gestión y se derrocha dinero público en directivos y alquileres, además de ser una puerta abierta a la corrupción.

Por estas razones, PLADEPU exige la eliminación de las encomiendas de gestión y privatizaciones y supresión completa de la administración “B” paralela, devolviendo todas las competencias a la Administración para que todos los servicios públicos estén siempre atendidos y gestionados de forma independiente por el funcionariado libre de intereses políticos, y lo que en definitiva repercutirá a todos los ciudadanos en ahorro y mayor calidad en de los servicios prestados.

Comunicado Defensa Turno Libre.

Hoy JUEVES 10 DE FEBRERO: Asamblea en Valladolid

PLADEPU convoca a los empleados públicos a una ASAMBLEA sobre la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, inconstitucionalidad y vías para impedir su aplicación, así como la necesidad de la eliminación de las encomiendas de gestión y privatizaciones y supresión completa de la Administración B.

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) convocamos a todo el personal dependiente de la Administración General de la Junta de Castilla y León en Valladolid, así como el personal dependiente de los Organismos Autónomos de la Junta de Castilla y León en Valladolid, a:

Descarga el cartel aquí

Asamblea de empleados públicos hoy jueves 10 de febrero a las 13:00h en el salón de actos del edificio que alberga las Consejerías de Economía y Hacienda y de Empleo (C/ José Cantalapiedra nº 2)

Orden del día:

1. Oposición a la funcionarización sin oposición.
2. Soluciones a la degradación de lo público.

PLADEPU defendemos la oposición como único medio de acceso a la función pública, basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad, con porcentajes razonables en la fase de concurso, en donde la obtención de una plaza de funcionario premie al esfuerzo, talento y experiencia laboral que repercutan por tanto en la calidad de los servicios públicos.

Los permisos para poder llevar a cabo este acto (sala y asamblea) los ha facilitado la sección sindical de C.G.T. en la Junta de Castilla y León en Valladolid, a la que agradecemos su colaboración. Todos tenemos derecho a asistir, con independencia del lugar donde trabajemos: 2 horas más el tiempo necesario para el desplazamiento de ir y volver del lugar de trabajo hasta la asamblea (fichad asamblea / salida sindical; se entregará justificante).

En PLADEPU somos conscientes que el primer punto del orden del día es delicado y no coincidimos con compañer@s interin@s en cómo se está abordando la problemática de la temporalidad en el empleo público. Pero en este asunto también sabemos que funcionarios de carrera y personal laboral fijo no cuentan con el respaldo ni de sindicatos ni fuerzas políticas, por lo que es importante dar un paso al frente y participar con PLADEPU en grupos de trabajo para atajar desde abajo el agravio que les viene encima. Reenvía esta información a tus contactos.

  ¡¡ACUDE Y DIFUNDE!! EL FUTURO DE TODOS ESTÁ EN JUEGO

Concentración este sábado en Valladolid contra la ley sobre los interinos

Defensa Turno Libre es una plataforma de opositores del turno libre que busca aglutinar a los afectados por la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público de todas las administraciones. Está presente en Twitter, Facebook, Instagram y en su propio canal Telegram.

La plataforma viene trabajando en un conjunto de reivindicaciones que se resumen en la imagen lateral.

Desde PLADEPU queremos difundir la concentración organizada por Defensa Turno Libre confirmada para este sábado 8 a las 12:00 en plaza Fuente Dorada en Valladolid:

La ley de funcionarización de interinos se pone en marcha

El pasado 30 de diciembre entró en vigor la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

El proceso de regularización alcanzará a todos los niveles de la Administración, si bien la normativa se deberá adaptar para el personal docente y estatutario antes del el 8 de julio de 2022. Resumimos a continuación los aspectos más relevantes.

Limitar, de nuevo, los contratos de interinidad

Las administraciones son máximas responsables del abuso de la temporalidad, pues han estado incumpliendo sistemáticamente el plazo improrrogable de 3 años fijado en su propia regulación, en concreto el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público. Artículo que curiosamente sí debía ser correcto, puesto que permanece inalterable con la nueva ley.

La nueva ley sí automatiza y concreta más este límite con la modificación de los artículos 10 y 11 del Estatuto Básico del Empleado Público y la adición de la disposición adicional decimoséptima.

En este sentido, ¿debemos confiar en que la Junta de Castilla y León responsable de los interinos en fraude de su propia ley vaya a cumplir lo que no ha cumplido hasta ahora…?

Temporales con más de cinco años serán fijos sin opositar

Los funcionarios interinos y personal laboral temporal ocupando plaza de forma ininterrumpida desde antes a 1 de enero de 2016 serán fijos únicamente mediante concurso. Concurso de méritos extraordinario que debe negociarse y convocarse en los ámbitos territoriales de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales antes del 31 de diciembre de 2022.

Por lo tanto, no serán “indefinidos a extinguir” y pasarán a ser funcionarios de carrera / personal laboral fijo y podrán participar en los concursos de traslados, algunos con más puntos que aquellos que superaron una oposición. Además podrán participar en la promoción interna vertical y horizontal, también algunos con mayor puntuación que funcionarios de carrera por oposición. Sin olvidar comisiones de servicios y libres designaciones. ¿Qué os parecería tener como nuevo jefe o jefa a alguien que haya entrado por la puerta de atrás...?

Basándose en el carácter excepcional, la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021 pretende sortear la Constitución Española, Norma Suprema que obliga a que el acceso a las funciones públicas se efectúe en condiciones de igualdad y de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, según se establece en los artículos 23 y 103.

Temporales entre tres y cinco años tendrán concurso-oposición ventajoso

El resto de plazas ocupadas ininterrumpidamente al menos en tres años a 31 de diciembre de 2020 saldrán a concurso-oposición, pudiendo no ser eliminatorios los ejercicio en la fase de oposición. La valoración de la fase de concurso será del 40%, en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente.

Las diferentes Administraciones podrán adaptar el temario y el tipo de pruebas para la estabilización del empleo, según consideren más apropiado para cada ámbito. Asimismo, deberá negociarse el que los ejercicios de la fase de oposición puedan no ser eliminatorios.

Se incluirán, en estos procesos de estabilización, las plazas ofertadas en los anteriores procesos de estabilización de 2017 y 2018 que no hayan sido convocadas a 30 de diciembre de 2021 o que, habiendo sido convocadas y resueltas, hayan quedado sin cubrir.

El personal interino que no supere este proceso selectivo tendrá derecho a una indemnización de 20 por año trabajado hasta un máximo de doce meses. Estas personas también se incorporarán a una bolsa de empleo específica.



La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) consideramos que la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público es una construcción legal chapucera que cambia las reglas del juego.

PLADEPU no estamos contra las personas interinas. Cobran merecidamente por su trabajo como cualquier empleado que desempeña una tarea profesional. Con una duración laboral limitada en el tiempo por la que se rigen sus contratos cuando entran a trabajar en la Administración.

Lo que estamos marcadamente en contra es que porque hayan trabajado voluntariamente más allá del límite de los 3 años que siempre ha establecido el Estatuto Básico del Empleado Público, tanto por la irresponsabilidad de las administraciones como por el beneplácito y dejadez de los sindicatos, sean ahora clara e injustamente favorecidos con unos privilegios que suponen:

• Agravio frente a funcionarios de carrera y personal laboral fijo que superaron un proceso de oposición, para el que habitualmente dedicaron años de preparación, y que ven como en futuros concursos de traslados menguarán las plazas vacantes y los interinos funcionarizados podrán además concursar con toda su antigüedad.
• Agravio frente a opositores, tanto por promoción interna como por turno libre que, mientras estudian y renuncian al disfrute normal de vacaciones y tiempo con la familia y amigos, ven mermados su ánimo y posibilidades por la apropiación de plazas de interinos beneficiarios.
• Agravio frente trabajadores de empresas privadas, autónomos y personas en la cola del paro que, mientras intentan salir adelante en tiempos muy difíciles, ven como a un colectivo en concreto se le agracia con la tranquilidad de una plaza de por vida en la Administración.
• Y agravio en general en la calidad de los servicios públicos donde hasta ahora se premiaba el esfuerzo en el acceso al empleo público basado en los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Recordamos también la culpabilidad de la consumación de esta ley al gobierno central PSOE-UP y a las organizaciones sindicales que negociaron la misma.

Por un puñado de votos las centrales sindicales CSIF, UGT, CCOO y USCAL están vendiendo a los funcionarios de carrera y degradando a la Administración Pública. Ya que la gran mayoría de interinos pertenecen a estos sindicatos.

Pero la mochila de afiliados interinos también pesa en el resto de sindicatos que no se atreven a denunciar tajantemente el atropello de esta ley.