Denunciamos

Puedes dejar tu denuncia sobre derroches, despilfarros, discriminaciones, persecuciones, etc., en pladepu@gmail.com, y nos pondremos en contacto contigo.


Desde el 2009 al 30 de junio del 2013 la Junta se gastó 8 millones de euros para indemnizar despidos de trabajadores

La sangría económica para el bolsillo de los castellanos y leoneses por la mala gestión de la Junta no cesa

El dinero de los contribuyentes malgastado es una constante en esta región. Los datos oficiales (directamente suministrados por la Junta) no dejan lugar a la duda. Desde el año 2009 a 30 de junio de 2013 las Consejerías de la Junta de Castilla y León se gastaron la escalofriante cifra de 8 millones de euros en concepto de indemnizaciones por despidos, salarios de tramitación y cuotas a la seguridad social. Es decir, la administración regional se ha gastado 8 millones de euros de dinero público en subsanar y arreglar su ineptitud y mala gestión de los recursos humanos que trabajan para los ciudadanos. Porque trabajador de la Administración y despido son dos palabras casi imposible de unir. Pero estos “gestores” regionales hacen posible lo imposible, pero desgraciadamente siempre para mal para el ciudadano, y lo que es peor, siempre a costa de su bolsillo. Lo que en tiempo de crisis, y en tiempos de recortes sociales y económicos es especialmente grave y lesivo para los derechos de los castellanos y leoneses.

INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS
2009	2010	2011	2012	2013  (medio año)
1.257.597,13 €	1.441.704,50 €	1.287.952,79 €	2.438.090,19 €	1.514.741,26 €
TOTAL: 7.940.085,85 €

Desde PLADEPU no nos cansamos de denunciar que esta Administración está muy mal dirigida. Que los recortes de toda índole que están sufriendo los ciudadanos serían mucho menores si los gestores de esta comunidad hicieran mejor su trabajo, pero otra vez, los hechos nos vienen a dar la razón. Gastar 8 millones de euros en indemnizaciones por despido en una Administración es un disparate, que demuestra a las claras que con una buena gestión de la Junta de Castilla y León, los ciudadanos de esta región no habríamos padecido con tanta dureza los recortes económicos y sociales.

La noticia donde un Tribunal de Soria declaraba nulo el despido de tres trabajadores del laboratorio de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en Soria, obligando a la Junta a readmitirles e indemnizarles con los salarios de tramitación devengados, es la prueba de lo que viene denunciando PLADEPU. Los dirigentes demuestran una falta de responsabilidad y se lavan las manos en despidos que en su mayoría se producen en organismos que se cierran sin justificacion y con el afan de privatizarlos, para que los afines al gobierno se lucren de lo publico. Mala gestión por parte de los políticos de la Administración, lo que provoca la escusa para recortar los derechos de los ciudadanos, y finalmente el desmantelamiento del Sector Público para su futura privatización.

Estos 8 millones de euros más los 8 millones que la Junta ha pagado en este periodo a los puestos a dedo por trabajar media hora mas al día, suman 16 millones de euros en 5 años que la Junta de Castilla y León se podría haber ahorrado. Lo que se hubiera traducido en menos recortes sociales, y de este modo, haber hecho menos sufrida la crisis para los ciudadanos de esta región. Pero para ello, hay que gestionar bien la Administración y no malgastar el dinero de los contribuyentes.

Castilla y León, enero de 2014
Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU)

La Junta se gasta 8 millones de euros en 5 años en un privilegio para los puestos de libre designación
Ha tenido que ser en sede parlamentaria, pero por fin la Junta de Castilla y León ha facilitado el dinero que cuesta a los contribuyentes castellanos y leoneses la media hora extra diaria de trabajo de los puestos de libre designación de esta Administración.

La cifra, que ha costado conseguir, asciende a más de 8 millones de euros, que en los últimos 5 años ha pagado la Junta de Castilla y León a los libre designación. Por ejemplo, en el año 2012 se pagaron por este concepto 1.487.317 euros, cifra semejante al coste que la propia Junta estimaba que se ahorraba por el cierre de las guardias nocturnas en nuestra región. Desde PLADEPU venimos denunciando la mala gestión y el derroche de dinero público que realiza esta Administración (ahí esta la Lista de la Dignidad que presentó esta plataforma). En plena campaña de recortes sanitarios, sociales y educacionales la Junta de Castilla y León no ha tenido a bien suprimir este complemento económico para aquellos trabajadores públicos elegidos a dedo, por solo trabajar media hora más al día. El ciudadano castellano leonés debe saber que estos 8 millones de euros que se ha gastado la Junta en 5 años es un privilegio de los trabajadores escogidos a dedo, porque los trabajadores públicos cuyo puesto de trabajo lo han conseguido mediante un concurso ordinario de traslados no tienen opción a este complemento económico. Solo los puestos de libre designación pueden elegir trabajar media hora al día más a cambio de una compensación económica, que a los castellanos y leoneses nos cuesta un millón y medio de euros al año. Pero la Junta de Castilla y León prefirió cerrar las guardias nocturnas que suprimir este privilegio de los puestos a dedo.

Desde PLADEPU solicitamos que se termine con este privilegio que tienen algunos trabajadores públicos y que tanto cuesta a los ciudadanos. Este dinero se debería utilizar para mejorar los servicios públicos (sanidad, educación, dependencia…..).

También se ha puesto de manifiesto con estos datos, que en la Junta de Castilla y León existen más de 750 puestos de trabajo a dedo. Desde PLADEPU volvemos a solicitar que los puestos de libre designación se reduzcan a la mínima expresión, como pueden ser los Consejeros, Directores Generales y Delegados Territoriales.

2009	1.728.538,92 €
2010	1.748.247,96 €
2011	1.695.482,88 €
2012	1.487.317,67 €
2013	1.404.499,32 €
TOTAL	8.064.086,75 €

Noticia de últimoCero.

Castilla y León, diciembre de 2013
Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU)

Cierran Laboratorios, abren negocios. ¡Viva la corrupción!

La verdad sobre el cierre de los Laboratorios de Fomento, las mentiras de la Junta y cómo los políticos se cargan un servicio público de calidad

Centro de Control de Calidad en Burgos

Desde PLADEPU se viene denunciando la mala gestión que la Junta de Castilla y León está realizando de los escasos recursos públicos, y del nulo interés que tienen los dirigentes públicos por prestar un Servicio Público de calidad.

Desde PLADEPU hemos denunciado las mentiras y medias verdades que la Junta de Castilla y León cuenta a sus Administrados sobre su gestión pública. Pero las mentiras tienen unas patas cortas, como se demuestra en el cierre de 7 laboratorios provinciales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, donde se pone de manifiesto la mala gestión de los directivos de esta Administración, su oscurantismo, sus mentiras y su desprecio por un Servicio Público de calidad.

El 22 de abril de 2013 la Junta de Castilla y León emitía un comunicado público en el que informaba de la reorganización de los laboratorios provinciales de control de calidad de la construcción y obra pública para mejorar su eficiencia.

“La Junta de Castilla y León está desarrollando, en cumplimiento de su compromiso con el déficit y el ahorro en los recursos públicos, un programa de mejora en la eficiencia y eficacia de la gestión de esos recursos. La reorganización de los laboratorios de control de calidad se plantea como consecuencia de la escasa actividad que desarrollan debido a las circunstancias económicas actuales…. Además, esa escasa actividad actual se ha puesto de manifiesto en la evaluación de las cargas de trabajo que se ha realizado el año pasado”.

Este comunicado hace referencia a la Auditoria que la Inspección General de Servicios (IGP) de la Consejería de Hacienda realizó al Servicio de Tecnología y Control de Calidad de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, donde se integran los 7 Centros de Control de Calidad provinciales que se han cerrado.

Auditoria que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha intentado ocultar a sus trabajadores por todos los medios. Múltiples han sido las peticiones para conocer el contenido de esta auditoria, y múltiples han sido las negativas a los trabajadores para mostrar esta auditoria. No hay que olvidar que se trata de una auditoria hecha por funcionarios de la Junta. Ahora los Castellanos y Leoneses comprenderán el por qué se ha intentado ocultar este informe.

En primer lugar hay que decir que la IGP ha tenido claro la valía de estos laboratorios: “Los Centros de Control de Calidad, son unos reputados laboratorios de control de calidad de la construcción y la obra pública, que cuentan con unos medios materiales, con carácter general, suficientes para llevar a cabo sus funciones y tienen unos equipos humanos altamente cualificados y preparados para ello, lo que garantiza la objetividad en los resultados que se obtienen de los ensayos que realizan dichos centros”. Es decir, son un servicio público de calidad.

También ha tenido claro los problemas de estos centros: 

1- “Tanto el Servicio de Tecnología y Control de Calidad como las Secciones de Control de Calidad, funcionan con un alto grado de autonomía respecto de los órganos superiores de los que dependen, sin que su actuación se someta a una planificación formal”. Es decir, los “brillantes” gestores de nuestra Comunidad no han realizado un Plan Director o de Actuación para estos centros. Los laboratorios no tienen objetivos, ni un rumbo fijado. 

2-“Considera esta Inspección que existe un escaso ejercicio de dirección de los órganos de los que dependen estas unidades administrativas, tanto a nivel central como periférico. Esta circunstancia influye en su funcionamiento y ha generado que el trabajo se desarrolle de forma rutinaria y con escasa motivación”. La IGP pone negro sobre blanco, denuncia directamente que los directivos de la Junta no realizan su trabajo. Entonces ¿A qué se dedican? ¿Qué dirigen? ¿Por qué se les paga el sueldo de directivos?

3- “El Servicio de Tecnología y Control de Calidad funciona con una gran autonomía, respecto de la Secretaría General de quien depende. Respecto de las relaciones con la Secretaría General son escasas, y no mantiene reuniones de Dirección con la misma. Tampoco actúa de acuerdo a ninguna planificación formal establecida por la Consejería. Existe un escaso ejercicio de liderazgo por parte de la Secretaría General de la Consejería”.“Las Secciones de Control de Calidad funcionan casi autónomamente respecto del correspondiente Servicio Territorial de Fomento, y sus relaciones con los Jefes de Servicio Territorial son escasas y no suelen tener reuniones de coordinación. Respecto de sus relaciones con el Servicio de Tecnología y Control de Calidad también son escasas. Tampoco suelen mantener reuniones de coordinación con este Servicio. Los cauces de comunicación suelen ser instrucciones verbales y por medios electrónicos, no existiendo instrucciones formales. No existe planificación de sus actuaciones, ni seguimiento de objetivos. No reciben habitualmente ni instrucciones, ni sus responsables son convocados a reunión alguna de seguimiento o coordinación con el resto de Jefes de Sección del Servicio Territorial de Fomento. Esta Inspección ha detectado un sentimiento de abandono y de aislamiento de los responsables de estas Secciones respecto de la organización, es decir de los respectivos Jefes de Servicio Territorial de Fomento y del Servicio de Tecnología y Control de Calidad”. El informe de la Inspección de Servicios es demoledor, y simple y llanamente denuncia que los gestores públicos ni se ocupan ni dirigen estos laboratorios con el más mínimo rigor que se puede exigir a unos directivos.

4- “Hay una carga de trabajo muy baja, derivada de las circunstancias económicas actuales y de la falta de un sistema de dirección adecuado que haga que se cumplan las disposiciones normativas al efecto. La IGP vuelve a enviar un misil a la línea de flotación de los gestores públicos, y descubre sus mentiras. La poca actividad de estos centros no se debe solo a las circunstancias económicas, sino también, a la mala dirección de los gestores de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

“El puesto de Jefe de Sección de Control de Calidad de Soria, aunque se encuentra cubierto por comisión de servicios, su ocupante no realiza esas funcione”s. El lector acaba de descubrir otra mentira de la Consejería. Está claro que la falta de eficiencia económica del laboratorio de Soria no se debía a “las actuales circunstancias económicas”, sino a que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente había decidido que el responsable directo del laboratorio de Soria, en vez de ocuparse de su funcionamiento y dirección, realizase otras tareas misteriosas. Hay que tener poca vergüenza para descabezar un laboratorio y decir que su mal funcionamiento es por la crisis económica. 

“En el caso particular de Ávila, en el momento de realizar la visita a sus instalaciones, no podían realizar ensayos puesto que el único puesto de analista de laboratorio que tiene cubierto, su ocupante lleva un largo periodo de incapacidad temporal”. Lo más grave del asunto es que nadie de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se sonroja cuando salen a luz estos datos. Pero ¿cómo iba a ser eficiente un laboratorio de ensayos, si no tiene personal para hacer estos ensayos?, ¡ojo! Que la IGP afirma que este hecho gravísimo no es puntual sino que viene ocurriendo durante un largo periodo de tiempo, y nadie le ha puesto solución. ¿Se imaginan un restaurante sin cocinero? Esto solo sucede en las Repúblicas Bananeras y en la Junta de Castilla y León. PLADEPU denuncia que definitivamente la Junta de Castilla y León ha perdido el respeto a sus Administrados al mentirles tan descaradamente. El laboratorio de Ávila es el fiel reflejo de lo que viene denunciando PLADEPU en la Junta de Castilla y León. Recortes de los Servicios Públicos, lo que origina el mal funcionamiento de los mismos, y al no ser eficientes, se cierra ese Servicio Público, se crea una empresa pública para gestionarlo o directamente se privatiza. Qué seguro que la empresa privada tendrá analistas para realizar estos ensayos.

Finalmente la Auditoria aporta un poco de luz al por qué los laboratorios han tenido poca actividad. “Entiende esta Inspección que se da la paradoja de contar estos Centros de Control de Calidad con una alta cualificación profesional y es la propia organización administrativa la que desconoce su existencia, por lo que encargos profesionales que pudieran ser realizados por estos Centros se encargan a los laboratorios ajenos a la Administración. Esta relación coste/actividad podría mejorarse si la Administración Autonómica encargará los controles de calidad de sus obras, cuando fuera posible, a estos Centros. La falta de encargos por parte de la propia Consejería de Fomento y Medio Ambiente, entendiendo esta Inspección que se incumple lo previsto en el Plan de Empleo de este personal”. Es decir, es la propia Administración quién ha ninguneado a sus laboratorios. La Junta de Castilla y León ha mantenido una red pública de laboratorios, pero ha estado pagando sus ensayos a empresas privadas. Esta es la magnífica dirección de la Junta, y su gestión eficiente de los recursos públicos.

Hay que señalar que a pesar del contenido de la auditoria, el Consejero de Fomento y Medio Ambiente cerró el 1 de junio de 2013 los laboratorios de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora, y ha mantenido en sus puestos a la Secretaria General, a la Coordinadora de Servicios y a todos los Jefes de Servicio responsables de los laboratorios (todos ellos nombrados a dedo). Tampoco se han dado directrices e instrucciones por escrito a los 3 laboratorios supervivientes.

Estos hechos refuerzan los argumentos y exigencias de PLADEPU: La junta de Castilla y León miente a sus ciudadanos; Gestiona mal los servicios públicos; Los recortes de todo tipo, se podrían evitar o reducir, si esta Administración tuviese unos buenos dirigentes; y las libres designaciones (los puestos a dedo) son una lacra para esta Administración, que deben desaparecer, ya que se demuestran que su trabajo no es servir a los ciudadanos, sino servir al político que le ha nombrado.

Castilla y León, septiembre de 2013
Quinidio Martínez (PLADEPU)

SOMACYL, la antítesis de lo que deber ser una Administración Pública

PLADEPU ha denunciado el escándalo público que ha supuesto la fiscalización por parte del Consejo de Cuentas de los expedientes de contratación de los años 2010 y 2011 de PROVILSA. Sin embargo, lo que ha puesto de relieve el Consejo de Cuentas de los expedientes de contratos de la empresa pública SOMACYL durante estos mismos años es espeluznante y desolador.

Además, se da la circunstancia que el Consejo de Cuentas vuelve a desenmascarar la política administrativa de la Junta, al afirmar que de acuerdo con los objetivos de la empresa SOMACYL y el objeto de los contratos analizados se llega a la conclusión de que se le encomiendan funciones que según la legislación estatal deberían reservarse a los organismos autónomos, siendo su asimilación a la categoría “entidad empresarial” meramente formal. El Consejo de Cuentas descubre las artimañas de la Junta de Castilla y León que crea sus empresas públicas para evitar una mayor fiscalización de sus actos.

SOMACYL incumple la obligación del artículo 29 del LCSP en el 100% de los contratos que realizó en los años 2010 y 2011, al no remitir la documentación de ninguno de los 16 contratos de los que legalmente estaba obligada a comunicar. Y a efectos de lo establecido en el artículo 308 de la LCSP, SOMACYL no ha remitido al Registro de Contratos del Sector Público la información correspondiente a 45 contratos  durante los años 2010 y 2011, lo que supone el incumplimiento del 100% de dicha obligación. Es una vergüenza que empresas públicas se salten la Ley con esta impunidad.

Del examen de las Instrucciones Internas de Contratación hay que señalar lo siguiente:

• No hay constancia de su aprobación por ningún órgano de la empresa, ni de la fecha de su aprobación, ni de la entrada en vigor de estas normas.
• Se establece la posibilidad de realizar modificaciones contractuales sin que estén previa y expresamente fijadas las causas; lo que puede cambiar las condiciones de contratación, a criterio subjetivo del órgano de contratación, lo que afecta al principio de transparencia e igualdad de trato. Esta modificación resulta inaudita en una Administración Pública seria. En PLADEPU tenemos dudas que esta condición figure en los Contratos suscritos en Repúblicas Bananeras.
• El contenido de las Instrucciones, puede dar lugar a que en determinados expedientes, de importe inferior a 50000 euros, no se establezcan las condiciones del contrato, de la adjudicación o de la negociación. Esto afecta a los principios de transparencia e igualdad de trato con los licitadores. Otra Instrucción que nos abochorna.
• Los importes máximos establecidos para la utilización del procedimiento negociado y del procedimiento simplificado, en suministros y servicios, superan las cantidades establecidas en la LCSP. Esto afecta a los principios de publicidad y transparencia.

El Consejo de Cuentas ya pone sobre la mesa que las Instrucciones Internas de Contratación de SOMACYL atentan a los principios de transparencia e igualdad de trato, justo lo que una Administración debe cumplir a rajatabla.

En ninguno de los contratos fiscalizados sujetos a regulación armonizada (SARA) consta la justificación de la elección de los criterios de adjudicación establecidos, en relación con el objeto, para seleccionar la oferta económicamente más ventajosa y contribuir a la justificación del principio de eficiencia, del artículo 1 de la LCSP.

En relación al contenido de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de estos contratos, a partir de ahora PCAP, se han observado las siguientes incidencias:

• En ninguno de los contratos examinados se establece la inclusión de forma separada de los criterios susceptibles de valoración automática mediante fórmulas de los que requieren un juicio de valor, lo que va a imposibilitar la valoración por separado y afecta al principio de transparencia e igualdad de trato. Por lo tanto, todas las adjudicaciones han podido estar amañadas.
• En todos los expedientes examinados se incluyen criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas que al no estar desarrollados de forma detallada no permiten valorar las ofertas sin incluir aspectos no previstos en los pliegos, lo que incumple el detalle que para los criterios de adjudicación se exige en el párrafo primero del apartado segundo del artículo 134 de la LCSP e impide que los licitadores conozcan previamente cómo van a ser valoradas sus proposiciones, afectando a los principios de transparencia e igualdad de trato. Igual que el punto anterior, se dan todas las circunstancias para que la mesa de contratación pueda adjudicar a dedo.
• Las fórmulas automáticas utilizadas para valorar la oferta económica no permiten repartir todos los puntos habilitados en este apartado lo que modifica el porcentaje real aplicado sobre cada criterio además de, con carácter general, no otorgar mayor puntuación, proporcionalmente, a la oferta con mayor baja, afectando a los principios de no discriminación y eficiencia en la utilización de los fondos.
• En ninguno de los contratos consta la aprobación de los pliegos por el órgano de contratación afectando al principio de competencia y de seguridad jurídica.

Además, para la valoración de la oferta económica mediante fórmulas automáticas en ninguno de los contratos examinados se reparten todos los puntos, ni a la oferta más económica se le asigna la máxima puntuación, como consecuencia de la fórmula utilizada, afectando a los principios de no discriminación y eficiencia en la utilización de los fondos.

Tampoco se valoran en fases distintas los criterios de adjudicación establecidos mediante fórmulas de las que no lo están, a excepción del precio, incumpliendo el artículo 134 de la LCSP y afectando al principio de transparencia. Creemos que a estas alturas del artículo el lector no se puede sorprender de que SOMACYL incumpla la Ley de Contratos.

En el informe de valoración de todos los contratos fiscalizados, no se definen los métodos de reparto ni se ha dejado constancia de los motivos de la puntuación otorgada, desarrollando criterios de evaluación no valorables mediante fórmulas, que no figuraban en los pliegos, lo que ha dado lugar a que los licitadores desconocieran el detalle de los mismos al presentar sus ofertas, incumpliendo el artículo 134 de la LCSP y afectando al principio de transparencia. Es decir, SOMACYL ni justifica la puntuación que da a los licitadores, y además, añade criterios de valoración a posteriori, lo que puede permitir adjudicar los contratos a dedo.

En ninguno de los contratos iniciados mediante procedimiento negociado, han dejado constancia de la negociación efectuada, incumpliendo sus Instrucciones internas de contratación.

En ninguna de las notificaciones de la adjudicación provisional realizadas en los expedientes examinados, tanto al adjudicatario como al resto de licitadores, figura la posibilidad de interponer el recurso especial en materia de contratación regulado en el artículo 37 de la LCSP (art. 310 en la redacción dada por la Ley 34/2010). Esto da a entender que en SOMACYL se consideran por encima del bien y del mal, y que tienen claro que a ningún contratista se le va a pasar por la cabeza recurrir una adjudicación.

Tampoco hay constancia, en ninguno de los contratos analizados, de la recepción de la notificación de la adjudicación definitiva ni por el adjudicatario ni por el resto de licitadores no adjudicatarios, establecida en el artículo 137 de la LCSP (artículo vigente antes de la entrada en vigor de la Ley 34/2010). Y SOMACYL sigue incumpliendo la Ley.

No consta en ninguno de los expedientes analizados la publicación de la adjudicación definitiva en los correspondientes Diarios Oficiales, incumpliendo lo establecido en el artículo 126 de la LCSP. Y sigue. ¿Qué fuerza moral puede tener la Junta de Castilla y León a la hora de hacer cumplir a los Administrados la Ley, si sus Empresas son las primeras que se saltan la legalidad?

Resumiendo, según el Consejo de Cuentas la empresa pública SOMACYL incumple reiteradamente la Ley, y en los expedientes de contratación que ha fiscalizado se dan todos los ingredientes necesarios para que se pueda adjudicar a dedo el contrato. VERGONZOSO. SOMACYL ES LA ANTÍTESIS DE LO QUE DEBE SER UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

El lector debe saber que en el último medio año, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha licitado concursos y obras relacionadas con el agua a través del SOMACYL por valor de 34,5 millones de euros, y 0 euros a través de su Administración Central. ¿Por qué será?

Esta sucesión de irregularidades e ilegalidades refuerzan el criterio de PLADEPU, de que es totalmente necesario la eliminación de la Administración Paralela. No están mejor gestionadas que la Administración Central y sus contrataciones levantan todas las sospechas del mundo. No puede pasar un minuto más sin que el Consejero de Fomento y Medio Ambiente cierre sus empresas públicas y se marche a casa por incapaz. Hace 10 meses, 86 Técnicos de su Consejería le solicitaron el cierre del SOMACYL, y todavía, no ha tenido tiempo para contestarles, será que está muy ocupado intentando (mal)dirigir esta empresa y no tiene tiempo para ello.

Enlaces de interés: Fiscalización de la Contratación de las empresas públicas de Castilla y León, ejercicios 2010-2011. Informe SOMACYL. Informe completo.

Castilla y León, agosto de 2013
Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU)

El Consejo de Cuentas desnuda las miserias de PROVILSA

PLADEPU en su defensa por los ciudadanos y los Servicios Públicos viene exigiendo la eliminación total de la Administración B, entre ellas las empresas públicas. Los políticos y sus voceros pregonan que una empresa pública está mejor gestionada y es más eficiente que la Administración Central. El Consejo de Cuentas de Castilla y León con su informe de fiscalización de la contratación de las empresas públicas en los años 2010 y 2011 ha desmontado esta gran mentira de los políticos. ¿Cómo van a estar mejor gestionadas las empresas públicas que la Administración Central, si los que mal dirigen la Administración Central son los mismos que mal dirigen las empresas públicas?

Hace nueve meses 86 técnicos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente dirigían un escrito a su Consejero solicitando el cierre de la empresa pública PROVILSA. Las razones para exigir este cierre son obvias. Hasta hoy el Consejero no ha tenido la delicadeza de contestar a estos trabajadores de su Consejería.   

Pero el Consejo de Cuentas ha puesto al descubierto las vergüenzas del Consejero. En su Informe afirma que: “De acuerdo con los objetivos de la empresa PROVILSA y el objeto de los contratos analizados se llega a la conclusión de que se le encomiendan funciones que según la legislación estatal deberían reservarse a los organismos autónomos, siendo su asimilación a la categoría “entidad empresarial” meramente formal”. En cristiano esto quiere decir, que según el Consejo de Cuentas PROVILSA desarrolla funciones que a una empresa pública no le corresponden.

El Consejo de Cuentas afirma que PROVILSA incumple la obligación del artículo 29 del LCSP de remitirle la relación de contratos afectados por este artículo, en el 100% de los contratos que realizó en los años 2010 y 2011. A efectos de lo establecido en el artículo 308 de la LCSP, el Consejo de Cuentas asegura que PROVILSA no ha remitido al Registro de Contratos del Sector Público la información correspondiente a 202 contratos durante los años 2010 y 2011, lo que supone el incumplimiento en un 93,53% de dicha obligación. Es decir, según el Consejo de Cuentas, PROVILSA SE PASA POR EL ARCO DEL TRIUNFO LAS LEYES.

El Consejo de Cuentas asegura que PROVILSA no tiene un sistema que acredite la documentación presentada por los licitadores y que determine el momento de su entrada y salida de la entidad, lo que produce incertidumbre sobre la integridad de la documentación presentada y el cumplimiento de los plazos establecidos. Lo que quiere decir que PROVILSA no puede garantizar qué y cuando ha sido entregada la documentación por los licitadores de un contrato público. Y esto no ocurre en una República Bananera, ocurre en una empresa cuyo capital es el 100 % de la Junta de Castilla y León.

Según el Consejo de Cuentas ni las normas internas de contratación de PROVILSA cumplen íntegramente la legalidad.

El Consejo de Cuentas afirma que en PROVILSA con la aplicación utilizada para el perfil de contratante, no queda constancia del momento de inicio de la difusión pública de la información, incumpliendo con lo establecido en el artículo 42.3 de la LCSP. Otra vulneración de la legalidad al canto de esta empresa pública.

Respecto a los Contratos sujetos a regulación armonizada fiscalizados el Consejo de Cuentas dice que en todos los contratos fiscalizados se omite la justificación de la elección y valoración de los criterios de adjudicación para seleccionar la oferta económicamente más ventajosa y contribuir a la justificación del principio de eficiencia, establecida en el artículo 1 de la LCSP.

Respecto de los Pliegos de Condiciones Particulares (a partir de ahora PCP) de los contratos examinados:

• No se especifica en ninguno los criterios para determinar las condiciones mínimas de solvencia económica de los licitadores. Y en 4 de 7 contratos examinados tampoco los criterios de solvencia técnica o profesional. Esto supone dejar al arbitrio de la mesa de contratación la estimación de la solvencia, por lo que la aceptación a la licitación se convierte en un acto puramente discrecional, afectando todo ello a los principios de transparencia e igualdad de trato. Es decir, en PROVILSA es totalmente arbitrario la selección de las empresas que pueden pujar por un contrato que se paga con dinero público.
• Se establecen en 5 expedientes de 7 examinados, criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas que al no estar desarrollados de forma detallada, no permiten valorar las ofertas sin incluir aspectos no previstos en los pliegos, lo que incumple el artículo 134 de la LCSP e impide que los licitadores conozcan previamente cómo van a ser valoradas sus proposiciones, afectando a los principios de transparencia e igualdad de trato. En cristiano quiere decir que en las adjudicaciones de contratos pagados con dinero público que ha realizado PROVILSA se han incluido criterios no fijados previamente, lo que permite que la mesa de contratación de esta empresa pública pueda otorgar puntos a quien le plazca por el motivo que se le ocurra.  
• Al valorar la oferta económica, en cinco contratos de 7 examinados, las fórmulas automáticas utilizadas pueden impedir la adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa al otorgar proporcionalmente menos puntuación a la mayor baja, afectando a los principios de no discriminación y eficiencia en la utilización de los fondos.
• En ninguno de los contratos consta la aprobación de los pliegos por el órgano de contratación afectando al principio de competencia y de seguridad jurídica.

En el Informe de valoración de 5 contratos de 7 examinados, la mesa de contratación ha desarrollado criterios de evaluación no valorables mediante fórmulas, que no figuraban en los pliegos, lo que impide que los licitadores conocieran el detalle de los mismos al presentar sus ofertas. Esto afecta al principio de transparencia. Es decir, según el Consejo de Cuentas en PROVILSA la mesa de contratación escoge discrecionalmente los criterios de evaluación de las ofertas que han presentado los empresarios. Este hecho puede permitir que la mesa de contratación seleccione al empresario que deseé. Es decir, lo que se llama coloquialmente adjudicar a dedo.

El Consejo de Cuentas afirma que en todos los contratos examinados no hay constancia que se haya realizado la notificación de la adjudicación definitiva a los licitadores no adjudicatarios establecida en el artículo 137 de la LCSP y de la Ley 34/2010. OTRO INCUMPLIMIENTO DE LA LEY. ¿Cuantos van?

El Consejo de Cuentas asevera que en ninguna de las notificaciones realizadas, de las adjudicaciones provisionales o únicas, se establece la posibilidad de interponer el recurso especial en materia de contratación establecido en la LCSP. OTRO y el Consejero sin dimitir.

El resultado final de la fiscalización del Consejo de Cuentas es demoledor. Y es la más clara demostración del por qué del interés de los políticos por las empresas públicas en detrimento de la Administración Central. Desde PROVILSA las adjudicaciones pueden ser opacas y discrecionales. El lector no debe olvidar que las empresas públicas gestionan dinero público, que las adjudicaciones de las Administraciones deben basarse en los principios de eficiencia económica, transparencia e igualdad de trato, y por tanto, se debe ser igualmente exigente con su gasto que una Administración Central.

Los Castellanos y Leoneses ya sabemos porque el Consejero no ha contestado a los 86 técnicos de su Consejería que solicitaban el cierre de PROVILSA, Antonio Silván no tiene argumentos serios, técnicos y creíbles para mantener semejante despropósito que es PROVILSA.

Continuamos esta denuncia transcribiendo las ilegalidades e irregularidades concretas que el Consejo de Cuentas ha detectado en dos contratos suscritos por la empresa PROVILSA, que demuestran el por qué los políticos quieren y necesitan una Administración paralela, alejada del control de los funcionarios.

La contratación en el año 2011 por 91425,42 euros, de la Edición de un Suplemento Semanal sobre la vivienda y las políticas de la Junta de Castilla y León en materia de vivienda, que se ha tramitado mediante procedimiento negociado sin publicidad superando las cuantías máximas establecidas para este procedimiento, se ha adjudicado directamente a una empresa por mandato de la Consejería de Fomento. Esta exclusividad aplicada a la adjudicación, se basa en que el adjudicatario es “.. un periódico con gran aceptación en Valladolid, dado que muestra un interés relevante en presentar los acontecimientos e informaciones concernientes a esta provincia…” Esto no motiva la exclusividad de la adjudicación, ya que no justifica que haya más empresas capacitadas para realizar este contrato. Se vulnera, además de sus propias instrucciones internas de contratación, el principio de publicidad, libertad de acceso a las licitaciones, igualdad de trato y no discriminación. Además, para cuantificar la solvencia profesional o técnica el PCP refleja criterios como títulos académicos, los técnicos y maquinaria de que se disponga etc. Pero sin cuantificar. Para la solvencia económica y financiera se establecen las cuentas anuales, balance, cifra de negocios etc. Pero sin determinar el nivel mínimo exigible en la licitación. Esto supone dejar al arbitrio de la mesa de contratación la estimación de la solvencia, por lo que la aceptación a la licitación se convierte en un acto puramente discrecional y afectando a los principios de transparencia e igualdad de trato. Por si estas irregularidades fueran pocas, el Consejo de Cuentas denuncia que realizadas las 26 ediciones establecidas en el contrato, se ha materializado el pago sin que haya constancia en el expediente de la previa elaboración de las certificaciones mensuales de conformidad con la información publicada y la entrega a la Consejería del diario en que se haya insertado, incumpliendo el punto 6 del Anexo I del Pliego de Condiciones Particulares. En resumen, según el Consejo de Cuentas PROVILSA adjudica a dedo y luego ni se molesta en realizar las certificaciones para pagar. Deben saber los ciudadanos que en la Administración Central esto es imposible que pueda ocurrir, no se paga nada sin una certificación por medio.

En el contrato realizado en el año 2010 para el suministro de equipos para la TDT universal por valor de 775.860,22 euros, no está detallado el objeto del contrato, ya que se refiere al suministro de equipos para la TDT Universal sin especificar el número de aparatos a suministrar ni el precio máximo por unidad, lo que incumple lo establecido en los artículos 74 y 75 de la LCSP y puede afectar al principio de eficiencia económica. En el PCP de este expediente se establece para cuantificar la solvencia profesional o técnica:” La relación de los principales suministros realizados…”, sin determinar los niveles mínimos exigibles. Para la solvencia económica y financiera se establecen las cuentas anuales, balance, cifra de negocios etc. Pero sin determinar el nivel mínimo exigible en la licitación. Esto supone dejar al arbitrio de la mesa de contratación la estimación de la solvencia, por lo que la aceptación a la licitación se convierte en un acto puramente discrecional y afectando a los principios de transparencia e igualdad de trato. Además, se da la circunstancia que el PCP de este contrato incluye tres criterios evaluables mediante fórmulas automáticas, sin establecer la fórmula aplicable a cada uno, lo que deja al arbitrio de la mesa de contratación su valoración, afectando al principio de transparencia y de igualdad de trato, al desconocer el licitador la correlación entre los distintos criterios. Como colofón a este expediente de contratación, el Consejo de Cuentas certifica que la mesa de contratación ha desarrollado criterios de evaluación no valorables mediante fórmulas, que no figuraban en los Pliegos, lo que ha dado lugar a que los licitadores desconocieran el detalle de los mismos al presentar sus ofertas. Esto afecta al principio de transparencia. Estos dos contratos no se han desarrollado en una República Bananera, desgraciadamente, lo descrito es lo que ha certificado el Consejo de Cuentas que ocurre en los expedientes de contratación de PROVILSA.

Desde PLADEPU volvemos a exigir la disolución inmediata de la Administración Paralela, ya que el ciudadano puede comprobar que solo los funcionarios pueden velar por los intereses generales, por unos buenos servicios públicos y por un uso eficiente de los recursos públicos.

Enlaces de interés: Fiscalización de la Contratación de las empresas públicas de Castilla y León, ejercicios 2010-2011. Informe PROVILSA. Informe completo.

Castilla y León, agosto de 2013
Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU)

Se cierran 7 Centros de Control de Calidad. La Junta sigue desmantelando los servicios públicos regionales. La Junta sigue demostrando que es incapaz de gestionar los recursos públicos

En la política de desmantelamiento de los Servicios Públicos que está llevando esta Administración, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha dado otro paso adelante, ha cerrado los laboratorios de control de calidad de las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora, argumentando que es para mejorar la eficiencia del conjunto de laboratorios. Desde PLADEPU denunciamos que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha incumplido sistemáticamente el Plan de Empleo, y por tanto, estos laboratorios no han realizado todos los trabajos que debían haber hecho, y en consecuencia, la falta de eficiencia que esgrime la Consejería es en realidad la deficiente y nula gestión de los responsables de esta Consejería. También, desde PLADEPU denunciamos que si los laboratorios no han sido eficientes serán los libres designaciones que los dirigen los responsables de esta mala gestión, y no los empleados públicos que cumplen órdenes. Por tanto, si el Consejero es consecuente con sus comunicados y actuaciones, debe cesar a los responsables de la gestión de estos laboratorios, es decir, a los Jefes de Servicio que ha nombrado a dedo.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente es un simulacro de lo que debe entenderse por una buena gestión pública. El Ministerio de Fomento cierra líneas ferroviarias básicas de comunicación para muchos pueblos de esta Comunidad y la Consejería no hace nada al respecto. Tiene a dos Directores Generales imputados por corrupción, amén de unos cuantos Jefes de Servicio y de Área. Y encima a los Directores Generales que no están señalados por la justicia, los jueces les paran sus Proyectos Faraónicos cuando ya se han invertido más de 50 millones de euros. O como colofón a una monumental chapuza, se les cae una pasarela de un millón de euros cuando lleva un año construida. Pero al Consejero de Fomento y Medio Ambiente la gestión de sus Directivos le debe parecer brillante, ya que todavía no ha cesado o relevado a ninguno. Pero tampoco ha cerrado las empresas públicas de su Consejería a pesar de que 86 Técnicos de ésta se lo solicitaron por escrito. Técnicos a los que no ha tenido la delicadeza de contestar. Pero como esta Consejería funciona tan mal, en vez de marcharse él como máximo responsable de este desaguisado, ha decidido que algo tenía que hacer, y ha cerrado 7 Centros de Control de Calidad.

La razón esgrimida para este cierre es mejorar su eficiencia. Sin embargo, los empleados públicos de estos Centros llevan años denunciando la mala gestión de estos laboratorios, y la más absoluta dejadez por parte de los responsables de la Consejería. Desde PLADEPU denunciamos que la falta de actividad de estos laboratorios se debe fundamentalmente a la mala gestión de los Directivos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que ni saben ni se han ocupado de los mismos. ¿Cómo iba a funcionar el laboratorio de Soria, si su Jefe de Sección, un enchufado, no aparecía por el laboratorio de lunes a viernes y se dedicaba a otras cosas? ¿Quién es el responsable del cierre del laboratorio de Soria, el analista de laboratorio que ha intentado hacer su trabajo o el responsable y el consentidor de colocar en Comisión de Servicio a una persona como Jefe de Sección del Centro de Control de Calidad de Soria y permitirle que no pise ni se ocupe de este laboratorio? Hay que tener poca vergüenza para cerrar el laboratorio de Soria esgrimiendo eficiencia económica cuando se ha colocado como Jefe a una persona que no pisaba el laboratorio.

¿Cómo el Consejero de Fomento y Medio Ambiente puede cerrar el laboratorio de Salamanca por razones de eficiencia económica, cuando ante la baja actividad del laboratorio su Jefe de Sección propuso hace dos años cerrar el laboratorio por las tardes para ahorrar costes y le dijeron que no? Pero 2 años más tarde, el Consejero cierra este laboratorio por razones de eficiencia económica. Que el lector saque sus propias conclusiones ante la brillante gestión de este Consejero.

Los trabajadores de estos centros sospechan que esta decisión es el primer paso para privatizar los laboratorios a través, presumiblemente, de una empresa pública.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente justifica el cierre de los laboratorios por su escasa actividad, puesta de manifiesto en la evaluación de las cargas de trabajo. En el año 2012 el Servicio de Tecnología y Control de Calidad, del que dependen funcionalmente los 7 laboratorios cerrados fue sometido a una Auditoria por la Inspección General de Servicios de la Consejería de Hacienda. Desde PLADEPU se denuncia que esta Auditoria es secreta. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente se niega a facilitar a los afectados las conclusiones de esta Auditoria. ¿Qué teme el Consejero para ocultar las conclusiones de dicha Auditoría? ¿Qué pone en esa Auditoría para que los responsables de los laboratorios cerrados no puedan conocer su contenido? Desde PLADEPU afirmamos que toda justificación que pretenda dar el Consejero para cerrar estos 7 laboratorios carecerá de valor hasta que no se haga público el contenido de la Auditoría a estos laboratorios. Ésta es la Transparencia que pregona el Partido Popular.

No es de recibo que a los trabajadores de estos laboratorios se les haya informado el día 22 de abril de que se iba a cerrar ese laboratorio, y que antes del 1 de junio debían estar en un nuevo puesto de trabajo. Tampoco es de recibo que la Consejería haya cerrado 7 laboratorios sin ningún tipo de negociación, despreciando y ninguneando a los representantes sindicales de los trabajadores. Además, el procedimiento de recolocación de estos trabajadores presenta dudas de legalidad administrativa, coloca a los trabajadores en una situación de alegalidad, se les mantiene su RPT de los laboratorios pero desarrollarán otro trabajo en otro puesto de trabajo. Desde PLADEPU denunciamos que a estos trabajadores no se les ha dado nada por escrito. ¿Por qué el Consejero no quiere dejar huella de sus movimientos? ¿Es ésta una Administración seria o una República Bananera?

Pero esta chapuza administrativa se completa con la más absoluta improvisación con la que está actuando la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. El Consejero ordena el cierre de 7 laboratorios para mejorar la eficiencia de los laboratorios, pero se olvida de dar instrucciones a los 3 laboratorios que no se cierran ante la nueva situación en la que se encuentran, donde solo tres laboratorios tienen que dar servicio público a las 9 provincias de nuestra región. Estos 3 laboratorios no han recibido la más mínima directriz u objetivo que deba orientar su actuación futura. Desde PLADEPU denunciamos la pésima y bochornosa gestión del Consejero de Fomento y Medio Ambiente, que cierra 7 de 10 laboratorios públicos para mejorar la eficiencia de los mismos, pero que no elabora un Plan de Actuación para que estos 3 laboratorios puedan asumir el trabajo del resto de laboratorios, o un Plan de Gestión para que estos 3 laboratorios puedan ser eficientes. ¿Es está una Administración seria o una República Bananera?

El Consejero de Fomento y Medio Ambiente “olvida” que estos laboratorios realizan un Servicio Público de especial importancia y que afecta a la seguridad de todos todos los ciudadanos. Entre otras cosas controlan que la construcción de los edificios públicos, carreteras y otras infraesctucturas se hagan con los materiales adecuados. La ciudadanía debe saber que con la crisis económica muchos laboratorios privados han cerrado, y por ejemplo, en toda la provincia de Ávila no existe ningún laboratorio de control de calidad. ¿Quién va a controlar las obras que se hagan en esta provincia? ¿Ha pensado en esto el Consejero? ¿Quién va a pagar el sobrecoste de los ensayos que se hagan en Ávila? ó ¿Se va a hacer la vista gorda cuando no se hagan los ensayos que exige la Norma? ¿Qué pasará cuando ocurra un accidente y se descubra que no se han hecho los ensayos reglamentarios?

Y finalmente, denunciamos que en esta Comunidad Autónoma hay provincias de primera y provincias de segunda, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, en cuanto a la prestación de Servicios Públicos. ¿Es ésta la Administración que se merecen los ciudadanos Castellanos y Leoneses?

Escrito presentado al Consejero de Fomento y Medio Ambiente firmado por 93 trabajadores afectados por el cierre de los Laboratorios de Control de Calidad.



Denuncias, quejas y preguntas en Burgos

Residencia Juvenil Gil de Siloé

Los ciudadanos y empleados públicos de la comunidad de Castilla y León, integrantes del movimiento VIERNES NEGRO DE BURGOS y/o Plataforma en Defensa de los Público (PLADEPU), hemos tomado la decisión de dar un paso hacia delante y nos hemos propuesto presentar cada viernes una denuncia, queja o pregunta sobre temas que afecten a la Administración de Castilla y León en la provincia de Burgos.

Estas denuncias, quejas o preguntas se registrarán en la Delegación Territorial de la Junta de CyL e irán dirigidas la Presidente de la Junta CyL y al Delegado Territorial de la Junta de CyL en Burgos, dando información de todas ellas a la prensa local.

Pasado un plazo prudencial, en caso de no ser resueltas de forma clara, trasladaremos esas denuncias, quejas o preguntas al Procurador del Común en su visita mensual a Burgos.

Para formularlas contamos con la colaboración inestimable de todos los empleados públicos para que nos informen sobre las irregularidades que observen en sus distintas dependencias.

Denuncias presentadas (actualizado):

• Reducción de plazas en la Residencia Juvenil Gil de Siloé en Burgos (26/4/2013).
• Dudas sobre el nuevo Convenio Colectivo del personal laboral (3/5/2013).
• Aclaraciones sobre una contratación, a través de TRAGSA, en el Servicio Territorial de Medio Ambiente en Burgos (10/5/2013).
• Denuncia de trabajadores de Indra en el Servicio de Vivienda (17/5/2013).
• Eliminación de un grado de formación educativa y residencia en la Escuela de Formación Agraria de Albillos (24/5/2013).
• Aclaraciones en aras de la transparencia y claridad sobre el Laboratorio Agrario Regional (31/5/2013).
• Escrito presentado al Procurador del Común de Castilla y León el 4 de junio de 2013 y noticia del Diario de Burgos.
• ¿Por qué los Letrados que representan a la Junta y al Delegado Territorial de Burgos son todos interinos? (14/6/2013).
• Nueva denuncia relativa al cierre de los laboratorios de Fomento (21/6/2013).
• Escrito presentado al Procurador del Común de Castilla y León el 2 de julio de 2013.
• Denuncia de www.intereconomia.com como único medio de comunicación (4/10/2013).
• Falta de transparencia en el contrato con la empresa FUCODA (11/10/2013).
• La Junta no protege a sus empleados públicos (18/10/2013).
• Respuesta y alegaciones al Procurador del Común (25/10/2013) respecto a su contestación del 30/9/2013.
• Ampliación de la denuncia del cierre del Laboratorio Agrario Regional (8/11/2013).
• Utilización de coche oficial para uso privado por parte de la Jefa de Gabinete del Presidente de la Junta (22/11/2013).
• Alegaciones formuladas al Procurador sobre un trabajador de TRAGSA trabajando en Medio Ambiente (10/1/2014).
• Despilfarro de 500.000 € en el edificio cerrado de la Estación de Avisos de Pedrosa de Duero (24/1/2014).
• Escrito presentado el 6 de febrero de 2014 a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude por el dinero despilfarrado en la Estación de Avisos Fitopatológicos de Pedrosa de Duero. Documentación. Noticia de elDiario.es. Noticia de infoLibre.es con las declaraciones de la alcaldesa de Pedrosa de Duero.
• Respuesta al escrito recibido del Procurador del Común de Castilla y León, presentada el 24 de febrero de 2014, en relación con la queja del Laboratorio Agrario Regional de Burgos.
• Respuesta al escrito recibido del Procurador del Común de Castilla y León, presentada el 24 de febrero de 2014, en relación con la queja del uso privado de un vehículo público por parte de Virginia Arnáiz González.
• Respuesta al escrito recibido del Procurador del Común de Castilla y León, presentada el 7 de abril de 2014, en relación con la queja sobre trabajadores de Indra en el Servicio de Vivienda.
• Nueva ampliación de la denuncia sobre el Laboratorio Agrario Regional (13/6/2014).
• Denuncia de El Correo De Burgos, Radio Arlanzón y Radio Intereconomia como únicos medios de comunicación online (19/09/2014). Noticia de últimoCero.es.
• Reparto desigual de la Renta Garantizada de Ciudadanía (10/10/2014). Resolución del Procurador del Común de Castilla y León: debe cambiarse la legislación referente a la Renta Garantizada de Ciudadanía para que sea compatible con otras otras prestaciones.
• Denuncia de almacenaje en pasillos de documentos con datos personales (7/11/2014). Noticia de infoLibre.
• Denuncia del cierre de tres piscifactorias en Burgos, Soria y Palencia, sin ningún tipo de justificación, despúes de haber invertido en ellas más de 3 millones de euros durante entre los años 2008 y 2010 (19/12/2014). Noticia de últimoCero.es.
• Resumen de las presuntas irregularidades cometidas en el Laboratorio Agrario Regional, tras la contestación del Procurador del Común (24/2/2015).
• Utilización de coche oficial para uso privado por parte del Director General de Formación Profesional y Régimen Especial de la Consejería de Educación (3/07/2015).
• Privatización de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP) (11/09/2015).
• Despilfarro y falta de la predicada austeridad en los altos cargos y asimilados de la Junta de C. y L. (6/11/2015).
• Nueva solicitud de respuestas a la Consejería de Agricultura y Ganadería sobre las presuntas irregularidades cometidas en el Laboratorio Agrario Regional, tras confirmar el Procurador del Común que aún no han sido aclaradas (29/1/2016).
• Despilfarro de 1.790.000 € en el edificio vacío del Centro Tecnológico Agroalimentario en Aranda de Duero (22/4/2016).
• Denuncia de falta de eficiencia y dignidad en la entrega de Títulos de propiedad rústicos (20/5/2016).
• El código de austeridad de los altos cargos de la Junta ampara el despilfarro de fondos públicos (24/6/2016).
• Abandono de la Inspección de Calidad y Fraude Agroalimentario en C. y L. (11/11/2016).
• Respuesta y alegaciones al Secretario General de Agricultura y Ganadería (26/5/2017) respecto a su contestación del 8/3/2017.
• Respuesta y alegaciones al Secretario General de Agricultura y Ganadería (20/10/2017) respecto a su contestación del 24/8/2017.

Al Consejero de Fomento y Medio Ambiente se le cae una pasarela peatonal de un millón de euros

Nuevo escandalo de despilfarro y corrupción en empresas públicas

Desde PLADEPU denunciamos el despilfarro de un millón de euros de la Junta de Castilla y León en una pasarela en Benavente que era totalmente innecesaria, cuya construcción, a través de una empresa pública, ha terminado en una monumental chapuza. Existe, además, una relación nada edificante de consanguinidad entre un responsable político de la Junta y la empresa adjudicataria de estas obras.

En otra página negra de la Junta de Castilla y León, este “des-gobierno” que padecemos ha vuelto a faltar al respeto a sus ciudadanos. En esta época de crisis y recortes, en la que nos exige a los ciudadanos y funcionarios que nos apretemos el cinturón, se permite el lujo de realizar una obra millonaria innecesaria. Innecesaria porque donde se construyó la pasarela ya existía un camino de acceso, pero al parecer a los “ir-responsables” de la Junta les parece mejor cerrar urgencias nocturnas e invertir ese dinero en demoler caminos y construir pasarelas en su lugar. ¿Dónde estaba el interés público de esta actuación?

Pero si la idea era disparatada, su ejecución fue desastrosa. Ni al que asó la manteca se le ocurre construir una estructura con cimentación superficial en una ladera inestable que lleva años sufriendo corrimientos. Resultado: por un fallo geotécnico, en un año la pasarela se va al garete y un millón de euros al retrete. Esto es lo que se llama gestión eficiente de los recursos públicos.

Pero, ¿cómo ha llevado a cabo la Junta esta colosal chapuza? Como no podía ser de otro modo, a través de la Administración paralela, la empresa pública SOMACYL, esa que no controlan los funcionarios. Seguramente si el proyecto hubiese sido revisado o dirigido por algún funcionario, éste se habría opuesto a semejante dislate, pero, claro, esto no interesaba a la Junta. Para eso está la Administración paralela, para hacer el trabajo sucio a los políticos y que estos no se manchen las manos.

¿Y quién se ha beneficiado de semejante sinsentido? Sin lugar a dudas, y mientras no se depuren responsabilidades, la adjudicataria del Proyecto y Obra de la Pasarela, la empresa AMATEX, que se encarga de hacer obras y ganar dinero. Curiosamente esta empresa tiene como consejero delegado y presidente al hermano del director de la Fundación Patrimonio Natural, D. Rafael Gómez Arenas. Casualidades de la vida, esta Fundación de la Junta de Castilla y León tiene como presidente a D. José Manuel Jiménez Blázquez, director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental. Pero a su vez, D. José Manuel Jiménez Blázquez pertenece al Consejo de Administración de la Empresa Pública SOMACYL, que adjudica la pasarela de Benavente a la empresa AMATEX. Reiteramos, pasarela innecesaria ya que existía un camino para conectar ambos puntos.

Desde PLADEPU nos preguntamos: ¿será capaz el director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de exigir responsabilidades a la empresa del hermano del director de la Fundación que él preside? De momento este directivo de la Junta de Castilla y León no parece muy interesado en ello; más bien todo lo contrario. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, de la que él es director general, dispone del Servicio de Tecnología y Control de Calidad, donde se encuentra la Sección de Geotecnia, que podría analizar e informar de lo sucedido. Es más, este Servicio dispone de laboratorios en Zamora y Valladolid para hacer todos los ensayos necesarios en la obra derruida. Todos estos trabajos de la Administración son gratis para su Dirección General, pero este gestor público prefiere que se gaste más dinero público y se contrate a empresas privadas para que analicen el trabajo de AMATEX.

Desde PLADEPU nos volvemos a preguntar: ¿por qué el director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental se fía más de una empresa privada que de sus propios funcionarios? ¿Está intentando ocultar algo? ¿Pretende proteger a alguien? No nos explicamos por qué desde la Administración de Castilla León no se utilizan los recursos públicos para recuperar el dinero invertido de los castellanos y leoneses en la pasarela. Esto es lo que llama Juan Vicente Herrera gestión eficiente de los recursos públicos.

Todos estos hechos reafirman la convicción de PLADEPU de exigir la eliminación de toda la Administración Paralela en Castilla y León, ya que, aparte de costar un dineral al contribuyente, se muestra ineficaz en sus actuaciones. Estamos seguros de que los fallos técnicos que se han producido en la pasarela de Benavente no hubieran ocurrido si el proyecto y la obra hubiesen sido dirigidos por funcionarios de la Junta de Castilla y León.



Procesos de selección amañados, enchufismos y otras prevaricaciones

Complejo Hospitalario de Burgos: tras citar a un determinado número de personas -pertenecientes a una Bolsa de Trabajo- a una convocatoria de selección de Psicólogo Clínico para cubrir una baja y estando constituida la Bolsa correspondiente, se ignora totalmente este listado oficial, contratándose al último de los citados sin ni siquiera comprobar si el resto de candidatos cumplían los requisitos exigidos… Parece ser que el susodicho elegido mantiene una colaboración laboral en la sanidad privada con el Jefe encargado de la Selección:

Vivimos tiempos convulsos en los que la gran mayoría de los ciudadanos se encuentran al límite de su capacidad de aguante y no toleran ya tanta impunidad a favor de todos esos enchufadores y prevaricadores que llevan tanto tiempo desde sus feudos y derecho de pernada creyendo que el dinero de todos es para colocar a los suyos y defenderlos ante los tribunales. ¡Ya está bien! Que sepan que todo enchufe, toda ilegalidad en la contratación sea de personas o servicios en cualquiera de nuestras Administraciones es prevaricación y quienes lo consienten partícipes de un agravio comparativo que vulnera todos los principios éticos y constitucionales. Hace grandes a los mediocres e incrédulos a los honrados. Indigna y genera cada día mas desconfianza en nuestras instituciones de por sí ya maltrechas.

Cuando el pueblo sea capaz de organizarse en foros, Plataformas…, y aprovechar todos los recursos que hoy les proporcionas las redes sociales, tal vez los partidos y sindicatos dejen de tener sentido para la lucha. Quizás éste tan sólo sea un sueño que he soñado durante cerca de cuarenta años en la Administración. Estamos viendo que las injusticias avaladas por plataformas ciudadanas tienen fuerza y meten miedo a los partidos. Sólo la ética y la justicia han de ser sus objetivos primordiales; la regeneración de las instituciones hoy sostenida por una democracia falseada y secuestrada.

No olvidemos que es la impunidad la que acaba con toda credibilidad. No podemos seguir admitiendo que unos pocos consideren La Administración como un coto privado para unos pocos o se constituya en una simple oficina de colocación de enchufados. Miren, para avalar lo que digo, tan solo, voy a citar, de corrida un caso (no me caben los pormenores). Recientemente se cita a un determinado número de personas pertenecientes a una Bolsa de Trabajo para que acudan a una convocatoria de selección de Psicólogo Clínico en el Complejo Hospitalario de Burgos para cubrir una baja. ¿Cómo entienden Uds. que estando constituida la Bolsa correspondiente no se respete y se contrate al último de los citados? ¿Cómo entienden Uds. Que tan sólo el candidato electo cumpla los requisitos exigidos¿ ¿Qué pensarían si les digo que el susodicho candidato mantiene una colaboración laboral en la sanidad privada con el Jefe encargado de la Selección? ¿Qué hacen las Instituciones correspondientes? Otro día se lo cuento. ¿Cómo entienden Ud. Que el resto de los miembros del tribunal se limiten a firmar el acta correspondiente?. Bueno, sólo son preguntas para su propia reflexión y vean el grado de hartazgo de muchos de nuestros jóvenes que “huyen” de estas tropelías como alma en pena y vagan por el mundo para colgar su esperanza.

Como supongo que ustedes tendrán la empatía necesaria para ponerse en lugar de sus propios hijos, no añado más. Sí les digo que la democracia no existe sin un mínimo de ética y honradez tampoco les digo, seguro, nada nuevo. Tampoco entiendo que nuestra juventud se resigne y no plante cara. Al menos, una camiseta con un eslogan y una pancarta contra los enchufes en su frente y la porten cada vez que sean citados a una convocatoria amañada.

Los prevaricadores y farsantes no pueden seguir minando nuestra credibilidad impunemente, y por ello, invito a los jóvenes a que se organicen y no consientas estas tropelías que van minando su confianza, y la de todos,. Se lo dice alguien que aún confía, sueña, que un día todo cambiará aunque tengan que empujar los “perroflautas”. Así lo espero y lo deseo por el bien de todos y por la propia sanidad de la Sanidad y del mismo sistema. ¡Basta ya de tanta estafa! Contra corruptos, farsantes y prevaricadores es preciso ir de frente y mirarles a la cara con la camiseta de la denuncia puesta.

Benjamín Charro Morán
Marzo de 2013

Escuela Castilla de Palencia

El viernes 15 de marzo de 2013 los compañeros de Palencia realizaron el primer Viernes Denuncia frente a la Escuela Castilla de Palencia (cuya gestión realiza el Instituto de la Juventud), comprometidos con conseguir una Administración transparente, con unos servicios públicos de calidad, de todos y para todos, terminar con esta mala gestión que de los recursos públicos realizan algunos gestores que solo se preocupan de agradar a su partido, sus bolsillos y salir en la foto, olvidándose de los ciudadanos. El problema no es la cantidad de funcionarios, laborales, interinos o estatutarios que hay, los empleados públicos estamos aquí para garantizar que esta administración funcione bien y eso es lo que vamos a hacer, no vamos a consentir que se nos sacrifique más, en nuestra mano está denunciar toda esta corrupción y mala gestión de los recursos públicos que tan bien conocemos. No vamos a parar.

Escrito completo dirigido al Procurador del Común, Consejera de Hacienda y Función Pública, Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Presidente de la Junta y Grupos Parlamentarios.



Caza de brujas

Ha comenzado el espionaje de empleados públicos firmemente comprometidos con la defensa de lo público y de la dignidad de nuestro trabajo. Desde PLADEPU denunciamos públicamente esta caza de brujas y mostramos todo nuestro apoyo a todos los que de una forma u otra hemos decidido plantar cara a este sistema corrupto. No van a conseguir callarnos pero ahora más que nunca tenemos que estar unidos y apoyarnos entre compañeros, nosotros estamos para garantizar un servicio público de calidad y servir a los ciudadanos y desde todos los colectivos que formamos parte de este Sector Público seguiremos en la LUCHA POR LA DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

Nota interior enviada por el Delegado Territorial de Burgos	Contestación del compañero registrada al día siguiente	Captura de pantalla de contactos en la Universidad de Burgos

Estas van a ser nuestras respuestas, no vamos a dar ni un paso atrás en la DEFENSA DE LO PÚBLICO ni nos van a amedentrar con sus amenazas, el ciudadano tiene que saber lo que ocurre cuando plantas cara a este sistema corrupto, pero de la misma forma TIENE QUE SABER QUE NOS VAMOS A MANTENER FIRMES EN LA DEFENSA DE un SECTOR PÚBLICO DE TODOS Y PARA TODOS.



PLADEPU rechaza “este” concurso de méritos para funcionarios de la Junta de los grupos A1, A2, C1 y C2

El concurso de méritos, convocado por la Junta de Castilla y León (con un retraso de más de cinco años para los grupos C1 y C2, puesto que el anterior se convocó el 22/02/2007), para la provisión de puestos reservados a funcionarios, y publicado en el BOCYL del 26 de diciembre, es un atropello más a los derechos de los empleados públicos, con la complicidad (o por lo menos con el silencio cómplice), de algunos sindicatos, que no se han parado a cuestionar el procedimiento o por qué salen unas plazas sí y otras no y no han exigido que salgan absolutamente TODAS.

La Junta está incumpliendo, desde hace cinco años el Art. 48.2.a) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, que impone la convocatoria anual de los concursos. Dicho incumplimiento fue denunciado expresamente en la carta promovida por la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), firmada por más de 9.000 trabajadores de la Junta, que se remitió al Presidente Juan Vicente Herrera y a la Consejera Pilar del Olmo el pasado 30/06/2012. Además de denunciar como un recorte salarial más la privación de este derecho a miles de personas, la carta reclamaba que fuera convocado el concurso con la totalidad de las vacantes existentes y, por supuesto, para no aparecer vacío de contenido, con anterioridad a las reformas de las RPT’s.

Resulta que, a la usurpación durante un lustro de este derecho, ahora se suma el castigo de no ofertar todas las vacantes.

Según nuestras estimaciones, las 1.701 plazas ofertadas están más cerca del 50% que del 100% de las vacantes, añadiendo así un nuevo recorte para miles de empleados públicos con derecho a promoción, a cambio de puesto de trabajo o a traslado de localidad.

De la justificación que aparece en la exposición de motivos de la RESOLUCIÓN (párrafo cinco), …”así como aquellos puestos que, habiendo resultado vacantes en los dos últimos años, su cobertura se estima, estrictamente necesaria, para  que no se produzca merma alguna de la calidad en la prestación de los servicios públicos” se deducen tres cuestiones importantes:

1. La Junta ha desechado como vacantes las producidas  desde el 22 de febrero de 2007 hasta diciembre de 2010.
2. De los puestos que han quedado vacantes en 2011 y 2012, se ofertan los que consideran “estrictamente necesarios”.
3. Lo de “estrictamente necesarios” es una afirmación poco fiable a la vista de algunos ejemplos: de 41 plazas nuevas creadas en la Consejería de Educación el 15 de diciembre de 2010, sólo salen 14; o que en la Consejería de Familia e I. de O., que completó su nueva RPT en 2008, salen sólo algunas; o que no sale ninguna de las abiertas a otras administraciones.

Desde PLADEPU defendemos como innegociable e inaplazable la inmediata disolución de la “Administración B” y el retorno de sus competencias, servicios, funciones y patrimonio a las correspondientes consejerías. Para recomponer este proceso de retorno de lo que nunca debió sacarse de la Administración, todoslos puestos de trabajo actuales se han de mantener. Una vez resuelto este concurso y todos los demás que deben convocarse, y evaluado el encaje de esta reasunción de competencias, es cuando se puede proceder a la reforma de las RPTs.

Este atropello se convierte en auténtico ensañamiento, con el objetivo de hacer desaparecer miles de puestos (durante el 2013), a través de las reformas de las Relaciones de Puestos de Trabajo, eliminando así miles de posibilidades de traslados o de promoción para siempre. Es decir, la gran mayoría de las plazas vacantes que no se han ofertado serán eliminadas y otras pocas presuntamente “estarán reservadas” (por estar mejor dotadas económicamente) para poder disponer de ellas para el trapicheo del favoritismo.

Junto a esta contundente denuncia, PLADEPU se reafirma en sus propuestas. Reclamamos la inmediata retirada de la RESOLUCIÓN que lo convoca, exigimos que se oferten todas las vacantes y que se siga un proceso claro, justo y rápido:

1. Información pública y detallada sobre la totalidad de las plazas vacantes, así como el motivo de que estén vacantes, si están ocupadas en comisión de servicio, por interinidad, adscripción provisional, etc.
2. Apertura de un plazo (antes de la convocatoria formal en el BOCYL) para alegaciones, reclamaciones y correcciones, evitando así recursos y la posible paralización y/o anulación total o parcial de la convocatoria. Trámite éste que permitiría excluir del concurso los puestos de trabajo que estén incursos en algún procedimiento judicial, pues en caso contrario se inducirán recursos que van a alargar, paralizar o suspender el proceso. Justo proponemos lo contrario de lo que hace la RESOLUCIÓN de Función Pública, aunque nos tememos que se busca precisamente ese efecto no deseado. Así, desde la Junta, podrán decir que convocaron el concurso y que, como los recursos lo paralizaron o suspendieron, van a seguir con su plan de reforma inmediata de las RPT’s. Y ya conocemos sobradamente en qué consisten las “reformas-PP”, simplemente en recortar, suprimir y privatizar.
3. Si en la primera fase del concurso convocado debe haber una inclusión de todas las vacantes, excepto las sometidas a procesos judiciales, también en la fase de “resultas” debe haber una oferta de la totalidad de los puestos actualmente ocupados con destino definitivo, o sea, 7.127. La justificación es por pura equidad y sentido común: nadie tiene certeza de qué plazas quedarán vacantes en la primera fase, por lo tanto cualquier selección que se haga es arbitraria. Podría suceder que ninguna de las 5.515 que salen a resultas quede vacante en la primera fase, porque sólo pueden moverse 1.701 personas; más preciso: podrían quedar vacantes sólo 109. Esta criba arbitraria es puro sadismo político, ya que, con la inminente poda de puestos de trabajo, con las privatizaciones y con el retraso de la edad de jubilación, las posibilidades de concursos futuros se evaporan definitivamente.

Formulamos una pregunta a los políticos implicados y a los sindicalistas que no han puesto objeciones: si no perjudica absolutamente a nadie sacar en resultas las 7.127 plazas ocupadas en la actualidad, ¿por qué sólo sacan 5.515? ¿No les parece que es puro y simple maltrato a quienes se queden sin una plaza que podrían obtener y que queda vacante?

No queremos terminar el posicionamiento de PLADEPU sin dejar claro, una vez más, que creemos que los sindicatos tienen una importante función social. Sugerimos a todos los que estén presentes en las Juntas de Personal que adopten rápidamente una posición unitaria y convoquen de inmediato asambleas para debatir y votar estas propuestas y, mediante un “plenario regional” de dichas Juntas, den un contundente ultimátum a la Viceconsejera para que retire esta chapuza de concurso.

La transparencia y las prácticas de buen gobierno que tanto pregonan los políticos de la Junta se demuestran con procedimientos reales y no a golpe de latigazos con el BOCYL. Si siguen por este camino, cada mes en los sondeos de opinión aumentará el número de ciudadanos que consideramos a los políticos totalmente alejados de la realidad y encastillados en sus torres del poder vigilando sus privilegios y los negocios de quienes se enriquecen con el saqueo de las competencias de las administraciones y con los efectos de la crisis económica.

Castilla y León, 9 de enero de 2013
Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU)

Negocios privados con dineros públicos en la Junta de Castilla y León

Sabemos que no vamos a demostrar grandes habilidades sociales ni vamos a pasar por los tíos más populares de nuestros respectivos barrios si confesamos algo que en un tête-à-tête sería inconfesable, y es que una de las primeras cosas que hacemos al iniciar el día es mirar los boletines oficiales. ¡Vale, nos basta con el del Estado y el de Castilla y León!, que no somos tan morbosos como para hojear el de La Rioja. Sinceramente suele ser un verdadero ejercicio de automatismo funcionarial, pero de vez en cuando esta literatura nos trae alguna joya que apenas necesita un pequeño esfuerzo de lectura entre líneas.

Así, como no nos queremos tirar el rollito de la fórmula a través de distintas fuentes hemos accedido a esta información, hemos de decir que el 26 de septiembre se publicó en el BOCYL un breve informe de fiscalización de las cuentas del ¿¿2007?? de una empresa pública denominada SOTUR (Sociedad de Promoción de Turismo de Castilla y León) y que queremos exponer como ejemplo de por qué y para qué sirven estos chiringuitos, culpables en buena parte de la situación crítica de los servicios públicos.

Se trata de un informe elaborado por la Comisión de Hacienda de las Cortes de Castilla y León, y en él se viene a destacar en sólo dos folios una serie de cosas que, si viviéramos en una tierra decente, pondrían en la cárcel ipso facto a los responsables del enésimo saqueo. A continuación lo detallamos:

• En primer lugar, la Comisión les insta a que exista una adecuada correlación entre las cuentas anuales y la información contenida en ellas. Es decir que los conceptos de ingresos y gastos puestos por escrito tienen poco que ver con la realidad de lo ingresado y lo gastado. A esto los neos lo llaman reajuste presupuestario, y en nuestro pueblo se llama estafa con el dinero de todos.
• En segundo lugar, expresan que las deudas ni se regularizan ni se computan en muchas de las cuentas de los acreedores. A eso los de la casta política y sus compinches lo llaman ingeniería financiera, y a eso en nuestro pueblo se le llama fraude con el dinero de todos.
• Para continuar, la Comisión les dice que La empresa debe mejorar el control interno en materia de gestión de personal, determinando claramente los puestos con los que cuenta la empresa. A eso los caraduras lo llaman flexibilidad en la gestión de recursos humanos, pero a esto en nuestro pueblo se le llama casa de putas con el dinero de todos.
• Y ¿qué nos decís de En los expedientes de gestión de personal y de contratación debe dejarse constancia de todas las actuaciones llevadas a cabo a lo largo del proceso? Es decir que ni en la contratación de personal ni en la que se realiza con empresas hay un mínimo grado de transparencia. A esto, de nuevo, los neos lo llaman la mano invisible (ver Teoría de los sentimientos morales, de Adam Smith), y en nuestro pueblo se le llama enchufe trifásico y despilfarro astronómico con el dinero de todos.
• Y, por último, todo un clásico: inexistencia de transparencia en los contratos de patrocinio, ya que en ellos ni se justifica ni se motiva el gasto. A esto los chorizos lo llaman rápida adaptación a las necesidades del mercado, y a esto en el lugar de donde nosotros venimos se le llama corrupción política y empresarial con el dinero de todos.

El ejemplo, y hay muchos más, evidencia la perversión del Estado de derecho, el listón moral de una parte importante de nuestra sociedad (que no de toda) culpable por su silencio, el expolio permanente de una parte de la clase política (denominada ya en muchos círculos intelectuales como la clase extractiva), y el poder acumulado por una serie de individuos que se permiten seguir robándonos a sus anchas sin que por ello les pase nada después de cometer mil y un delitos.

Concretamente en Castilla y León existen, a día de hoy, 52 entes, entre fundaciones, organismos autónomos y empresas públicas. Es lo que se conoce como la Administración B o sector público paralelo: un conjunto de chiringuitos que cuentan con nuestro dinero pero que, gracias a nuestra maravillosa legislación, no rinden cuentas ni explicaciones por parte de sus responsables en las Cortes ni en ninguna parte.

Las doctrinas neoliberales buscan y consiguen la máxima permanente de la privatización de los beneficios y la socialización de las pérdidas. Es por ello que la destrucción de los servicios públicos, para posteriormente convertirlos en un producto mercantil más, es un objetivo estratégico y un fin en sí mismo.

Lo más grave es que quienes debieran cuidar y proteger el bien común, conceptualizado en la red pública como estado de bienestar e igualdad de oportunidades, son aquellos que poco a poco, como si se tratara de un ejército de termitas, están extrayendo todos los recursos posibles para su propio interés privado. Una suerte de Saturno devorando a sus hijos.

Hay diversas maneras de acabar con la imagen, en un principio, y con la función, más tarde, de un servicio público. Una de las más extendidas, dada su cobertura legal, es la creación de un organismo autónomo: puede ser propuesto por el ejecutivo y aprobado por el legislativo con una mayoría absoluta en un parlamento, y en algunos casos ni siquiera es necesario que pase por la Casa de la soberanía popular. Una vez aprobada la ley de creación en la que se habla de finalidad, justificación, y recursos públicos con los que contará en un principio, el ente echa a andar con nuestra pasta, y a partir de ahí el ejecutivo nombra a sus amiguetes para que lo dirijan, y éstos a su vez contratan a quien crean conveniente, por supuesto sin ningún control. En principio, cada año deben rendir cuentas al ejecutivo, el cual filtra convenientemente los datos al legislativo, y al correspondiente Consejo de Cuentas, el cual fiscaliza con varios años de diferencia para que se diluyan las responsabilidades, y para colmo sus advertencias nunca tienen carácter vinculante, es decir que se hacen para que el Consejo de Cuentas exista.

Una vez creado el ente, este pasa en muchos casos a competir en funciones y competencias, cuando no las excede con la debida displicencia del ejecutivo de turno, con la unidad administrativa correspondiente. Así, pasito a pasito, se le van dando más recursos económicos, hasta el punto de producirse un trasvase de los mismos de la unidad administrativa primigenia al ente público de derecho privado. Resultado: los empleados públicos de oposición se quedan sin trabajo y su unidad se convierte en un residuo ineficaz lleno de vagos, por lo que el ejecutivo presenta una imagen horrible de la misma a la opinión pública para su posterior extinción. Si la empresa pública a la larga funciona, y genera beneficios potentes, se acaba privatizando, por lo que se le restan a la administración pública esas ganancias, que podrían redundar en beneficio de todos, y al ciudadano de a pie se le quita un servicio a su alcance y se le hace pagar por él.

En España hay 140.000 empleados públicos sin oposición en la Administración del Estado, 450.000 en las administraciones autonómicas, 416.000 en las administraciones locales, y 40.000 en las universidades. En total, algo más de un millón de personas. Es quizás por eso que, dado el ingente número de puestos de trabajo, los grandes sindicatos con representación en las administraciones públicas (especialmente CCOO, CSIF y UGT) han callado al respecto. Pero no es menos cierto que también son responsables de esta situación por omisión, ya que en su haber siempre se ponen la medalla de la defensa de lo público. Mal se defiende esto cuando se calla, o simplemente se divaga, ante el gran número de tropelías y corruptelas creado; cuando se permite que los habitantes de España no puedan acceder a un empleo público en condiciones de igualdad; cuando se da vía libre para que el dinero de todos acabe en manos de golfos; o cuando se eliminan la imparcialidad y la objetividad a las que está obligado cualquier empleado público, por ser éste esclavo atado a un contrato o compinche de filiación partidista.

Con este artículo no pretendemos ser los causantes del despido de trabajadores, que para eso ya se han valido los dos últimos gobiernos con sus reformas laborales de corte claramente neoliberal. Pero si hay dinero para la contratación de todos estos trabajadores (por cierto, el salario medio de estos trabajadores es entre un 10 y un 20% más elevado que el de los empleados públicos congelados y saqueados por decreto), lo tiene que haber para que tanto los que ahora ocupan esos puestos, como todos los que ahora mismo sufren el calvario del paro, puedan optar en condiciones de igualdad tras unas pruebas objetivas que demuestren su capacidad y sus méritos. ¡Ya está bien de tanto mamoneo! ¡¡Ya está bien de saquear las arcas públicas!!

Castilla y León, 30 de noviembre de 2012
PLADEPU -difusión y denuncia-

Solicitud del cierre de PROVILSA y SOMACYL y de la devolución de competencias

86 técnicos funcionarios de carrera de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Arquitectos, Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Ingenieros Técnicos en Topografía y Arquitectos Técnicos) han presentado un escrito firmado en el que reclaman la extinción de las empresas públicas PROVILSA y SOMACYL y la devolución de las competencias profesionales sobre estudios, proyectos, diseño y dirección de obras que les fueron arrebatadas con la creación de estas empresas públicas.

Además de la disposición y compromiso de estos técnicos con la Administración en la reorganización necesaria tras la disolución propuesta, esta medida supondría un grandísimo ahorro y una mejora en la eficacia y la eficiencia de los recursos públicos disponibles.

Razones no les faltan a los 86 firmantes:

• PROVILSA y SOMACYL desarrollan un trabajo que han estado realizando y que pueden realizar los funcionarios de la Consejería, por tanto, están quitándoles carga de trabajo en materia de proyectos y obras de viviendas, carreteras, ingeniería sanitaria, ingeniería forestal, etc.
• Para entrar a trabajar en estas empresas no se tiene que demostrar unos conocimientos a través de una oposición que garantice los principios de igualdad, mérito y capacidad de unos futuros trabajadores públicos objetivos e imparciales en el ejercicio de la función. Sino todo lo contrario: la entrevista personal es el más factor más valioso para contratar “conocidos” en este tipo de entes.
• Únicamente el coste salarial de PROVILSA asciende a casi un millón de euros, que directamente la Administración se podría ahorrar.
• El gasto de las empresas públicas es un engaño para la ciudadanía, porque aunque no contabilice para el déficit su deuda, hay que pagarlo igualmente (y con intereses) tarde o temprano.
• La Consejería de Fomento y Medio Ambiente es una Consejería eminentemente inversora. Ahora que la inversión se encuentra por los suelos, más que nunca no tienen sentido estas empresas públicas.
• El oscurantismo que existe por parte de la Administración con respecto a estas empresas.
• Mientras a los empleados públicos se nos ha estado recortando el sueldo los últimos años, sólo en el año 2011 en PROVILSA el sueldo subió un porcentaje importante:
  

  	Año 2010	Año 2011	Incremento
  Gerente	72.156 €	73.334 €	1,6%
  Personal (24 empleados)	801.894 €	861.352 €	7,4%
  Salario medio anual del personal	33.412 €	35.890 €	7,4%

En definitiva, como venimos denunciando en PLADEPU, estas empresas públicas de la llamada “administración B”, negocio opaco para algunos y fosa de un despilfarro que tenemos que asumir todos, quitan las competencias, funciones, servicios y trabajos a los propios funcionarios, personal laboral fijo y estatutario de la Junta de Castilla y León.

Escrito completo que ha sido dirigido al Consejero de Fomento y Medio Ambiente y al Presidente de la Junta de Castilla y León.



Por una sanidad justa en el medio rural

Con fecha 1 de octubre la Junta de Castilla y León ha procedido al cierre de las urgencias sanitarias de Ayllón (Segovia) desde las 22:00 hasta las 8:00, dejando un único recurso sanitario nocturno en Riaza que tendrá que dar cobertura a 51 localidades con 5.841 habitantes censados.

Es importante tener en cuenta algunas consideraciones que afectan y diferencian esta comarca del resto de la provincia de Segovia:

• La lejanía y el estado de las carreteras de estos municipios con el hospital de referencia, en este caso la ciudad de Segovia, se encuentra a una media de 100 kilómetros.
• Tan sólo se dispone de una ambulancia para realizar traslados y no es UVI Móvil.
• Si el médico tiene que irse con un enfermo o desplazarse a una urgencia fuera del centro de salud, la zona se queda sin recursos sanitarios.
• El Nordeste de Segovia es una zona de sierra en la que en época invernal no cuenta con recursos para garantizar el uso de las carreteras y la accesibilidad a los pueblos.
• La distancia y los tiempos de repuesta son vitales para salvar vidas.
• Los ciudadanos de la comarca de Ayllón pagan los mismos impuestos pero no tienen garantizado el acceso a los mismos servicios públicos y, para hacerlo, tienen que pagar más que el resto de ciudadanos.

Para luchar contra esta situación en el municipio de Ayllón se ha creado una plataforma ciudadana que ha sido denominada CONTRA LA DEGRADACIÓN SANITARIA EN EL MEDIO RURAL, con la que se pretende coordinar a todos los ciudadanos afectados y organizar actividades que frenen el inminente deterioro de este servicio sanitario en nuestra zona.

Afectados e interesados con las actuaciones de dicha plataforma, pueden contactar a través de su correo electrónico sanidadruralsegovia@gmail.com y los teléfonos 653776680 y 626402226.

Hay dinero, pero se va por otros derroteros. ¿Dónde está el dinero?

"La opacidad de la Junta de Castilla y León en cuanto a la "administración B", o sea, los chiringuitos del derroche-negocio, nos impide profundizar y comprobar lo denunciado en un artículo difundido en prensa y que PLADEPU se limita a reproducir.

En los próximos días, publicaremos la lista completa de los entes-trapicheos, así como la explicación teórica de las diferencias entre unos y otros. Y en la entrevista que mantendremos con el Procurador del Común a lo largo del mes de agosto, le instaremos a que recabe toda la información que consideremos útil para denunciar el saqueo de las arcas públicas.

PLADEPU pronto va a tomar iniciativas como reclamar al Consejo de Cuentas de Castilla y León que justifique la razón de ser de estos entes y que realice una urgentísima auditoría de todos y cada uno, siguiendo la que efectuó con SOTUR y cuyas conclusiones fueron tan escandalosas que la Consejería de Cultura se apresuró a fusionar SOTUR con la Fundación Siglo. La fusión ha debido de ser para "difuminar" el putrefacto olor a podrido, entre otras razones porque el escándalo de cómo, cuánto, de qué manera y con qué rentabilidad para la sociedad civil de Castilla y León se ha dilapidado el dinero público en la Fundación Siglo es a siglos luz mucho mayor."

Artículo completo recopilado de contestaciones en prensa.



Los negocios de la crisis: privatización del ECYL

La “privatización” del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, primer gran experimento de transmutación de servicios públicos de la Junta en negocios privados

La actual crisis financiera, luego trasladada al aparato productivo (incluyendo a las administraciones), que en realidad es una crisis del sistema político sometido a las tiranías del 2% de la población contra el 98% que las sufre, no está sirviendo para desmontar el estado social, democrático y de derecho, sino para destruirlo rápidamente.

Desde PLADEPU denunciamos contundentemente que la casta de políticos irresponsables y corruptos que gobiernan (y quienes les miran “babeantes” o mudos) en Castilla y León desde hace más de 20 años se comportan con sus ciudadanos igual que los mercados y los especuladores financieros con los países. Es decir, aprovechando la crisis para que algunos hagan más negocios, enriqueciendo a unos pocos a costa de los muchos a quienes cada día se les hace más pobres.

Los responsables políticos de la Junta de C. y L. están aplicándose con auténtico furor en la puesta en práctica de las teorías del shock. Éstas consisten en aprovechar muy rápidamente los fuertes grados de aturdimiento, sufrimiento, desesperación y miedo al futuro que invaden a los individuos castigados por la crisis económica, para incrementar el imperio del dinero sobre las personas y blindarse frente al control de la legalidad y de la sociedad.

Pedimos paciencia por la extensión del artículo, pero este es un negocio largo de explicar.

Castilla y León ha sido la primera Comunidad Autónoma en dar un decidido paso hacia la privatización del Servicio Público de Empleo, el ECYL. La Consejería de Economía y Empleo se está dando prisa en volver a implantar un modelo que ya había fracasado en 2003, curiosamente estando al frente de la Consejería la misma persona que lo está ahora: D. Tomás Villanueva Rodríguez.

El dos de febrero de 1998 se instauró el Servicio Regional de Colocación de Castilla y León a través del Convenio de Colaboración entre el INEM y la Consejería de Industria, Comercio y Turismo. Mediante ese convenio se creaba una Agencia de Colocación de Ámbito Autonómico y sin ánimo de lucro, porque en aquel momento la Ley no contemplaba el ánimo de lucro. ¡Qué atraso, cuánta ineficiencia!

Dicho Servicio operaba a través de una red de centros colaboradores privados y sin ánimo de lucro, perfectamente compatible con recibir compensaciones económicas por su actividad. Por si no lo han entendido, lo explicamos con el simple repaso a las Órdenes de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo del 5 de Octubre de 1998, de 16 de noviembre de 1999 y de 20 de diciembre de 2000. En los artículos 1 y 2 de la Orden del año 2000 se establecen las “compensaciones económicas” por las acciones que lleven a cabo los centros colaboradores, que son las siguientes:

• 4.000 pesetas (del año 2000) por cada oferta de empleo captada, tramitada y cerrada para la Consejería de Industria, Comercio y Turismo.
• 3.000 pesetas por currículum vítae introducido, válido e incorporado por los Centros Asociados al Servicio Regional de Colocación.
• 400 pesetas por comprobación de disponibilidad.
• 400 pesetas por modificación efectuada en aquellas secciones del CV que se establezcan. A tales efectos no se considerarán como modificaciones las correcciones de errores imputables al Centro (hasta ahí podíamos llegar; entonces sí que no habría dinero en el mundo para pagar esto).

En el año 2001 el Servicio Regional de Colocación presentó las siguientes cifras:

	Demandantes	Ofertas	Puestos Ofertados
Ávila	1.522	230	460
Burgos	7.659	1.378	2.164
León	6.722	1.221	1.859
Palencia	2.260	260	416
Salamanca	3.573	524	1.023
Segovia	3.295	616	844
Soria	417	189	323
Valladolid	14.448	1.610	2.794
Zamora	2.607	681	1.003
TOTAL	42.543	6.709	10.886

Multipliquen los demandantes, las ofertas, los puestos ofertados (lo que implica al menos 5 comprobaciones de disponibilidad por puesto ofertado), y se podrán hacer una idea aproximada del coste y la manera de hacer con el dinero público. Por el mismo trabajo que hacían los empleados públicos del INEM, se trasvasa dinero de las arcas públicas de la Junta a entidades privadas, incrementando así ostensiblemente el coste final para la sociedad. Estas prácticas se parecen (y mucho) a lo que se califica en la instrucción del “Caso Malaya”, en el que se juzga el entramado de  la corrupción en Marbella, como saqueo a las arcas públicas. 

La transferencia en 2002 de las competencias en materia de empleo desde el Estado Central a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y la consiguiente creación del Servicio Publico de Empleo (ECYL) -impulsada entre otros por el malogrado viceconsejero de Empleo Raimundo Torío- acabaron con ese grotesco experimento de trasvase de dinero público.

Pero, para los amigos del dinero público, parece que no pasa el tiempo. En el 2012, el mismo consejero (Tomás Villanueva) -en su nueva Consejería de Economía y Empleo- aprovecha los nuevos tiempos para imponer viejas ideas o, mejor, novedosos negocios.

No vamos a perder el tiempo desprestigiando más -si es que se puede- a la clase política. Sólo comentar que ya el Gobierno de Zapatero, en junio de 2010, se convirtió en uno de los mejores aliados para los planes de Tomás Villanueva con la aprobación de la reforma laboral de ese año. Evidentemente, el Sr. Rajoy y su Gobierno “mejoraron” las condiciones con una nueva contrarreforma laboral, que eliminaba aún más trabas en la constitución de Agencias Privadas de Colocación con ánimo y sin animo de lucro. Al mismo tiempo, establecían como una de las Estrategias de Empleo de España la colaboración público-privada, cuyo modelo es básicamente el que se ha visto con el Servicio Regional de Colocación de Castilla y León (1998-2002).

Primero con el apoyo del Gobierno de Zapatero, y a partir de noviembre de 2011 con el de  Rajoy, el Sr. Villanueva comenzó los planes para “mejorar” el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

En la Conferencia Sectorial de Empleo y Relaciones Laborales (Órgano de cooperación entre el Estado y las CCAA) de 24 de mayo de 2012, la Junta de Castilla y León optó porque la mayor parte de los fondos ofrecidos por el Estado en materia de políticas activas de empleo se dirigieran a la colaboración público-privada. Despreciando la opción de dedicarlos a dotar al ECYL de una estructura y RPT’s adaptadas al exponencial crecimiento de personas desempleadas y a las nuevas necesidades de intermediación entre quienes buscan empleo y las empresas que necesitan contratar.

A continuación había que facilitar el camino a las Agencias Privadas de Colocación eliminando la competencia que genera el Servicio Público de Empleo de castilla y León (ECYL). La crisis de las arcas públicas les dio (al Sr. Villanueva, con la complicidad necesaria de la Sra. del Olmo y el padrinazgo del Sr. Herrera), el pretexto para empezar a despedir a todo el personal contratado (a los funcionarios todavía no pueden, lo cual no es obstáculo para someterles a futuros planes de movilidad geográfica y funcional y del expolio de salarios “como los trabajadores de la empresa privada”). De acuerdo con esa política, se ha despedido (aunque está pendiente de resolución judicial) a casi el 50% del personal que prestaba sus servicios en las cincuenta y cinco Oficinas de Empleo diseminadas por toda la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Ahora, ya sólo falta la firma y publicación de los convenios de colaboración entre las Agencias Privadas de colocación y la Junta de Castilla y León. En la legislación no aparecen las cuantías económicas de esos convenios. Pero un artículo del Periódico de Aragón, el 26 de junio, si da pistas sobre el modelo de negocio y las cuantías en las que se “trabaja” para beneficiar a estas empresas por gestionar colocaciones.

El referente parece ser el modelo británico. En ese sistema se establecen las compensaciones (recuerden que no hay ánimo de lucro) en función de los resultados, partiendo de una cantidad mínima de 745€ (¡aunque no haya colocación!). Cuando se consigue un contrato de trabajo superior a 26 semanas (6 meses), la empresa gestora recibe 1.500€. Y, si el contrato se prolonga, la empresa gestora recibe un mínimo de 2.730€.

Esto es simplemente la propuesta de tarifas. En ese mismo artículo se muestra la preocupación de estas Empresas de colocación/ETT (después de la reforma laboral de Rajoy) por ampliar el negocio: “es difícil colocar a una persona de la que sólo se conoce una escueta ficha enviada por el Servicio Público. Esto no aporta un servicio de calidad y no dinamiza el mercado laboral. Por ello ha planteado hacerse cargo del paquete completo: primera atención, orientación, intermediación y colocación”. Es evidente que el modelo inglés se les queda corto, hay que cobrar por más cosas.

A lo peor las colocaciones no alcanzan las expectativas porque los empleadores no acuden a estas empresas de colocación... Sin embargo, la desesperación es mejor negocio, y los parados sí que se van a “apuntar”. Sencillo, ¿verdad?, si no les encuentran colocación porque no hay trabajos, y la Junta no les da la “compensación”, cobrarán a cada desgraciado en paro por: apuntarse en su empresa, por hacerle o “enseñarle” a perfeccionar su currículum, por formarle/entrenarle para ir a entrevistas de selección, por mandarle información, por cursillos de habilitación social, por actualización de su especialización laboral, por la gestión de su certificado de habilitación profesional, por el análisis de su reorientación profesional, etc…

Multipliquen las cuantías anteriores (740€ por parado atendido, y una media de 2.000 € por cada contratación, sin contar la orientación profesional) por 6 (5.693.000) millones de parados y por los 14.433.232 contratos de trabajo gestionados en España en el año 2011. Las posibilidades de negocio superan las expectativas de cualquier empresario

El negocio ya está montado. Desde hace unos meses ya existen cientos de Agencias Privadas de Colocación y ETT funcionando como tales. ¿Dónde están? ¿Por qué no están trabajando? Porque falta la segunda parte del negocio (la buena): los convenios entre los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas y estas empresas. Están esperando el imprescindible dinero público para dedicarse a una actividad que solo para ellos va a ser rentable. Mientras, ya están rodando y chapuceando intermediación con entrevistas a parados en cafeterías o en estaciones de tren y de autobús para no dar pistas sobre sus domicilios sociales.

Pero parece que ese dinero no llega. Las empresas de colocación empiezan a manifestar su contrariedad. Algo tendrán que ver con esto las declaraciones del consejero delegado del Grupo Norte en El Economista.es. Según el hombre de confianza de José Rolando Álvarez Valbuena (por si alguien no le conoce, familiar del fundador del GRUPO EULEN, presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid e importante contratista de la Junta de Castilla y León), las Agencias Privadas de Colocación están deseosas de “aportar su granito de arena en la lucha contra el desempleo”.

Igualmente, en julio de este año, la Asociación de Grandes ETT ha publicado un estudio encargado a la Consultora AFI sobre los beneficios laborales (descenso del paro) y económicos (menos gasto en prestaciones, más cotizaciones a la Seguridad Social, más consumo, más recaudación, más PIB…) derivados de un aumento de la actividad de las ETT en el mercado de trabajo temporal (aunque tampoco renuncian a aumentar la contratación indefinida dentro de su benéfica actuación).

Desmontar estas argumentaciones sería materia para un largo estudio, lo que no viene al caso. Simplemente denunciar el punto de partida: la intermediación no crea puestos de trabajo. Es muy sencillo comprenderlo con un ejemplo: siguiendo el argumento de estos listillos, la solución de la crisis en el sector de la construcción sería crear más agencias inmobiliarias para que la gente tuviera la oportunidad de comprar más pisos. Pero no es así, el intermediario ni crea el producto ni crea la demanda. Simplemente se halla entre una y otra y se beneficia.

El mercado laboral español hasta la fecha se ha gestionado con total eficacia y eficiencia sin intermediarios subvencionados por el Estado. Las relaciones personales, la prensa e Internet (paginas de empleo como Info-jobs, o redes sociales específicas como Linkedin) están ofreciendo extraordinarios servicios sin ningún coste para el Erario Público.

En esos informes no se habla de que queden puestos sin cubrir por falta de información de los demandantes. Quien haya trabajado en una Oficina de Empleo habrá visto muchas cosas, pero también a los miles de personas que buscan un empleo con todo su interés e incluso con desesperación. Tampoco se menciona que en los últimos años el número de contratos gestionados por las ETT ha ido descendiendo en porcentaje sobre el total de contrataciones. Cuando se habla de los Servicios Públicos de Empleo se menciona la escasa tasa de penetración en la intermediación, pero no se menciona que desde 1998 la tasa de éxito nunca ha bajado del 90%, además respetando los principios de legalidad, igualdad y no discriminación. Cosa que no ha sucedido siempre en las empresas de selección de personal. Las fichas tiradas en la basura con anotaciones discriminatorias y ofensivas acerca de algunos candidatos han sido noticia periodística en más de una ocasión.

Ahora que se han eliminado las subvenciones a la contratación y la bonificación a la cotización a la Seguridad Social, ¿quién le explica a un empresario que, cuando hace un esfuerzo para contratar a un trabajador, el premio (el dinero público) se lo va a llevar el intermediario, y no él que ha asumido el riesgo y el coste de esa colocación? Y, ¿quién le explica a un desempleado (cuyas prestaciones se han rebajado) que cuando entre a “apuntarse” en una ETT/Agencia Privada de colocación va a generar unos pingües ingresos a esas empresas simplemente por estar desempleado y buscar trabajo y que le van cobrar por todo lo que se les ocurra, le conduzca o no a tener un trabajo?

Esto sí que son, en palabras de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, MAMANDURRIAS.

Castilla y León, 2 de agosto de 2012
PLADEPU -difusión y denuncia-

NOTA: Este artículo se ha confeccionado con la aportación fundamental de personas contratadas desde hace varios años en el ECYL, y que han sido despedidas para “despejar” el camino a este obsceno y vergonzoso negocio.

La TGSS malgasta dinero público en un servicio externalizado

Personal funcionario de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), con puesto de trabajo en la Administración ganado a pulso en una oposición y que ve cómo su sueldo se acerca cada vez más al de su inicio, nos ha hecho llegar la información que suscribimos a continuación:

Esta mañana me ha puesto encima de la mesa un compañero el BOE del miércoles 13 de junio de 2012, en el cual se ha vuelto a licitar la contratación del servicio para la impresión, manipulado y envío de documentos de vidas laborales y bases de cotización del TGSS. El valor estimado del contrato es de: 4.711.640,00 euros. Y nosotros, trabajadores de la TGSS, sin paga extra de Navidad. ¡FLIPANTE!

Para los que no sepáis cómo ocurrió la “privatización” del servicio de expedición de vidas laborales, os pongo en antecedentes: las vidas laborales y bases de cotización eran un servicio que sólo se ofrecía por la TGSS. De repente decidieron (los de siempre) que se externalizaba el servicio de vidas laborales. Así que actualmente la vida laboral tan sólo se puede conseguir a través de una llamada a un teléfono 901 (y que envían al domicilio del interesado; domicilio que, si no está actualizado, deben dirigirse a la Administración de la TGSS para su modificación y posterior envío por correo de su vida laboral al domicilio ya actualizado) o a través de Internet. Muy cómodo y funcional. Lo de acercar la Administración al ciudadano ya hace tiempo que se lo pasaron por el forro de la camisa.

Y también se les ocurrió a los lumbreras (los de siempre) hacer una campaña anual de vidas laborales y bases de cotización que envían a "toda la población", y éste es el tema que nos ocupa. Así tenemos que:

• los que necesiten un vida laboral y se acerquen a una Administración de la Tesorería no podrán obtenerla al momento y, en cambio,
• los que no la necesiten ni la quieran para nada se les envía igual, para que empapelen la habitación de sus hijos o hagan unos bonitos aviones de papel.

Lo cual me lleva a hacerme unas inocentes preguntas:

• ¿a qué empresas se les está pagando estas contrataciones para unos servicios que YO, funcionaria de la TGSS, (y mis compañeros ) perfectamente podríamos y “deberíamos” hacer?
• ¿a dónde va parte de ese sueldo que me están quitando año tras año? ¿al pago de estos servicios?
• ¿cómo puede ser que se recorten las necesidades básicas de la población: sanidad, educación, prestaciones sociales, sueldos, subidas de impuestos…… y NO se pare este “despilfarro” de dinero hacia empresas privadas?

No se me ocurre otra cosa que gritar: ¡BASTA YA!

Documento BOE-B-2012-20443.



Otro recorte... ahora en la libertad de expresión

El pasado viernes 20 de julio, el personal de la Gerencia de Servicios Sociales de Valladolid ha sufrido un nuevo recorte: no se les permite defender sus derechos.

Habían pegado en las ventanas y en armarios algunos folios con lazos negros y con el eslogan "luto por lo público", llegó el Jefe de Área de muy malas maneras y retiró todas las hojas, en ambos edificios. Al ser preguntado por la causa, alegó haber recibido órdenes supremas... debido a que el Gerente no estaba, deducen que fue el Delegado. La única explicación recibida es que: "NO SE VA A PAGAR NINGUNA TASA POR PUBLICIDAD".

¿Publicidad? ¿Defender derechos es hacer publicidad?... ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuánto más les vamos a permitir?



La Junta incumple sus acuerdos con los trabajadores/as

Los compañeros de Zamadueñas continúan movilizándose porque de un día para otro y sin explicaciones, la Junta de CyL les ha quitado el medio de transporte para acceder al trabajo, conseguido tras un acuerdo con la Consejería de Función Pública.

Aquellos que no tienen coche o carnet de conducir, ni posibilidad de compartir vehículo, y deben usar el bus urbano que va a La Overuela-barrio de Valladolid-, ven imposible poder cumplir el horario, pues es un autobús que pasa una vez cada hora, comienza en La Cistérniga y el primero llega a La Overuela a las 8:30h. Ir y volver del trabajo se convierte en una odisea que implica tener que hacer varias tardes y no acaba ahí: después, desde La Overuela a Zamadueñas hay dos kilómetros por una carretera en pésimas condiciones, de doble sentido en la que malamente caben 2 coches, sin arcenes, ni farolas, como pueden comprobar en las fotos.

¿Es esto compatible con la conciliación de la vida laboral y familiar, que tanto pregonan desde la Junta de CyL?

¿Dónde queda el artículo 103 de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, sobre Elaboración de los planes de transporte en empresas? Las Administraciones competentes fomentarán igualmente el desarrollo de planes de transporte con vistas a reducir el uso del automóvil. Estos planes de transporte se tratarán en el marco del diálogo social, se prestará especial atención a los centros de trabajo de titularidad pública o privada cuyas características así lo aconsejen por dimensión de la plantilla, actividad, procesos o ubicación.

Da la sensación de que se pierde el tiempo y el dinero en promulgar leyes muy presuntuosas en sus palabras que luego se quedan en papel mojado...



Sin noticias del autobús a Zamadueñas

Hace ya más de un mes que la Junta de CyL eliminó el autobús a Zamadueñas para quienes allí trabajan, de un día para otro y sin explicaciones. Como podemos leer en el recorte de prensa de más abajo, los compañeros/as están preocupados porque deben transitar durante 2km por una carretera sin arcenes para llegar al trabajo, ya que no hay acera o espacio para peatones, con el consiguiente peligro debido al tráfico de vehículos.

Esperamos que la inspección de seguridad y salud que tendrá lugar en unos días ponga las cosas en su sitio y haga que la Junta resuelva la situación de estas personas, lo que no nos parece admisible es que continúen así por más tiempo, un mes ya ha sido suficiente.

Recorte del Diario de Valladolid haciéndose eco de la noticia, página 5 de la edición impresa del 13 de junio de 2012.



Plan de ajuste de la Junta, con 859 millones de recorte

EMPIEZAN A ENSEÑAR LAS CARTAS. Se acabó el tiempo de la ocultación. ¿Conseguiremos que llegue el de la transparencia?

El pasado jueves (17/05/2012), en la reunión del Consejo de Política Fiscal, órgano en el que están incluidas todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Hacienda, la Junta de Castilla y León presentó el Plan Económico-Financiero de Castilla y León (PEF). Este plan contiene el listado de los recortes de gastos que en los años 2012, 2013 y 2014 tienen que sumar 859 millones de euros.

Fuente: diario El Norte de Castilla, página 20 de la edición impresa del 18 de mayo de 2012

En el cuadro adjunto se reproduce la información publicada en prensa que cita como fuente a la propia Junta de C y L. Esta lista de reequilibrios es de muy recomendable y crítica lectura, especialmente si tenemos en cuenta TODOS los recortes que hasta ahora se han aplicado y el marco de TODA la política de personal que llevan tres años desarrollando.

Prácticamente no hay partida de personal que no sufra recortes año tras año. Mientras se imponen recortes en 2012, 2013 y 2014 en el capítulo de personal y en los servicios a la sociedad (no complementación de la IT; reducción del número de sustituciones; ajuste, por elevación, de ratios de alumnos en centros no universitarios; partidas de Sanidad en atención continuada, guardias MIR y guardias en atención especializada), resulta que el ahorro por la reestructuración de consejerías y altos cargos (partida 1) se da por finalizado en 2012.

De verdad, ¿no se pueden fusionar consejerías, desterrar viceconsejerías, suprimir direcciones generales y eliminar todos los puestos de coordinadores de Servicios? Resulta insultante que mientras nos penalizan por estar enfermos, no se acometa una rigurosa eliminación de centenares de sueldos de puestos de confianza y asesores que perfectamente pueden ser desempeñados por funcionarios, laborales fijos o estatutarios. Ni un solo euro se proponen ahorrar por el lado de sus privilegios, como por ejemplo suprimiendo la multiplicidad de percepciones por el desempeño de funciones, como la pertenencia a órganos colegiados que “cuelgan” de su cargo. ¿No se les debería caer la cara de vergüenza al ver que el Gobierno Francés (país muy alejado de la brutal crisis que asola a España) se ha bajado un 30% sus retribuciones, mientras en la Junta los mismos que nos bajan el sueldo, con el incremento de dos horas y media semanales, mantienen el “plus” salarial para quienes ya lo cobraban por prolongación de jornada?

Por último, resaltamos que una buena parte de las partidas del ahorro en los gastos corrientes ya figura en la LISTA DE LA DIGNIDAD que salió propuesta y votada en asambleas de trabajadores hace más de 16 meses y se le entregó al Sr. Presidente antes de las pasadas elecciones autonómicas. ¿Por qué, Sr. Herrera y Sra. del Olmo, han perdido ustedes 16 meses?

Han tenido que reconocer lo acertado de nuestras propuestas para que se revise, actualice y gestione bien el cobro de tasas o la reposición del impuesto sobre el patrimonio. Pero aún les queda mucho por aplicar, y especialmente todas las reclamaciones que hacemos en la carta dirigida a la Sra. Consejera de Hacienda, que está siendo firmada por miles de empleados públicos, y que será enviada en próximas fechas. Este catecismo de los recortes y del futuro de los servicios públicos en Castilla y León nos obliga a todos a reflexionar y a actuar sobre las siguientes cuestiones:

• NO HABRÁ OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO HASTA EL 2015. No se repondrán ni tan siquiera las vacantes por jubilación. Tampoco se contratará a personal interino, salvo por causa urgente, justificada y con el visto bueno de Hacienda. En Educación y Sanidad abrirán un poco más la mano, pero siempre con la vista puesta en las instrucciones del Ministerio correspondiente.
• ¿Qué significa la supresión de la oferta de empleo público durante más de 5 años? Significa la multiplicación de las vacantes y el consiguiente rodillo de amortización de esas plazas. Significa el oportunismo de demorar indefinidamente la aprobación de la modificación de las RPT´s y, con ello, la práctica eliminación de los concursos de traslados durante todo ese tiempo. Conlleva, en definitiva, la discrecionalidad total de la Administración en la provisión de las plazas vacantes mediante comisiones de servicio. Y si el año próximo publicasen la famosa modificación de las RPT´s, nos encontraríamos con miles de las vacantes amortizadas y con gran cantidad de plazas adscritas a áreas genéricas, propiciando así otra discrecionalidad alarmante a la hora de su provisión mediante las peligrosas medidas de movilidad territorial y flexibilidad funcional. Es la politización total de la función pública y la práctica eliminación de cualquier forma de carrera profesional.
• La crisis no puede servir como pretexto para la supresión de los derechos más elementales de los empleados públicos. La mayor parte de los males y vicios de la función pública que denunciamos ya existían antes. Ahora se llevarán hasta las últimas consecuencias, acabando con cualquier resquicio de independencia y objetividad de los trabajadores públicos. A partir de ahora serviremos a los políticos, que son los que pueden modificar discrecionalmente nuestras condiciones laborales.
• Plataforma para la Defensa de lo Público se ha dado a conocer masivamente en las nueve provincias de Castilla y León mediante la recogida de firmas en la carta a la Consejera de Hacienda. La fase de recogida de firmas no puede durar indefinidamente y a finales del mes de mayo se puede dar por concluida.
• PLADEPU debe darse a conocer antes de entrar de lleno en las vacaciones estivales. Para que la presentación de las firmas a la consejera tenga el impacto que se merece, se remitirán copias al Presidente de la Junta, a la Presidenta de las Cortes y al Procurador del Común. En los cuatro casos con solicitud incluida de reunión. Hay que procurar la máxima repercusión, así que estamos abiertos a propuestas para demostrar que se acabó el tiempo de decidir contra los empleados y sin contar con nosotros. Que ha llegado la hora de demostrar nuestro compromiso con los servicios públicos y con la sociedad. Ya hay ideas como: organizar protestas simultáneas en todas las provincias ante las delegaciones territoriales, con sentido del humor, por ejemplo escenificando el santo entierro del concurso de traslados y de la carrera profesional y organizar una cadena humana o una caravana el día de presentación de las firmas en Valladolid.

Con sentido del humor, debemos conseguir que se les caiga la cara de vergüenza a los máximos responsables autonómicos por llevar más de 5 años incumpliendo toda la normativa, los pactos y los acuerdos que establecen la anualidad del concurso general de traslados. Pongamos el despertador a las estructuras dirigentes de los sindicatos, para que se apeen de sus enfrentamientos y empiecen a construir, desde la humildad y el realismo, entramados unitarios acordes con la situación de emergencia en la que estamos.

Recordemos que no sirve de nada la clásica postura del gorrón funcionarial, que espera agazapado a que los demás hagan algo para aprovecharse luego de lo que puedan conseguir. Levantemos la cara de la dignidad y orgullo en la función pública. O salimos a defender nuestros derechos o acabaremos como el resto de los trabajadores afectados por la reforma laboral.

Documento oficial completo con todas las medidas: Plan económico-financiero de reequilibrio de Castilla y León 2012-2014.



Derroches, desmanes y privilegios para unos, y recortes para otros, en la Consejería de Agricultura

Son conocidos, por amplia difusión el año pasado, en prensa escrita y en la “red”, los desmanes económicos en la Consejería de Agricultura y, por extensión, en el ITACYL. Hace unas semanas descubrimos que una subdirectora del “Instituto” “fue seleccionada” -ya me entienden- para un puesto de investigadora con un sueldazo como si de la jefa de las investigaciones agrarias en Marte se tratara.

Por cierto, ¿esta salida de la subdirección no tendrá algo que ver con la operación de maquillaje de gastos en el personal directivo de la “administración B” puesta en marcha por el Gobierno de España y la Junta de C. y L.?

Puestos a suponer, puede que el cargo de subdirectora lo supriman, pero que aparezca otro del tipo: “responsable de investigación”, “coordinador de proyectos de investigación”, “gestor de I+D+I”, “gerente de nuevos yacimientos agroalimentarios”, etc. Así podrán decir que se han suprimido unos cuantos puestos directivos para ahorrar.

La semana pasada se añadió un capítulo más: a un trabajador despedido del ITACYL, supuestamente relacionado con el dossier difundido el año pasado sobre los “modos y las mañas” de Dñª Silvia Clemente, se le va a indemnizar con 150.000 euros, que saldrán del salario de todos los ciudadanos, porque el despido ha sido declarado improcedente. Y a otras dos trabajadoras del ITACYL también habrá que indemnizarlas con 60.000 € a cada una por el mismo motivo.

Otra vuelta de tuerca: de las mentes privilegiadas que gobiernan en el ITACYL, y de las que reinan sobre él, surgió la feliz idea de “plantar” en la finca de Zamadueñas el edificio de oficinas al que han obligado a trasladarse a un montón de trabajadores del Instituto y de la propia Consejería. De repente descubren que está alejado y que el transporte cuesta un pico, así que… a suprimir el transporte. O sea que nuevo descenso del sueldo de los “pringaos” de los trabajadores; total ya llevan varios recortes en dos años, y uno más ni se va a notar.

Eso sí, ni tocar la malversación que, “de facto”, significa trasladar a diario a la Sra. Viceconsejera desde su domicilio en Segovia hasta su lugar de trabajo en la Consejería de Agricultura de Valladolid. A este vergonzante y fraudulento gasto del traslado hay que añadir además los del conductor: dietas, compensación de horas extras e indemnizaciones, en su caso, por prolongación de horarios.

En resumen, a pesar de los brutales recortes impuestos a los mortales empleados de la Junta de Castilla y León, los de la “casta” que se considera intocable en sus privilegios siguen malgastando el dinero, que es de todos los ciudadanos de nuestra Comunidad, empezando por el que nos recortan de la nómina, o el derivado de nuevos gastos por suprimir los autobuses para ir al trabajo.

Sugerimos que, ya que eliminan los buses, y teniendo en cuenta que tenemos el mismo derecho que los consejeros, viceconsejeros y demás altos cargos que van al trabajo en coche oficial, nos lleven a todos en ese mismo medio de transporte.

Sencillamente esto es intolerable, insoportable y de una inmensa desvergüenza.

PLADEPU, mayo de 2012.



Moncloa no da ejemplo

Ni antes ni ahora: si Zapatero tenía un número escandaloso de personal y asesores adscritos a la Presidencia (cuyo derroche socialista fue denunciado por la "número dos" del PP, María Dolores de Cospedal); ahora Rajoy con sus promesas de austeridad en la Administración, ha aumentado el número de asesores y personal nombrado a dedo.

Y no lo decimos nosotros, lo dice el propio diario El Mundo citando como fuente los Presupuestos Generales del Estado.

Ha aumentado significativamente el personal nombrado a dedo (en un 27,6%), siendo el incremento más alto el del personal de la más alta categoría (asesores) de 56 a 82 personas (un 46,43%). El número de altos cargos también ha aumentado.

Sin embargo, para cumplir la promesa de "adelgazamiento de la Administración", sí ha bajado el gasto total en personal, pero a base disminuir vergonzosamente el número de funcionarios (ahora una diferencia de un -15,77%) y el de personal laboral fijo (-2,15%), por traslados y jubilaciones sin cubrir.

¿Es éste el camino a seguir? ¿Estos nuevos asesores a dedo nos van a hacer salir de la crisis? Entonces, ¿dónde está la coherencia (antes denuncio un número exagerado de asesores para ahora aumentarlo)? Abramos los ojos, si cabe más aún. Recordemos además que España es el país con más políticos por habitante de Europa.

Fuente: diario El Mundo, página 14 de la edición impresa del 16 de abril de 2012.



Cuentas del año 2010 de los Organismos y Entidades del Sector Público de la Comunidad

En este apartado de www.jcyl.es se muestra publicada la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y sus documentos complementarios, correspondientes al ejercicio 2010.

Podemos por tanto leer de forma oficial el cuantioso gasto presupuestario de muchas de las entes, empresas públicas, fundaciones, institutos, consejos, agencias, observatorios, gerencias, consorcios y empresas públicas que actualmente dependen de forma económica de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Este sector público paralelo (la Administración "B"), en la práctica totalidad de los casos, duplica actuaciones y merma las competencias de de la Administración, fuera de la profesionalidad de los funcionarios y del control de las Cortes.

Recordamos que la figura del trabajor público se creó para defender la garantía plena de sujeción a los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad y responsabilidad en la prestación del servicio público, puesto al que puede optar cualquier ciudadano bajo el principio de igualdad mediante oposición.

No es el caso de la Administración "B", que propicia, ampara y facilita todo tipo de desmanes, corrupciones, negocios privados, compensaciones escandalosas y sobresueldos.

Destacamos los siguientes tomos:

• TOMO 8: Instituto de la Juventud de Castilla y León, Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Agencia De Inversiones y Servicios de Castilla y León, Ente Regional de la Energía, Consejo Económico y Social, Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León.
• TOMO 11: Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de C y L, ADE Financiación, ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de C y L, S.A., Agrupación de Productores de la Patata de Siembra de Castilla y León S.A. (APPACALE, S.A.), Consejo de la Juventud de Castilla y León, Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca, Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A. (PROVILSA), Sociedad para la Promoción del Turismo de Castilla y León, S.A. (SOTUR, S.A.), Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León, S.A., Sociedad Pública Castilla y León Sociedad Patrimonial S.A., Universitatis Salmantinae Mercatus, S.L.
• TOMO 12: Fundación de Acción Social y Tutela de Castilla y León, Fundación ADEUROPA, Fundación para la Enseñanza de las Artes en Castilla y León, Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León, Fundación Centro Regional de Calidad y Acreditación Sanitaria de Castilla y León, Fundación Centro Supercomputación de Castilla y León, Fundación para la Ciudadanía de Castilla y León en el Exterior y la Cooperación al Desarrollo, Fundación General de la Universidad de Salamanca, Fundación General de la Universidad de Valladolid, Fundación de Hemoterapia y Hemodonación, Fundación Hospital Clínico Veterinario de Castilla y León, Fundación para la Investigación del Cáncer, Fundación Parque Científico de la Universidad de Salamanca, Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, Fundación Santa Bárbara, Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León, Fundación Siglo para las Artes en Castilla y León, Fundación Universidades de Castilla y León.