Opinión

Las opiniones recogidas en esta sección no tienen por qué coincidir exactamente con las de PLADEPU las cuales se concretan a través de los grupos de trabajo y de los acuerdos de las asambleas. Los comentarios de noticias de la página principal, hacedlos por favor en dicha página dentro de la noticia a la que corresponda.


Carta de un compañero funcionario a los Sindicatos de CyL

Soy Basilio Villacorta Fernández, funcionario de la Junta de Castilla y León en Burgos y miembro activo de Viernes Negro y de la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU). Desde el único medio posible e intentando jugar con las mismas cartas que los sindicatos tienen, quiero enviar esta reflexión a los mismos y a todos mis compañeros, porque sinceramente creo que a estas alturas a la mayoría, tengamos las ideas y los valores que tengamos, nos hierve la sangre por la desfachatez de la Viceconsejería de la Función Pública y por la pusilanimidad de los que dicen nos representan y que quedaron más que retratados en el acta de la Sesión del 15 de abril de 2014 que se ha filtrado a la prensa y al conocimiento de todos nosotros, concretamente y para poner los puntos sobre las íes el CSIF, CCOO, UGT y FSES. Esta es la verdadera y única razón por la cual todos los interesados están reaccionando, aunque eso sí tarde y mal.

En primer lugar he de decir a mis representantes de (CSIF, CCOO, UGT y FSES) y a mis superiores que yo no necesito, como creo que ocurrirá con la mayoría de mis compañeros, que me dignifiquen porque yo ya soy una persona digna, un funcionario digno por diversas razones: soy honrado y mi puesto me lo he ganado con mis méritos y mi capacidad en igualdad frente al resto de los españoles, como dice la Constitución; tengo un trabajo digno, independientemente del puesto que ocupe; mi trabajo está al servicio de los ciudadanos y no de intereses partidistas ni espúreos; cumplo, como debe de ser, con mi cometido y utilizo los medios que mi formación y experiencia me aportan y porque además me siento orgulloso de mi condición de empleado y servidor público.

En segundo lugar, y dado lo dicho previamente, no acepto bajo ningún concepto que se me venda lo que es un claro acto electoralista como una campaña de dignificación del empleado público, cuando hace menos de un mes se ha publicado una reforma de la Ley 7/2005 que debilita nuestra posición de independencia frente a los aparatos políticos y sus LDs tentaculares y potencia la privatización y externalización de servicios con el uso masivo de las encomiendas de gestión y con el reforzamiento de las empresas garrapatas (empresas públicas, fundaciones, agencias, institutos y demás chiringuitos). Los mismos que quieren dignificarnos son los que han hecho semejante disparate legislativo: unos por acción y otros, nuestros representantes sindicales (CSIF, CCOO, UGT y FSES), por omisión y silencio ante tamaña barbaridad que incluso les deja en fuera de juego en diversas materias a negociar en el Consejo de la Función Pública.

Indignante es que la misma pléyade de políticos que llevan varios años despreciando y alimentando rumores mal intencionados en la opinión pública sobre todos nosotros y que han ido pudriendo las administraciones públicas con sus corruptelas, ahora nos insulten intentando regalar a unos cuantos “emprendedores” de la comunicación 250.000 euros.

Repasemos todas las medidas políticas, avaladas con el silencio cómplice de nuestros supuestos representantes (CSIF, CCOO, UGT y FSES), que han mejorado nuestra dignidad y nuestra calidad de vida como trabajadores públicos y como ciudadanos, que también somos, no lo olvidemos:

1. Reduciendo y congelando hasta la perpetuidad nuestros salarios cuando muchísimos de nuestros compañeros no llegan a los 1.100 euros mensuales.
2. Después de insultarnos y de extender la mancha a todos calificándono de vagos y maleantes, justificaron el aumento de nuestra jornada semanal de 35 a 37,5 horas, casi un mes más de Trabajo al año. Y ya de paso aumentar la jornada a sanitarios y horas a docentes para ahorrar una de cada 10 plazas en estos Cuerpos. Y todo ello con el aval de todo un Secretario autonómico de CC.OO. y su famoso apretón de manos con nuestro Presidente.
3. Quitarnos los derechos laborales, ya que ahora ponernos enfermos llega a costarnos el 50% del sueldo durante los primeros días de baja y el 25% hasta un total de 21 días siguientes.
4. Denostar nuestro trabajo para justificar permanentemente privatizaciones, empresas públicas, fundaciones, institutos, gerencias, desmanes y corrupciones que muchos llevamos denunciando desde hace años. Cuantas malas prácticas y delitos no habrían aflorado sin las denuncias de empleados de las Administraciones, que jugándose el puesto de trabajo pusieron en manos de policías y fiscales ciertos asuntos.

Los empleados públicos sabemos que la sociedad conoce y valora nuestro trabajo, sabe que quienes han defendido y defienden con mayor ahínco la sanidad pública, el Estado de Derecho y la gratuidad de la Justicia y el Registro Civil, la Educación pública y universal, la Administración al servicio del ciudadano, los Servicios Sociales y la atención a los más desfavorecidos y dependientes y el Estado Social, Democrático y de Derecho son los empleados públicos que comprueban a diario como voluntariamente se deterioran los servicios que prestan.

Desde aquí quiero decir a mis representantes sindicales (CSIF, CCOO, UGT y FSES) que para nada me siento representado por quien mira egoístamente con desprecio y con temor otros movimientos que se hacen fuera de sus Organizaciones. Que no me siento representado por aquellos que aceptan sumisamente todos y cada uno de los recortes y una serie de reformas legislativas que harán de la administración pública un mero recaudador de impuestos para distribuirlo entre inversores y especuladores en el nuevo negocio de los servicios públicos. Que no me siento representado por aquellos que con su silencio han aceptado el crecimiento paralelo de una administración B cuyo mayor patrimonio es el de colocar a muchos “afectos” en el chollo público por la puerta de atrás y el de llenar sus contabilidades de gravísimas irregularidades, e incluso generando deudas imposibles de pagar por todos los tontos de esta Comunidad. Que no quiero ser representado por los palmeros del CSIF José Mariano Prieto Arribas, Carlos Hernando Redondo, Isabel Madruga Bajo y Juan Carlos Gutiérrez Rodilla; por Jesús Goicoechea Torres, Nuria Martínez de la Torre, José Miguel García Álvarez, Tomás Pérez Urueña, de la UGT; por Juan Carlos de la Rosa Muñoz, Juana Olmeda Gómez, Pablo Vicente Vida, Luis C. Ramón Carreira, José L. Paniagua Alonso, Elena Fernández Gutiérrez y Francisco J. Martínez Alonso, de CCOO; y por Patricia San Martín Videira y Pilar Gredilla Fontaneda, de FSES.

Todos ellos culpables de agradecer a los representantes de la Administración los recortes presupuestarios, la inexistencia del concurso anual para todos los funcionarios, las ofertas de empleo inexistentes, el deterioro de los recursos materiales, el hacinamiento de los empleados, las congelaciones salariales y la campaña de dignificación de los empleados públicos.

Ya no valen medias tintas y desde este humilde rincón pido a las bases de esos sindicatos, si es que les quedan, que despidan “procedentemente” a sus Aparatos por mostrar esa gran empatía con los Altos Cargos y ese desprecio por nuestra dignidad.

En última instancia a UGT: si como decís LA DIGNIDAD ES EL SALARIO, acaso en esa campaña vergonzosa en la que insistís, ¿se va a promover las subidas salariales de los empleados públicos, y muy especialmente de los que menos ganan…?

Contestación a Miguel Ángel Rodríguez

Todos hemos leído, oído y rabiado un poco con las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez en la tertulia televisiva “El cascabel al gato” de 13TV del 30/09/2013. Adjuntamos la nota emitida en nombre de la Federación de Asociaciones de Funcionarios de los Cuerpos Superiores de la Administración del Estado (FEDECA), vídeo de la intervención de su presidenta, y también la contestación efectuada por la Asociación de Funcionarios de Carrera Auxiliares y de Administrativos (FAUXAD).



All of me

All of me, why not take all of me..? se preguntaba Billie Holyday al ritmo del piano de Bobby Henderson, y yo también me lo pregunto con cierto aire tristón: ¿por qué no te quedas con todo de mí..? La diferencia es que Billie se lo preguntaba a su no correspondido amor y yo se lo pregunto a mi empresa.

Dicho así, cualquier trabajador de este país que tenga la suerte de tener empresa todavía, en estos momentos, podría suscribir tan derrotada pregunta, pero mi empresa es diferente.

Sí, soy funcionaria, y si por algo se caracteriza mi empresa es porque sus legítimos propietarios, los Ciudadanos, han elegido mal a sus mandos intermedios, los políticos, a quienes han entregado su dinero para que lleven a cabo la gestión de eso tan esencial y, al mismo tiempo, tan ambiguo denominado “lo público”.

Este error, imperdonable en la empresa privada, en la que no se les ocurre pasar por alto determinados asuntos turbios, equivocados o torticeros y siempre multimillonarios… ¡Qué fácil es disparar con balas ajenas! sin echar a la calle a tan inútiles gestores; en “la cosa pública” parece no sólo tolerable sino que puede pasar inadvertido para los legítimos dueños de lo público, insisto, los Ciudadanos, que sí pueden y deben actuar expulsando a esta purrela con criterios de la empresa privada, porque, además de habernos robado a manos llenas sin ningún tipo de pudor, al paso que vamos, nos pisarán la cabeza y les daremos las gracias.

Nos han hecho creer que lo público no es de nadie para apropiárselo Ellos y gestionar al servicio de intereses espurios el dinero de todos, y han llegado a hacerlo incluso con una arrogancia increíble. Pues no, lo público es de los Ciudadanos, mis legítimos jefes, que serán los que tengan que pedir explicaciones sobre la gestión y, por lo que me toca, tendré que explicar que tras más de veinte años de esfuerzo malogrado, ahora me dirijo a ellos para pedirles que tomen todo de mí y, sobre todo, que interioricen, de una vez, que lo público es suyo y exijan responsabilidades a quienes realmente las tienen.

Ya no reconozco la legitimidad de los “mandos intermedios”, que son legión y que se han encargado, en una estrategia sorda y prolongada en el tiempo, de separar a los Ciudadanos de quienes ejecutamos la gestión pública y de intentar (con éxito en la mayor parte de las ocasiones) sembrar las profundas raíces del desprestigio profesional, porque no les interesa, de ninguna manera, que la ciudadanía cambie el chip y les exija explicaciones a Ellos, a los intermedios.

Ni soy mejor ni peor trabajadora que nadie, sólo sé que cuando yo entré a formar parte de este tinglao de lo público lo hice medianamente bien formada, con gran ilusión (no por descarte) y con unas expectativas profesionales legales y plausibles que se fueron desmoronando poco a poco con el transcurso de los años por mérito de la hiperpolitización y de la partidocraria que se burlan de la sociedad señalándome como la culpable de tamaño desaguisado.

Pues las cosas, queridos Ciudadanos, no son así, la puritita verdad es que mientras ustedes pagaban religiosamente sus impuestos y, por ende, nuestra gestión, Ellos, los mandos intermedios, se dedicaban sutil y no tan sutilmente a desprestigiar mi humilde trabajo, a enfrentarme a ustedes, al mismo tiempo que se montaban un inmenso e incontrolable chiringo a base de mamandurrias infames (me encanta la palabra, Espe…) y a campear, cual elefantes por cacharrería, por lo nuestro, por lo público, como si sólo fuera suyo.

Por cierto…, modificar un contrato con cláusulas leoninas, y sin el consentimiento de la otra parte, ¿no es una estafa?, y la estafa… ¿no es un delito..?

Y desprestigiar con explícitos descalificativos el trabajo de otra persona ¿no es un concurso ideal de delitos en el que se concitan la calumnia y el delito contra el honor..? Porque sí, también existe el derecho al honor profesional.

En fin, estoy cansada y humillada, y espero pacientemente mi jubilación, que… ¡vete tú a saber cuándo..! para irme de hippie a Altea y llevar una apacible existencia vendiendo piedras en la puerta de la iglesia, sin confesar jamás que mi vida profesional, como funcionaria, fue un perfecto desastre; es más… no confesaré jamás que fui funcionaria.

Pero me están dando tiempo, y estoy pensando… ¿tiene jurisdicción penal algún tribunal internacional medianamente prestigioso? Mientras lo miro, queridísimos Jefes, Ciudadanos, sí, vosotros que me pagáis con vuestro dinero para que gestione lo público, vosotros sí tenéis derecho a tomar todo de mí.

Baby, take all of me.	León, 11 de septiembre de 2013
Una funcionaria cabreada y miembro activo de PLADEPU

Administración Institucional en Castilla y León, el octavo pasajero

ADMINISTRACIÓN B: ¿QUÉ ES? ¿PARA QUÉ SIRVE? ¿A QUIÉN SIRVE?

En este artículo nos vamos a referir a la llamada “Administración Instrumental”, término que maneja la doctrina para subrayar que todo ese conjunto de entidades no son más que instrumentos de las distintas administraciones de las que dependen. Podemos decir que, como tales instrumentos, resultan ser una manipulación de la personalidad jurídica de la que se les dota para conseguir determinados efectos: menor control presupuestario y de rigor del gasto, cajas separadas, mayor oscurantismo, y facilidad para someterse al derecho privado y eludir al público.
El argumento de pretendida mayor eficacia con que han sido creadas resulta insultante porque los mismos responsables políticos reniegan del mismo, utilizando en la práctica otros más instrumentales y más manejables. La falta de rigor es tal que, habiendo sido creados como entes independientes para ser mas eficaces, en la práctica carecen de la independencia propia de una persona jurídica y son meros aparatos de la Junta de Castilla y León (en el caso de nuestra Comunidad).
La razones iniciales para la creación de una Administración Institucional fueron varias; una de ellas, la rigidez presupuestaria y el principio de unidad de caja. La transparencia propia de una organización democrática encajaba mal con la omnipotencia que algunos entienden propia de sus altos cargos.
Por último, lo que se busca con la atribución de personalidad es pura y simplemente escapar de las exigencias del Derecho Administrativo y someterse a las más livianas del Derecho Civil y Mercantil.

EL SECTOR PÚBLICO EN CASTILLA Y LEÓN
Antes de entrar en el análisis de la Administración Instrumental, debe advertirse que hay un término más amplio, el concepto de Sector Público, que comprende toda la Administración Institucional, pero también los organismos independientes, las fundaciones y las sociedades mercantiles.
Así lo recoge el Artículo 2 de la Ley de Hacienda. La relación que incorpora este artículo es impresionante; cabe en ella prácticamente toda forma jurídica y se corresponde con un modelo organizativo-ideológico, tendente a minusvalorar la Administración General e incrementar la Instrumental y de derecho privado, mucho más opaca y, en apariencia,  también ineficaz, que no independiente.
De la amplia lista, conviene destacar la Administración Institucional (O.O.A.A. y Entes Públicos de Derecho Privado), las entidades de derecho privado (empresas públicas y fundaciones públicas) y la figura del los consorcios entre administraciones públicas.

ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL, LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS (OO.AA.)
Los OO.AA. se rigen por el Derecho Administrativo y a ellos se les encomienda, en régimen de descentralización funcional y en ejecución de programas específicos de la actividad de una consejería, la realización de actividades de fomento y de prestaciones o gestión de servicios públicos.
Se crean por Ley, que establece su adscripción a una consejería, sus fines, régimen de personal, de contratación y fiscal.
Son la figura más cercana a la Administración General, pero plantean dos tipos de problemas:

1. Su regulación por Ley. La ley de creación tiene el mismo rango que la Ley de Hacienda (la LOFAGE en el caso estatal) y, siendo posterior, ¿por qué no apartarse de la Ley de Hacienda y dejarse llevar por la tentación de crear  organismos autónomos singulares?
2. Su total falta de independencia, citando a Parada... “donde la independencia y personalidad propios de los OO.AA. es más ficticia e irreal es en el nombramiento de los órganos directivos”; los presidentes son los Consejeros, los órganos de dirección y control (cuando los hay) están trufados de altos cargos o ex altos cargos de la Consejería de la cual dependen. Se confunden el ente matriz y el autónomo, en una maraña de competencias que se entrecruzan, trasvasan y superponen en función no de la racionalidad del servicio público sino de los intereses de las camarillas del poder. La experiencia del desarrollo y crecimiento de los OO. AA. de la Junta de Castilla y León está demostrando que su pretendida autonomía se está utilizando para privatizar desaforadamente.

Sin embargo, y si su Ley de creación es “normal”, su régimen de contratación, de control económico, patrimonial y de personal, los aproxima mucho a la figura de la Administración General.
En Castilla y León son OO.AA.:

• la Gerencia Regional de Salud (SACYL),
• la Gerencia de Servicios Sociales,
• el Servicio Público de Empleo (ECYL) y
• el Instituto de la Juventud.

Todos ellos, de entrada, duplican la estructura de mandos de dirección política y pseudopolítica, respecto de la Consejería en la que están encuadrados, así como los órganos colegiados.

LOS ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO
Presentan una gran similitud con los organismos autónomos. Entre sus particularidades está la posibilidad de depender de un O.A. y la de producir bienes de contenido económico susceptibles de contraprestación.
En Castilla y León tenemos:

• Ente Regional de la Energía,
• Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL),
• Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización de Empresas (ADE),
• La Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León.

LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y LAS FUNDACIONES
Las empresas públicas de la Comunidad Autónoma de C. y L., creadas mediante Ley y adscritas a la Consejería competente por razón de la materia, son sociedades mercantiles en cuyo capital la participación directa o indirecta de la Administración de la Comunidad es superior al 50%. Podemos destacar las siguientes:

• ADE Parques Tecnológicos, S.A., resultado de la fusión de Gesturcal y Parques Tecnológicos, tiene por objeto la creación de zonas industriales.
• ADE Internacional EXCAL, S.A.
• Castilla y León Sociedad Patrimonial, S.A., encuadrada en la Consejería de Hacienda, tiene por objeto la gestión de los bienes integrantes del patrimonio de la Comunidad de C. y L. Diseña, proyecta y ejecuta infraestructuras y bienes inmuebles.
• Sociedad de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. Producto de la fusión, en curso a lo largo de todo el 2013, de PROVILSA y SOMACYL, realiza todo tipo de trabajos, estudios, informes y proyectos relacionados con la promoción de viviendas, infraestructuras, logística y la mejora del Medio Ambiente, y gestiona servicios públicos en la Comunidad.
• SOTUR, la sociedad de promoción del turismo de Castilla y León, en trámite de absorción por la Fundación Siglo.
• Agrupación de Productores Patata de Siembra Castilla y León (APPACALE).
• Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca, S.A.
• Universitatis Salamantinae Mercaus S.R.L.
• VISION I+D+I, S.L.
• Enclave Logístico Regional CyLog, S.A.
• Soc. Inves. y Explotación Minera de C. y L., S.A.
• Centros Europeos de Empresas e Innovación de Castilla y León, S.A.
• Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A.
• León Alta Velocidad 2003, S. A.
• Palencia Alta Velocidad, S.A.
• Montes de Nava, S. A.
• Oficina de Cooperación Universitaria, S.A.
• SIGMA Gestión Universitaria A.I.E.
• Oficina de Cooperación Universitaria Colombia, Ltda.
• Oficina de Cooperación Universitaria de Chile, Ltda.
• Oficina de Cooperación Universitaria de Venezuela, OCU, S.A.
• Oficina de Cooperación Universitaria República Dominicana, S.A.
• Oficina de Cooperación Universitaria de Nicaragua, S. A.

Las empresas públicas de C. y L. han devenido en una progresiva e injustificada usurpación de competencias, programas y actuaciones propias de las consejerías y de los empleados públicos, a quienes se está despreciando quitándoles su trabajo. Se han disparado los gastos de personal, los de los directivos, claro (en el ADE casi el 50% del personal es directivo), y la transparencia es nula, o peor, confusa. En general, exceptuando en Valladolid, estas empresas están en retroceso en cuanto a crecimiento económico.
Las fundaciones tienen ley propia y bien que la aprovechan. Como patrimonios ligados a un fin, son públicas si participa en más del 50% de su patrimonio, directa o indirectamente, la Administración General de la Comunidad o cualquier ente del sector público autonómico. En la práctica se desvirtúan y pervierten una y otra vez los fines sociales para los que se han creado.
La lista de fundaciones públicas de Castilla y León es espeluznante. Según la web pública del Ministerio de Hacienda, dependiendo de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, a fecha 29/05/2013, existen 44 fundaciones: Fund. Jorge Guillén, Fund. General de la Universidad de Burgos, Fund. General de la Universidad de León y de la Empresa, Fund. General de la Universidad de Salamanca, Fund. General de la Universidad de Valladolid, Fund. Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud C. y L., Fund. Santa Bárbara, Fund. Universidades de C. y L., Fund. del Servicio Regional de Relaciones Laborales, Fundación de Hemoterapia y Hemodonación, Fund. de Investigación del Cáncer, Fund. Autonómica para la Formación en el Empleo de C. y L, Fund. de Investigación Sanitaria en León, Fund. para la Enseñanza de las Artes en C. y L., Fund. Instituto de la Construcción, Fund. Alberto Jiménez-Arellano Alonso, Fund. Científica Arroyo Villaverde, Fund. Empresarial para el Desarrollo Agropecuario de C. y L., Agregación de Fundaciones Asistenciales de la Provincia de Palencia, Fund. Centro Regional de Calidad y Acreditaciones Sanitarias de C. y L., Fund. Centro de Supercomputación de C. y  L., Fund. Provincial de Servicios Sociales de Burgos, Fund. Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Fund. Hospital Clínico Veterinario de Castilla y León, Fund. Cultural Hispano-Brasileña, Fund. Parque Científico de la Universidad de Salamanca, Fund. Cei Studii Salamantini, Fund. Social de Segovia, Fund. Centro de Alto Rendimiento y Promoc. Deportiva de la Provincia de Soria,  Fund. Casa de la India, Fund. Siglo Artes en Castilla y León, Fund. Museo Ciencia de Valladolid, Fund. Museo de las Ferias, Agregación de Fund. Benéfico- Particulares de la Provincia de Valladolid, Fund. Patrimonio Natural de Castilla y León, Fund. Parque Científico Universidad de Valladolid, Fund. Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior y Cooperación al Desarrollo, Fund. Villalar-Castilla y León,  Fund. Acción Social y Tutela de Castilla y León, Fund. Anclaje, Fund.. Univespaña, Fund. Camino de la Lengua Castellana, Fund. para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas-Universidades.es y Fund. Consejo España-China.
Las fundaciones, aun dejando aparte las universitarias, constituyen una lista “gilista” (del gran Gila), con algunas tan peculiares como la Fund. Consejo España-China, la Fund. Cultural Hispano-Brasileña o la Agregación de Fund. Benéfico-particulares de la provincia de Valladolid.
El gran problema de las fundaciones es su total ausencia de transparencia y control. Pongamos, por ejemplo, a la Fundación Siglo para las Artes de Castilla y León que gestiona los museos, si se le pregunta ¿cuánto valor tiene la Colección del MUSAC?: no se sabe; de qué obras se compone?: pendiente de inventario; ¿quién nombra al personal directivo?: los de siempre; ¿el Centro de la Evolución Humana?: bien gracias.
De la pretendida mejor eficacia en la gestión de lo público, pasamos a eludir en la práctica cualquier tipo de control y de rendición de cuentas por la inmensa mayoría de la “administración instrumental”.
Para mejor clarificación ver el “Informe de fiscalización de la actividad de las fundaciones de Castilla y León en 2010”  del Consejo de Cuentas de C. y  L., recientemente entregado a las Cortes. Si es preciso esperar más de 3 años para conocer los datos de muchos de estos entes, ese control no existe. Si además se emite informe y la Junta hace caso omiso del mismo, el supuesto control es una burla a los ciudadanos.
Si además la próxima reforma de las Administraciones Públicas se salda con la eliminación de los órganos de control del ejecutivo como el Consejo de Cuentas y el Procurador del Común, el control de la actuación política y administrativa pasará de ilusorio a fraude social.
Y todo ello a pesar de las alharacas de transparencia que se propagan desde la cúpula política de nuestra Comunidad, que se convierten así en auténtico engaño a la ciudadanía.

Documento para su descarga	Castilla y León, 5 de julio de 2013
	Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU)

Comentarios en torno al cese del Director de la Biblioteca de Castilla y León

Conocido el cese del Director de la Biblioteca de Castilla y León, D. Alejandro Carrión, profesional de reconocido prestigio en esta Comunidad y en todo el país. Queremos puntualizar y pedir desde PLADEPU:

Dicho puesto es de libre designación, por lo que el Director General de Políticas Culturales, José Ramón Alonso Peña puede cesarle a su conveniencia. Lo importante es señalar que dicho puesto no se puede considerar como una simple jefatura de servicio donde colocar a cualquier amigo. La Biblioteca de Castilla y León es el máximo organismo cultural en materia de bibliotecas, cabecera del Sistema de Bibliotecas de Castilla y León y su gestión no es ninguna frivolidad, debe ser ejercido por un especialista, un bibliotecario de carrera, como asÍ ha sido hasta ahora, perteneciente al cuerpo Facultativo Superior de Bibliotecas de esta Comunidad, entre los que contamos con funcionarios de valía reconocida y gran experiencia profesional.

Pedimos un respeto para los Profesionales de la Cultura de Castilla y León que, ante injustificados recortes frente a otros derroches, desarrollan su labor ejemplarmente. Y lo pedimos anticipadamente, pudiendo prever que el Director General de Políticas Culturales pretenda colocar a otro de sus amigos o modificar la RPT, sin respetar la posibilidad de promoción de nuestros propios bibliotecarios de la Junta y menospreciando sus conocimientos y experiencia.

Queremos que para la cobertura de dicha plaza se realice un concurso de méritos entre los bibliotecarios funcionarios de la Junta y que haya una comisión de valoración transparente e idónea. Porque ¿Quién nos lo asegura después de la opacidad con que se ha seleccionado al director del MUSAC no se va a volver a repetir? ¿Quién forma parte de estas comisiones de selección y que criterios se siguen?

Queremos transparencia y respeto.

Marzo de 2013

Nota aclaratoria respecto al email "¿A quién debemos agradecer el concurso de traslados?", de origen desconocido

PLADEPU únicamente reconoce la autoría de lo publicado en su blog, por tanto PLADEPU no tenemos nada que ver con el escrito ¿A QUIÉN DEBEMOS AGRADECER EL CONCURSO DE TRASLADOS? que varios empleados públicos estáis recibiendo en vuestros correos.

A pesar de que agradecemos su contenido porque reconoce el esfuerzo que estamos realizando desde esta plataforma, sin embargo puntualizamos que no todos los sindicatos son iguales y que las críticas de PLADEPU van dirigidas a algunos sindicatos, apoltronados en el poder y conchabados con la Junta de CyL, para simular que hacen algo sin que nada cambie en realidad.



Diputados adinerados manutenidos y con poca vergüenza

Juan Carlos Grau gritando "¡Eso, a trabajar! ¡A trabajar!", justo antes de que la compañera a su izquierda, la afamada Andrea Fabra, gritara "¡Que se jodan!"

"Los diputados con más patrimonio del actual congreso y que continúan cobrando dietas y alojamiento, pese a vivir en Madrid, acumulan decenas de propiedades -hasta 36 en el caso de Fernando López-Amor, y varios millones de euros -más de 20 en el caso del diputado del PP Telmo Martín, que declara 20.552.000 de euros en el banco, 14 bienes inmuebles, cobra 1.823 euros mensuales por vivir en Madrid y hasta la fecha no ha intervenido en el parlamento-". Fuente: TuitFormación

En el siguiente artículo se muestran los nombres, partidos, circunscripciones y número de viviendas en Madrid de los 63 diputados con casa en Madrid cobrando dietas por alojamiento. 1.823,86 euros limpitos extras al mes por diputado para gastos de alojamiento y manutención. Ver artículo completo de LibreMercado

Demos una mención especial a la diputada del PP Elvira Rodríguez, con cinco pisos en Madrid y cobrando las citadas dietas de alojamiento. Ver artículo completo de El Confidencial.

Petición dirigida al Presidente del Congreso de los Diputados: Anulen dietas de alojamiento a diputados con casa en Madrid.

Está claro que la vocación de servir a los ciudadanos de estas "señorías" quedó muy lejos y sólo buscan el beneficio propio lucrándose del erario público. No, no, no nos representan.



Los informes secretos del Grupo 45 del Ejército del Aire revelan qué comen y beben nuestros gobernantes en sus viajes oficiales

"Sabido es que los mejores ya no acuden a la política, como ocurrió en otros tiempos convulsos. Pero los que están deberían sentirse obligados a respetar alguno de los mandamientos del buen gobernante. Y entre estos mandamientos sobresale, por su trascendencia y olvido, el de hacer pedagogía. Bien está la prédica, pero pésima es si no se acompaña del ejemplo.", extraído de "Dime qué bebes y te diré cómo vives", de Gonzalo López Alba.

Ver artículo completo de interviú (24/9/2012): Rajoy: “extra de whisky y vino”.

Artículo de interviú (1/10/2012): De primero, sardinas picantes desvelando los menús que solicita la Familia Real.



Verdades como puños sobre la Administración Pública

"Con la politización de la Administracion se han cargado los principios de igualdad, mérito y capacidad en los puestos de responsabilidad y gestión, al imponer la libre designación", extraído de "La gestión en la Administración Pública", de Eustorgio Briso-Montiano Moretón.

Ver artículo completo de El Norte de Castilla (6/9/2012).



No tienen cojones

Poco a poco, de manera no muy rápida pero irrefrenable, la mayoría de las autonomías se han convertido en estaditos a imagen y semejanza del Estado central. No hace falta ser un experto en Administración Pública para constatar que las consejerías repiten casi simétricamente el organigrama de los ministerios, de tal manera que si en el ministerio de Cultura hay una dirección general de Teatro, en la consejería de ídem habrá un director general de Teatro. Y si RTVE tiene un consejo formado por miembros que nombran las Cortes, las televisiones autonómicas imitan el modelo, y también contarán con sus consejeros, nombrados por los parlamentos autonómicos, su presidente, sus secretarias y sus chóferes.

No sobran tantos funcionarios. Lo que sobran son políticos jugando a funcionarios en destino de alto cargo, en unos estados de la señorita Pepis que la endeudada España del 2012 no puede mantener. Y, si para sostener tanto puesto de trabajo artificial hay que morder el sueldo del médico o del profesor, o la ayuda del parado, se hace, pero no se tocan los inútiles gastos de las embajadas regionales y catetas, o el doblaje de películas para que Tom Cruise hable un perfecto gallego, un irreprochable catalán, o un vasco que parezca nacido en Andoain.

Ni Zapatero, antes; ni Rajoy, ahora, se enfrentan con el toro de verdad, y se conforman con dar mantazos a las vaquillas viejas, que no se van a quejar, porque en tiempos de empleo precario enseguida les van a echar en cara que tienen el empleo fijo. Es fácil subir el IVA, y no corren peligro, ni Guindos, ni Montoro, acompañados de sus correspondientes cuadrillas. Pero para dimensionar de verdad la Administración que nos podemos permitir, habría que echarle eso que se llama un par. Algo de lo que carecen el PSOE y el PP. Sin eufemismos: no tienen cojones.

Artículo de Luis Del Val, de EuropaPress.



Boicot a la prensa que nos denigra

Parece mentira lo que hay que hacer para devolver los favores recibidos en forma de subvenciones y anuncios institucionales del gobierno. El artículo de Paloma Cervilla titulado Una de cada tres bajas médicas de los empleados públicos es fraudulenta, es un ejemplo de escrito "caza y captura al funcionario" para justificar los recortes a los empleados publicos, explicando que al parecer están todo el día de baja y con datos numéricos de los cientos de miles de días que así se recuperan al suprimir los moscosos y canosos. Es un artículo con bastantes inexactitudes y con mucha demagogia.

En un momento dado se llega al esperpento, al afirmar textualmente: "funcionarios con 18 trienios de antigüedad tienen más días libres adicionales que de vacaciones (6 moscosos + 13 moscosos adicionales + 4 de vacaciones adicionales)"

O nadie revisa los artículos antes de su publicación, o se trata de que no aprendió a multiplicar, el caso es que esos funcionarios con 54 años de antigüedad, si tienen ahora 65 años aprobaron la oposición el año de su Primera Comunión y si tuvieran 60 años de edad entraron en la función pública recién terminada lo que equivaldría a Educación Infantil de entonces, antes de iniciar Educación Primaria; habría que haberles visto con 6 añitos...

Agresiones como ésta y las perpetradas a menudo por Sostres en el diario El Mundo (entre otras muchas) parecen buscar que dejemos de comprar aquellos diarios que están atacándonos de forma tan descarada y denigrante. Valgan algunos ejemplos recientes: Una de cada tres bajas médicas de los empleados públicos es fraudulenta del ABC, No es nada personal, funcionarios de El Mundo y Funcionarios en la calle de Expansión.



Comunicado de alternativas al recorte de GESTHA

En PLADEPU nos hacemos eco de este comunicado del sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) que llevan mucho tiempo planteando una amplia lista de medidas para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida, entre otros mediante reorganización en profundidad de la estructura y funcionamiento del Ministerio de Hacienda y de la AEAT dotando a los Técnicos de las competencias que están capacitados para ejercer y que legalmente se les niegan.

Lo mismo está ocurriendo con muchos empleados de diferentes administraciones, se eliminan medios y capacitación para llevar a cabo determinadas funciones que entran dentro de sus cometidos, derivándose dichas funciones hacia “entes” o empresas públicas de derecho privado, creadas sin ningún tipo de control de cuentas y alejadas de los principios de transparencia e independencia que rigen el trabajo de técnicos y resto de empleados públicos de la administración.

Comunicado GESTHA, existen alternativas al recorte.



...para todo lo demás, Mastercard

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera es recibido con los abucheos y palmeos de cerca de un centenar de funcionarios que espontáneamente celebran los viernes de negro para defender la dignidad de los empleados públicos y el empleo / EFE / 6/7/2012

Que te quiten una paga extraordinaria es un precio elevado por una crisis que no hemos provocado. Ver la cara de Herrera con los hombres de negro... NO TIENE PRECIO.

Lo ocurrido en Valladolid muestra lo alejados de la realidad que están los gobernantes y sus satélites. Ignorantes de lo que significa el movimiento funcionarial del "viernes negro", les dijeron que fuesen a hacer bulto en la conferencia del presidente.

Debemos resaltar también el cambio de mentalidad de los funcionarios, tradicionalmente abúlicos e indolentes ante los desmanes de sus superiores. Algo se está moviendo y muchos se han dado cuenta de que lo verdaderamente estúpido es no hacer nada y que las cosas empiezan a cambiar con pequeños gestos. Pero son siempre las minorías las que acaban produciendo el movimiento de las masas, sobre todo cuando la razón está de su lado.



Laborales fijos: ¿los últimos de los primeros?

El pasado jueves 28 de junio de 2012, se aprobó definitivamente el Proyecto de Ley de medidas urgentes de Reforma del mercado laboral, después de su tramitación parlamentaria e incorporación de enmiendas, entre ellas la relativa al despido del personal laboral de la Administración:

"El personal laboral fijo de las Administraciones Públicas tendrá prioridad de permanencia en caso de despido si hubiera adquirido su condición mediante un proceso selectivo de ingreso convocado al efecto".

¿Esta enmienda en el texto definitivo es un éxito o un fracaso? Pues no deja de confirmar que el Personal Laboral Fijo de la Admón. Pública, a pesar de haber superado un proceso selectivo de acceso a su condición de empleado público, podrá ser despedido de forma unilateral con esta reforma laboral: ahora el último dentro del personal laboral, o bien junto con el resto si es colectivo. Los motivos para el despido son los mismos del texto original (insuficiencia presupuestaria, causas técnicas y causas organizativas) y la indemnización sería de 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.

Recordamos que en PLADEPU, como se indica en la Carta a la Consejera de Hacienda, "nos oponemos al posible despido de personal laboral fijo que ampara la reciente reforma laboral, reclamando que quede excluido de esta contrarreforma todo el personal que haya accedido al servicio público mediante un proceso selectivo de oposición o concurso-oposición, es decir, cumpliendo con lo dispuesto en el Capítulo I del Título IV de la Ley 7/2007 (E. B. E. P.)".

Y los funcionarios tampoco están lejos del punto de mira. Basta buscar los nuevos modelos impuestos en Irlanda, Grecia, Inglaterra y Portugal, de los que España está tomando buena nota. ¿Aún vas a seguir de brazos cruzados?

Enlace de interés: No al despido libre del Personal Laboral Fijo.



Parados que atendían a parados

PLADEPU se solidariza con todas las personas que La Gerencia Regional del ECYL ha despedido, por las siguientes razones:

1. La Junta de Castilla y León es la Administración competente en TODAS las políticas activas de empleo y está actuando como una máquina de crear parados, despidiendo contratados e interinos, supliendo las contrataciones con aumentos de jornada, cerrando servicios como las cocinas de los hospitales y privatizando a diestro y siniestro. Si se aplican las medidas de ahorro que proponemos en la Carta a Pilar del Olmo, sobran los recortes en los capítulos de personal.
2. Si hoy hay el triple de personas sufriendo la lacra, la humillación y las penurias de estar sin trabajo que cuando se estructuró el ECYL, y se pusieron en marcha los programas de atención y orientación individualizadas, es un insulto y maltrato de la Junta hacia ellos despedir a quienes atienden en las Oficinas de Empleo a los parados.
3. Este masivo despido lleva directamente a una atención más deficiente en todos los núcleos de población inferiores a las nueve capitales de provincia. Significa, Sr. Villanueva, una vuelta de tuerca más a la despoblación, a la emigración y al empobrecimiento de nuestra Castilla y nuestro León rurales.
4. Detrás de estos despidos está la burda y descarada maniobra de privatizar el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. O sea, que la casta de nuestros impresentables políticos nos trata igualito que los mercados: a más crisis, más y nuevos negocios para algunos a costa de las desgracias y el empobrecimiento de muchos. La Junta de Consejeros de C. y L., los que le jalean desde CECALE, los que se callan (Cortes, Consejo Económico y Social, Consejo Consultivo, etc.), los mudos o que sólo balbucean, y los miles de empleados de La Junta que nos creemos que tenemos el puesto de trabajo incuestionablemente fijo, todos seremos responsables, colaboradores necesarios, cómplices o encubridores, si se consuma este primer gran proyecto de voladura de un servicio público para llenar los bolsillos de unos pocos a costa de los sacrificios de la inmensa mayoría.

Los lunes al sol
Este otro artículo de opinión, Los lunes al sol, publicado en El Diario de León, muestra la postura de Juan Daniel Rodríguez, portavoz de los 300 despedidos del ECYL en Castilla y León.



El desprecio político al funcionariado

Contra la reducción salarial y el incremento de jornada en la función pública

Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, ( como en todos los trabajos, siempre hay gente que no da clavo)sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.

Francisco J. Bastida. Catedrático de Derecho Constitucional



No disparen al funcionario

Editorial del semanario "El Jueves, la revista que sale los miércoles" publicado en el nº 1817 del 21 de Marzo de 2012, dedicado a los trabajadores públicos, con algunas frases como las siguientes:

"¡Es que la partida destinada al pago de las nóminas de los empleados públicos no deja de crecer!", protesta el gentío. Y lleva razón: tanto en la Administración Central, como en la Autonómica y la Local, cada día hay más gente colocada a dedo y más asesores. Los funcionarios de carrera, o sea, por oposición, no crecen porque sus bajas ya no se cubren, pero cada vez hay más enchufados.

El gentío no distingue entre el burócrata que no da un palo al agua en su negociado (¿para qué estará la inspección, oyes?) y el médico que no da abasto en urgencias, y los dos son funcionarios.

Somos los "parias" funcionarios de la administración general que si no damos la cara y defendemos nuestro trabajo seremos los primeros en ir a casa, y digo a casa porque a nosotros no nos vale ese chiste de "nos mandaron a la calle y eso hizimos", porque aquí todo el mundo se averguenza de aquello que se supone que logró con tanto esfuerzo.

Si teneis un ratito leed hasta el final, vale la pena. Leer la editorial completa.



Alrededor de 800 cargos públicos, imputados por corrupción en España

Mª Ángeles López de Celis, exsecretaria de varios presidentes del Gobierno, "irritada" porque en una situación de crisis seguía habiendo gente "metiendo mano en el cajón", ha publicado su segundo libro El síndrome de Alí Babá (De cómo corruptos y sinvergüenzas acaban yéndose de rositas) los casos de corrupción más flagrantes de nuestra historia reciente y no tan reciente; financiación irregular de los partidos, grandes «pelotazos» inmobiliarios, recalificaciones, plusvalías desorbitadas, empresas fantasma para favorecer el desvío de fondos públicos, etc.

En un país sumido en la crisis, con varios millones de parados y el futuro hipotecado en gran medida, donde el crédito no fluye y el gasto —además de la imaginación— se contrae, el ciudadano ha de exigir el fin de la tolerancia para la actividad de los corruptos que presumen de inmunidad y que, con frecuencia, jalean a dirigentes de uno y otrosigno que proclaman a los cuatro vientos la necesidad de reducirlos sueldos, abaratar el despido, aumentar la edad de jubilación o subir los impuestos.

La autora cifra en 800 el número de cargos imputados y cita: "En un país donde estamos pasando estos momentos tan críticos, no es posible encima premiar a la gente que ha jurado por su conciencia y honor poner por encima los intereses de España".



Servicios públicos, depende de para quién

El proceso de desmontaje de un servicio público se puede consumar en las siguientes fases: cuestionamiento del servicio público, fase de crítica, disminución de recursos, desmotivación de los profesionales, reforzamiento en la crítica y sustitución. Leer al artículo completo en rebelion.org.

No dejes que el servicio público se convierta en una limosna.



Ciudadan@s por la Educación Pública

Esta asociación ciudadana reivindica el papel decisivo que la Educación Pública ha tenido en nuestra formación humana y profesional. Desde el colegio a la Universidad.

Han creado un estupendo vídeo en defensa de la Educación Pública:


Visita su web para más información: www.yoestudieenlapublica.org



Recortes en salarios para el populacho, no para políticos y altos cargos

Tras la bajada de sueldo en Andalucía de un 10% a los funcionarios y de un 15% a los interinos. Leer



Carta de un funcionario de Justicia canario

En contestación a: funcionario vago-enchufado que vive a costa de los impuestos. No tiene desperdicio. Leer



El Gobierno corrige la reforma para mantener los derechos de profesionales sanitarios

La ministra Mato ha rectificado tras la protesta de 4.000 médicos y enfermeros que podrían haber perdido su status laboral

El Gobierno ha corregido el decreto de medidas sanitarias para mantener el estatus de los médicos y enfermeros titulares, 4.000 profesionales de los centros de atención primaria que, de haber quedado la norma como estaba, habrían perdido derechos adquiridos como funcionarios.

El Boletín Oficial del Estado publica hoy una corrección de errores sobre el decreto ley de medidas sanitarias en la que cambia una disposición adicional que afectaba a este colectivo añadiendo una frase para mantener dichos derechos.

Se trata de los profesionales que adquirieron su plaza en atención primaria por oposición o que estaban en el sistema de Atención Pública Domiciliaria (APD), en ambos casos a extinguir.

El decreto que se publicó el 24 de abril incluía una disposición adicional que les instaba a inscribirse en los sistemas de salud como personal estatutario fijo, y si no lo hacían, las comunidades autónomas podían adscribirlos a órganos administrativos que no pertenecen a la sanidad.

Las principales asociaciones de médicos y enfermeras protestaron por la medida y pidieron al Gobierno que la cambiase para mantener los derechos adquiridos de estos profesionales, entre ellos, por ejemplo, el de elegir jubilarse a los sesenta o a los setenta años.

El BOE publica hoy este cambio, un día después de la última reunión que mantuvieron con la ministra de Sanidad, Ana Mato, que ha atendido a su reclamación.

Fuentes de la Organización Médica Colegial (OMC) han subrayado a Efe la "satisfacción" del colectivo, ya que la corrección disminuye "en buena parte" los efectos "indeseables" que tenía esta reforma.

La norma han añadido, habría supuesto una "expropiación" de sus puestos de trabajo, de no haberse modificado.

El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, ha subrayado a Efe que la norma queda con este cambio "muy bien", porque se integra a estos profesionales en los equipos de atención primaria pero sin que pierdan sus derechos.

González Jurado también ha querido destacar que la ministra Ana Mato se ha mostrado "muy sensible" en las reuniones mantenidas con las organizaciones por esa causa y en la reunión de ayer les dio su compromiso de hacer este cambio.

Fuente: Público.es



La Junta recortará hasta 600 interinos el próximo curso

De los 3.000 que hay en la región, para ahorrar 7,5 millones

La Junta concretó ayer cómo aplicará en Castilla y León el recorte en sanidad y educación obligado por Mariano Rajoy. Los profesores interinos serán los que más lo sufran, porque el consejero de Educación, Juan José Mateos, anunció que elpróximo curso prescindirán de entre 400 y 600 de estos profesores de los 3.000 que hay en la región, es decir, en torno al 16%.Con esta decisión, Educación quiere ahorrar 7,5 millones. Desde el sindicato Stecyl, Pedro Escolar destacó que la medida se notará mucho en los colegios junto a otras como no cubrir sustituciones hasta que no hayan pasado 15 días. «Nos piden que trabajemos más horas no para ahorrar, sino para despedir a compañeros», lamentó.

En cuanto a las tasas universitarias, la subida en la región se situará enlamitad del intervalo fijado por el Ministerio (entre un 15 y un 25%), por lo que para un curso de 60 créditos la subida será entre los 200 y los 400 euros. Mateos también expuso que no se cerrarán centros rurales, que se mantendrá la ratio de alumnos por aula (25 para Primaria y 30 para Secundaria) y que el mapa de titulaciones se reordenará en 2013 con la eliminación de duplicidades con baja demanda. En cambio, no anunció ningún recorte respecto a los convenios con los concertados.

168 millones menos para Sanidad

La Consejería de Sanidad ahorrará este año 168 millones con medidas como la renegociación de los contratos, la rebaja de los conciertos con los centros privados por 16 millones y una reestructuración administrativa que incluye la liquidación de la Fundación para la Calidad. También se suprime la manutención en las guardias para ahorrar 5,5 millones.

Fuente: diario 20 minutos (Valladolid), página 2 de la edición impresa del 9 de mayo de 2012.



Un estudio desvela que España es el país con más políticos por habitante de Europa

Tenemos 445.568 políticos empleados en la administración pública. Casi el doble del segundo que es Italia, y 300.000 más que Alemania.

Un estudio interno elaborado por asesores de la Presidencia del Gobierno desvela que España es el país europeo con mayor número de políticos con cargos públicos por habitante de toda Europa. Estos políticos se encuentran trabajando a todos los niveles de la administración. Tenemos 300.000 políticos más que Alemania, trabajando a costa del presupuesto, y el doble que Italia y Francia.

Según un estudio elaborado por tres asesores de la Presidencia del Gobierno y al que ha tenido acceso en exclusiva Diario El Aguijón, en España tenemos 445.568 políticos (ver cuadro adjunto a la noticia) trabajando en todos los niveles de la administración, así como en todo tipo de empresas públicas o participación de fondos públicos, fundaciones, entes, observatorios, consejos, defensores, agencias, direcciones etc. Según el informe tenemos el doble del porcentaje por habitante que los que tiene Italia, que se mantiene en niveles muy parejos con los de Francia, país que siempre se ha caracterizado por su fuerte estructura pública. Lo más sorprendente es que España tiene 300.000 políticos empleados por elección o por designación directa en todo tipo de organismos, que Alemania, país que tiene el doble de la población española. El estudio desvela, que el tamaño desmesurado de nuestra administración no se encuentra distorsionado tanto entre los funcionarios que prestan servicio directo al ciudadano (profesores, administrativos, médicos, policias etc), sino que el mayor porcentaje de distorsión se encuentra entre los políticos que pueblan nuestra administración.

Las comunidades autónomas y los ayuntamientos, la gran agencia de colocación de los partidos.

El estudio desvela que la mayor cantidad de políticos colocados en la administración, lo hacen a través de organismos dependientes de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y el estudio elaborado por estos tres asesores de la Presidencia del Gobierno destaca la fiebre colocadora en las empresas municipales de la vivienda y las empresas de transporte municipales y la proliferación de observatorios y organismos asesores. Precisamente el informe desvela que es bajo la llamada asesoría donde más políticos hay contratados, señalando incluso que en muchas ocasiones se dan casos de asesores que asesoran a otros asesores y así sucesivamente hasta en cuatro ocasiones hasta que llega el asesoramiento a un cargo electo.

Por primera vez se desvela el número de liberados sindicales y patronales

El informe también considera como políticos a los liberados sindicales y patronales, y por primera vez se les pone cifras. En el caso de las organizaciones sindicales, en España contamos con 65.130 liberados sindicales. Las patronales cuentan con 31.210 personas empleadas con responsabilidad en la dirección política de sus organizaciones. En el informe se especifica que el número de liberados sindicales y patronales se incluye puesto que realizan funciones de organización política del Estado, y sus organizaciones son sufragadas por fondos procedentes de la administración central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. En este apartado no sólo se ha incluído la representación de los sindicatos mayoritarios como CC.OO y UGT sino que también han sido incluídos todos los sindicatos con respresentación. Para el cálculo de estos se ha analizado las bolsas de horas sindicales y liberados que reflejan los convenios colectivos sectoriales.

Los datos más voluminosos y algunas curiosidades del estudio

El estudio, del que Diario El Aguijón ha extraído la tabla anexa a este artículo, refleja que el lugar donde más políticos hay colocados es en empresas públicas o con participación pública (en su mayoría son autonómicas y municipales) donde hay empleados la friolera de 131.250 políticos. Le siguen los ayuntamientos, que emplea directamente a 8112 alcaldes y 65.896 concejales. A continuación les siguen los sindicatos y patronales. Entre los elementos especialmente curiosos están los cargos de designación directa en el sistema sanitario y el sistema educativo, donde hay empleados 8260 y 9320 políticos que realizan en su mayoría tareas de asesoramiento, planificación y control del resto de empleados públicos. También destacan los políticos empleados como cargos de confianza, que el informe detalla en 40.000 subrayando el informe, que la cifra se ha disparado por la práctica habitual de los grupos municipales y parlamentarios autonómicos a tener un determinado número de cargos de confianza respecto a su representación que realizan labores internas de los grupos, y que se solapan con las de los asesores personales que a su vez tienen los políticos electos. El informe, por tanto, pone negro sobre blanco que en España tenemos más jefes que indios.

Fuente: diario El Aguijón



PLADEPU no va contra nadie

Hemos creado la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) como un gran espacio de participación, denuncia y de proposición de medidas y actuaciones en firme defensa de lo público. Y lo hemos hecho porque:

• Creemos en la gran conquista social que la totalidad de los servicios públicos representan para el conjunto de la sociedad española en general y para la de Castilla y León en particular.
• Estamos orgullosos de nuestra condición de empleados públicos, en tanto en cuanto nuestro trabajo conlleva el plus de servicio a la ciudadanía y la sujeción especial a los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad.
• Ya no queremos seguir mudos e inactivos ante el vertiginoso deterioro de lo público, que es directamente proporcional a la pormenorizada y escandalosa implantación de negocios privados que se nutren del presupuesto público llevándose tajadas de competencias, servicios, funciones y prestaciones que podemos, y debemos, seguir desarrollando en la Administración los empleados de la Junta de Castilla y León.
• Queremos defender con uñas y dientes TODO LO PÚBLICO, y por esto defendemos también todos nuestros derechos laborales, económicos y sociales.
• Estamos convencidos de que la tarea es urgente y muy grande. No nacemos contra los sindicatos, ni queremos ser un sindicato o asociación más. No somos de ningún partido, ni estamos alineados con sindicato alguno. Nuestra razón de ser es la de promover la participación y el compromiso de todos, las actuaciones masivas y la recuperación del prestigio de la función pública.
• Pensamos que es muy urgente tejer un amplísimo movimiento social en defensa de lo público que, empezando en la Junta de Castilla y León, se extienda a todas las administraciones, y abrir los brazos a toda la sociedad para que, en unión, podamos defender lo público, porque, sin duda, es de todos.

Por esto, nos sorprende que, de manera más o menos pública o encubierta, directa o indirecta, algunos sindicatos o sindicalistas, a la par que afirman que están de acuerdo con el contenido de la carta dirigida a la Sra. Consejera de Hacienda, para la cual estamos recogiendo firmas, no la firman ni la impulsan. Celebramos la honrosa excepción de afiliados de CGT, CCOO, CSIF, etc., que participan en PLADEPU y en la recogida de firmas, a la vez que confiamos que se extienda a todos. Pero predicamos con el ejemplo, y no vamos a entrar en dimes ni diretes. Defender lo público es nuestro norte y nuestra razón de ser.

Hoy nos alegramos de que UGT haya tenido la iniciativa de denunciar, en una carta al Presidente de la Junta, la escandalosa tragicomedia de la contratación indefinida de una persona que tenía el puesto de "Subdirectora" en el ITACYL como "investigadora" (con el escuálido sueldo de 46.060,56 euros anuales) ¿Dejará el puesto de subdirectora para alguien? Esta contratación se produce unos meses después de que el ITACYL alegara que no necesitaba investigadores. Para mayor vergüenza, negaron la libre concurrencia en el proceso selectivo a otras personas del ITACYL. Pero más nos alegraríamos si este sindicato y todos los demás se unieran a nuestra contundente reclamación de que SE DISUELVA DE INMEDIATO TODA LA "ADMINISTRACIÓN B", como es el caso del ITACYL; sencillamente porque es el gran agujero negro del despilfarro y mal gasto del dinero en la Junta de Castilla y León.

Señores de las cúpulas dirigentes de los sindicatos: con la administración "B", unos pocos, en lenguaje de la calle, "se lo están llevando crudo", y si no libramos hasta el final la batalla por la total disolución y el retorno de las competencias, funciones y servicios a las Consejerías de las que se sacaron, seguirán los recortes de derechos para funcionarios, laborales y estatutarios, mientras avanzan las privatizaciones, llega el repago y crece la voladura del estado de bienestar.



Las Administraciones, abocadas a recortar entre sus 700.000 empleados laborales

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Foto: Archivo

Desde el comienzo de la crisis, el número de parados se ha disparado hasta los 5,27 millones de personas. Sin embargo, había un colectivo que se encontraba siempre a salvo de los despidos: los funcionarios. Análisis: ¿Sobran 900.000 funcionarios? Llega el turno de los ajustes de los ministerios.
Esta situación cambió para los empleados públicos con la reforma laboral presentada por el Gobierno de Mariano Rajoy: en su Disposición Adicional Segunda incluye, por primera vez en España, la posibilidad de que se despida a personal laboral del sector público por causas económicas.
"Nadie podía pensar hace dos años que se podría despedir a funcionarios", lamenta Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F). Ahora, en cambio, las 700.000 personas que integran el colectivo de personal laboral ven amenazado su puesto de trabajo. Y no es sólo el enunciado de la reforma laboral,  sino que los gestos que reciben desde el Gobierno y la Administración en general no ayudan a tranquilizar la situación.
Comunidades y ayuntamientos están obligados a recortar gastos de forma dramática y la reducción de plantillas se vislumbra como la única medida verdaderamente efectiva. Algo hasta ahora impensable. Un claro ejemplo de este cambio de paradigma lo dió hace poco el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuando aumentó las inquietudes de los funcionarios, al asegurar en una conferencia que los empleados públicos "también deben ganarse el puesto" de trabajo.
Desde los sindicatos ven esto "inadmisible", ya que el personal laboral, en muchos casos, ha superado las  mismas pruebas que los funcionarios de carrera.  "Queremos que el personal laboral que haya conseguido su plaza a través de un concurso público no pueda verse afectado por un ERE", defiende Borra. "Ese personal laboral tiene que estar al margen de los ERE", exige el líder sindical, petición que también ha trasladado al Gobierno.
De momento, los funcionarios aún no se han movilizado, debido a que quieren apurar las negociaciones con el Gobierno mientras la reforma aún se encuentre en trámite parlamentario. De hecho, los sindicatos de funcionarios no secundaron la huelga general convocada para el pasado jueves 29 de marzo.

En negociaciones

Para ello, desde los sindicatos se han puesto en contacto con distintos partidos del Congreso para hacerles llegar los temores de los funcionarios. En concreto, en sus encuentros con los representantes políticos les solicitan que presionen para evitar que se puedan hacer ERE a los funcionarios.
La preocupación del personal laboral se extiende también a los funcionarios de carrera. Una vez abierta la posibilidad de que la Administración despida a trabajadores públicos, no saben dónde puede estar el límite en el futuro. "Una vez abierta la caja de Pandora, a ver quién la cierra", sentencian en CSI-F.

Demasiados funcionarios

Desde el Ejecutivo la perspectiva es diferente, sobre todo en lo referente a comunidades autónomas y ayuntamientos. A principios del mes de marzo, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, advirtió que el empleo público debería recortarse para alcanzar los objetivos de déficit del 5,3%. Beteta justificó su advertencia señalando que la contratación de la Administración Pública se había disparado entre 2001 y 2011, hasta crecer en unas 440.000 personas.
Sin embargo, el secretario de Estado culpó principalmente a las comunidades autónomas y a los entes locales, ya que desde la Administración General del Estado sí que han hecho parte de los deberes, al reducir este tipo de contratos un 22% (163.880 personas). Por el contrario, las comunidades aumentaron el número de empleados públicos un 44% (409.569 personas), y los ayuntamientos un 39% (181.031 trabajadores).
Por ello, Beteta advirtió que "esta circunstancia ni puede ni debe seguir así", y recordó que el Estado reduciendo empresas y empleados públicos, e instó a las autonomías a que hagan lo propio, un consejo que podría significar algo más en las 14 regiones en las que gobierna el PP. El Ejecutivo también critica al Gobierno de Zapatero, al asegurar que en 2010 y 2011 incumplió los recortes de personal comprometidos, así como la reducción de empresas públicas.

Fuente: elEconomista.es