El papel lo aguanta todo. Las leyes dicen una cosa, la realidad dice otra.
Desde el año 1994, los ciudadanos de Castilla y León tenemos por Ley una figura que actúa para la protección y defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos, y de los derechos y principios reconocidos en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León frente a la Administración de la Comunidad, la de sus entes locales y la de los diferentes organismos que de éstas dependan: el Procurador del Común.
Y desde el año 2016, por Ley los ciudadanos de Castilla y León contamos con el Comisionado de la Transparencia, que entre sus funciones se encuentra la de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa del Sector Público Institucional de Castilla y León.
Las resoluciones del Procurador del Común no son vinculantes para la Administración. Es decir, el Procurador del Común puede decir que incumplo la Ley. Y yo puedo seguir incumpliendo la Ley porque no tengo obligación de hacer caso al Procurador del Común. Hecha la Ley, hecha la trampa.
De las quejas formuladas por los ciudadanos admitidas a trámite y de las quejas iniciadas de oficio, el Procurador del Común investiga y resuelve sendos expedientes. Pero los expedientes publicados en la institución no muestran el plazo desde que una queja es admitida hasta que finalmente es resuelta. Por eso PLADEPU hemos analizado los informes estadísticos anuales más recientes para obtener una aproximación de este plazo:
De estos datos podemos intuir que, de media, las quejas tardan más de medio año en resolverse, y lo que es peor, las cifras de los últimos años nos dice que la tendencia es que estos plazos están en aumento.
Con el ánimo de agilizar las comunicaciones el Procurador del Común y las distintas administraciones, la institución creó un Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras, bien por no remitir a tiempo a cuestiones planteadas por el Procurador del Común durante la investigación de un caso, o bien por no dar contestación a las advertencias, recomendaciones y sugerencias formuladas por el Procurador del Común en sus resoluciones. Esta “lista negra”, cuyos integrantes son en su mayoría Ayuntamientos, no parece ser una medida suficiente.
Las resoluciones del Comisionado de la Transparencia son vinculantes para la Administración. Pero no hay un régimen sancionador para el que lo incumpla. Es decir, el Comisionado de la Transparencia puede decir que debo facilitar un documento. No lo hago. Y como no hay un régimen sancionador, no me pasa nada. Hecha la Ley, hecha la trampa.
El grado de cumplimiento de las resoluciones estimadas y vinculantes de esta institución se recoge en la memoria de 2022, con una tendencia no favorable:
En consecuencia, los ciudadanos tenemos algo pero con frecuencia nos vemos obligados a buscar justicia o transparencia debemos en los juzgados, porque la labor del Procurador del Común y del Comisionado de la Transparencia se queda en papel mojado.
Pero todavía hay más. El ciudadano de a pie puede pensar que en el año 2016 cuando se creó el Comisionado de la Transparencia, se dotaba a esta institución de nuevos medios personales. Pues no fue así. Lo que se hizo fue detraer los medios personales del Procurador del Común. Es decir, parte de los funcionarios que trabajaban en el Procurador del Común pasaron a trabajar en el Comisionado de la Transparencia. Doble trabajo con la misma gente. Resultado. Que el Procurador del Común y el Comisionado de la Transparencia incumplen los plazos legales establecidos para resolver sus expedientes.
Desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) denunciamos el mal funcionamiento de estas dos instituciones creadas para proteger los derechos de los ciudadanos de Castilla y León. Demandamos una reforma legal que haga vinculantes las Resoluciones del Procurador del Común y que sancione a las Administraciones y Entidades no colaboradoras con el propio organismo. Exigimos un régimen sancionador para los que incumplan las Resoluciones del Comisionado de la Transparencia. Y solicitamos más medios humanos para que desde el Procurador del Común y el Comisionado de la Transparencia puedan realizar su trabajo con dignidad y eficacia.
Desde el año 1994, los ciudadanos de Castilla y León tenemos por Ley una figura que actúa para la protección y defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos, y de los derechos y principios reconocidos en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León frente a la Administración de la Comunidad, la de sus entes locales y la de los diferentes organismos que de éstas dependan: el Procurador del Común.
Y desde el año 2016, por Ley los ciudadanos de Castilla y León contamos con el Comisionado de la Transparencia, que entre sus funciones se encuentra la de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa del Sector Público Institucional de Castilla y León.
Procurador del Común
Las resoluciones del Procurador del Común no son vinculantes para la Administración. Es decir, el Procurador del Común puede decir que incumplo la Ley. Y yo puedo seguir incumpliendo la Ley porque no tengo obligación de hacer caso al Procurador del Común. Hecha la Ley, hecha la trampa.
De las quejas formuladas por los ciudadanos admitidas a trámite y de las quejas iniciadas de oficio, el Procurador del Común investiga y resuelve sendos expedientes. Pero los expedientes publicados en la institución no muestran el plazo desde que una queja es admitida hasta que finalmente es resuelta. Por eso PLADEPU hemos analizado los informes estadísticos anuales más recientes para obtener una aproximación de este plazo:
- Resoluciones* dictadas en el año 2020 provenientes de:
- 350 quejas iniciadas en 2019 (48%)
- 372 quejas iniciadas en 2020 (52%)
- Resoluciones* dictadas en el año 2021 provenientes de:
- 69 quejas iniciada en 2019: (9%)
- 319 quejas iniciada en 2020: (41%)
- 384 quejas iniciadas en 2021: (50%)
- Resoluciones* dictadas en el año 2022 provenientes de:
- 3 quejas iniciada en 2019: (<1%)
- 55 quejas iniciada en 2020: (7%)
- 411 quejas iniciadas en 2021: (53%)
- 307 quejas iniciadas en 2022: (40%)
De estos datos podemos intuir que, de media, las quejas tardan más de medio año en resolverse, y lo que es peor, las cifras de los últimos años nos dice que la tendencia es que estos plazos están en aumento.
Con el ánimo de agilizar las comunicaciones el Procurador del Común y las distintas administraciones, la institución creó un Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras, bien por no remitir a tiempo a cuestiones planteadas por el Procurador del Común durante la investigación de un caso, o bien por no dar contestación a las advertencias, recomendaciones y sugerencias formuladas por el Procurador del Común en sus resoluciones. Esta “lista negra”, cuyos integrantes son en su mayoría Ayuntamientos, no parece ser una medida suficiente.
Comisionado de la Transparencia
Las resoluciones del Comisionado de la Transparencia son vinculantes para la Administración. Pero no hay un régimen sancionador para el que lo incumpla. Es decir, el Comisionado de la Transparencia puede decir que debo facilitar un documento. No lo hago. Y como no hay un régimen sancionador, no me pasa nada. Hecha la Ley, hecha la trampa.
El grado de cumplimiento de las resoluciones estimadas y vinculantes de esta institución se recoge en la memoria de 2022, con una tendencia no favorable:
Pero todavía hay más. El ciudadano de a pie puede pensar que en el año 2016 cuando se creó el Comisionado de la Transparencia, se dotaba a esta institución de nuevos medios personales. Pues no fue así. Lo que se hizo fue detraer los medios personales del Procurador del Común. Es decir, parte de los funcionarios que trabajaban en el Procurador del Común pasaron a trabajar en el Comisionado de la Transparencia. Doble trabajo con la misma gente. Resultado. Que el Procurador del Común y el Comisionado de la Transparencia incumplen los plazos legales establecidos para resolver sus expedientes.
Desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) denunciamos el mal funcionamiento de estas dos instituciones creadas para proteger los derechos de los ciudadanos de Castilla y León. Demandamos una reforma legal que haga vinculantes las Resoluciones del Procurador del Común y que sancione a las Administraciones y Entidades no colaboradoras con el propio organismo. Exigimos un régimen sancionador para los que incumplan las Resoluciones del Comisionado de la Transparencia. Y solicitamos más medios humanos para que desde el Procurador del Común y el Comisionado de la Transparencia puedan realizar su trabajo con dignidad y eficacia.
