Empleados públicos de la Junta de Castilla y León han debatido sobre la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, inconstitucionalidad y vías para impedir su aplicación, así como la necesidad de la eliminación de las encomiendas de gestión y privatizaciones y supresión completa de la Administración "B".
La
Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) ha mantenido este jueves 10 de febrero
asamblea de empleados públicos de la Junta de Castilla y León, bajo el lema "La plaza no se regala", para debatir, sobre todo, la reciente
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que PLADEPU considera completamente inconstitucional.
¿Qué dice esta Ley? El artículo 2 establece que se realizarán procesos de estabilización mediante un concurso-oposición, pudiendo no ser obligatorio aprobar los exámenes de la oposición. Pero si esto no fuera suficiente, la disposición adicional sexta de esta Ley, establece que para las plazas que estuvieran ocupadas por interinos ininterrumpidamente con anterioridad al 1 de enero de 2016, se convocará un concurso, no siendo necesaria realizar una prueba selectiva y mucho menos aprobarla. Por supuesto, en ambos casos solo se valorará la experiencia en la Administración. ¿Qué garantías tendría entonces un ciudadano ante un funcionario que tiene que versar porque se cumpla la normativa, cuando este último no ha superado la oposición que obliga a conocer dicha normativa? Es como si se permitiera tener policías interinos para ejercer la autoridad.
El
artículo 23 de la Constitución Española es claro, “los españoles tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos”. Con esta Ley, se incumple claramente el principio de igualdad.
A juicio de PLADEPU, la coartada para esta violación de los derechos fundamentales constitucionales es la Directiva Europea 1999/70/CE, de 28 de junio de 1999. Una Directiva Europea, que lleva incumpliéndose sistemáticamente durante 22 años, sin que ningún político se diese por aludido, sirve de excusa para degenerar la Función Pública de este país. Decimos excusa o coartada, porque la Directiva 1999/70 CE no dice que al interino que ocupa una plaza durante muchos años haya que regalarle una plaza de funcionario. Y es más, el TJUE ha dictaminado que no cabe la transformación automática de una relación de servicio temporal en una relación de servicio permanente en la Administración Española. Por tanto, la Ley 20/2021 regala las plazas a los interinos sin base jurídica alguna.
PLADEPU no estamos contra las personas interinas. Lo que estamosen contra es que porque hayan trabajado voluntariamente más allá del
límite de los 3 años que siempre ha establecido el Estatuto Básico del Empleado Público, tanto por la irresponsabilidad de las administraciones como por el beneplácito y dejadez de los sindicatos, sean ahora clara e injustamente favorecidos con unos privilegios que suponen:
- Agravio frente a funcionarios de carrera y personal laboral fijo que superaron un proceso de oposición, para el que habitualmente dedicaron años de preparación, y que ven como en futuros concursos de traslados menguarán las plazas vacantes y los interinos regularizados podrán además concursar con toda su antigüedad.
- Agravio frente a opositores, tanto por promoción interna como por turno libre que, mientras estudian y renuncian al disfrute normal de vacaciones y tiempo con la familia y amigos, ven mermados su ánimo y posibilidades por la apropiación de plazas de interinos beneficiarios.
- Agravio frente trabajadores de empresas privadas, autónomos y personas en la cola del paro que, mientras intentan salir adelante en tiempos muy difíciles, ven como a un colectivo en concreto se le agracia con la tranquilidad de una plaza de por vida en la Administración.
- Y agravio en general en la calidad de los servicios públicos donde hasta ahora se premiaba el esfuerzo en el acceso al empleo público basado en los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
La propuesta de PLADEPU para resolver este problema, acata la Constitución, cumple la Directiva 1999/70 CE, respeta los derechos de los opositores, parados y trabajadores del sector privado, y da a los interinos la oportunidad de acceder a la plaza que ocupan. La solución que propone PLADEPU es que las Administraciones convoquen Ofertas Públicas de Empleo amplias y con todas las plazas ocupadas por interinos. Así de sencillo y así de fácil. Con esta propuesta en el año 2023 en las Administraciones españolas el número de interinos sería residual. En esta linea, PLADEPU solicitará reunión con la Dirección General de Función Pública de la Junta de C. y L.
PLADEPU defiende la oposición como único medio de acceso a la función pública, basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad, con porcentajes razonables en la fase de concurso, en donde la obtención de una plaza de funcionario premie al esfuerzo, talento y toda la experiencia laboral que repercutan por tanto en la calidad de los servicios públicos.
Los permisos necesarios para la asamblea fueron facilitados por la sección sindical de C.G.T. en la Junta de Castilla y León en Valladolid. C.G.T está de acuerdo en que hay que reducir la temporalidad, pero no como lo plantea la Ley 20/2021. A un empleado público se le debe pedir un alto nivel de exigencia, y para que ejerza con la máxima imparcialidad debe tener una estabilidad en su puesto. C.G.T aboga por sacar una Oferta Pública de Empleo que recoja todas las plazas de forma acumulada, lo que conlleve una amplia oferta para que opten de forma justa a entrar por oposición tanto interinos como opositores.
En esta asamblea se contó además con la importante partición de
Defensa Turno Libre (DTL), plataforma de opositores del turno libre y funcionarios de carrera que busca aglutinar a los afectados por la Ley 20/2021 en todas las administraciones. DTL avanzó que está formando una estructura jurídica para armar la vía judicial de manera sólida y contundente, pues será necesario llevar a la vía penal la ejecución de los procesos de regulación de plazas.
Para DTL y PLADEPU es necesario
instituir esta
estructura jurídica cuanto antes, para lo cual ya se están recaudando fondos. Animamos a tod@s a
colaborar aportanto 10 €:
Respecto al segundo punto del orden del día, la degradación de lo público, PLADEPU recuerda que las encomiendas de gestión ampliadas en la
Ley de Medidas para la Reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León posibilitan que los empleados públicos trabajen para empresas de gestión privada y sus servicios sean pagados por la propia Administración.
A esto hay que sumar las fundaciones y entes públicos que conforman la
administración “B” paralela y externalizan servicios públicos con ausencia de transparencia y control, manifestado hasta por el propio Consejo de Cuentas en Castilla y León. Con la administración "B" no hay buena gestión y se derrocha dinero público en directivos y alquileres, además de ser una puerta abierta a la corrupción.
Por estas razones, PLADEPU exige la eliminación de las encomiendas de gestión y privatizaciones y supresión completa de la administración “B” paralela, devolviendo todas las competencias a la Administración para que todos los servicios públicos estén siempre atendidos y gestionados de forma independiente por el funcionariado libre de intereses políticos, y lo que en definitiva repercutirá a todos los ciudadanos en ahorro y mayor calidad en de los servicios prestados.
Comunicado Defensa Turno Libre.
